Extinción de la democracia y la libertad

Algunos autores, políticos y analistas han advertido -con toda la razón- que la aprobación de este proyecto de ley supone la extinción del estado de derecho y de las garantías constitucionales

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 Eli FeinzaigEconomista.
El correcto funcionamiento del sistema republicano -la propia supervivencia de la democracia liberal- depende de la existencia de un sólido esquema de pesos y contrapesos que garantice el delicado equilibrio que ha de existir entre los poderes que la ciudadanía concede al Estado, y el respeto a los derechos de los ciudadanos y sus garantías legales.
Inclinar la balanza excesivamente a favor de los poderes del Estado sacrificando las libertades individuales marca el principio de un camino que en otras latitudes ha llevado a la pérdida de la democracia y a la muerte de la libertad.
El proyecto de Ley de Extinción de Dominio puede perturbar de manera fatal y definitiva ese necesario equilibrio entre el poder del Estado y la libertad individual. Pretende alterar e invertir los principios sobre los cuales se sustentan la justicia, la democracia y la libertad.
Como lo ha explicado la licenciada Rosaura Chinchilla Calderón, jueza penal y coordinadora de la Maestría en Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la UCR, la extinción de dominio lo afecta a usted, aunque nunca haya cometido un delito.
En caso de aprobarse este nefasto proyecto de ley, el Estado costarricense podrá tomar posesión de los bienes de los ciudadanos -casas, terrenos, edificios, carros, motos, dinero y todo lo que posea la persona- bajo dos circunstancias:
    1. la sospecha de que esos bienes provienen de, o han sido usados para, la comisión o encubrimiento de un delito, y
    2. cuando en criterio de algún funcionario público autorizado, no exista “causa lícita aparente” para la posesión del bien.
El proyecto de ley se esmera en aclarar que la extinción de dominio no es un procedimiento penal, y que no es necesaria la existencia de una sentencia judicial que determine la comisión de un delito para proceder a confiscar la propiedad del ciudadano.
Pero las cosas son aún más graves en la versión actual de la extinción de dominio: ni siquiera tiene que mediar la sospecha de que el ciudadano haya participado en la comisión de un delito. Con solo que alguna autoridad considere que las posesiones del ciudadano no tienen una explicación lógica (la llamada “causa lícita aparente”), puede el Estado proceder a decomisarlas.
El proyecto, decíamos, debilita varios principios fundamentales de la democracia y la justicia. Entre otros,
  • liquida el principio de inocencia, que establece que toda persona se considera inocente mientras no se demuestre lo contrario. No basta con la sospecha.
  • invierte la carga de la prueba. Como consecuencia del principio de inocencia, corresponde a la parte acusadora aportar la prueba de que ha existido un delito y de que el acusado es responsable o partícipe del mismo. Con extinción de dominio, corresponderá al ciudadano demostrar su inocencia o la licitud de la adquisición de su patrimonio hasta 15 años hacia atrás.
  • atenta contra el debido proceso que, no lo perdamos de vista, ha sido diseñado para proteger y preservar las garantías constitucionales de los ciudadanos cuando enfrentan un proceso judicial de cualquier índole.
  • cercena el derecho de propiedad, introduciendo una enorme inseguridad jurídica que atenta contra la creación de la riqueza y la prosperidad y socava las bases de la convivencia pacífica en democracia.
  • anula el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que: “1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente”, y “2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.”
Algunos autores, políticos y analistas han advertido -con toda la razón- que la aprobación de este proyecto de ley supone la extinción del estado de derecho y de las garantías constitucionales. Pero se quedan cortos. Extinción de dominio equivale a extinción de la democracia y la libertad. Es imperativo parar esta insensatez.

 

Eli Feinzaig.
Economista, consultor y empresario. Liberal, demócrata y librepensador.
Presidente del Partido Liberal Progresista.  
#SoyLiberal

 

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