Fernando Cruz: La independencia judicial, fortaleza de nuestra democracia

INFORME DE LABORES DEL PODER JUDICIAL DEL AÑO 2021

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Fernando Cruz Castro,  Abogado, Magistrado, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

En el 2021 conmemoramos tres fechas de gran importancia, el Bicentenario, tanto de nuestra independencia, como de la promulgación del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, conocido como el “Pacto de Concordia”, considerado nuestro primer documento constitucional, así como el 195 aniversario del Poder Judicial, que marcaron el rumbo de nuestra vida republicana.

Vivimos tiempos muy complejos y como sabemos los ecos de la guerra, hoy en Ucrania, traerá también consecuencias en este pequeño país de aldea global. Nosotros que podemos, debemos por tanto, presentar nuestra democracia y tener claro que ésta requiere de un Poder Judicial independiente; es la fuente del equilibrio, del control de los poderes formales y la tutela de la persona frente al poder estatal y a los poderes privados. Se trata de un componente medular en un Estado Constitucional y Social de Derecho, tal y como lo prevé la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en su artículo 16, el cual determina: “Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”. Este es uno de los pilares del constitucionalismo actual. Quizás a veces en la cosmovisión ciudadana, no se percibe la trascendencia político institucional de la democracia.

La independencia del Poder Judicial debe ser considerada por toda la ciudadanía, sin excepción alguna, como una garantía de control, libertad, respeto de los derechos humanos y justicia imparcial, libre de influencias externas, es decir, que los procesos judiciales se resuelvan de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y sin injerencia de otros órganos estatales o privados. El equilibrio de los poderes, en su dimensión social e individual, gravita en la judicatura.

No obstante, en algunos países de América Latina y Europa, se le considera como una garantía de segundo orden de la democracia. Se la invisibiliza, se la debilita.

Sobre la trascendencia de este concepto, debo destacar las palabras de Robert Spano, Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la conferencia anual del 2021, quien afirmó: “la democracia, la independencia del Poder Judicial y el Estado de Derecho son cada vez puestos en discusión tanto a nivel europeo como mundial. Es por ello que la idea de la separación de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Judicial ha ido adquiriendo una mayor importancia en esta jurisprudencia, así como la importancia de salvaguardar la independencia judicial”. En sentido similar han emitido sentencias, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La independencia judicial tiende a erosionarse constantemente por la voluntad de poder de los otros poderes.

Ello evidencia la actualidad de la independencia judicial en un mundo tan convulso y polarizado, en donde deberían de prevalecer valores tan importantes como la paz, el diálogo, la dignidad humana y el respeto por los derechos humanos y los grupos vulnerables.

La independencia del Poder Judicial y el respeto a su autonomía, es una construcción constante de todos los poderes del Estado en el respectivo marco de sus competencias, como también lo es la urgente necesidad de trabajar por la eficiencia, la celeridad y la mejora en la calidad de la justicia; este es y ha sido nuestro reiterado compromiso con el país. Bienvenidas instancias de control ciudadano sobre la transparencia y celeridad de la justicia.

En el marco de los principios constitucionales y convencionales de transparencia y rendición de cuentas, siento una gran satisfacción de rendirle a la ciudadanía mi “Cuarto Informe de Labores”, correspondiente a la gestión del Poder Judicial durante el 2021, el cual fue un año particular pues por segundo año tuvimos que hacerle frente a la emergencia sanitaria mundial del COVID-19. Ha sido un reto, un gran aprendizaje.

Cumplimos con los lineamientos y recomendaciones emitidas por las autoridades del Ministerio de Salud, la Corte Plena y el Consejo Superior y se coordinó la vacunación del personal judicial, en donde aproximadamente al pasado 15 de marzo, un 96% se había vacunado, es decir, más de 12 466 personas.

Mi profundo reconocimiento a la labor realizada en esta temática, por las personas integrantes de la “Comisión de Emergencias del Poder Judicial” presidida por don Luis Guillermo Rivas Loáiciga.

Agradezco a mis compañeras magistradas y compañeros magistrados, la forma en que hemos enfrentado este tiempo tan difícil, a la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro; a las personas integrantes del Consejo Superior; a don Warner Molina Ruiz, Fiscal General interino de la República; a don Walter Espinoza Espinoza, Director General del Organismo de Investigación Judicial; a don Juan Carlos Pérez Murillo, Director de la Defensa Pública, así como a las distintas direcciones del sector administrativo y a todo el personal judicial. Hemos demostrado que, en el sector público, sí existe compromiso, vocación de servicio y sacrificio.

La articulación de esos esfuerzos permitió que el Poder Judicial obtuviera la Certificación y Renovación Sello COVID-19, la cual es un reconocimiento otorgado por el Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a las organizaciones que han evidenciado los esfuerzos efectuados y los compromisos adquiridos en materia de prevención en el contexto de la pandemia por Covid-19.

El Poder Judicial continuó potenciando el uso de la tecnología y el teletrabajo, con la finalidad de resguardar la salud, tanto del personal judicial como de las personas usuarias. Además, se reforzó la infraestructura que soporta los servicios y se hicieron grandes esfuerzos en temas de monitoreo y seguridad, para garantizar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica.

El año anterior, cuando se presentó la cuarta ola de la pandemia que afectó al país, en la institución desempeñaron sus funciones en modalidad de teletrabajo aproximadamente 5 148 personas funcionarias judiciales, de las cuales 2 979 son mujeres y 2 169 son hombres. Asimismo, muchos de los servicios fueron brindados de forma presencial respetando en todo momento las estrictas medidas sanitarias.

Los servicios digitales facilitaron a las personas usuarias la realización de una serie de trámites, sin que tuvieran que trasladarse a los distintos despachos judiciales del país.

En este sentido se emitieron más de 512 000 hojas de delincuencia, se presentaron más de 242 000 demandas y se tramitaron más de 2 365 000 escritos.

Lo anterior evidencia, cómo el uso de los avances tecnológicos presentes en lo que ha sido caracterizado como “la sociedad 4.0”, permitió a las personas usuarias, no sólo un acceso a la justicia de manera virtual, sino la tramitación y resolución de los procesos judiciales.

La utilización del Sistema de Depósitos Judiciales permitió inyectar a la economía nacional más de ₡267 933 000 000,00, así como $21 304 551, lo que resultó de gran ayuda para muchas familias y empresas, también como un aliciente para la reactivación económica del país. Este giro de recursos monetarios es sólo uno de los rostros, en los que el Poder Judicial participa en la solución de conflictos.

Además, se registraron más de 3 446 000 de consultas en el buscador Nexus PJ y se tramitaron más de 111 000 claves para poder utilizar el Sistema de Gestión en Línea.

Este es un momento propicio para realizar un reconocimiento público al personal de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, por el primer lugar que obtuvo en la VIII Feria de Justicia y Tecnología, que se llevó a cabo en el marco de la IX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana 2020-2021, con el proyecto “Litigación electrónica de casos judiciales”, el cual fue considerado el mejor sistema de servicio digital para gestionar judicialmente de forma electrónica a través de aplicaciones web.

Este sistema busca mejorar la automatización de los procesos organizacionales y por ende un mejoramiento en la gestión interna que se traduce también en beneficios para la persona usuaria, muchos de los cuales pasan por la transparencia, la celeridad en la atención de los casos y en una participación de las partes intervinientes en todo el modelo de justicia costarricense.

En materia informática resalto otros logros, en particular, una serie de proyectos que se han implementado en el ámbito de la “inteligencia de la información”, como la actualización del Chatbot institucional, el cual es una herramienta automatizada que ayuda a las personas usuarias a evacuar sus dudas y el tipificador de documentos, el cual es una herramienta capaz de leer los escritos para clasificarlos de forma automática, sin intervención del personal del despacho que ha logrado alcanzar una precisión global de 80%. Esto último se está implementando como un plan piloto en el Juzgado de Cobros de Pérez Zeledón.

Estos datos que les comparto están contenidos en el informe completo que se encuentra a disposición de la ciudadanía, en el sitio web de la institución.

Quiero resaltar otros logros importantes del Poder Judicial en el 2021.

El primero de ellos es el lanzamiento del Observatorio Judicial, el cual es una plataforma virtual que el Poder Judicial pone a disposición de la ciudadanía, con información sobre el funcionamiento y los servicios que se brindan, como garantía de los principios de transparencia y rendición de cuentas.

El lanzamiento del Observatorio Judicial ha sido posible después de un largo recorrido, en el que el Poder Judicial logró organizar y sistematizar la información de los despachos judiciales. Fue después de cerrar la brecha digital a nivel nacional de las oficinas judiciales, que se dieron los pasos para poner en marcha la herramienta del Observatorio Judicial. Esta presenta de manera original, creativa y completa, la información judicial en constante actualización, a través de tablas, mapas y gráficos. Se espera que la manera visual de presentar la información la haga más fácil de comprender.

En la creación y desarrollo del Observatorio Judicial, se han abierto espacios colaborativos para que personas de los más diversos sectores, incluida la sociedad civil, participe en el desarrollo de la plataforma virtual. Para ello, se han organizado talleres en los que personas de fuerzas vivas de la comunidad, profesionales en derecho, periodismo, entre muchos otros, han sugerido mejoras e ideas de cómo presentar la información gráfica, para que se comprenda de manera más clara.

El segundo logro se encuentra relacionado con el abordaje que impulsa la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia a la mora judicial, lo que permitirá que se aproveche la plataforma del Observatorio Judicial, en donde la sistematización de la información de las estadísticas judiciales y los datos de interés que se publican, permitirán contar con una herramienta informática que facilitará el análisis de la mora judicial, ya que favorece un mayor conocimiento de la labor de la administración de justicia y a nivel general ayuda a monitorear los tiempos de respuesta de los asuntos que se someten a conocimiento de los distintos despachos e instancias. La reducción de la mora judicial, es uno de los objetivos fundamentales del quehacer judicial.

Además, se conformó una Comisión Mixta con las autoridades del Colegio de Abogados y Abogadas, con la finalidad de realizar un proceso de análisis mediante una metodología que permita identificar las oportunidades de mejora, efectuar con apoyo de los órganos técnicos un diagnóstico riguroso, a partir del cual se pueda generar y escoger la mejor solución para abordar esta temática y, finalmente establecer mecanismos de evaluación a las soluciones adoptadas.

El Poder Judicial está comprometido con el combate de la corrupción y el crimen organizado. Al respecto, la Corte Plena en la sesión No. 50-2020 del 7 de septiembre de 2021, artículo XVI, aprobó la construcción de la Política Anticorrupción del Poder Judicial como herramienta orientadora que norme e impulse las acciones coordinadas de este Poder la República, para la prevención, detención, mitigación y reacción de los actos de corrupción en la gestión pública judicial. El poder del crimen transnacional, en todas sus variaciones, requiere una respuesta institucional y la definición de una política que incluya la coordinación entre poderes, para hacer un abordaje integral.

Destaco el esfuerzo institucional para adelantar el proceso de implementación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, en lo que se refiere a espacio físico, al menos de forma parcial este año. En abril de 2021, el Consejo Superior ante una solicitud que presentó la Subcomisión de Delincuencia Organizada con el apoyo de la coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Penal, aprobó la suma de ₡511 276 926,79 correspondiente al presupuesto ordinario, la cual se destinará al acondicionamiento del espacio físico en el edificio de los Tribunales del Primer Circuito Judicial de San José y que permitirá albergar a la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (judicatura, Ministerio Público y Defensa Pública, tomando en cuenta el equipo de trabajo inicial). Además, esos recursos permitirán la construcción y remodelación de salas de juicio, que se adapten a las condiciones particulares de seguridad que son necesarias en causas de gran complejidad, en las que intervienen numerosas partes y testigos, tal y como es característico en esta jurisdicción. El acondicionamiento de la infraestructura es fundamental, porque las características de esta criminalidad superan los modelos aplicados frente a la criminalidad convencional.

La Asamblea Legislativa aprobó ₡2 900 000 000,00 para el combate del crimen organizado, esto permitirá iniciar a corto plazo con la puesta en marcha de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, esperamos el mismo compromiso para el presupuesto del 2023 y lograr el inicio de esta jurisdicción.

Se agradece el apoyo recibido por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, quienes brindaron los recursos económicos para poner en marcha esta jurisdicción especial tan importante para el país.

Un elemento que nos tiene que llamar la atención sobre la importancia de la jurisdicción de crimen organizado, es la cantidad de funcionarios judiciales que han recibido amenazas reales a su integridad.

Al respecto, según datos estadísticos brindados por la Oficina de Atención y Protección a la Víctima en el año 2020, se les brindó protección a 23 personas que laboran en el Poder Judicial y en el 2021 a 33 personas. Por su parte, la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, brindó protección en el año 2020 a 95 funcionarios judiciales y en el 2021 a 139 servidores. Cabe destacar que en las últimas semanas, la Unidad de Protección en cuestión, tuvo que rechazar tres solicitudes de protección de funcionarios judiciales debido a que falta personal de protección y no existen recursos para contratar más funcionarios. El tema es preocupante, ya que todos estos requerimientos se relacionan con delitos de crimen organizado. La amenaza es real para la sociedad y más cercana y dramática para funcionarios judiciales.

Esos números son alarmantes y evidencian la gran responsabilidad institucional que tenemos en garantizar una protección efectiva.

Se suscribió el Manifiesto de los Supremos Poderes, así como la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030 (ENIPC), que tienen como objetivo unificar la respuesta institucional frente a este fenómeno tan grave, establecer un horizonte común, medidas definitivas y evaluables, así como fortalecer el impacto de estos esfuerzos para el país.

En el marco de esa iniciativa se elaboró un proyecto de ley que plantea la reforma a una serie de numerales del Código Procesal Penal, que fue presentado recientemente a la Asamblea Legislativa y es tramitado en el expediente legislativo No. 22 839. El marco jurídico requiere ajustes y reformas importantes.

El proyecto de ley en cuestión plantea que se debe otorgar prioridad a aquellos procesos penales en los que existe una o varias personas protegidas, a efecto de que las diligencias, pericias y las audiencias sean llevadas a cabo en un plazo razonable.

Además, la propuesta de reforma pretende que se establezcan plazos razonables, para la resolución de las solicitudes de allanamiento y de anticipo jurisdiccional de prueba. Esto permitirá mejorar las herramientas procesales para realizar el anticipo jurisdiccional de prueba, con la finalidad de que esa recepción sea más rápida y con ello concretar el aseguramiento de la prueba.

En esta temática los indicadores son sumamente alarmantes. Según información brindada en el 2021, el Juzgado Penal de Sarapiquí tardó en promedio cuatro meses en resolver una solicitud de allanamiento. Por su parte, en resolver una solicitud de intervención de las comunicaciones, el Juzgado Penal de Sarapiquí demoró nueve meses. En relación al anticipo jurisdiccional de la prueba, el Juzgado Penal de Puntarenas tardó en promedio cuatro meses. Estas son zonas en que se aprecia una alta incidencia del crimen organizado. La tardanza frente a esta criminalidad agrava las consecuencias lesivas de estos delitos.

Fuente: Dirección de Planificación – Poder Judicial.

Estos datos son un aproximado y reflejan las dificultades que enfrentan los juzgados en aquellas zonas sensibles de crimen organizado como las zonas costeras, en donde son más frecuentes los delitos de narcotráfico y legitimación de capitales.

Esto es un indicador preocupante por la lentitud en resolver temas de gran importancia en la lucha contra la corrupción. Es necesario contar con mayor cantidad de recursos y personal, así como realizar un estudio integral, pues los recursos existentes son insuficientes.  Ello plantea la necesidad urgente de tener una jurisdicción especializada.

Tenemos retos importantes en el tema de las intervenciones telefónicas, pues no existen recursos para tener más personal ni para invertir en instrumentos tecnológicos. Este es un tema que me ha preocupado seriamente desde la Presidencia de la Corte. Se requiere mayor recurso humano, bien preparado y mejores instrumentos tecnológicos. Se trata de un área que no tiene que ver con juzgamiento o fiscalización, pero que es determinante para lograr una persecución y enjuiciamiento más eficaz de esta delincuencia. El mejoramiento de las intervenciones de comunicaciones orales debe ser un objetivo político prioritario.

Por otra parte, deseo destacar la labor realizada por la Oficina de Cumplimiento, cuyas funciones son identificar las amenazas provenientes de la corrupción, el fraude interno y las faltas a la ética y la probidad, con el fin de establecer actividades de prevención, control y sanción.

En el 2021, la Oficina de Cumplimiento realizó una serie de actividades, sesiones de capacitación y atención de consultas relacionadas con el Reglamento de Conflictos de Interés del Poder Judicial, así como asesorías a diferentes oficinas judiciales, con el objetivo de fortalecer los procesos institucionales en función de las responsabilidades y deberes con la función pública.  En este sentido, se realizaron 14 talleres virtuales de capacitación sobre la regulación de conflictos de interés, para un alcance de participación total de 505 personas funcionarias judiciales.

Además, se desarrolló una herramienta tecnológica que consiste en un simulador de conflictos de interés del Poder Judicial, el cual fue recientemente presentado y pretende ser un instrumento de construcción del conocimiento, así como de consulta y valoración, de uso voluntario y anónimo, que permite a la persona funcionaria judicial conocer su “posición” ante potenciales situaciones de conflictos de interés y de esta manera gestionar en forma oportuna y adecuada su circunstancia.

Complemento de lo anterior, es la elaboración de una metodología de riesgo de corrupción para facilitar la identificación de este tipo de riesgos, en los procesos críticos a nivel institucional. Lo anterior, gracias a la cooperación brindada por la Embajada de los Estados Unidos de América.  El poder del crimen organizado puede penetrar al sistema judicial y reclutar a funcionarios inescrupulosos. Esa posibilidad parecía más lejana hace veinte años, ahora es cada vez más cercana, más peligrosa.

Como dato positivo, el Poder Judicial alcanzó el segundo lugar en el Índice de Transparencia Institucional al obtener una evaluación de 99,77 puntos. La evaluación se realizó en los sitios web de 256 instituciones públicas. Un gran esfuerzo de la comunidad judicial.

Este resultado, es un reconocimiento al trabajo que, desde la Comisión de Transparencia Institucional, liderada por la magistrada vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro y la Oficina de Cumplimiento, emprende el Poder Judicial para asegurar el acceso a la información pública, a toda la sociedad costarricense y la comunidad internacional.

De igual forma, resalto el apoyo de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones y de la Dirección de Planificación, así como el trabajo de las oficinas en ese constante monitoreo y seguimiento de la actualización de la información de sus dependencias, para la consolidación de los compromisos asumidos por el Poder Judicial con la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y la lucha contra la corrupción e integridad pública.

Un sincero reconocimiento al Organismo de Investigación Judicial, por el primer lugar que obtuvo en el índice en cuestión con 100 puntos, así como al Ministerio Público por el tercer lugar alcanzado con una puntuación de 98,09, lo cual es realmente destacable, pues en la edición anterior ocupó el décimo lugar.  Estos galardones son un estímulo, pero queda mucho por hacer.

Este proyecto impulsado por la Defensoría de los Habitantes y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, reconoce los importantes esfuerzos que ha realizado la institución.

La Fundación Carlos III de España, otorgó un galardón denominado “Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia”, a la Corte Suprema de Justicia por su trayectoria histórica y permanente acción en labor de la justicia en los países iberoamericanos. Este es un reconocimiento al país, a la sociedad costarricense, a todos los servidores y servidoras judiciales, a magistrados y magistradas que han dado su aporte para una justicia en democracia. Este premio lo recibió en el 2021, la Corte Suprema de Justicia de Uruguay y en años pasados el Tribunal de Justicia de Portugal y el Tribunal Supremo de España. Es un galardón a una trayectoria, destacando el modelo judicial costarricense, que se construyó a partir de la Constituyente del cuarenta y nueve.

Es un mérito histórico que destaca el prestigio internacional del Poder Judicial. Ha sido una construcción lenta y de vieja data, es el trabajo de tantas personas, las que estuvieron en esta institución y las que ahora aportan su trabajo y su buena voluntad, para cumplir las ambiciosas pretensiones de la justicia. Nada se podría hacer sin el aporte de todos y todas, esa comunidad de esfuerzos, sin distinciones ni jerarquías. En medio de dudas e interrogantes, de problemas sin resolver, tiene mucho valor la trayectoria del Poder Judicial costarricense, así piensan en otras latitudes. Esa mirada tan positiva debemos celebrarla, sin dejar de poner atención en los desafíos que tenemos. Este modelo judicial, tan criticado, con singularidades, recibe un reconocimiento a su mérito. Es un gran estímulo para construir democracia.

La institución alcanzó una excelente gestión ambiental, con nota 98,68% en el índice anual que desarrolla la Dirección de Gestión y Calidad del Ministerio de Ambiente y Energía.

Otro de los logros se relaciona con la efectiva administración de los recursos. Conscientes de la difícil situación económica del país y como es característico del Poder Judicial, se realizaron los mayores esfuerzos para hacer un uso eficiente y efectivo del presupuesto asignado, logrando una ejecución presupuestaria del 98,55%. Es un gran logro, se puso gran empeño en un indicador importante en la administración de los fondos públicos.

Con los recursos que nos fueron asignados se atendieron las necesidades de la Judicatura, del Organismo de Investigación Judicial, del Ministerio Público, de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas del Delito, de la Defensa Pública y del ámbito administrativo.

Otra labor destacada en este período de rendición de cuentas, lo constituye la conmemoración del XX aniversario de la Comisión de Género, como una comisión permanente de la Corte Suprema de Justicia. Mi reconocimiento a su actual coordinadora, la magistrada Roxana Chacón Artavia y a su personal por todos los esfuerzos realizados en la tutela permanente de los derechos humanos de las mujeres.

Mis felicitaciones se hacen extensivas por el V aniversario de la creación del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, el cual se ha consolidado como un referente de género en el país, una unidad técnica donde las personas especialistas, periodistas, las mujeres y personas allegadas, encuentran información confiable, precisa, completa y actualizada en esta materia. Según la herramienta de audiencias de Google Analytics, del 1 de enero al 15 de noviembre de 2021, el sitio web del Observatorio de Género recibió 149 535 visitas a las páginas y 31 999 ingresos de nuevas personas usuarias.

Reconozco a las personas integrantes de la Comisión de Construcciones, los esfuerzos por hacer realidad la construcción de la Torre Judicial ubicada al costado norte de la Corte Suprema de Justicia, la cual cuenta con 14 pisos y alberga los servicios judiciales en materia laboral, civil, concursal, defensa pública laboral y justicia restaurativa, la cual en una reciente encuesta sobre los edificios más sorprendentes en nuestro país en los últimos años; fue catalogada por la Cámara Costarricense de la Construcción de forma muy positiva, pues el diseño interno permite que los usuarios tengan una experiencia de comodidad y bienestar, gracias a sus áreas de trabajo abiertas, luz natural y una vista a la Cadena Montañosa Volcánica Central.

Además, en materia de proyectos constructivos, en noviembre del año anterior, inició la construcción del edificio de los Tribunales de Justicia de Puntarenas, cuyo costo aproximado ronda los $39 000 000 y albergará una población judicial de 368 personas servidoras, en un área de construcción de aproximadamente 23 000 m2 y un área externa de 6 200 m2.

El Poder Judicial, pilar de nuestra democracia, conmemoró recientemente su 195 aniversario y en mi experiencia y perspectiva, la justicia costarricense enfrenta importantes retos y desafíos.

Defensa de la autonomía del Poder Judicial.

La independencia del Poder Judicial, en la determinación de los salarios de sus funcionarios, la evaluación de su desempeño y su control disciplinario, no son materias que pueden quedar bajo el control de una autoridad del Poder Ejecutivo; desconocer esos límites no sería consonante con la voluntad de los constituyentes y con la separación de poderes en la visión de Montesquieu. Creo que el Poder Judicial no puede desarticularse, asumiendo que algunas de sus funciones, pueden ser dirigidas y controladas desde el Poder Ejecutivo.

En la tramitación legislativa de la ley de empleo público se construyó, con intención o sin ella, una centralización, una modificación de la estructura de los poderes de la Constitución, que no sólo es la de la trilogía tradicional, es la previsión de una serie de poderes y centros de decisión a los que se pretendió dar una autonomía con diversos matices. La democracia requiere, como principio orgánico, los frenos y contrapesos entre diversas instancias de poder.

En este sentido, en las diferentes consultas que la Asamblea Legislativa realizó a la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Constitución Política, la mayoría de integrantes de la Corte Plena, consideramos que existía una afectación a la organización y funcionamiento de este poder de la República. Asimismo, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 96 inciso 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la Corte Suprema de Justicia planteó ante la Sala Constitucional por primera vez en su historia una consulta de constitucionalidad, pues consideramos que existía una serie de inconstitucionalidades que afectaban la independencia judicial, sin embargo, ésta fue rechazada en sentencia número 2021-017098, con el argumento de que fue presentada con posterioridad a que fue recibido el expediente legislativo, sin embargo, esa tesis jurisprudencial fue siempre aplicada a las consultas legislativas. Nótese que en esa sentencia se reconoció una vulneración de la independencia judicial.

Posteriormente y ante una nueva versión del proyecto ley sobre el tema en cuestión presentamos otra consulta de constitucionalidad, que fue declarada inevacuable por la Sala Constitucional en voto número 2020-2872.

Respeto la decisión de nuestro Tribunal Constitucional, pero reconozco la importancia de la existencia de garantías institucionales en defensa de la independencia judicial, como el artículo 167 de la Constitución y la posibilidad de plantear consultas de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia, cuando considere que un proyecto de ley afecte sus competencias constitucionales. El ejercicio de estas garantías se llevó a cabo respetando en todo momento nuestra institucionalidad. Pocos instrumentos jurídicos procesales tiene el Poder Judicial para defender su independencia, situación que se agrava con la interpretación restrictiva y conservadora de la Sala Constitucional. No es fácil para la Sala Constitucional, resolver las difíciles pretensiones que plantea el Poder Judicial, en tiempos de crisis, en tiempos en los que todo parece perderse con una decisión judicial o legislativa. Debo señalar que, desde el punto de vista político, el Poder Judicial poco puede hacer cuando existe una vigorosa voluntad de controlarlo, esa es la realidad. Por eso es tan vulnerable, políticamente, el poder jurisdiccional.

La independencia judicial es un derecho humano que no es exclusivo a las personas juzgadoras, sino que pertenece a todos los ciudadanos en la medida que es una garantía de justicia imparcial, libre de influencias externas, es decir, que los procesos judiciales se resuelvan de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Esta es una dimensión de la independencia judicial de la que no tiene mucha conciencia la ciudadanía. Por esta razón, la independencia judicial debe ser catalogada como un “interés difuso”, pues su titularidad la ostentan todos los seres humanos. Al igual que la tutela de los otros intereses de menor rango, la independencia judicial requiere una vía directa ante la Sala Constitucional. Esto no se ha planteado, es una posibilidad.

Fortalecimiento del mecanismo de selección y nombramiento de los magistrados y magistradas

Entre los principales retos históricos que enfrenta la independencia judicial en el marco del bicentenario de nuestra vida independiente, está la forma en que se elige a los magistrados y las magistradas, designados políticamente, con todas sus características: discrecionalidad absoluta. Tal y como advierte el Tercer Informe del Estado de la Justicia, el sistema de nombramientos de magistrados y magistradas por parte de la Asamblea Legislativa sigue siendo un “dominio reservado”, con un procedimiento en el que rige la opacidad. Así es, siempre el poder, en su ejercicio más crudo, más contundente, es opaco, no requiere razones, ni justificaciones.

En el procedimiento de nombramiento de magistradas y magistrados propietarios como suplentes, deben prevalecer criterios objetivos y de transparencia, para que se designe a los mejores, para que no haya agradecimientos solapados o adhesiones silenciosas. De eso se trata, iluminar, justificar, para que las razones de la designación respondan a una objetividad saludable para la democracia.

La permanencia en el cargo es otra fuente de vulnerabilidad, pues cuando el juez se debe someter a la ratificación de su mandato ante la Asamblea Legislativa, se le pueden cobrar sus criterios jurídicos establecidos en las sentencias o incluso posiciones de minoría desarrolladas en sus votos disidentes o notas separadas.

Debe fortalecerse la independencia judicial, analizando las normas de un procedimiento de nombramiento parlamentario, que presenta serias debilidades y que requiere cambios normativos a nivel constitucional y legal. Este no es un tema fácil de abordar por el parlamento, pero la evaluación política y jurídica es indispensable, porque muchas voces de la sociedad civil han señalado disfunciones en el sistema de nombramiento.

La ciudadanía debe tener conciencia que es necesario mejorar los mecanismos de designación de magistrados y magistradas. No puedo dejar de señalar la contradicción en Costa Rica, entre un procedimiento de nombramiento juez ordinario, en donde existe la carrera judicial, en donde se ingresa y asciende por méritos y el que se aplica al magistrado o magistrada en el escenario parlamentario.

En este tema, una actitud pasiva de la institución podría llevar a un retroceso, tal y como se plantea en el proyecto de ley de reforma a la Constitución Política, tramitado bajo expediente número 20 893, en el cual se disminuye el período de la magistratura de ocho a cinco años y para ser reelecto por única vez, el juez debe obtener más de 38 votos a favor.  El proyecto ignora la historia y la extrema debilidad de la judicatura, antes de la revolución del cuarenta y ocho, cuando se nombraban magistrados por cuatro años y casi ninguno era reelecto. Fueron períodos de absoluta debilidad del Poder Judicial, situación que denunció con valentía el  Presidente de la Corte de la época, Gerardo Guzmán, cuando afirmó ante la Constituyente que esas normas constitucionales, a las que se pretende volver, eran una base deleznable y “a todas luces resulta inconveniente por el peligro manifiesto que entraña y debe reconocerse que la Constitución aludida (se refiere a la de 1871), ofreció amplio campo a los otros Poderes para falsear el Judicial, con quebranto de su prestigio, todo lo cual, indudablemente, debe ser impedido en la nueva Carta Fundamental….”. Así es, pretendemos volver al pasado, a una historia oscura, parece que no aprendemos. Por eso insisto, basta una mayoría parlamentaria para que se debilite al poder jurisdiccional.

La tentación de reducir la independencia judicial siempre está presente, siempre es posible, porque las reformas renovadoras pueden olvidar la historia. ¿Cuál es la historia del Poder Judicial antes de la constituyente del cuarenta y nueve? No fue un actor importante en la debacle institucional de la década del cuarenta. Por eso tenemos el diseño constitucional que se edificó en la década del cuarenta. Pero bien podemos olvidar esas lecciones y con el pretexto de renovar, de abrir oportunidades, se pueden reducir los plazos de duración de juez supremo a cuatro o cinco años como lo tuvimos antes y, además, someter al juez supremo a una votación afirmativa calificada, si pretende reelegirse. Así tendríamos jueces breves que no es lo que define a un juez, cuyo nombramiento debe ser por un largo período, tal y como lo contemplan los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de la Organización de las Naciones Unidas. El panorama internacional sobre independencia judicial demuestra muy bien la vulnerabilidad de la jurisdicción. En muchas ocasiones ni siquiera es prioridad política.

En esta temática, un ejemplo de buenas prácticas es el modelo italiano en donde magistrados de la Corte de Casación, es decir, de las jurisdicciones supremas, son nombrados en un concurso con criterios objetivos y méritos por el mismo Poder Judicial y se mantienen en el cargo de forma indefinida. No hay razones políticas para que juez supremo tan especializado, tenga que designarse políticamente. La única excepción que encuentro en el derecho comparado es el Tribunal Constitucional.

No aprendimos la lección de la constituyente del cuarenta y nueve, que buscó darle estabilidad al magistrado para que, si se confirmaba su designación, sólo requería un veto contundente del parlamento, exigiendo una mayoría calificada para no ser reelecto. Claro, así tenemos una debilidad del Poder Judicial, que se ignore la historia y sin tomar en cuenta sus lecciones, se pretenda regresar a viejas fórmulas, las que aseguran una mayor debilidad de la judicatura. No es posible ignorar que los cimientos de la constitución vigente se nutren de una historia rica en ideas y conflictos, tal y como ocurrió en la década del cuarenta del siglo pasado.

Hay posibilidad que esta iniciativa de reforma constitucional sea una oportunidad para fortalecer el sistema judicial y que los cambios vengan más bien a darle una mejor definición a la independencia judicial y la democracia.

Replanteamiento del Gobierno Judicial

Es necesario fortalecer el gobierno judicial y retomar el tema de las “reformas orgánicas”. Hay reformas en la estructura administrativa de la Corte, que deben promoverse reduciendo en particular las funciones administrativas de la Corte Plena, para que su actuación sea más eficiente y célere. Tenemos retos importantes para el futuro; la eficiencia y la celeridad son parte de las pretensiones ineludibles de la independencia judicial. Nuestro modelo administrativo es muy vetusto, data del siglo XIX.

Desde hace tiempo se propuso una variación profunda de la función administrativa del sistema judicial al comprobar que la estructura organizativa de la Corte Suprema de Justicia es muy antigua, vertical y con poderes concentrados e ineficientes, tal y como se ha evidenciado en los Informes del Estado de la Justicia. En este sentido, entre los meses de diciembre de 2021 a marzo de 2022, se celebraron 15 sesiones de Corte Plena, en donde en promedio se agendaron 141 artículos por sesión, de los cuales se conocieron un promedio de 25,06 artículos. Ello refleja que el promedio de efectividad de la Corte Plena por sesión es de un 26,11%. Es un indicador que requiere una seria reflexión sobre disfunciones estructurales, que se aprecian en la administración del sistema judicial.

A partir de visiones diversas, los magistrados y magistradas debemos abordar este tema, tal vez podamos convenir en una reforma más amplia, más ambiciosa o quizás se imponga una reforma mínima.

La modernización real y profunda de la institución y en cuenta de su modelo de gobernanza, deviene en uno de los elementos indispensables para fortalecer la independencia judicial y garantizar la calidad, legitimidad, transparencia, eficiencia y credibilidad en el sistema de gobierno y gestión del servicio de Administración de Justicia. Tiene que existir un generoso desprendimiento de parte de los magistrados y las magistradas, un desapego hacia el modelo tradicional.  Eficiencia y democratización, esos deben ser los objetivos de la reforma. Aunque tardemos, debemos empezar a imaginar cómo sería una Poder Judicial con una estructura administrativa más participativa, más eficiente.

Reforma de nuestro modelo de justicia constitucional y la necesidad de crear Tribunales de Amparo

Quiero resaltar la labor de la Sala Constitucional en la tutela y la defensa de los derechos humanos. En el 2021 ingresaron 26 033 casos, ha sido el mayor ingreso de asuntos en la historia de nuestro Tribunal Constitucional, ya que aumentó en 2 896 asuntos con respecto año anterior. Ello evidencia la confianza de nuestra ciudadanía y la garantía de un amplio acceso a la justicia, que hacen de nuestra “jurisdicción de la libertad”, en palabras del constitucionalista italiano Mauro Cappelletti, todo un referente en garantizar la fuerza normativa de la Constitución. Claro, no es fácil definir la Constitución, porque los poderes fácticos y los formales tienen su versión y desean que se acate.

En la resolución de las acciones de inconstitucionalidad tenemos un reto pendiente, pues en promedio se tarda 29 meses en su resolución. Es por ello que resulta apremiante la creación de Tribunales de Amparo, a fin de descongestionar a la Sala Constitucional de esta competencia y permitirle resolver con mayor prontitud las acciones de inconstitucionalidad.  Por otra parte, hay que pensar seriamente en que la Sala Constitucional se ubique fuera del Poder Judicial como acontece en Alemania, Italia y España, jurisdicciones constitucionales que inspiraron nuestro actual modelo de justicia constitucional cuando fue creado en 1989.  Sólo como una idea que requiere meditación, no es conveniente que magistrados constitucionales sean también administradores de uno de los poderes del Estado. Esta situación genera paradojas y contradicciones.

Mora judicial

En relación con el circulante de casos, la cantidad de expedientes en proceso en el ámbito jurisdiccional al finalizar el 2021, corresponde a 1 353 897 asuntos, esto es un 1,81% más que en el 2020. Ahora bien, de esa cantidad, 527 821 ya fueron atendidos por la institución y se le brindó una respuesta a la persona usuaria, no obstante, se está a la espera del cumplimiento de lo acordado en la etapa de ejecución de una sentencia. Por lo tanto, la cantidad de expedientes pendientes de atender es de 826 076 y representa una reducción de 2,14% respecto al 2020.

Asimismo, al excluir la materia cobratoria de la cantidad de expedientes pendientes se marca tendencia decreciente desde el año 2018, donde se tenían 277 175 asuntos y actualmente se redujo a 247 892, alcanzando el punto más bajo de casos pendientes de resolver en los últimos 22 años. Ello evidencia que las acciones que se han tomado en la institución están teniendo sus efectos, sin embargo, debemos redoblar esfuerzos, nos queda pendiente la disminución de los tiempos de atención de las medidas cautelares presentadas en la jurisdicción contenciosa administrativa, cuyo promedio de resolución es de 2,5 meses. El promedio es muy alto, porque en algunos casos la tardanza supera los siete meses. Esta indefinición es muy preocupante para la persona que pretende cuestionar una decisión administrativa, que le ha ocasionado un serio impacto en sus derechos fundamentales. Una medida cautelar debe adoptarse en un plazo más breve. Estos son problemas prioritarios en la Administración de Justicia.

En esta temática es importante que los jueces tengan definidas cuotas mínimas de trabajo con base en estudios técnicos, pero una vez que estas son cumplidas no es posible exigirle la resolución de más procesos. La mora judicial no es producto de la inactividad de los jueces, sino que existen causas estructurales, insuficiencia de recursos que impiden la contratación de más personas, así como la actuación de las partes de los procesos, pues en algunos casos los sujetos intervinientes en el proceso realizan acciones legítimas que prolongan la resolución de la causa.

Mi sincera felicitación en esta ocasión a la licenciada Ana Luisa Meseguer Monge, a quien se le otorgó el premio “La justicia con rostro de mujer”; este premio es la primera vez que se otorga en nuestra historia y es un digno reconocimiento para las mujeres funcionarias del Poder Judicial.

Mis felicitaciones también para el licenciado Fernando Ramírez Serrano, a quien por su trayectoria en la judicatura se le otorgó el premio  “Fernando Coto Albán, al buen Juez o Jueza”; a Dra. Shirley Vanessa Víquez Vargas, a quien se le concedió el premio “Ulises Odio Santos”, por sus aportes en el ámbito doctrinario; al licenciado José Luis Soto Richmond, a quien se le reconoció su buen desempeño profesional y trayectoria con el premio “ Luis Paulino Mora Mora, al buen o la buena profesional”  y a la licenciada Tatiana López Morales, a quien se le otorgó el Premio “Miguel Blanco Quirós”, al buen servidor judicial por su honradez, mística y dedicación en sus labores.

Estas felicitaciones se hacen extensivas a sus familias y seres queridos. Estos reconocimientos nos iluminan, nos llenan de esperanza, porque a pesar de todas las dificultades, contamos con muchos servidores y servidoras que abrazan su compromiso en función de los más altos valores de la Constitución y del servicio judicial. Son los servidores y servidoras judiciales, el alma de este poder de la República.

El Poder Judicial, desde sus orígenes hace 195 años, ha tenido avances que han sido de vanguardia y reconocidos a nivel nacional e internacional con importantes desafíos que debemos atender sin demora, destacando el respeto a la división de poderes y el fortalecimiento de la independencia judicial. Los ha logrado, porque había un contexto político que, en medio de luchas y enfrentamientos, priorizó el estado social, la juridicidad y el respeto a los derechos de todas las personas.

No debemos olvidar el gesto de José Figueres Ferrer, líder triunfador de la revolución del cuarenta y ocho, cuando destacó la independencia judicial como una prioridad política. Esa prioridad marcó el camino de la institucionalidad de Costa Rica. En medio de la revolución, de la violencia con sus 3 000 muertos, se reconoció la trascendencia de un poder silencioso, reactivo, que se expresa con sentencias y poderes muy acotados. En pocas ocasiones, en medio del fragor de una revolución y el antagonismo, se destaca la trascendencia de un poder que siempre es un actor político de segundo orden.

La construcción y el fortalecimiento de la independencia de la judicatura, debe ser un propósito de todos los poderes en el respectivo ámbito de sus competencias. La voluntad de poder de los partidos políticos, del parlamento y del Poder Ejecutivo, pueden barrer y socavar la independencia de poder de la judicatura, por eso la construcción de la independencia judicial es una exigencia que no es exclusiva de la judicatura, sino que es un imperativo para los actores políticos, de lo contrario, el poder de la judicatura siempre será letra mojada, una denominación sin relevancia para la vigencia de la democracia.

La independencia judicial puede perecer no sólo por un golpe de Estado; también se socava por actos legislativos que controlan el nombramiento y la disciplina de los jueces, que decretan su jubilación y destitución, que reducen los salarios y financiación de los servicios judiciales. La independencia judicial es muy blanda, de segundo orden, se puede suprimir, sin un golpe de Estado, como aconteció recientemente en algunos países de la región. Jueces destituidos, sustituidos y nada pasó, la rutina de la vida y sus exigencias ahogaron la sorpresa de tal atentado.

Debemos reconocer por tanto, que nos encontramos ante una coyuntura muy delicada, en la cual la institucionalidad democrática viene sufriendo importantes embates; aunque algunos errores también son de nuestra cosecha. Debemos por tanto admitirlos, asumirlos y rectificar el rumbo, es el primer paso de nuestro andar hacia una justicia pronta, cumplida y bien fundada. Rectificar, corregir y abrir espacios de participación para que esta institución supere sus debilidades y se mantenga como un poder de la República, que es lo que merece.   Debemos asumir entonces la tarea que nos corresponde y dar la lucha con la misma determinación, con la frente en alto, porque esa es la única forma en que podemos hacer frente a los retos que nos plantee la independencia judicial, sin ignorar que es nuestra obligación cambiar el curso de las cosas por el bien del Poder Judicial, de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, pero sobre todo de Costa Rica y ante las nuevas generaciones que nos habrán de suceder.

Hemos tenido logros importantes y eso no está en discusión, pero nada está asegurado, menos para un poder ahora tan debilitado y si se quiere, tan silencioso.

No existe una clara definición de los actores políticos sobre qué debe ser el Poder Judicial. Esa omisión puede ser el preludio de un cambio, de un debilitamiento de una judicatura que, por definición, por historia, es un actor político de segundo orden. Las lecciones del cuarenta y ocho no pueden olvidarse, debemos repasar la sabiduría de los constituyentes cuando analizaron lo que era el Poder Judicial hasta 1948 y lo que debía ser después de la sangrienta defensa del Estado social. Hasta los jóvenes de la bancada social demócrata, propusieron que el nombramiento de los magistrados fuera vitalicio. Eran otros tiempos, pero las lecciones no deben olvidarse.

Muchos peligros enfrenta un poder que no es un protagonista del poder, por eso recuerdo a Pascal, quien afirma “…la justicia sin la fuerza es impotente; la fuerza sin la justicia es tiránica. La justicia sin fuerza es contestada, porque siempre hay malvados. La fuerza sin la justicia es acusada. Por tanto hay que poner juntas la justicia y la fuerza, y para ello hacer que lo que es justo sea fuerte, o que lo que es fuerte sea justo. La justicia está sujeta a discusión. La fuerza es fácilmente reconocible e indiscutible. Por eso no se ha podido dar la fuerza a la justicia, porque la fuerza ha contradicho a la justicia y ha dicho que era injusta, y ha dicho que ella era la justa. Y así, no pudiendo hacer que lo que es justo sea fuerte, se ha hecho que lo que es fuerte sea justo…” (Pascal- “Pensamientos”- Ed. Aguilar. Argentina. 2010-p.52).

Poder y justicia, la primera se impone, la segunda se deforma. Esa es la lucha por la defensa de la justicia independiente, que se alcancen definiciones a distancia prudente del poder, con sus rostros tan variados, tan mutantes. Justicia y poder, los contrarios que requieren convergencia, evitando que la fuerza de la política, la fuerza de las armas, se apropie de la justicia y nos convenza de mala manera, que lo que es fuerte es justo.

Una posdata inevitable: debo destacar que en estos cuatro años, el señor Presidente de la República ha tenido una actitud muy constructiva y respetuosa con el Poder Judicial. Tanto en sus palabras y en sus gestos le ha brindado al Poder Judicial el respeto que merece como Poder de la República.

Muchas gracias.

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