¿Es el Estado costarricense el principal productor de inequidad?

El gran reto, que los políticos ha rehusado definir, es cómo revertir esas tendencias y volver sobre niveles más razonables de equidad y más beneficiosos para amplios sectores de la población.

0

Eduardo Carrillo Vargas.  (Ph.D. Administración).

Si usted se pregunta cómo es que Costa Rica es uno de los países más inequitativos del planeta, según se refleja en la gráfica que incluimos al final de este artículo, en la que superamos en desigualdad a más de 37 países (última barra en rojo a la derecha). La explicación es simple: nuestro Estado y sus instituciones son productoras sistemáticas y sostenidas de inequidad. En América Latina y el Caribe (ALC), nuestro coeficiente Gini que se encuentra entre los tres más altos de la región.

Claro, hay contradicciones, porque son las mismas instituciones de la Segunda República que sacó al país de la pobreza generalizada durante toda la primera mitad del siglo pasado y, además, responsable de que hoy nos encontremos en el selecto grupo, a nivel mundial, de los países de Alto Desarrollo Social. Ese mismo indicar nos pone a cabeza de ALC junto a Chile. Indicadores, como el índice de mortalidad infantil y la expectativa general de vida al nacer se encuentran entre los más altos del mundo. Como país, hoy somos lo que somos gracias a los aportes de esas instituciones, a la visión y el carácter de los liderazgos de la década de 1940 y años subsiguientes. Fueron producto de esas iniciativas la eliminación del ejército, con el efecto de liberar recursos para otros sectores del desarrollo; una democracia ejemplar con más de un siglo sin las interrupciones de las dictaduras que afectaron a toda la región; las iniciativas que produjeron la paz centroamericana; y, una posición destacada entre las naciones del mundo, gracias a indicadores como los ya mencionados.

Sin embargo, de alguna forma, el Estado de la Segunda República se agotó o la agotaron los liderazgos sustitutivos, que no estuvieron a la altura de los nuevos retos de un mundo en rápido proceso de cambio. Han impulsado procesos y conductas caracterizadas por la indiferencia por el destino de las instituciones y una generosidad que va más allá de las posibilidades de los recursos disponibles en el conjunto del Estado. Muy tarde, estamos descubriendo, tal vez a cuentagotas, que, como Estado, somos un país ineficiente y altamente despilfarrador de vastos recursos. Aun así, los políticos siguen hablando de escasez de recursos, cuando el costo del funcionamiento del Estado supera el equivalente al 77% del PIB y nos ubica como uno de los más costosos a nivel mundial y regional. En contraste los políticos, e incluso los economistas, siguen hablando del déficit fiscal como la gran prioridad nacional. Tal vez lo sea por sus severos efectos en el corto plazo, pero el costo de la ineficiencia lo supera varias veces.  Que quieran asustar a la población con predicciones catastróficas sirve para ocultar la realidad, privilegiar medidas impositivas y dejar ocultos los cambios estructurales que la clase política evade enfrentar.

Equidad fue el principal impulso de la exitosa revolución, impulsada por los dos partidos tradicionales, hoy está en la picota. Pero en décadas recientes, el Estado y sus instituciones se han convertidos en los principales productores de inequidad. Está presente en ciertos factores culturales y patrones de comportamiento, tanto políticos como civiles, que afecta a la totalidad del Estado y que ha reducido su capacidad para aportar al desarrollo o, más grave, incluso para constituirse en su principal obstáculo; también en el funcionamiento inadecuado de sus instituciones individuales, como hemos señalado, productoras sistemáticas de inequidad. Algunos indicadores revelan con claridad meridiana ese curso hacia la inequidad. Según cifras del Banco Mundial, hacia fines de la década de 1980 el coeficiente Gini se encontraba alrededor del 0,42 se mantuvo así hasta el año 2000. Luego tuvo un pico que lo elevó hasta casi 0,52, pero bajó nuevamente por debajo del 0,50, para finalmente ubicarse por encima de esa cifra en años más recientes.

Gráfica tomada de Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2018. Costa Rica es la barra roja a la derecha extrema.

El gran reto, que los políticos ha rehusado definir, es cómo revertir esas tendencias y volver sobre niveles más razonables de equidad y más beneficiosos para amplios sectores de la población. O, planteado, en otros términos, como hacer para que ese Estado vuelva por niveles de equidad que alguna vez produjo, lo que implica la transformación de importantes factores de comportamiento que hemos dicho afectan al conjunto del Estado y otros más operativos, referidos al funcionamiento y a los productos individuales de nuestras instituciones. El tema es un tanto extenso y complejo, pero hay algunos aspectos, que podríamos llamar estratégicos por su impacto totalizante. Veamos.

El principal: la visión de cambio. Todos los políticos y todos los partidos están en deuda en este respecto, porque no nos han dicho cuáles son los perfiles de los grandes cambios que el país necesita para dejar de producir inequidad y empezar a recuperar la equidad. Por supuesto, involucra aspectos políticos, económicos y sociales, pero se centra en las características del Estado que necesitamos reconstruir como punto central de las iniciativas correspondientes.

Sistema de gestión adecuado, con dos elementos centrales: 1) la dirección global y específica sectorial, que en buena parte debería aportar los elementos mencionados antes, es decir, las grandes características del Estado que queremos construir y la ruta para lograrlo. Nos referimos a las grandes Políticas de Estado (PE), globales y específicas por sector, de las que carecemos, posiblemente porque tienen un alto contenido técnico, ajeno a la formación de los políticos. La solución de proveer algún pequeño equipo con las competencias necesarias potenciaría los aportes políticos hacia un mayor desarrollo y mejor uso de los recursos; y, 2) la capacidad ejecutiva de la que también carecemos, que ha inundado la administración pública de extensos y onerosos procesos que no concluyen en resultados específicos. Este componente tiene un contenido esencialmente técnico y tecnológico, muy ajeno a las competencias políticas y al estímulo electorero (legítimo) que domina el comportamiento político. El país debe explorar modalidades que hagan posible un equilibrio más productivo entre conducción política y ejecución técnica, esencial si queremos resultados en equidad y eficiencia.

Organización. Más de 330 entidades, muchas de ellas ruedas sueltas por algún régimen de descentralización, cuya motivación principal es crear sistemas laborales de privilegio, conforman nuestro Estado. Es un desorden orgánico (¿o deberíamos decir inorgánico), donde muchas entidades chocas entre sí o se superponen, produciendo dispersión de recursos e ingobernabilidad, porque son inmanejables aún por las más competentes autoridades. El Estado no podría sobrevivir, o mejor, no podrá servir a los propósitos del desarrollo en equidad, sin un estudio macro que produzca un ordenamiento más lógico y eficaz de nuestro archipiélago organizacional.

Una nota de disculpa a los fiscalistas. No estamos en desacuerdo con la urgencia de resolver el problema fiscal, tal vez por la severidad de sus efectos en el corto plazo. Dicho esto, es necesario enfatizar la mayor importancia que tiene la ineficiencia pública, cuyo costo dobla en mucho el costo del déficit fiscal. Sin reformas estructurales, en especial las que hemos mencionado, más ingresos impositivos solo generarán más déficit, no menos.

Nota final: el sindicalismo público. Es hoy es uno de los principales factores de ingobernabilidad, con un aporte directo en inequidad. Ocurre cuando logra privilegios que drenan los recursos destinados al bienestar social o cuando las huelgas golpean a los sectores de más bajos ingresos, que tienen una mayor dependencia de los recursos y servicios públicos. Es necesario promover un comportamiento sindical responsable que, primero, ponga de frente el interés de la población como un todo y, luego, los derechos laborales razonables. En la misma línea, es importante que los políticos reconozcan dos realidades importantes: primero, que el sindicalismo no representa la fuerza laboral, sino, como lo documenta el INEC, solo poco menos del 10% de los trabajadores; y, segundo, que hay una diferencia entre el sindicalismo público y el privado. En éste, se lucha contra el lucro y posibles abusos del patrono. En el primero, en ausencia del lucro, las concesiones abusivas las paga el ciudadano y, en especial, los grupos de menores ingresos. Por cualquier lado que se le mire, la víctima es siempre el ciudadano más frágil y vulnerable el que sufre las consecuencias.

Nota al lector: complementaremos este artículo con otro referido a los productos individuales de inequidad, generado por algunas de nuestras instituciones públicas.

 

 

 

 

 

 

 

También podría gustarte

Comentarios

Cargando...