Federico Malavassi Calvo, Académico y ex Diputado.

La historia constitucional costarricense evidencia un celo importante por la limitación y control del poder.

Es por ello que la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución vigente introdujo algunos institutos del régimen parlamentario en nuestra Constitución.  A la vez, convencidos sus integrantes de que se había llegado a la guerra del 48 porque el régimen presidencialista evidenciaba algunos defectos, también se concentraron en limitar sus potestades, afinar sus responsabilidades y controlar el poder que tenía.

Por ello, aunque quizás no todos lo entiendan, se cambió la denominación de Secretarios de Estado por la Ministro, se afinaron las funciones del Consejo de Gobierno y se preceptuó que el Poder Ejecutivo los ejercían el Presidente y el Ministro del Ramo.

Asimismo, se introdujo el mecanismo de la interpelación de los ministros y, además, el de la posibilidad de censura de los ministros.  Es un modo de ejercer control político y poner al Poder Ejecutivo en cintura.  Por cierto, el inciso 24 del artículo 121 de la Constitución, en un texto que a pesar de estar a la vista de todos pareciera no ser leído con atención, prevé una mayoría atípica para la procedencia del voto de censura:  dos tercios de los presentes (ni la mayoría simple, ni la de dos terceras partes de la totalidad).

Por otro lado, tal vez es momento de recordar a los malos lectores que el Poder Ejecutivo no es el Gobierno de la República sino una parte de él.  El Gobierno (artículo nono) lo ejercen el Pueblo y los tres Poderes.  Por ello resulta tan ridículo que una Ministra se retrate de ignorante expresando que el voto de censura que recibió la Ministra de Educación no afecta al “Gobierno de la República”.  ¡Claro que lo afecta!  Es un pronunciamiento previsto constitucionalmente para castigar a un Ministro. Implica una crítica al Ejecutivo en su forma de hacer las cosas.  Es obvio que, si hay descaro, irrespeto de los valores y principios y apología del desatino y el incumplimiento jurídico entonces no afectará a los concernidos, pero constitucionalmente señala una crisis, una crítica institucional y un pronunciamiento de nuestros legítimos representantes.

El punto de que quizás el presupuesto previsto constitucionalmente para la educación es muy alto, se basa en un cálculo sobre un total que no está en manos del Erario Público y que hay urgencia de minimizar el gasto, no excusa la anticipada y obsecuente capitulación ministerial, sobre todo si no hay evidencias de que el apagón educativo se esté superando adecuadamente.   Tal vez, además, se esté cobrando una falta de información o conocimiento acerca de lo que pasa en el Ministerio de Educación.  El hecho es que hay una censura aprobada por la Asamblea y es la primera del siglo XXI.  La última había sido para el ministro Juan Diego Castro, por un desfile que fue interpretado como un acto de matonería incluso por los mismos diputados del partido oficial.  Tal vez el constituyente no anticipó otro tipo de consecuencias porque pensó que las respuestas serían diferentes y que habría reacciones más honorables.  Lo cierto es que las censuras a un ministro no son un acto corriente de la Asamblea y su existencia evidencia un hecho lamentable y no implica honor ni condecoración.

También es posible que la Ministra haya recibido una dosis de la animosidad que el Presidente y algunos de sus Ministros riegan por doquier.  O sea, una respuesta a aquello de que quien siembra vientos … cosecha tempestades.  Pero el punto es que para un funcionario respetuoso de la Constitución y de la función de control político no es una cuestión menor sino un pronunciamiento muy significativo.  Además, cuidado si no se trata de un punto de inflexión en la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo y muestre que los diputados se cansaron de las matonerías y desplantes, de los insultos y ofensas, de los denuestos y descalificaciones y empiecen a mostrar su adecuado rol en el control político.

Cada cual cosecha lo que siembra, no se puede vivir en una permanente campaña de odio y ofensa, intentando crear una cultura de miedo contra todos los que no piensen igual.

Federico Malavassi Calvo

Por Federico Malavassi Calvo

Federico Guillermo Malavassi Calvo es un abogado y político liberal costarricense. Fue el candidato presidencial por el partido Unión Liberal para las elecciones presidenciales del 2022. Presidente Junta Administrativa de la Universidad Autónoma de Centro América UACA.