¿Error ministerial?

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Luis París Chaverri, Exembajador.

El ministro de Ambiente y Energía (Minae), Carlos Manuel Rodríguez, declaró en setiembre pasado ante los diputados de la Comisión de Ambiente, que la extracción ilegal de oro en Crucitas era de apenas 1,5 millones de dólares.

En una nueva comparecencia, el jueves 10 de enero, el ministro Rodríguez reconoce su “error” y aclara que el monto sustraído por los coligalleros, la mayoría de ellos extranjeros, es de 90 millones de dólares, cantidad sesenta veces mayor a la informada en su declaración anterior, pero bastante menor que la de $194 millones estimada por la Dirección de Geología del propio Minae.

Por otra parte, sorprende que para efectuar este nuevo cálculo Rodríguez se haya apoyado en un consultor externo, como lo reconoció ante los diputados, y que no le merezcan confianza los datos suministrados por el personal técnico del ministerio que lidera.

También se le ha criticado por tratar de minusvalorar el daño ambiental y cuestionar el informe de un estudio realizado por expertos de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Cornell de Estados Unidos, que arroja altos niveles de contaminación por mercurio en la zona.

Conociendo su concepción ideológica y su posición sobre la actividad minera y recordando que fue en su anterior gestión en la administración de Abel Pacheco que se declaró la moratoria nacional por plazo indefinido para la actividad de la minería metálica, podría pensarse que el jerarca del Minae trató de ocultar la realidad en su primera comparecencia ante la comisión legislativa, o en ambas, con el propósito de minimizar el perjuicio que ha tenido el país a raíz de la prohibición existente y por la falta de control de la explotación ilegal del oro y de los daños asociados.

Probablemente, la opinión cada vez más extendida entre los costarricenses de que hubiese sido mejor una extracción experta y controlada a la situación actual y de que el país no debería desaprovechar sus recursos mineros, molesta al ministro Rodríguez puesto que lo hace ver, o al menos así lo debe pensar él, como uno de los culpables del desastre ambiental en Crucitas y del perjuicio económico sufrido por el país.

No es ético que para “curarse en salud” se minimice la situación real que se vive actualmente en la zona de Cutris de San Carlos. Y si realmente fue solo un error de cálculo, es triste y preocupante comprobar la impericia del ministro Rodríguez en los temas de su cartera.

No es un “error” de pequeña monta la del ministro, por el contrario es de suma gravedad porque es con base en esos datos que se adoptan las políticas públicas tendentes a mitigar el daño, porque las acciones que se planean y ejecutan en uno u otro escenario no serían, evidentemente, las mismas.

Pero este comentario no pretende debatir sobre el tema de la minería, de sus pros y contras, de su costo-beneficio, de la conveniencia o no del aprovechamiento de esos recursos, tema de por sí complejo que mejor dejamos en manos de los expertos y conocedores, lo que pretende es plantear el aspecto de la responsabilidad política de los funcionarios públicos: no es posible que un ministro de Estado, ante una comisión legislativa, hoy diga una cosa, mañana otra, y siga tan campante en su silla.

Es inaudito que ante la inexactitud o desconocimiento de la información suministrada, del error o la falsedad de los datos, un ministro no asuma la responsabilidad política con una renuncia o un presidente de la República no lo cese del cargo.

En otras democracias, con mayor cultura política, por mucho menos se produce de inmediato el cese de un jerarca gubernamental. Lamentablemente en nuestro país no es así, los “errores” nunca reciben una sanción política.

Así fue, por ejemplo, con el caso de la famosa “pifia” en la construcción de la vía de acceso a la terminal de contenedores de Moín en la administración Solís Rivera, que nos costó a todos los costarricenses casi 10.000 millones de colones adicionales: nunca nadie asumió la responsabilidad, ni los jerarcas de Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), ni el del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), todos siguieron en sus cargos con el beneplácito y la complacencia del presidente de la República de entonces.

Y por supuesto, igual sucederá con el “error”, intencionado o no, del ministro del Minae: nada.

 

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