¿Es el déficit fiscal el problema nacional No. 1?

El Estado es un canasto, lleno de agujeros por donde se filtran los vastos recursos actuales y seguirán filtrándose los futuros

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Eduardo Carrillo Vargas.

Parece haber consenso sobre la necesidad de bajar o incluso eliminar el déficit fiscal. Es posiblemente el tema más visitado durante las dos campañas políticas, por fortuna pasadas. Aunque las dos pequeñas minorías, una con el 13% del electorado y otra con el 15%, que disputaron la presidencia en segunda ronda fueron cambiando sus posiciones por conveniencia electoral, el tema siguió en primer plano. También parece ser la primera prioridad de la que ya podemos identificar como Administración Alvarado Quesada ¿Es en realidad este el primer problema nacional?

Los efectos del déficit son indiscutiblemente dramáticos. Lo fueron cuando el ejecutivo rehusó pagar la cuenta de varios miles de millones que la Caja le pasó al Gobierno por sus aportes a la seguridad social y, peores, cuando luego se vio en serias dificultades para pagar salarios y pensiones de la extensa burocracia estatal. Por otra parte, el déficit representa una extensa carga económica que reduce la capacidad del Gobierno para cumplir compromisos adquiridos y aportar al desarrollo. Poco espacio le queda para la inversión sana, base del crecimiento, el empleo y el bienestar de la familia costarricense.

En realidad, la cuestión central es como hacer funcionar el Estado, del cual depende nuestro desarrollo. Para lograrlo, hay que afectar una serie de factores, que difícilmente pueden ordenarse con criterios de jerarquía. Por ejemplo, de nada valdría el crecimiento económico acelerado si el crimen organizado se toma el país, como en efecto viene sucediendo. Incluso la economía solo tiene sentido, en conjunción con visión e iniciativa política. La teoría nos dice que el crecimiento en poscrisis ha sido saludable, en general superior a la media de América Latina y el Caribe (ALC), pero los problemas fundamentales persisten. No fue sino con un crecimiento de casi del doble, que en el año 2007 logramos bajar cerca de 3 puntos porcentuales el nivel del 20% de pobreza histórica. El crecimiento que el país necesita es bastante más alto y depende de grandes iniciativas políticas. La devaluada Segunda República, por su integralidad, es un buen ejemplo: educación, salud, carreteras y caminos de penetración, producción agrícola, crédito, energía, combustibles, agua potable y muchos etcéteras más. Aunque esa institucionalidad está agotada, no ha puesto en la categoría mundial de países de alto grado de desarrollo social y a la cabeza de América Latina y el Caribe en esa misma categoría de desarrollo.

Si la tarea fundamental es hacer que el Estado funcione bajo ciertos criterios de equidad y eficiencia, deberíamos empezar por entender que hoy es un pesado e inmanejable paquidermo, conformado por más de 330 entidades públicas, una buena cantidad de ellas ruedas sueltas por alguna modalidad de descentralización; y, más de 300 mil funcionarios públicos que nadie sabe lo que hacen por la ausencia de algún sistema de evaluación del desempeño y un régimen laboral cuya principal característica es la impunidad. Pero, volvamos al tema fiscal. Si el Estado no tiene recursos para cumplir con sus obligaciones, no se trata de una carencia absoluta, sino precisamente del desorden institucional y del costo de la enorme ineficiencia en la aplicación de los recursos.

Reiteremos cifras que hemos utilizado con frecuencia. En el 2015 el presupuesto del Estado costarricense alcanzó la astronómica cifra de ¢22 billones, equivalentes al 77% del PIB. Las cifras comparables para Noruega, Suecia y Finlandia es 52% y la de Brasil, Argentina y Uruguay el 38% (medias). Es muy posible que tengamos uno de los estados más caros del mundo y, si nos quejamos de la escasez de recursos, ello ocurre por simple ineficiencia. Según estimaciones propias, que consideramos conservadoras, el costo de la ineficiencia ronda unos $8000 millones por año, que es poco más del 14% del PIB y el doble del déficit fiscal. Entender la relación entre estas dos carencias, déficit e ineficiencia, es fundamental si queremos correctivos sostenibles. El proyecto que se encuentra en discusión en el congreso es una simple burla y no aporta a la estabilidad económica del país. Sus promotores han reconocido su carácter de paquete tributario y, sin reformas institucionales de fondo, más impuestos es el camino preciso para aumentar el déficit y sus consecuencias nefastas. El Estado es un canasto, lleno de agujeros por donde se filtran los vastos recursos actuales y seguirán filtrándose los futuros.

¿Qué hacer? Los hemos sugerido al principio de estas notas. La causa está en las más de 330 entidades públicas que se duplican y chocan entre sí; y, los más de 300 mil funcionarios que viven en un entorno de impunidad e improductividad. Por supuesto, el lector que piense que aplicar los correctivos necesarios es tarea imposible, tiene alguna razón. Pero hay que hacer algo. Una iniciativa en curso busca una nueva Constitución, pero la actual está llena de disposiciones de la más alta jerarquía que se han venido violando impunemente. Aun así, una constitución más ajustada a nuestra realidad actual parece necesaria. Sin embargo, hay una luz al final del túnel: los problemas del Estado parecen repetirse con gran similitud en las entidades centralizadas, descentralizadas, empresas públicas y régimen municipal. Es posible que, entre 10 y 15 ejes de cambio, puedan surtir el efecto estructural deseado en la totalidad del Estado costarricense. Ejemplos típicos: direccionalidad, legislación y tramitología, modelo de gestión pública, régimen laboral que supere el estado de impunidad con una combinación adecuada de estímulos y disuasivos, cultura del gasto vs una cultura de resultados, ordenamiento macro-organizacional, entre algunos otros.

Lo cual no deja de reconocer la complejidad de la tarea que enfrenta el país, pero necesitamos saber a dónde queremos llegar y el camino a transitar para ello. Direccionalidad, mencionada antes, constituye el principio reforma estatal y solución sostenible de los problemas asociados del déficit y la ineficiencia. Direccionalidad implica visualizar el país y el Estado que queremos para cumplir con nuestras aspiraciones de bienestar social y equidad. Es además el factor de articulación de los cuantiosos recursos del Estado hacia finalidades comunes ¿Cuál su origen? La Políticas de Estado (PE) global y específicas en cada sector del desarrollo. No solo orienta los recursos públicos, sino que nos da un sentido de unidad nacional en busca de metas superiores.

Sin embargo, el lector sabe que carecemos de PE globales y sectoriales, tal vez porque los políticos no tienen la capacidad para dárnoslas. Pero eso también es simple de resolver, agregando a los responsables algún pequeño equipo asesor en política pública, que el país posee. Ayudaría también si agregamos su complemento: capacidad de ejecución de las políticas para sustituir los extensos y onerosos procesos que no producen resultados, a cambio de productos generados en condiciones de calidad, oportunidad y costo/eficiencia. Esto implica reconocer en cada sector un segundo nivel de organización y de gestión, que es de carácter técnico y tecnológico, hoy ocupado por políticos que no tienen la motivación y las competencias apropiadas. Aquí se encuentran muchas de las causas comunes del déficit, pero también de la ineficiencia que tiene un costo mucho más alto como proporción del PIB.

 

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