Eli Feinzaig: la alianza público-privada en Moín

Eli Feinzaig, Economista.

Oficialmente comienza a funcionar la terminal de contenedores de APM Terminals en Moín, gracias a la alianza público privada que tantos obstáculos ha enfrentado en este país.

Ya es una realidad con la llegada a puerto del primer barco de contenedores, todo un hecho histórico.

Semanas atrás, tuve la oportunidad de conocer esta impresionante infraestructura de primer mundo que tendrá un enorme impacto y generará cuantiosos beneficios para la provincia de Limón y todo el país.

El viaje me recordó el lamentable estado de la ruta 32, cosa que no es noticia para quien haya visitado el Caribe en los últimos 10 años, pero además pude constatar que la famosa ampliación de esta vital carretera no es más que una quimera.

El resultado es que tendremos a partir de febrero un puerto de primer mundo -el más avanzado de Latinoamérica- al que se llegará por una trocha semiasfaltada de tercer mundo, con considerables problemas de congestión e inestabilidad.

Podemos además observar el contraste entre una obra realizada mediante el modelo de concesión -una alianza público-privada- y otra que los gobiernos, de manera sucesiva, han tratado de llevar adelante -sin ningún exito- mediante cualquier mecanismo que evite la participación privada en su desarrollo.

No se trata de satanizar la obra pública desarrollada por el Estado e idealizar la concesión. Ningún mecanismo es perfecto, la tramitomanía en Costa Rica es infernal, y en todo hay atrasos. Pero mal que bien, los únicos proyectos importantes de infraestructura construídos en los últimos 20 años en Costa Rica y que están funcionando con algún grado de razonabilidad fueron desarrollados mediante alianzas público-privadas: el aeropuerto Juan Santamaría, el puerto de Caldera y -en menor medida de razonabilidad- la ruta 27. Pronto se unirá a esta lista la Terminal de Contenedores de Moín.

Lo de los chinos en la ruta 32 es, pues, un cuento chino, como lo fue el de la UNOPS para sacar adelante las rotondas y puentes en la GAM. Ambas, tonteras producto de la profunda desconfianza que siente este país por el sector privado y la decisión consciente no solo de excluirlo, sino también de no concretar el marco jurídico y regulatorio necesario para optimizar su participación en el desarrollo de la infraestructura productiva necesaria.

En momentos de crisis fiscal, con un presupuesto 2019 que recorta significativamente la ya insuficiente partida para obra pública, la promoción de las APPs y la modernización de su marco legal deberían estar en los primeros lugares de la agenda.

Si queremos progresar, tendremos que aprender a priorizar y optimizar el uso de los recursos escasos. Lamentablemente, quitarse el prejuicio ideológico y el sesgo anti empresa es más difícil que diseñar una estrategia coherente de desarrollo.

El autor es Economista, consultor y empresario. Liberal, demócrata y librepensador.
Presidente del Partido Liberal Progresista.

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