Fernando Cruz: Ante la incertidumbre que viven los funcionarios y funcionarias judiciales, no puede existir  indiferencia. 

Como Presidente de la Corte, he asumido un prudente silencio, que no significa, de ninguna forma, indiferencia ante la angustia y el drama que para muchos funcionarios judiciales significa su remuneración.

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Fernando Cruz Castro,  Abogado, Magistrado, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El lunes dos de marzo, no lo olvidaré, porque percibí un camino muy estrecho para la institución y para sus servidores, al recibir el Poder Judicial una orden de la señora Contralora, cuyo contenido suscita muchos interrogantes, pero que no me permite, desde la Presidencia, plantear objeciones o argumentos que aclaren tales cuestionamientos. Mi responsabilidad institucional me impide ignorar o rechazar un mandato de la Contraloría General de la República. Si bien la decisión del ente Contralor, es objetable y cuestionable, no es posible que la Corte se niegue a cumplir tal mandato. Se agotaron los recursos, muy limitados, por cierto, que prevé el ordenamiento.

El tema salarial es un asunto relevante, su definición provoca incertidumbre y temor entre los funcionarios judiciales. No es una preocupación irrelevante o pasajera. Los salarios son tema muy delicado. En esta circunstancia no es trascendente el salario de los Magistrados y Magistradas o de la clase gerencial, ese no es el tema prioritario, sí lo es el reconocimiento salarial de más de doce mil personas que dedican sus mejores energías para servirle al país y al Poder Judicial.

La Contraloría ordena revocar un acuerdo de Corte plena, firme desde marzo del año pasado, ignorando que tal decisión reconoce derechos adquiridos, ignorando, además, que existe una acción de inconstitucionalidad planteada contra dicho acuerdo, cuyos efectos y vigencia, no lo suspendió la Sala Constitucional.  La Contraloría fundamenta su decisión, ignorando realidades. A pesar del poco margen de acción que tiene la Presidencia y Corte Plena, es indispensable analizar la posibilidad de plantear un conflicto de competencia de constitucionalidad (artículo 109 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), porque la orden de la señora Contralora, suscita interrogantes que inciden en las competencias del Poder Judicial y de la Contraloría. Debo explorar otras vías procesales, para encontrar un escenario institucional que permita resolver las objeciones e interrogantes que surgen con la intervención atípica de la Contraloría General de la República.  Enfrento el reto de buscar soluciones justas y razonables al tema salarial de los funcionarios judiciales, sin desconocer, por supuesto, las limitaciones presupuestarias que enfrenta el país. Durante muchos años las generaciones que nos han precedido, han construido un sistema judicial que alcanzó las más elevadas metas de servicio y que al mismo tiempo, tiene un sistema salarial competitivo y justo. En los próximos meses debemos esperar que la Sala Constitucional resuelva una parte de los interrogantes que toda esta polémica ha suscitado; es importante que la Sala resuelva las diversas instancias que se le han planteado.

En estos momentos de desánimo y frustración, no ignoro la ruta que marcó la propia Sala Constitucional al resolver la consulta de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuando avala una manifestación de la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar : “…quisiera señalar que el proyecto no afecta o elimina la potestad del Poder Judicial de modificar su escala salarial o modificar los salarios bases. ….Particularmente, si el Poder Judicial considera, que atente la regulación de la dedicación exclusiva o las anualidades, es necesario incrementar el salario de algún funcionario, puede hacerlo al amparo de su INDEPENDENCIA EN MATERIA SALARIAL……” Ante esta manifestación, la Sala Constitucional avala tal declaración, recalcando que: “Esta observación no es sólo compartida por la Sala, sino que determina con claridad indiscutible que el proyecto no afecta la organización o funcionamiento del Poder Judicial en materia salarial…”. Me parece que esta definición de la Sala Constitucional, permite analizar vías que permitan compensar, en parte, el deterioro del régimen salarial de los funcionarios y funcionarias judiciales. Aquí, como lo dije, no me detengo en los salarios de magistrados y magistradas o en la clase gerencial, sino que me refiero a la gran mayoría de los servidores judiciales.

En momentos difíciles se impone la reflexión, explorando vías de solución, a pesar de que el ambiente político y económico, evidencie agotamiento o intolerancia. En la creatividad, el diálogo respetuoso y una visión solidaria, podemos encontrar respuestas. Si bien debemos esperar, darle espacio a la reflexión, debemos actuar con espíritu constructivo, con una paciente esperanza, que es la que  rinde frutos en lo individual y colectivo.

Como Presidente de la Corte, he asumido un prudente silencio, que no significa, de ninguna forma, indiferencia ante la angustia y el drama que para muchos funcionarios judiciales significa su remuneración. Ni la Presidencia, ni los señores y señoras magistradas, tienen soluciones mágicas, pero dentro de la institucionalidad debemos concentrar nuestra energía y nuestra creatividad, para buscar respuestas o escenarios que nos permitan dilucidar los interrogantes tan variados que angustian a los servidores judiciales desde octubre del 2018. Creo que en esta hora de elevada incertidumbre para el conglomerado judicial, mi compromiso desde la Presidencia, sigue inalterable. En medio de la discusión, el diálogo y la discrepancia, haré el mayor esfuerzo para mejorar  la justicia del país y asegurar una remuneración digna a  los servidores y servidoras judiciales.


 

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