Fernando Cruz Castro: Defendemos la Independencia Judicial porque es una garantía  para la Democracia

Como Presidente del Poder Judicial, le ruego que señale los casos en que han existido acciones e influencias indebidas, porque la fortaleza y vigor de la institucionalidad judicial, no depende de la renovación de la cúpula judicial, sino que requiere una reacción oportuna ante una denuncia tan grave como la que ha expresado una autorizada voz del parlamento.

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Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia

La Independencia Judicial es un principio fundamental de la Democracia que asegura la separación de poderes y consolida la existencia de un Estado Constitucional de Derecho, así lo han reiterado Cortes de Justicia, Tribunales Constitucionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esas declaraciones deben traducirse en una fortaleza que cobije a la justicia para que resista los embates del poder y sus intentos de imponerse, en detrimento de  la sociedad democrática.  Debilitar al Poder Judicial es minar una garantía que pertenece a la ciudadanía.

La Independencia Judicial es débil, requiere un reconocimiento normativo y socio cultural bien definido, de lo contrario, el Poder Judicial se convierte en un poder de segundo orden, en un subalterno de los otros poderes. La judicatura de ningún escalafón y rango puede ni debe nadar en las aguas políticas del Poder Ejecutivo y del Parlamento. Los  vasos comunicantes entre los dos poderes citados,  le permiten neutralizar,  si se lo proponen,  al que decide conflictos y que es determinante en el equilibrio de poderes: el Poder Judicial.

La particularidad de las funciones jurisdiccionales conlleva específicas garantías que se manifiestan en el respeto de su autonomía, independencia e imparcialidad del juez y jueza . Si esas garantías no se definen adecuadamente, imponiendo límites claros a los otros poderes, la Independencia Judicial se convierte en una frase sin contenido y sin vigencia efectiva. Los jueces y juezas de la República en el ejercicio de sus funciones están sometidos al mandato que le impone la Constitución Política, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y las leyes.

Hemos experimentado una grave crisis, pero con las decisiones tomadas se demostró  que sin importar puesto o jerarquía que se ostente, nadie se encuentra por encima de la de la Constitución o de la Ley. Trabajamos de manera firme y constante para recuperar la confianza y la legitimidad de la ciudadanía, lo cual hacemos  con humildad y con autocrítica constante.

        Sobre las iniciativas de “remozar” “refrescar” y “renovar” la Corte Plena tendremos la oportunidad de ocuparnos y pronunciarnos cuando los proyectos de ley nos sean  remitidos a consulta por la vía del artículo 167 de la Constitución Política.

De lo que sí me ocupo de manera inmediata y así lo externo públicamente en esta carta que comparto con la ciudadanía, es sobre las manifestaciones del legislador del Partido Social Cristiana, Pedro Muñoz Fonseca  publicadas en medios de comunicación nacional en las que afirma que una división interna repercute en “juzgados” y hasta la “Fiscalía”, por la forma como se resuelven casos y se dejan de conocer algunos, según se consigna en el Diario La Nación en la edición impresa del 4 de noviembre.  Don Pedro afirma: “…Hay una pelea entre dos bandos, y esa división no solo influye en las resoluciones, sino también en los casos que se conocen, en los casos que se desestiman y en los casos que se dejan de  conocer …”.  Desconocemos a qué casos se refiere el señor legislador  y qué injerencia impropia han tenido algunos magistrados en el juzgamiento de algunos casos, por ello le insto que presente las denuncias ante los órganos correspondientes, estas acusaciones públicas son graves, porque no sólo  dañan el honor de personas sino que lesionan la administración de justicia, sugiriendo la debilidad al interior del Poder Judicial, con juzgadores vulnerables a presiones, que incumplen su responsabilidad de ejercer sus funciones con la independencia y autonomía  que les otorga las leyes.  Es relevante que una voz de tanta autoridad como don Pedro Muñoz, identifique los casos en que la acción de los magistrados ha influido en el juzgamiento,  desestimación y postergación de asuntos sometidos al conocimiento del Poder Judicial. No puedo ser indiferente ante la denuncia tan grave que hace un parlamentario tan destacado como don Pedro Muñoz. Es necesario que las denuncias tengan una identidad clara, para corregir los extravíos de un sistema judicial que siempre debe prestar oídos a las críticas y las descalificaciones.

        Corte Plena es un órgano deliberativo integrado por 22 magistradas y magistrados electos luego de un proceso público que se realiza en la Asamblea Legislativa. Las decisiones se toman luego de analizar y discutir temas que constan en un acta pública que luego de aprobada se coloca en el sitio web de la institución. Desde el mes de diciembre del año 2016 las sesiones públicas también se transmiten vía “ streaming “, cuyo enlace se comparte en las redes sociales del Poder Judicial. Los temas que por disposición de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no son públicos,  como los procesos disciplinarios y los jurisdiccionales con fuero especial, siempre se documentan en todos sus detalles, dictando una resolución motivada,  en la que se expresan las razones que le dan sustento a decisión de Corte Plena.

       Como Presidente del Poder Judicial, le ruego que señale los casos en que han existido acciones e influencias indebidas, porque la fortaleza y vigor de la institucionalidad judicial, no depende de la renovación de la cúpula judicial, sino que requiere una reacción oportuna ante una denuncia tan grave como la que ha expresado una autorizada voz del parlamento.

       Escuchar las críticas y las descalificaciones, es un deber ineludible que tengo desde la Presidencia del Poder Judicial, por eso planteo esta respetuosa instancia al parlamentario, Pedro Muñoz Fonseca.

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