¿Esta usted con la democracia? Dígalo fuerte y salga en su defensa

El país enfrenta riesgos importantes, tal vez no por los pequeños grupos radicales, sino porque, bajo el principio del pobrecito, del diálogo y del mantenimiento de la paz, se oculta una incapacidad del gobierno para imponer su autoridad y con ello disciplinar más a la sociedad costarricense

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

Grupúsculos sin mayor fuerza se esfuerzan por hacer creer que en Costa Rica hay malestar con la democracia y que necesitamos, por las buenas o por las malas, deponer al presidente Alvarado Quesada o, al menos, impedir que gobierne. No es un fenómeno exclusivo de Costa Rica, porque los autócratas, dictadores y populistas lo han hecho con éxito en distintas partes del mundo, incluyendo por supuesto a América Latina y el Caribe.

Es un movimiento peligroso que, no obstante su debilidad, puede producir mucho daño. La cuestión es si pequeños grupos radicales pueden imponer sus decisiones y vetar las que no se sean de su agrado. Durante la anterior administración del PAC, el presidente Solís se unió a la huelga de docentes, una situación ridícula ´porque en días sería la máxima representación del patrono Estado. Luego aceptó la mesa de discusión que impidió el aporte del 1% de los burócratas al sistema de pensiones y aceptó el veto impuesto a la presidente ejecutiva de la CCCSS, Dra. Rocío Sáenz. La huelga/manifestación de la semana anterior logró la separación del Ministro de Educación, pero ya los estudiantes (con los sindicatos detrás) se oponen al nombramiento de la Sra. Giselle Cruz. La actuación radical minoritaria ahora propone una rebelión armada y ya los estudiantes (azuzados por los sindicatos) anuncian huelgas/manifestaciones contra la nueva ministra de educación.

Parece haber llegado el momento en que los costarricenses, en su mayor parte tal vez opuestos al gobierno, manifestemos nuestro apoyo al presidente electo y el rechazo contundente al radicalismo de algunos pequeños grupos. Ello para que quede firme nuestra oposición a populismos, autoritarismos y dictaduras como las que han reaparecido en la región. Sin embargo, para la población se ponga del lado de la democracia, hay al menos tres condiciones que cumplir.

  1. El sindicalismo público es la máxima expresión del radicalismo tico. Albino Vargas y ANEP son el motor de los brotes del radicalismo, al cual se han integrado los estudiantes, seguro adoctrinados por algunos docentes/sindicalistas. Igual, fue iniciativa de ANEP integrar el grupo Patria Justa, con apoyo del Frente Amplio y de un sector radical del PAC, grupo que por cierto jamás se ha manifestado contras las dictaduras cubana y venezolana y que participó en la celebración de la prostituida revolución sandinista. También hay que reconocer que ANEP es esencialmente sindicalismo público, que apenas representa menos del 14% de la fuerza laboral del país. Exponer las arbitrariedades de ANEP no implica ir contra los sindicatos o las huelgas (vacaciones con goce de sueldo). Se trata más bien de defender el interés público y proteger a la población más débil de los daños que le infringen sus frecuentes huelgas. Por sus consecuencias sociales, porque el perjuicio lo absorbe la economía nacional y empobrece al país como un todo, las huelgas sindicales tienen que ser objeto de mayor regulación, incluyendo la ilegalidad en la mayoría de los servicios públicos.
  2. Autoridad del Poder Ejecutivo. Esta quedó cuestionada en el reciente movimiento. Su acción de una noche acabo con los bloqueos que unos pocos estudiantes (incluyendo niños), fue tardía y permitió un serio daño a la economía nacional. El Gobierno tiene los recursos para que los desorientados estudiantes tengan una mejor comprensión de la política nacional. También debería localizar los focos de adoctrinamiento que algunos docentes vienen haciendo a lo interno de los colegios y de ser posible suprimirlos.

    La libertad debe prevalecer en la enseñanza y la democracia debe ser defendida sin sesgos ideológicos, religiosos o de cualquier otra naturaleza. Nuestros estudiantes deben entender que la democracia tiene su estructura principal en el Estado y que ésta debe protegerse. La política pública está fuera del alcance y participación de los sindicatos, cuya naturaleza es laboral. En Costa Rica los sindicatos se vienen metiendo cada vez más en política pública. Esto debe parar. Por supuesto, si los trabajadores quieren participar en política pueden hacerlo, integrándose a partidos políticos afines o creando su propio partido, pero dentro de las reglas políticas de la democracia. Los problemas nacionales no se resuelven en las calles, como lo pretenden los sindicatos. Tenemos que usar los recursos legales, políticos, económicos, etc., que provee la democracia. La protesta pública es consustancial con la democracia, bajo las reglas de la democracia.

    Costa Rica entera aspira al desarrollo y sabe que tenemos los recursos y reservas para ello. Somos un país creativo, capaz de competir en el entorno global y de aprovechar las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología en toda la economía. Pero, como pretendía la constituyente del 49, se requiere una disciplina nacional para llegar a ella. Nuestros gobiernos deben abandonar la filosofía del pobrecito. Debe aplicar con rigor el Estado de Derecho y el costarricense debe saber que los buenos comportamientos son objeto de estímulo, pero que hay también fuertes disuasivos para confrontar comportamientos que causan serio perjuicio social. Tal es el caso de los bloqueos, inconvenientes e inconstitucionales, que el Estado debe enfrentar con contundencia.

  1. El Estado debe ser coherente con los fines de la democracia. Esta se creó para dos finalidades principales: el estado de derecho que brinde seguridad jurídica y respeto a las libertados y derechos humanos, por una parte, y el acceso a la dignidad, que en mucho depende de las posibilidades económicas del ciudadano. La democracia deja de existir cuando grandes sectores de la población se encuentran en pobreza y en desigualdad extrema. En tales casos la democracia es un privilegio para los más ricos y poderosos.

    Costa Rica se encuentra en los linderos de una verdadera democracia. La Segunda República nos brindó enormes posibilidades de las cuales todavía disfrutamos. Pero está agotada y la población ha perdido confianza en ella. Una encuesta reciente de la UCR generó algún desconcierto porque la mayoría de los jóvenes manifiestan que prefieren vivir en algún país distinto del nuestro, que ofrezca mejores oportunidades. Pero esto no es nada nuevo. Reiterando los indicadores del Latinobarómetro 2017, la confianza de la población en nuestras instituciones es sumamente frágil: 25% en el gobierno; 46% en el poder judicial; 20% en el congreso; y 20% en los partidos políticos. Es decir, la población no confía en la institucionalidad a través de la cual la democracia intenta llevar bienestar a todos.

    Hay diversas razones para ello. Pero en Costa Rica una es muy clara: un Estado conformado por unas 330 entidades públicas, de las cuales más de 80 se encuentran en algún régimen de autonomía, especie de ruedas sueltas que quieren correr con colores propios. Tiene más de 300 mil funcionarios, con muy bajo nivel de productividad y sueldos de lujo. Hoy el Estado tiene un presupuesto superior a 23 billones de colones, que equivalen a más del 70% del PIB. Este es un Estado oneroso bajo cualquier estándar, altamente improductivo y en muchos casos el gran obstáculo para el desarrollo del país. Con esos costos y enormes niveles de ineficiencia, el Estado no puede funcionar y generar los objetivos de bienestar propios del régimen democrático.

Resumen. Podemos concluir que el país enfrenta riesgos importantes, tal vez no por los pequeños grupos radicales, sino porque, bajo el principio del pobrecito, del diálogo y del mantenimiento de la paz, se oculta una incapacidad del gobierno para imponer su autoridad y con ello disciplinar más a la sociedad costarricense. Por otra parte, cualquiera sea el camino que escojamos en búsqueda del desarrollo, el Estado costarricense tiene que achicarse y rediseñarse. Una buena parte de su institucionalidad es innecesaria, pero cuesta mucho, y se puede prescindir de una buena parte de su personal.

Por supuesto, aquí hay un doble juego peligroso. Tenemos altos niveles de desocupación que empeorarían si el Estado prescinde de los funcionarios que no necesita. Sin embargo, mantenerlos impiden que el Estado sea útil y, además, sigue empobreciendo a la población. La alternativa es aumentar el crecimiento a niveles superiores del 5%, lo cual ha ocurrido en distintas oportunidades de nuestra historia reciente. Tal vez el problema es que el crecimiento no es un problema económico. En realidad, depende de grandes iniciativas políticas. Costa Rica tiene una reserva de fondos que posiblemente supera hoy los $30 mil millones (reservas laborales y excedentes de empresas públicas). Esos recursos, por ahora mal utilizados, podrían ser la fuente de un fondo rotatorio para obra pública (precaria en nuestro caso) que inyecte a la economía nacional unos $2000 o $3000 millones anuales, con lo cual lograríamos altos niveles de crecimiento y tal vez encontremos, finalmente, el camino al desarrollo pleno.

 

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