Enrique Castillo: Estado o anarquía

Esa debe de ser la esencia de su reforma. El otro camino, el de simplemente menguarlo, solo desemboca en la anarquía.

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Enrique Castillo Barrantes, Abogado y sociólogo, Ex Canciller de la República.

En estos tiempos que corren, se discute –vieja discusión, por cierto, desde Hobbes y Rousseau– acerca de las bondades o maldades del Estado y algunos afirman que este es inútil y que debiera desaparecer. Para fundamentar esa posición señalan su ineficiencia, su tamaño desmedido y su altísimo costo, al que contribuyen las granjerías de que gozan los sobreabundantes burócratas. Pero la crítica más corrosiva es la de que el Estado, a lo largo de la historia, ha “expropiado” o invadido algunas funciones de la sociedad civil, entre ellas, el funcionamiento de los mercados y la resolución de conflictos que, supuestamente, funcionarían mejor sin él.

Las primeras fallas son innegables. El Estado costarricense es ineficiente, excesivamente grande por su número de empleados y de instituciones, muy caro, y objeto de un saqueo institucionalizado y legalizado, al amparo de las convenciones colectivas y de acuerdos y disposiciones del mismo jaez. Detrás de todo esto, las políticas de clientelismo electoral del pasado no han estado ausentes.

La ineficiencia tiene múltiples causas. Una de ellas es un obvio retardo en las técnicas de la organización y de la ejecución del trabajo administrativo. Pero, en general, los defectos del Estado costarricense están todos amarrados entre sí: con las técnicas disponibles en la actualidad, el número de empleados es excesivo porque el trabajo podrían hacerlo menos gentes; es ineficiente porque, a pesar de tantos funcionarios y empleados, las tareas no se hacen bien ni a tiempo; es caro porque con menos gente y una organización más racional, las cosas se podrían hacer con menos costo.

Todos esos aspectos tienen solución. No la de prescindir arbitrariamente de una cierta cantidad de trabajadores, desprendiendo de un tajo una parte de la fuerza laboral del Estado, sino la de rediseñar los procedimientos y las funciones de sus órganos y, para esa nueva organización, establecer los requerimientos de personal.

En síntesis, el cambio es posible, lo cual no quiere decir que sea fácil. Sin embargo, de ahí a que algunos afirmen que al Estado llanamente se le deben suprimir funciones, para dejar librada a las relaciones privadas la solución de los problemas cruciales de la sociedad, existe un abismo insalvable.

Olvidan, por ejemplo, que el Estado asumió paulatinamente la resolución de conflictos porque originalmente estos eran resueltos directa y privadamente por los individuos, con prevalencia de la fuerza bruta, con absoluta inequidad y de una manera abusiva y cruel, a menudo sangrienta. Olvidan que las relaciones laborales tuvieron que ser intervenidas por el Estado porque, al amparo de una supuesta libertad de contratación, la Revolución Industrial condujo a una implacable explotación de la mano de obra de hombres, mujeres y niños.

La vida de una nación compleja y moderna requiere del arbitraje del Estado. Es muy cierto que este, a su vez, ha sido utilizado para explotar, perseguir y aniquilar en ciertos países y en ciertas épocas, y que de ello hay numerosos ejemplos en el presente. Pero eso solamente sustenta la tesis de que debe ser bien regulado por el Derecho, definido conforme con los principios de la democracia y dispuesto según las reglas de la eficiencia. Estas últimas admiten y hasta aconsejan reducir su tamaño y transferir algunas funciones al sector privado, pero no que renuncie a la supervisión y al control de la ejecución de tales funciones.

Esa debe de ser la esencia de su reforma. El otro camino, el de simplemente menguarlo, solo desemboca en la anarquía.

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