Eli Feinzaig: Una huelga atroz y vulgar

“Defendemos la autonomía de la Caja”, dicen los dirigentes sindicales de esa institución para justificar la huelga. ES MENTIRA. Lo dicen la Constitución, las leyes de la República, los hechos verificables y las propias declaraciones de los dirigentes sindicales.

En la Caja, al igual que en las universidades públicas, en la Junta de Protección Social y las municipalidades, alegan que su autonomía es constitucional y por ende está por encima de cualquier ley. Curiosa afirmación que solo puede ser hecha por alguien que nunca ha leído la Constitución o cree que nadie más se la ha leído. Porque nuestra Constitución Política dice, en su artículo 188, lo siguiente:

“Las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno. Sus directores responden por su gestión.”

Dado que no soy abogado, me tomé la libertad de consultarle al Lic. Rubén Hernández, exmagistrado suplente de la Sala IV y reconocido experto constitucionalista, acerca del significado de esa redacción. Esto es lo que entendí: la independencia o autonomía de la Caja le permite decidir su estructura administrativa interna, si abre 100 Ebais o 5 clínicas nuevas, o si construye primero el hospital de Turrialba que el de Cartago. Pero cuando la Constitución dice que las autónomas “están sujetas a la ley en materia de gobierno”, significa que deben acatar las leyes que gobiernan las políticas públicas.

Por ejemplo, si hay una política pública de remuneración para los empleados públicos, la ley o leyes que la dictan son de acatamiento obligatorio para las instituciones autónomas. No hay, por lo tanto, violación alguna a la autonomía de la Caja cuando la ley determina poner límites a las anualidades de los funcionarios públicos.

Tampoco podemos perder de vista que sendos pronunciamientos de la Sala IV y de la Procuraduría General de la República han eximido a las pensiones del IVM y al seguro de salud (el SEM) de la regla fiscal. Nos guste o no, esto tiene sentido: a un paciente no se le puede negar la atención que requiere porque la institución que la brinda haya alcanzado un tope de gasto. Imagínese usted llegar con una enfermedad grave que requiere de atención inmediata y en la clínica le pidan que vuelva el próximo año porque este, ya no pueden gastar más.

Quiere decir que la lucha que están dando los sindicatos ni siquiera es contra la aplicación de la regla fiscal que, para todos los efectos prácticos, no afecta a ninguna de las dos áreas de servicio de la Caja, aunque probablemente sí a sus gastos administrativos. Los sindicatos lanzan una cortina de humo para desviar la atención de sus verdaderas intenciones cuando dicen que protestan para evitar la aplicación de la regla fiscal a la CCSS. Mienten otra vez.

Lo cierto es que esta huelga es una defensa descarada de los odiosos privilegios de los empleados de la Caja. ¿Cuáles? Las anualidades del 5,5% a los profesionales en ciencias médicas, 3,5% a los enfermeros y nutricionistas y 3% a los no profesionales. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas limitó las anualidades al 1,94% para profesionales y 2,54% para no profesionales, además de convertirlas en un monto nominal fijo.

Lo cierto, entonces, es que la huelga no es en defensa de la autonomía no violada de la Caja ni contra la regla fiscal no aplicable al IVM ni al SEM. La huelga es específicamente contra el Titulo III de la reforma fiscal, “Modificación a La Ley de Salarios de la Administración Pública” y el Transitorio XLV de la ley.