En defensa de la Contraloría General de la República

Por su actualidad y relevancia retomamos en esta nota los comentario de Rafael Ángel Chinchilla Fallas, publicados el 9 de junio del 2024 en La Nación.

Rafael Ángel Chinchilla, quien fuera Contralor General de la República de Costa Rica durante 15 años, entre 1972 y 1987, ofrece un detallado análisis sobre la importancia de esta institución y los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su historia. Resalta que durante su mandato, procuró ejercer su responsabilidad “con apego a los principios éticos y al marco legal”, apoyado por un equipo de funcionarios “altamente calificados y comprometidos”.

Él se remonta a los orígenes de la Contraloría y revela la inestabilidad que caracterizó a los diferentes entes fiscalizadores durante los primeros 130 años de vida republicana de Costa Rica. Esta inestabilidad se atribuye a “la incomodidad que producía en los gobernantes la idea del control sobre el uso de los fondos públicos”. No fue hasta 1949, con la creación de la Contraloría General de la República (CGR) por los miembros de la Asamblea Constituyente, que se otorgó a esta entidad un rango constitucional, blindándola así de “los caprichos y presiones de la política”.

Pretensiones de debilitar la Contraloría

El ex Contralor, manifiesta su preocupación por los intentos actuales de debilitar la Contraloría, una institución fundamental del Estado costarricense. Destaca que, 75 años después de la promulgación de la Constitución y la creación de la CGR, un gobierno que ha demostrado “desprecio por los principios rectores de la Administración Pública y las normas de contratación administrativa” busca “debilitar y neutralizar al órgano contralor”. Explica que, por definición, “el papel de la Contraloría es ‘incomodar’ a quienes gobiernan”, no con la intención de obstruir o evitar el avance de obras y proyectos necesarios para el desarrollo nacional, sino para garantizar que estos se ejecuten conforme a las reglas establecidas por la Constitución y las leyes.

Sostiene que solo al someter las decisiones y los procesos administrativos a los principios de legalidad, se puede aproximar al ideal de gobernar con “ética, justedad y transparencia”.

Evitar la corrupción

El autor detalla su experiencia durante los años en que ejerció como contralor, mencionando que enfrentó innumerables casos en los que se logró prevenir la corrupción y el despilfarro gracias a la “actuación oportuna del ente contralor”. Sin embargo, reconoce que no siempre se consiguió evitar la corrupción, ya que “no faltan quienes encuentran rendijas en el entramado legal para deslizar sus ilegítimas intenciones”. Advierte que sería aún peor si, en lugar de trabajar por cerrar esos vacíos, se abren “boquetes a los mecanismos de control”, como se pretende hacer actualmente.

Como prueba de esta situación, menciona casos recientes de proyectos cuestionados, realizados mediante mecanismos de contratación directa bajo situaciones de “excepción y emergencia”, que marginalizan a la Contraloría. Un ejemplo notable es el relacionado con los arreglos en la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós, denunciado por el presidente de la República.

Debate riguroso

El autor, a pesar de haber dejado el cargo de contralor hace muchos años, no ignora las complejidades acumuladas en el ejercicio de la función pública. Comprende la necesidad de emprender ajustes al marco normativo sobre el que se asienta el Estado costarricense para responder de manera más ágil y eficiente a las demandas ciudadanas. Sin embargo, aconseja que dichos ajustes se promuevan mediante “un proceso de riguroso debate, sobre la base de la jurisprudencia emitida y con la participación de los mejores expertos del país”.

Concluye que hacer estos ajustes en medio de reiterados ataques al ente contralor y a una funcionaria ejemplar como Marta Acosta, junto con intentos fallidos de sacar adelante proyectos fuera del marco legal, solo genera “alarma y suspicacia”.

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