Federico Malavassi Calvo, Académico y ex Diputado.

No me cansaré de repetir que la Asamblea Constituyente de 1949 transformó significativamente las instituciones del gobierno costarricense.

En un acto de autenticidad y gallardía, la Asamblea rechazó el proyecto de Constitución presentado por la Junta de Gobierno, pero en un derroche de calidad humana se avino a discutir las mociones que el diputado Rodrigo Facio presentó de inmediato (algunos dicen que transformó todo el articulado del proyecto de la Junta en sendas mociones).

Los constituyentes, entonces, tomaron como base de discusión la Constitución de 1871 (de innegable influencia gaditana) y, asimismo, determinaron que la crisis del 48 tenía, como una de sus causas principales, origen en la concentración de poder del Ejecutivo.

La tradición constitucional costarricense, hasta entonces, había emulado algunas de las instituciones de Estados Unidos de América: sistema presidencial, Secretarios de Estados, Congreso y otras más. Sin embargo, a Asamblea Constituyente de 1949, a pesar de tener un complicado y corto plazo, tuvo la entereza para concentrarse en algunos cambios fundamentales que terminaron por calificar nuestro sistema de gobierno como semipresidencialismo o semiparlamentarismo (Mario Alberto Jimenez, Desarrollo Constitucional de Costa Rica).

El resultado de los cambios es mucho más que nuevas denominaciones. La Asamblea Legislativa no solo quedó con más funciones y mejor determinadas sino que se desarrolló mucho mejor la función de control político.

Una parte de este control se deriva, a la vez, de que ahora no habría “Secretarios de Estado o Gobierno” sino “Ministros” (una denominación y caracterización más propia del sistema parlamentario) y junto con ello varía el régimen de responsabilidad en consonancia con la nueva definición. Además, su relación con la Asamblea sería más intensa (incluso un diputado podría ocupar el cargo de ministro). Asimismo, los ministros podrían acudir más corrientemente a la Asamblea. Como cuestión central, entonces, se estableció con claridad la interpelación de los ministros y la posibilidad de censura. Estas herramientas republicanas son muy importantes en un Estado de Derecho y, sobre todo, en la función de control político.

No sobra subrayar, sobre todo en estos momentos en que bastardos intereses procuran desvalorizar la función de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y de las gestiones de control político y ciudadano, que estas funciones de control político van asociadas al derecho a la información y a otras fundamentales libertades públicas y principios jurídicos del Estado de Derecho.

El control político es más importante que la legislación y otras funciones de la Asamblea Legislativa, se desprende directamente de la función de representación. Pero muchos políticos, bastantes formadores de opinión y una perenne cantaleta del Ejecutivo pretenden no solo ignorarla sino fomentar una especie de “activismo legislativo” dirigido a convertir la Asamblea en una fábrica de leyes. Eso explica tantas muestras de estulticia que animan a los diputados a no hablar y a “trabajar” (aprobar leyes). Y ello no es un error al cuadrado sino al cubo. Quizás así se puede entender que la lucha por estar en la Comisión de Hacendarios no está motivada por la idea de controlar el gasto público sino de servirse de él y convidarse al innoble botín.

La potestad de dictar las leyes debería usarse con prudencia, prudencia, mesura, ponderación, inteligencia y de modo excepcional. La ley implica una coacción, una regulación, un permiso para la función administrativa, un impuesto, una obligación, una sanción, una multa, una posible disminución de libertad o una obligación. Pocas veces se usa esa vía para quitar exceso de normas, para desintoxicarse de tramitopatías o para fomentar la libertad o desregular. La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido conteste en que si hay limitaciones legales a las libertades, éstas además de que han de ser razonables, racionales, proporcionales tienen que ser necesarias. Sin embargo, el activismo legislativo va en otra vía, propia de estatistas y enemigos de la libertad y la prudencia: quieren más regulaciones, más leyes, más delitos, más sanciones, más impuestos, más competencias y funciones públicas, más burocracia y más gasto público.

Por tal motivo, no hay que extrañarse de que el activismo legislativo se confabule con los negadores de la función del control político. De igual modo, serán constantes en los ataques a la Asamblea Legislativa, a lo que ella representa y a los instrumentos que debe utilizar el control político (el uso de la palabra, la indagación legislativa, la interpelación legislativa y las comisiones y mociones).

Hay evidencia de que los grupos estatistas quieren más leyes, más intervención, más oportunidades de regular las libertades públicas, más multas y sanciones, más impuestos y más funciones y competencias en manos del sector público y menos control y establecimiento de responsabilidades para el sector estatal. Quieren a la Asamblea Legislativa ocupada en leyes y leyes, impuestos y regulaciones, más regulaciones y prohibiciones y menos control político, menos injerencia en las discutibles actuaciones en el sector público, menos interpelaciones, menos opiniones, menos examen y menos criticismo.

El diseño constitucional del ejercicio del poder, entonces, se ve seriamente comprometido y violentado por estas pretensiones estatistas y contrarias al control político. La Constitución prevé un poder legislativo pendiente de todas las acciones públicas, celoso del ejercicio de las competencias, vigilante del uso de todos los recursos públicos (sobre todo los financieros pero no exclusivamente) y en una función similar a la de una Junta Directiva que examina constantemente a un gerente o administrador.

No es de extrañar que el oficialismo (aunque cambie de bandera, color e incluso de signo) siempre pretenda menos control y más legislación, menos uso de la palabra y más votaciones, menos rendición de cuentas y más recursos, menos interpelaciones y más impuestos. Pero sí sorprende que algunos medios de comunicación apoyen el activismo legislativo (fábrica de leyes), el silencio de los diputados y la indiferencia ante las acciones públicas.

El sector público ha crecido desmesuradamente, está muy endeudado, sobra la duplicación y redundancia de funciones, brilla en muchas partes la ausencia de sistemas para la adecuada y clara rendición de cuentas, parecen darse algunas figuras (Sinart y otras) para desviarse por dónde quieren, hay algunos serios problemas (filas en la CCSS, endeudamiento e infidelidad con la devolución de frecuencias en el ICE, insatisfacción con altos cobros impositivos en algunos municipios) en algunas áreas públicas y todo ello requiere una dirección política, ciudadana, técnica y jurídica que tenga control de lo que pasa y la dirección en que vamos. Ello es función de la Asamblea Legislativa (que cuenta con su auxiliar, la Contraloría General de la República). Las gestiones y sesiones de un par de comisiones legislativas (la Permanente de Asuntos Hacendarios y la Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Público) deberían ser el foco de atención nacional. Se trata de mecanismos adecuados para llevar el control de lo que pasa, para realizar constantemente la indagación del “quo vadis?” y para recopilar y sistematizar la información útil para tomar decisiones.

Pero … el estatismo, el intervencionismo, la anécdota política cotidiana y los plumarios oficialistas siempre irán por otro lado. Dirán que hay muchas comisiones, dirán que la investigación legislativa no sirve para nada, diseñarán trucos y engaños para evadir los interrogatorios legislativos y mentir, esconder y buscar la impunidad, comprarán conciencias con las anómalas buchacas presupuestarias y licitaciones “sastre” que harán con los dineros de todos, comprarán “trolles” y mercenarios que ofenderán hasta la saciedad a quien ose criticar u objetar tan malvadas actuaciones y tratarán de convencer a los ciudadanos que hay que poner más leyes, obligaciones, impuestos y regulaciones.

Por eso vuelvo una vez más e insisto, el control legislativo es indispensable y esencial, basamento de nuestro Estado republicano, herramienta de la democracia, aliada de la libertad de información y la libertad de expresión, compañera del pensamiento crítico y de la vida ciudadana. La potestad de legislar debería, entonces, usarse con inteligencia y mesura, luego del análisis profundo y sesudo que debería provocar el control legislativo y no como una tiradera de bombetas y calenturas liberticidas.

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Por Federico Malavassi Calvo

Federico Guillermo Malavassi Calvo es un abogado y político liberal costarricense. Fue el candidato presidencial por el partido Unión Liberal para las elecciones presidenciales del 2022. Presidente Junta Administrativa de la Universidad Autónoma de Centro América UACA.