Enrique Castillo Barrantes, Abogado y sociólogo, Ex Ministro de Justicia, Diplomático y Canciller de la República.

La Revista CR inició en el pasado mes de enero, por entregas, una serie de ensayos académicos, seleccionados del libro titulado “Vida Social y Derecho”, de Enrique Castillo, publicado en el año 2008 por la Editorial Jurídica Continental, cinco años después de haberse él jubilado como catedrático de la Universidad de Costa Rica.  Los temas recogidos en esa obra son variados, pero estamos comenzando por tres de ellos relacionados con la administración de la justicia penal y con el sistema penitenciario ya que, durante los últimos meses del 2022, La Revista CR puso de actualidad esos tópicos con ocasión de un programa transmitido en vivo por nuestro Facebook desde el Museo de los Niños y del Museo Penitenciario, en el que se comentó el libro “Penitenciaria Central, su historia”, de doña Gloria Bejarano de Calderón,  fundadora y directora de dichos museos, evento que provocó una serie de artículos de colaboradores de La Revista CR.  Los ensayos que publicaremos, escritos hace décadas, conservan su actualidad y servirán de referente para compararlos con la realidad actual. Hoy les ofrecemos “Los sustitutos de la prisión: estado actual y tendencias en América Latina”, publicado originalmente con el título “Prision Substitudes: present status  and trends in Latin America,  International Review of Criminal Policy, No. 36, United Nations, New York, 1980, pages 47-54. Su versión en castellano fue publicada en Revista Judicial, San José, Costa Rica, Año VIII, No. 28, mayo de 1984, págs. 35 y s.s. Desde entonces, otros sustitutos han sido inventados, a veces usando nuevas tecnologías. Le corresponderá al lector hacer las comparaciones.     

La situación de los procesados en Costa Rica

Aspectos socio-jurídicos

Para comprender la situación de los procesados en Costa Rica, conviene conocer la evolución de las cifras entre el número de causas que llegan a conocimiento de los tribunales, la cantidad de esos asuntos que terminan en un sobreseimiento y los que finalmente llegan a sentencia. Como se verá, se empieza a configurar una saturación del sistema judicial, que con seguridad repercute en la situación de los procesados. En efecto, el Cuadro 1 revela que el número de sobreseimientos (resoluciones que ponen término al proceso de finalizar la etapa de instrucción sin responsabilidad para el procesado) ha aumentado de 7.400 a 11.468 entre 1973 y 1978, mientras las sentencias apenas sí han aumentado en el mismo lapso, de 5.060 a 6.386.

Los procesamientos (resoluciones iniciales del procesado o imputado con marcadas probabilidades de ser culpable) han incluso disminuido constantemente. Las cifras anteriores significan que es cada vez mayor el número de personas que, habiendo sido sometidas a un proceso penal, son definitivamente liberadas del mismo al terminar la primera etapa del procedimiento. La interpretación de estos datos es ambivalente, pues una primera explicación podría consistir en que el procedimiento judicial se ha hecho más eficaz y ha permitido discernir de una manera más exacta y restringida cuáles casos ameritan llegar a la segunda etapa, la del juicio, y ser concluidos mediante sentencia. Pero la segunda explicación, que a la luz de nuestra experiencia es más plausible, es la de que, por el contrario, la eficacia se ha reducido, el procedimiento se ha entrabado y en menos casos se logra demostrar que la causa amerita ser llevada a juicio. La disminución del número de procesamientos, mediante los cuales los jueces hacen una valoración inicial y provisional de la causa, pareciera concordar con esta segunda explicación. Puesto en términos hipotéticos de probabilidades, todo lo anterior significa que la situación material de los procesados ha sufrido un cambio que se puede expresar diciendo que ahora tienen menos posibilidades que antes de ser sentenciados, y menos posibilidades de que se dicte en su contra un procesamiento, condición indispensable para que pueda ordenarse en su contra la prisión preventiva, en los casos en que la ley la prevé.

A pesar de que los procesamientos han disminuido, las personas que sufren prisión preventiva no han disminuido en cantidad. Después de julio de 1975, en que empezó a regir un nuevo Código de Procedimientos Penales, la excarcelación, que permite al procesado permanecer libre, aunque se haya dictado formalmente prisión preventiva, es de más difícil obtención. Hay un entrabamiento legal, que ha causado un aumento del número de procesados sometidos efectivamente a prisión preventiva. Según las estadísticas penitenciarias, en 1978 había recluidos en el sistema penitenciario nacional 972 sentenciados y 801 procesados (46.66% y 45.17% respectivamente, de un total de 2.083 internos en el que se incluyen otras categorías) y en 1979 la cantidad de procesados superó la de los sentenciados: éstos eran 942, mientras los procesados eran 981(40.81% y 42.50% respectivamente, de un total de 2.308 internos) (Gráfico 1).

Las estadísticas judiciales costarricenses no contienen datos acerca de las características sociales de los procesados, pero según una investigación, que efectuamos sobre el período de julio de 1969 a junio de 1975, entre el 85% y el 91% de los imputados declaraba ingresos inferiores al salario mínimo legal para la actividad más modesta. Por otra parte, aunque las estadísticas penitenciarias no distinguen entre sentenciados y personas sometidas a prisión preventiva, los siguientes datos, que abarcan a ambas categorías, pueden servir de indicadores aproximados (cifras de 1979, de un total de 2.308 internos):

Según la distribución por sexo, 93.5% son hombres y 6.5% mujeres. En la distribución por grupos de edad, las categorías predominantes son de 20 a 24 años (29.20%), de 25 a 29 años (24.74%) y de 30 a 34 años (11.26%). Más de la mitad tienen hijos (1.142 frente a 1.022; 144 sin respuesta), pero solo el 17.8% son casados: 58.8% son solteros, y 20.1% viven en unión libre.

En cuanto al tipo de delito, las estadísticas judiciales revelan una marcada preponderancia de los delitos patrimoniales, si nos atenemos a los datos de 1978. En efecto, de un gran total de 28.046 delitos acusados, que corresponden a 110 figuras delictivas (con excepción de las de acción privada), 8.499 (30.30%) correspondían a solo cinco de las 110 figuras y estas cinco eran daños, estafa, hurto, libramiento de cheque sin fondo[1] y robo.

En resumen, de los datos anteriores se desprende que el procesado típico costarricense pertenece a los estratos de ingresos más bajos, está por lo general alfabetizado, es joven, con hijos pero no casado y ha sido acusado por algún delito patrimonial.

Un estudio hecho por el Ministerio de Justicia en 1978 tendiente a medir los períodos de estancia de prisión preventiva de los imputados durante 1977, permitió establecer que el 43% había permanecido detenido siete días o menos, y el porcentaje acumulado de los que permanecieron treinta días o menos fue de casi 70% (véase cuadro N° 3).

Hasta diciembre de 1979, los imputados de la capital guardaban prisión preventiva en la Penitenciaría Central de San José, y hasta mediado de 1978 estaban mezclados en ese lugar con los sentenciados. Después de mediados de 1978, todos los sentenciados fueron desalojados de la Penitenciaria Central, quedando esta para el uso exclusivo de unos cuatrocientos indiciados. Finalmente, ese lugar, insalubre, anticuado, degradante, fue clausurado en diciembre de 1979, y los indiciados que se encontraban en él fueron temporalmente trasladados a “La Reforma”, un establecimiento más reciente ubicado en la zona rural, mientras se concluye la Unidad de Admisión de San José, cuya inauguración está programada para julio o agosto de 1980. En ese nuevo establecimiento, se contará con las facilidades necesarias para un trato humano y digno de los procesados.

En el interior del país, la situación sigue siendo degradante, y en algunos establecimientos, además de estar mezclados con los sentenciados, lo cual es una regla casi desprovista de excepciones, los imputados viven en condiciones violatorias de los derechos humanos: hacinados, mal alimentados, en medio de la humedad y en la falta absoluta de higiene. Sin embargo, un plan nacional prevé la construcción de Unidades de Admisión en las principales regiones judiciales del país, para imputados sometidos a la prisión preventiva, con un enfoque humanitario, y se prevé también la construcción de nuevos lugares de detención (Comisarías donde el imputado permanece a la orden de la policía mientras se le pone a la orden de una autoridad judicial, por un lapso no mayor de veinticuatro horas). Estas nuevas detenciones han sido diseñadas de acuerdo con el principio de inocencia, carecerán de rejas, y en ellas se ofrecerá al detenido los servicios de comunicación y de atención técnica inmediatos para iniciar su defensa. Las construcciones empezarán efectivamente en el transcurso de 1980. Contemplan la separación por sexos, por grupos de edad y por peligrosidad.

En general, aparte de las condiciones materiales, el régimen aplicado a los imputados bajo prisión preventiva es bastante flexible: visita general por lo menos dos veces a la semana, apoyo de la Oficina de Defensores del Poder Judicial, de los Servicios Jurídicos de la Dirección de Adaptación Social y, en “La Reforma”, de los Consultorios Jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Los jueces y los agentes fiscales no tienen el contacto debido con los procesados, no les visitan y no ejercen ninguna acción eficaz. Los servicios de trabajo social son prestados en los establecimientos de la zona central del país (la capital y lugares circunvecinos), pero en el interior no se presta ninguna asistencia de esta clase. El juzgado de la Ejecución de Penas tampoco dispensa la atención debida, en parte por las limitaciones materiales; un solo juez para todo el país.

Aspectos jurídicos
Sistema policial

La policía tiene atribuciones legales para detener una persona por no más de veinticuatro horas, transcurridas las cuales la debe poner a la orden de una autoridad judicial. En la práctica, las disposiciones legales son a veces burladas, pues la policía, después de mantener al detenido por veinticuatro horas, lo remite a algún centro penitenciario directamente, sin presentarlo al juez, con una simple indicación dirigida a las autoridades penitenciarias: “Téngase a X a la orden del juzgado Y”, y al juez se le pone en conocimiento del asunto por escrito. De este modo, mientras el juez logra que la persona le sea enviada desde el establecimiento penitenciario para indagarla y resolver formalmente su situación legal, el límite de las veinticuatro horas ha sido de hecho excedido, a veces por varios días.

En Costa Rica existe una pluralidad de cuerpos policiales: Guardia Rural, Guardia Civil, Radiopatrullas, Policía de Tránsito, Dirección de Investigaciones Criminales, organismo ineficiente que depende del Poder Ejecutivo (Ministerio de Seguridad Pública), la Oficina de Narcóticos, la Oficina de Seguridad Nacional (ambas del Poder Ejecutivo), y el Organismo de Investigación Judicial, dependencia técnica del Poder Judicial que comprende varios departamentos entre los cuales está la policía judicial, todavía en proceso de formación. Este último organismo cuenta ya con varias sedes regiones en el interior del país. Como la policía judicial pertenece al Poder Judicial, la comunicación con los tribunales es más estrecha y detenciones prolongadas como las descritas en el párrafo precedente no suelen ocurrir por su causa.

Sistema procesal

Desde julio de 1975 rige en Costa Rica un sistema procesal penal semejante al de Córdoba, Argentina, que a su vez es de inspiración italiana. Con una fase de instrucción escrita y una de juicio oral, el sistema ha resultado ser más rápido que el anterior, que era enteramente escrito, y por esta razón ha contribuido a evitar prisiones preventivas excesivamente prolongadas, como antes ocurrían, de varios años, pero las disposiciones del nuevo Código de Procedimientos son restrictivas en materia de prisión preventiva y de excarcelación. Según el artículo 291 de dicho código, el juez debe ordenar la prisión preventiva si el delito que se atribuye al imputado está reprimido con pena privativa de libertad que exceda a tres años o, aunque sea inferior a tres años, si hay indicios vehementes de que el imputado intentará evadir la acción de la justicia o de que continuará en su actividad delictiva. Sin embargo, aunque para el juez sea obligatorio ordenar la prisión preventiva en todos esos casos, el imputado puede solicitar la excarcelación y esta puede serle concedida. Hay, no obstante, dos entrabamientos:

  1. Uno de tipo material, pues suele suceder que el imputado no dispone de medios de defensa adecuados, por ignorancia, por falta de recursos económicos para pagar un buen defensor, o porque el defensor designado, sea público o privado, no es suficientemente diligente. En esos casos, el imputado no presenta del todo, o no presenta oportunamente la solicitud de excarcelación, y en consecuencia sufre prisión preventiva por lo menos por unos días.
  2. El otro obstáculo es de tipo legal, ya que el artículo 297 del mismo Código establece el principio de que si el delito atribuido está sancionado con una pena mayor de diez años, no se puede conceder la excarcelación al imputado, a menos que el juez estime a priori -estimación difícil de hacer- que no será finalmente condenado a más de cinco años. Esa norma constituye un verdadero obstáculo legal, que destina a muchos imputados a la prisión preventiva aun uando se sabe que con no poca frecuencia la calificación inicial dada a un hecho puede ser errónea, o que puede incluso ser deliberadamente agravada como una maniobra estratégica de la acusación.

En síntesis, la situación de los procesados en Costa Rica se caracteriza por el número excesivo de los que son objeto de prisión preventiva, por las condiciones materiales inconvenientes en que muchos de ellos sufren esa medida, y por la falta de una regulación legal más flexible.

Aspectos de política criminal

Frente a esta situación, la política definida por el Estado abarca varios frentes de acción:

  1. Condiciones materiales: como ya quedó indicado, existe un programa definido para el establecimiento de Unidades de Admisión regionales en los siguientes lugares: Liberia (Noroeste), Puntarenas (Oeste), San Isidro de Pérez Zeledón (Sur), Limón (Este) y San José (Centro). La de San José ya se está construyendo, a un costo aproximado de tres millones de dólares estadounidenses (U.S.A). Existe también un programa complementario de construcción de Comisarías en los principales centros de población del país, para la detención por menos de veinticuatro horas.
  2. Condición legal: se está elaborando un reglamento del Sistema Penitencia-rio Nacional que incluye la normativa aplicable a las Unidades de Admisión y, por consiguiente, a los procesados sometidos a la prisión preventiva. En este reglamento se incorporan todas las garantías procesales y se definen las condiciones de privación de libertad en términos que garantizan un trato digno y una defensa adecuada.
  3. Otras medidas: el 14 de enero de este año, el Presidente de la República envió una nota al Presidente de la Corte Suprema de Justicia expresándole su preocupación por la gran cantidad de imputados que guardaban prisión preventiva. Esa nota motivó una sesión extraordinaria de la Corte Plena celebrada el 17 de enero, en la que se acordó, entre otras cosas, encargar a la Comisión de Asuntos Penales de la Corte que estudie la manera de acelerar la tramitación de los procesos, e instruir a las autoridades judiciales para que cumplan estrictamente los plazos que indica el Código de Procedimientos Penales. Sin embargo, no se pronunció la Corte por propiciar una reforma legal.
Conclusión

En resumen, la situación general de los procesados en Costa Rica es desfavorable actualmente tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista material. Esta situación está actualmente en proceso de cambio, bajo una orientación humanitaria y bajo un esfuerzo financiero importante. Para la mitad de los procesados en prisión preventiva, la situación cambiará en el transcurso de 1980 con la inauguración de la Unidad de Admisión de San José; para los demás, el proceso de cambio puede todavía tardar de dos a seis años, aproximadamente. Desde el punto de vista legal, una posible solución se halla por el momento indecisa.

Es posible que el punto legal no sea resuelto mientras no se pueda implantar un sistema efectivo de control para supervisar a las personas procesadas, que han sido objeto de una orden de prisión preventiva pero que, al mismo tiempo, han obtenido la excarcelación. En otras palabras, es recomendable instaurar un sistema de control de procesados excarcelados, para que la Corte Suprema convenga quizás en liberalizar la prisión preventiva propiciando o respaldando una reforma legal.


Ponencia presentada a nombre de ILANUD- Universidad de Costa Rica, al Tercer Seminario de Criminología Comparada de los Países del Caribe, mimeografiado, Puerto de la Cruz, Venezuela, abril, 1980. Tomado del libro Vida Social y Derecho, Editorial Jurídica Continental, San José, 2008

[1] En el Código Penal figura entre los delitos contra la confianza pública.

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Eduardo Carrillo

Por Eduardo Carrillo

Ha colaborado con varios gobiernos, desempeñándose principalmente en el área de la salud pública. Laboró con organismos internacionales y es consultor. Analista y comentarista. (Ph.D. Administración).