CGR, setiembre 2017. La Contraloría General de la República (CGR), en su reciente informe Evolución fiscal y presupuestaria del sector público al primer semestre 2017 una vez más retrata la crítica situación fiscal, que repetidas veces ha venido advirtiendo, como también, la necesidad de tomar decisiones y medidas para evitar impactos no deseados por los costarricenses.
Todos los informes y análisis sobre la situación del país, convergen en un punto: la crisis fiscal, tema que arrastramos desde hace décadas debido a la incapacidad para afrontarla y menos aún, decidir qué y cómo hacer para darle estabilidad al Gobierno, cumplimiento de compromisos y planes de desarrollo.
Marta Acosta, Contralora General de la República, en nota de La Revista señalaba puntualmente al referirse al tema, que:
“Este comportamiento de los gastos sobrepasando a los ingresos es el reflejo de un problema estructural y es por ello que la Contraloría General de la República (CGR) ha insistido repetidamente, sobre la necesidad de avanzar decididamente en su solución, en forma gradual para garantizar la sostenibilidad de las finanzas”.
La Contralora incansablemente ante el Gobierno y la Asamblea Legislativa ha venido insistiendo en la necesidad imperiosa de impulsar acuerdos multipartidistas, de tender puentes entre el Poder Ejecutivo y los diferentes sectores productivos y laborales, pero infortunadamente de poco ha servido.
Lo que fue sorpresa para nosotros, el anunció de insolvencia del Presidente Solís, para la Contralora, no fue tal, ya que ella lo advirtió claramente en comparecencia en la Asamblea Legislativa en junio del presente año, diciendo enfáticamente:
“Reitero, el aumento sostenido de la deuda pública configura un creciente riesgo de insolvencia sobre lo cual se deben tomar las decisiones legales y administrativas suficientes para reducir en forma significativa esta posibilidad”.
Es decir, siempre el Gobierno ha sabido que es lo que debe hacer, pero su voluntad y la de otros actores políticos involucrados no han dado el paso, al parecer, prefiriendo remediar las consecuencias.
Días atrás la Ex presidenta Laura Chinchilla y el Diputado Ottón Solís, en un artículo publicado en La Nación, hacían una interesante recopilación de hechos y esfuerzos por llevar al país a un acuerdo compartido, capaz de concretar la reforma fiscal postergada por tantos años. Las dos figuras políticas al igual que la Contralora, externan su preocupación por la gravedad que encierra no hacer nada y dejar «que los problemas se resuelvan por si solos».
La gran preocupación ha sido la pérdida de cuatro años de trabajo en pro de la esperada reforma fiscal, ya que el actual Gobierno postergó para el final de su administración colocar el tema en discusión. Claro está, que además de la incoherente decisión, era sabido que en el último año de gobierno, la atención y los intereses partidarios estarán centrados más en el proceso electoral del 2018, que en buscar acuerdos y compromisos en temas tan sensibles e impopulares como es todo lo que verse sobre impuestos, empleo, pensiones y otros aspectos.
El informe de la CGR, no hace más que ahondar en conductas de manejo fiscal y presupuestario, cada vez más complejo y atado a las posibilidades del Estado.
En la introducción del informe la CGR, señala lo siguiente:
El país se enfrenta ante una coyuntura fiscal crítica, caracterizada por alto nivel y crecimiento
de la deuda pública, menor dinamismo de los ingresos tributarios y una gran rigidez del gasto
público. Tendencias todas no sostenibles en el mediano plazo y con un alto costo en términos
del ajuste fiscal requerido. Aunado a esto, la institucionalidad pública se enfrenta a un entorno
cada vez más dinámico y complejo. En este sentido, la atención de las demandas ciudadanas
deben atenderse bajo los más estrictos criterios de calidad, eficiencia, eficacia y economía del
gasto público…Con el fin de coadyuvar a este propósito –y en el ejercicio de sus potestades de fiscalización
superior-, la Contraloría General de la República presenta a la ciudadanía y al legislador su
onceavo informe de Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público, en el cual se analiza la situación fiscal del gobierno y el sector público, las principales tendencias en la ejecución de los recursos públicos, así como el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan
Nacional de Desarrollo, al primer semestre del ejercicio…Es de interés del Órgano Contralor que esta información sea relevante en el ejercicio del control
político, ciudadano y hacendario, toda vez que la interacción entre la ciudadanía y la
institucionalidad pública es inherente a un buen desempeño del Estado y a la construcción del
bienestar público.