Al final, lo que está en juego no es un nombramiento pendiente ni una disputa de coyuntura: es el tipo de país que vamos a heredar a las próximas generaciones.
Fabio Molina Rojas, Abogado.
«El derecho es el arte de lo bueno y de lo justo» (Ius est ars boni et aequi), enseñaba el jurista romano Ulpiano. Esa máxima recuerda que el derecho no consiste únicamente en la aplicación literal de las normas, sino en la búsqueda permanente de la justicia, el bien común y la preservación del orden constitucional.
La democracia descansa sobre un principio que ninguna Constitución puede sustituir: la buena fe de quienes ejercen el poder público. Ningún texto normativo, por exhaustivo que sea, logra prever todas las circunstancias ni anticipar los ardides con que la política, cuando pierde el rumbo, convierte los vacíos de la ley en armas de confrontación.
La Constitución Política confía a la Asamblea Legislativa el nombramiento de los magistrados suplentes, una vez que la Corte Plena presenta la nómina correspondiente. Esa obligación fue incumplida, de forma deliberada, por la mayoría legislativa. Y frente a ese incumplimiento, una verdad se impone sobre cualquier cálculo político: el servicio público no puede paralizarse. Garantizar la continuidad del Estado no es una opción; es un deber.
¿Dónde establece la Constitución que, ante esa omisión, corresponde a la Sala Constitucional actuar? En ninguna parte. Pero tampoco dice —y esto merece subrayarse— que los diputados puedan incumplir indefinidamente un mandato constitucional y luego capitalizar políticamente su propia omisión. Es un principio elemental del derecho, tan antiguo como la civilización jurídica misma, que nadie puede beneficiarse de su propio dolo ni de su propia negligencia.
Para resolver estos vacíos existen, precisamente, la hermenéutica jurídica, los principios generales del derecho y el derecho comparado. En toda democracia constitucional madura corresponde a los tribunales constitucionales interpretar la Carta Fundamental cuando su letra calla. En Costa Rica, esa función recae en la Sala Constitucional, intérprete supremo de nuestro ordenamiento.
Con todo, existe una vía superior a la controversia jurídica para dirimir los conflictos entre poderes: la negociación política. Ese ha sido, a lo largo de nuestra historia, el sello distintivo de la democracia costarricense: una democracia forjada no en la imposición, sino en el diálogo, el consenso y el respeto entre instituciones.
El pueblo habló con claridad en las urnas. Distribuyó el poder deliberadamente para que hubiera pesos y contrapesos, y para que ningún actor político pudiera imponer unilateralmente su voluntad. Ese fue el mandato del soberano. Quienes hoy pretenden gobernar ignorando esa arquitectura institucional aún no han comprendido la esencia misma del sufragio en una democracia representativa.
Resulta paradójico —y preocupante— observar cómo una mayoría legislativa dilapida su capital político en disputas estériles que en nada contribuyen a resolver los problemas reales del país. La ciudadanía empieza a percibir el desgaste de anteponer el espectáculo a la responsabilidad. El refrán lo advierte con sabiduría popular: tanto va el cántaro al agua, hasta que al fin se rompe.
Frente al estruendo de la confrontación política, la sociedad civil ha respondido de otra manera: con la convocatoria serena a un plantón en defensa de la institucionalidad democrática, particularmente del Poder Judicial. Todo indica que será una manifestación amplia, espontánea y pacífica, de ciudadanos que acuden por convicción y no por consigna. Puede convertirse en un momento de reafirmación cívica que la historia recordará.
El Gobierno aún está a tiempo de abandonar la soberbia y comprender algo esencial: quienes discrepamos de ciertas actuaciones no somos enemigos de nadie. Somos ciudadanos que creemos en el diálogo, en la concertación, en el respeto entre los Poderes del Estado y en la solución institucional de los conflictos. Gobernar contra esa convicción es gobernar contra el país mismo.
Costa Rica no es una sociedad que obedezca ciegamente las órdenes de un capataz. Es una República democrática, plural, educada y consciente de sus derechos y responsabilidades. Esa es nuestra verdadera fortaleza: una ciudadanía libre que sabe defender sus libertades sin renunciar jamás a la paz, al Estado de derecho y a la democracia.
Porque, al final, lo que está en juego no es un nombramiento pendiente ni una disputa de coyuntura: es el tipo de país que vamos a heredar a las próximas generaciones. Y esa es una responsabilidad que ninguna mayoría legislativa, por más numerosa que sea, tiene derecho a hipotecar.