Ya va siendo hora de que entendamos como nación que la competitividad no necesariamente se mide sólo de manera cuantitativa. Lejos de ser solamente un factor de producción económica, las personas trabajadoras son seres humanos también.
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Esteban Chacón Rojas, Periodista.
La reciente discusión en torno al trámite legislativo del proyecto para reformar las jornadas de trabajo conocido como 4×3 ha vuelto a posicionar el tema en la opinión pública. A continuación aportamos algunas observaciones en torno a esta iniciativa.
Se trata de un proyecto recurrente que desde hace varios años ha sido impulsado una y otra vez por distintas bancadas conservadoras a lo largo de varios ciclos legislativos. La idea principal del texto es mantener la misma cantidad de horas semanales que usualmente se laboran en cinco o seis días, para que pasen a trabajarse en cuatro. De esta manera tendríamos jornadas ordinarias de hasta 10 o 12 horas, eliminando así el pago diferenciado de horas extra que existe hoy en día a 1.5 de la hora regular.
Este detalle marca una diferencia enorme respecto a otros países como México, Chile y diversas naciones europeas que han implementado las jornadas 4×3, pero reduciendo a su vez la cantidad total de horas semanales para no incurrir en abuso e incumplimiento de leyes laborales que tutelan el bienestar de las personas trabajadoras.
Uno de los mayores problemas que presenta esta reforma es que las personas que tienen responsabilidades familiares, cuidado de enfermos o ancianos, estudios u otros empleos y emprendimientos, deberán sacrificar sus otros aspectos de vida. Esta particularidad afecta específicamente a poblaciones vulnerables, mujeres y jóvenes.
En este sentido, tendrían que prácticamente desaparecer de lunes a jueves, o enfrentarse a la amenaza del despido o sustitución. Esta situación es una afrenta directa a la salud de estas personas, en favor del lucro de sus patronos.
Por otra parte, la promesa de voluntariedad pregonada recientemente por los defensores del proyecto también merece ser analizada cuidadosamente. Aun cuando supongamos la buena fe de los proponentes, incurren en una omisión fatal. Toda relación laboral surge de una contradicción estructural que implica un vínculo desigual.
La persona trabajadora se encuentra en una situación de vulnerabilidad y dependencia económica, razón por la cual se subordina a su empleador, quien a su vez le paga discrecionalmente por su fuerza de trabajo. Partiendo de esta premisa, es evidente que no hay nada más obligatorio que un »acuerdo voluntario» entre partes desiguales.
La OCDE ha realizado numerosas investigaciones en torno al tema laboral en las cuales ha confirmado que Costa Rica se ubica en los primeros lugares entre los países que trabajan más horas al año, así como también presenta una menor productividad. Ya va siendo hora de que entendamos como nación que la competitividad no necesariamente se mide sólo de manera cuantitativa. Lejos de ser solamente un factor de producción económica, las personas trabajadoras son seres humanos también.
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