Enrique Castillo Barrantes, Excanciller y Ministro de Justicia
He seguido durante años —con insistencia casi obstinada— los temas ambientales en Costa Rica. No por moda, ni por oportunismo discursivo, sino por convicción profunda. Porque estoy convencido de que el ambiente no es un tema sectorial: es el fundamento mismo sobre el que descansa nuestra identidad como país.
Al escuchar el editorial Volver la mirada hacia el ambiente, no pude evitar sentir que se trata de un llamado urgente, casi moral. No es simplemente una reflexión coyuntural; es una advertencia. Costa Rica, ese país que durante décadas construyó su prestigio internacional sobre la paz, la educación, la salud y la protección de la naturaleza, corre hoy el riesgo de olvidar uno de sus pilares esenciales.
He sido testigo —y en muchos casos también voz crítica— de episodios que marcaron profundamente nuestra relación con el ambiente. Recuerdo con claridad los daños causados en Isla Calero, un episodio que no solo puso en evidencia tensiones geopolíticas, sino también la fragilidad de nuestros ecosistemas. Luego vino la tragedia ecológica de Crucitas, símbolo doloroso de lo que ocurre cuando el interés inmediato se impone sobre la responsabilidad histórica con la naturaleza.
Y hoy, nuevamente, nos enfrentamos a señales preocupantes con el caso del cerro Conchudita. No se trata de hechos aislados. Se trata de una cadena de decisiones, omisiones y silencios que, poco a poco, erosionan el pacto ético que Costa Rica había construido con su entorno natural.
Pero hay un elemento adicional que agrava aún más esta situación y que no puede ser ignorado: la extracción ilegal de oro en nuestras zonas fronterizas. Este fenómeno no solo representa un atentado ambiental de enormes proporciones, sino que trasciende lo ecológico para convertirse en un problema de soberanía nacional. Lo que está en juego no es únicamente la integridad de nuestros ríos, bosques y suelos, sino la capacidad misma del Estado costarricense de ejercer autoridad sobre su territorio.
Durante años hemos evidenciado una preocupante incapacidad para enfrentar con firmeza estas actividades ilícitas. La permisividad, la debilidad institucional o la falta de acción sostenida han permitido que estas prácticas se consoliden, enviando un mensaje peligroso: que hay espacios del país donde la ley no se ejerce con plenitud. Y eso, en cualquier democracia, es inaceptable.
El editorial de La Revista insiste, con razón, en que aún estamos a tiempo. Ese es quizás el mensaje más importante: no todo está perdido. Pero el tiempo no es infinito. Cada concesión indebida, cada mirada indiferente, cada justificación técnica para permitir el deterioro ambiental, nos aleja de ese modelo de país que tanto nos costó construir.
Porque el ambiente no es un lujo. No es un accesorio del desarrollo. Es la base misma de nuestra convivencia. Sin ambiente no hay salud posible. Sin ambiente no hay educación con sentido. Sin ambiente no hay paz duradera.
He defendido estos principios durante años, convencido de que la verdadera modernidad no consiste en explotar más, sino en conservar mejor. En entender que el progreso no puede medirse únicamente en cifras económicas, sino también en la capacidad de un país para preservar su riqueza natural para las generaciones futuras.
Volver la mirada hacia el ambiente, como plantea este editorial, no es un gesto nostálgico. Es un acto de responsabilidad histórica. Es recordar quiénes somos y, sobre todo, decidir quiénes queremos seguir siendo.
Costa Rica no puede darse el lujo de traicionarse a sí misma.
Enrique Castillo Barrantes, Excanciller y Ministro de Justicia
Ambiente, soberanía y futuro
Enrique Castillo….
He seguido durante años —con insistencia casi obstinada— los temas ambientales en Costa Rica. No por moda, ni por oportunismo discursivo, sino por convicción profunda. Porque estoy convencido de que el ambiente no es un tema sectorial: es el fundamento mismo sobre el que descansa nuestra identidad como país.
Al escuchar el editorial Volver la mirada hacia el ambiente, no pude evitar sentir que se trata de un llamado urgente, casi moral. No es simplemente una reflexión coyuntural; es una advertencia. Costa Rica, ese país que durante décadas construyó su prestigio internacional sobre la paz, la educación, la salud y la protección de la naturaleza, corre hoy el riesgo de olvidar uno de sus pilares esenciales.
He sido testigo —y en muchos casos también voz crítica— de episodios que marcaron profundamente nuestra relación con el ambiente. Recuerdo con claridad los daños causados en Isla Calero, un episodio que no solo puso en evidencia tensiones geopolíticas, sino también la fragilidad de nuestros ecosistemas. Luego vino la tragedia ecológica de Crucitas, símbolo doloroso de lo que ocurre cuando el interés inmediato se impone sobre la responsabilidad histórica con la naturaleza.
Y hoy, nuevamente, nos enfrentamos a señales preocupantes con el caso del cerro Conchudita. No se trata de hechos aislados. Se trata de una cadena de decisiones, omisiones y silencios que, poco a poco, erosionan el pacto ético que Costa Rica había construido con su entorno natural.
Pero hay un elemento adicional que agrava aún más esta situación y que no puede ser ignorado: la extracción ilegal de oro en nuestras zonas fronterizas. Este fenómeno no solo representa un atentado ambiental de enormes proporciones, sino que trasciende lo ecológico para convertirse en un problema de soberanía nacional. Lo que está en juego no es únicamente la integridad de nuestros ríos, bosques y suelos, sino la capacidad misma del Estado costarricense de ejercer autoridad sobre su territorio.
Durante años hemos evidenciado una preocupante incapacidad para enfrentar con firmeza estas actividades ilícitas. La permisividad, la debilidad institucional o la falta de acción sostenida han permitido que estas prácticas se consoliden, enviando un mensaje peligroso: que hay espacios del país donde la ley no se ejerce con plenitud. Y eso, en cualquier democracia, es inaceptable.
El editorial de La Revista insiste, con razón, en que aún estamos a tiempo. Ese es quizás el mensaje más importante: no todo está perdido. Pero el tiempo no es infinito. Cada concesión indebida, cada mirada indiferente, cada justificación técnica para permitir el deterioro ambiental, nos aleja de ese modelo de país que tanto nos costó construir.
Porque el ambiente no es un lujo. No es un accesorio del desarrollo. Es la base misma de nuestra convivencia. Sin ambiente no hay salud posible. Sin ambiente no hay educación con sentido. Sin ambiente no hay paz duradera.
He defendido estos principios durante años, convencido de que la verdadera modernidad no consiste en explotar más, sino en conservar mejor. En entender que el progreso no puede medirse únicamente en cifras económicas, sino también en la capacidad de un país para preservar su riqueza natural para las generaciones futuras.
Volver la mirada hacia el ambiente, como plantea este editorial, no es un gesto nostálgico. Es un acto de responsabilidad histórica. Es recordar quiénes somos y, sobre todo, decidir quiénes queremos seguir siendo.
Costa Rica no puede darse el lujo de traicionarse a sí misma.
Enrique Castillo Barrantes, Excanciller y Ministro de Justicia
Ambiente, soberanía y futuro
Enrique Castillo….
He seguido durante años —con insistencia casi obstinada— los temas ambientales en Costa Rica. No por moda, ni por oportunismo discursivo, sino por convicción profunda. Porque estoy convencido de que el ambiente no es un tema sectorial: es el fundamento mismo sobre el que descansa nuestra identidad como país.
Al escuchar el editorial Volver la mirada hacia el ambiente, no pude evitar sentir que se trata de un llamado urgente, casi moral. No es simplemente una reflexión coyuntural; es una advertencia. Costa Rica, ese país que durante décadas construyó su prestigio internacional sobre la paz, la educación, la salud y la protección de la naturaleza, corre hoy el riesgo de olvidar uno de sus pilares esenciales.
He sido testigo —y en muchos casos también voz crítica— de episodios que marcaron profundamente nuestra relación con el ambiente. Recuerdo con claridad los daños causados en Isla Calero, un episodio que no solo puso en evidencia tensiones geopolíticas, sino también la fragilidad de nuestros ecosistemas. Luego vino la tragedia ecológica de Crucitas, símbolo doloroso de lo que ocurre cuando el interés inmediato se impone sobre la responsabilidad histórica con la naturaleza.
Y hoy, nuevamente, nos enfrentamos a señales preocupantes con el caso del cerro Conchudita. No se trata de hechos aislados. Se trata de una cadena de decisiones, omisiones y silencios que, poco a poco, erosionan el pacto ético que Costa Rica había construido con su entorno natural.
Pero hay un elemento adicional que agrava aún más esta situación y que no puede ser ignorado: la extracción ilegal de oro en nuestras zonas fronterizas. Este fenómeno no solo representa un atentado ambiental de enormes proporciones, sino que trasciende lo ecológico para convertirse en un problema de soberanía nacional. Lo que está en juego no es únicamente la integridad de nuestros ríos, bosques y suelos, sino la capacidad misma del Estado costarricense de ejercer autoridad sobre su territorio.
Durante años hemos evidenciado una preocupante incapacidad para enfrentar con firmeza estas actividades ilícitas. La permisividad, la debilidad institucional o la falta de acción sostenida han permitido que estas prácticas se consoliden, enviando un mensaje peligroso: que hay espacios del país donde la ley no se ejerce con plenitud. Y eso, en cualquier democracia, es inaceptable.
El editorial de La Revista insiste, con razón, en que aún estamos a tiempo. Ese es quizás el mensaje más importante: no todo está perdido. Pero el tiempo no es infinito. Cada concesión indebida, cada mirada indiferente, cada justificación técnica para permitir el deterioro ambiental, nos aleja de ese modelo de país que tanto nos costó construir.
Porque el ambiente no es un lujo. No es un accesorio del desarrollo. Es la base misma de nuestra convivencia. Sin ambiente no hay salud posible. Sin ambiente no hay educación con sentido. Sin ambiente no hay paz duradera.
He defendido estos principios durante años, convencido de que la verdadera modernidad no consiste en explotar más, sino en conservar mejor. En entender que el progreso no puede medirse únicamente en cifras económicas, sino también en la capacidad de un país para preservar su riqueza natural para las generaciones futuras.
Volver la mirada hacia el ambiente, como plantea este editorial, no es un gesto nostálgico. Es un acto de responsabilidad histórica. Es recordar quiénes somos y, sobre todo, decidir quiénes queremos seguir siendo.
Costa Rica no puede darse el lujo de traicionarse a sí misma.

