Fernando Cruz: Mi visión en la función judicial. La Constitución y la Democracia

Fernando Cruz Castro,  Abogado, Magistrado, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Le debo mucho a tanta gente, mantengo una deuda con un país que me brindó bienestar y dignidad. Soy hijo del Estado de bienestar que se logró construir lentamente con la contribución y el sacrificio de muchos conciudadanos. Vienen a mi memoria tantas personas que me apoyaron, me toleraron, me comprendieron y supieron disimular mis defectos y destacar mis virtudes. Realmente no creo que haya hecho nada importante, salvo cumplir con mi deber, así es que no es necesario entrar en detalles sobre mi vida personal o profesional, prefiero recordar algunas ideas, propias y ajenas, que han inspirado mi vida, aunque sin lograr la excelencia que exige la eternidad, de la que cada uno tiene su versión.

Marco Aurelio (121-180), el sabio emperador romano dijo: “… Es propio del hombre amar incluso a quienes lo ofenden. Esto ocurre cuando piensas que son tus semejantes y que han errado por ignorancia y sin querer; cuando piensas que, en muy poco tiempo, ambos estaréis muertos, y que, sobre todo, no te ha perjudicado, pues no ha dañado tu guía interior que continúa como era”. [1] Quizás resulte difícil amar a quien nos ofende, pero pensándolo bien, en la perspectiva de nuestra temporalidad, las ofensas desaparecen por la comprensión, por el paso del tiempo y porque no han cambiado nuestra guía interior. Olvidar, comprender, tolerar, el deber de todos, especialmente los servidores públicos. La ira y frustración del ciudadano, nos pasará una factura, a veces injusta, a veces excesiva. En ese servicio a los ciudadanos, desde la Presidencia de la Corte, también en la Sala Constitucional, recuerdo las palabras de Cicerón, quien afirmaba que “… la cortesía nos procura amigos, la verdad, enemigos” [2]. La ofensa, la verdad y la incomunicación son parte de las estaciones que he recorrido en mi vida profesional. En este sintético e íntimo recorrido, conservo intacto el agradecimiento a la sociedad costarricense, pues sin su apoyo y confianza no habría podido ocupar posiciones de privilegio en la fiscalía o en la judicatura.

Debo reconocer que más allá de las nostalgias y los recuerdos, no puedo ignorar que el Estado costarricense, nuestra institucionalidad ha sido construida por muchos costarricenses, destacados y anónimos, que nos han heredado un país singular, aunque a veces pensemos que no somos gran cosa. Figuras como Juan Rafael Mora, Carmen Lyra, Jorge Volio, Félix Arcadio Montero, Ricardo Jiménez, Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde, Carlos Luis Fallas, Monseñor Sanabria Martínez, Angela Acuña Braun, José Figueres Ferrer, Rodrigo Facio, son parte de esos costarricenses destacados que junto con un pueblo esforzado nos heredaron este país que con ligereza se dice que es ingobernable, pero quizás la ingobernabilidad provenga de los valores y tradiciones que se gestaron lentamente y que exigen convencimientos y no consignas.

En este encuentro con el Parlamento, esta interacción entre los poderes, no puedo ignorar algunos conceptos de don Rafael Ángel Calderón Guardia, quien al proponer las garantías sociales, variando el papel tradicional del Estado, menciona en su mensaje que “…El artículo cincuenta y uno del proyecto es la base del nuevo concepto del Estado, que ya no puede limitar su acción a una gestión administrativa, pura y simple, ni a permitir el libre juego de factores que no pueden vivir ni progresar sin un cabal ordenamiento de los mismos. La armonía social exige, antes de que la abierta competencia de las grandes fuerzas económicas, la intervención del Estado a fin de evitar que unas se impongan sobre otras, con detrimento del tranquilo desarrollo de la colectividad. …” [3]

Qué visión, nos propone la armonía social, la que no se logra si sólo dependemos de la competencia, se requiere una inevitable intervención del Estado. El ciudadano no puede quedar librado a los resultados de la competencia o la lucha entre los poderosos. Este no fue un simple mensaje, se tradujo en una transformación radical de la función del Estado, dando lugar al Estado social costarricense, que todavía sigue en construcción. Es en ese contexto que puede actuar el Poder Judicial, no puede hacerlo en una sociedad paralizada en la injusticia, la marginalidad y la inequidad. Estado Social y Administración de Justicia, dos pilares de una sociedad justa y democrática.

Don José Figueres, sembró tantas ideas y actitudes cuyas raíces están presentes en muchas conciencias y acciones del pueblo costarricense. Sus inquietudes sociales las resumió muy bien cuando en cartas a un ciudadano recordó un lema de la revolución mejicana que mencionaba: nadie tiene derecho a lo superfluo mientras haya quienes carezcan de lo indispensable. [4] Según decía, este es un de los lemas más hermosos del socialismo. Sin aplicar un socialismo extremo, no hay duda que José Figueres le imprimió a la política costarricense una visión que ya se había comenzado a gestar desde Jorge Volio y otros costarricenses. Fue extraordinario que no sólo suprimió al ejército oficial, sino que tampoco convirtió al grupo militar ganador, en otra casta militar. Qué duda cabe que una sociedad sin ejército, es una sociedad que apuesta por la judicialidad . Es el mejor contexto para la actuación de los jueces y fiscales. Respecto del pacto fundamental y el cambio social, expresó ideas de profunda vocación democrática, cuando aseveró que “…La Constitución debe entenderse como obra de conjunto, e interpretarse siempre de la manera que más favorezca la moral y los derechos ciudadanos. El juramento que se exige al Presidente de la República no es sólo el de acatar la Constitución y las leyes, como un autómata, sino el de aplicar su discreción, proceder con sentido de responsabilidad y cumplir fielmente los deberes de su destino. Yo cumplo fielmente los deberes de mi destino, cuando contribuyo por todos los medios posibles, a que nuestro sistema político mejore, sin detrimento de ningún derecho ciudadano, y a que no se quede atrás del sistema económico, del sistema social, y de todo el pensamiento democrático contemporáneo…”. [5] Esta visión marca la ruta para el respeto a la judicatura, a su oficio. Porque eso requieren la institucionalidad judicial, un contexto político de paz y progreso, unos actores que valoren la relevancia de tal independencia.

Todas las ideas que en una apretada síntesis he citado, constituyen un monumento, una herencia histórica que inspiran los valores de nuestra República, del Poder Judicial y de mi visión como juez constitucional. Porque no hay Poder Judicial si no hay democracia republicana. Se trata de un privilegio que hemos tenido los costarricenses, en el que con las imperfecciones e inconsistencias inevitables, hemos forjado un sistema político que se tradujo en un cambio social que le dio paso a instituciones, valores y actitudes. En ese contexto político tan privilegiado he podido ejercer, con dignidad, funciones en el Poder Judicial. No todo ha sido miel sobre hojuelas, pero estimo inevitable recordar a algunos de los forjadores de esta República tan singular, cuyo fundamento y vigencia debemos defender con plena conciencia de esta herencia histórica que forjaron los costarricenses distinguidos, algunos de ellos conocidos, como los que he citado, y otro grupo gigantesco de conciudadanos y conciudadanas que murieron en el anonimato, pero que dejaron un legado precioso y valioso. Por esta razón las funciones que he ejercido se han convertido en un privilegio, porque muchas personas crearon la atmósfera política y social que me permitió alcanzar dignidad personal y profesional. No podía dejar de mencionar actitudes y valores tan importantes, que son los que han marcado mi ruta en el Poder Judicial. Cuarenta y ocho años de servicio, he tenido ese privilegio, gracias a una sociedad que apostó por la paz, el estado social y el respeto a la institucionalidad judicial.

Ser magistrado constitucional, distinción concedida por el pueblo costarricense y además, un reto complejo, integrar una jurisdicción que con prudencia y limitaciones, debe juzgar algunos conflictos de la política, que según las circunstancias, suscitan irritación, especialmente cuando debe definirse el horizonte infranqueable en el que el saludable ejercicio del poder no puede exceder los límites, los equilibrios que definen la estructura de la constitución. En otras ocasiones, no hay fricción con el poder, sino que la Constitución viviente debe reconocer derechos a determinados sectores de la población que han estado marginados de la plenitud ciudadana, como ocurre con las mujeres.

No hay duda, la Constitución y sus valores requieren en su interpretación: sabiduría y autocontención, evitando convertir el texto constitucional en una simple declaración formal, sin ningún efecto real. En ningún momento la autocontención puede ser una excusa para huir de las definiciones puntuales que exige el desarrollo del sistema jurídico y político del país. Es el maravilloso efecto expansivo de los derechos constitucionales.

Con el texto en la mano, para decirlo en términos muy esquemáticos, el tribunal debe definir el espíritu y el alance de un diseño constitucional que debe ser fiel al texto original, pero abriendo el espacio para las transformaciones que requiere la sociedad costarricense. Las que son inevitables, pero que en esencia, mantienen la vigencia de conceptos básicos, que son el compromiso con la dignidad del ciudadano; con conceptos tan ricos como la equidad social, el estado social, la paz, el progreso humano de todos los ciudadanos, el respeto efectivo de los derechos fundamentales; estos valores y otros que sería largo enumerar, son las guías de cualquier jurisdicción constitucional, son los puntos cardinales que se han definido en los conflictos sociales y políticos, que se han plasmado en el texto constitucional, sin ignorar, por supuesto, el aporte valioso del derecho internacional de los derechos humanos.

La intervención oportuna en la defensa de derechos individuales y al mismo tiempo, la tutela o la llamada de atención sobre el desarrollo y protección del estado social. Son muchos equilibrios, a veces no tienen solución, pero queda señalado, en cada decisión, el rumbo cuestionable o la omisión que requiere una política pública.

Como juez constitucional no puedo ignorar un dato obvio, pero de trascendencia, pues nuestra institucionalidad ha sido construida por muchos costarricenses, destacados y anónimos, que nos han heredado un país singular, aunque a veces no nos percatemos de la trascendencia de nuestra historia política e institucional.

Al leer los conceptos y las ideas de los costarricenses que forjaron esta República, destaco algunas, para no olvidar las visiones que nos han forjado, las que marcan nuestra ruta. Esas ideas son los pilares vivientes de nuestra Constitución.

Don Ricardo Jiménez, a propósito de la conversión de un cuartel en Escuela y que lleva el nombre de Juan Rafael Mora, definió las prioridades de nuestra democracia, al considerar que: “…el cuartel era el símbolo de los gobiernos fuertes, es decir, de los gobiernos tiránicos: el símbolo, no del ejército que sirve de escudo a las libertades y a la soberanía de la nación, sino el símbolo del militarismo que es cosa muy distinta. “Esto matará aquello”, decía Víctor Hugo, y yo me dije: la escuela matará el militarismo y si no el militarismo matará a la República. Así se fortaleció la enseñanza, se debilitó el poder militar y abrió el espacio para que exista un poder judicial independiente, que dilucide los conflictos de los ciudadanos y los del poder político y sus equilibrios.

Dos días antes de su muerte, don Ricardo brinda unas declaraciones en las que define muy bien el sentido de una democracia con equidad, puntualizando que de su liberalismo, “… nadie puede dudar. Yo pelearía si un día a los comunistas costarricenses se les quisiera restringir sus derechos de hacer propaganda, de reunirse, de elegir y de ser electos y los defendería, sí contando con la voluntad nacional, se pretendiera cerrarles el camino del poder que hubieran conquistado legítimamente. (…) Por otra parte, el país necesita una evolución económica hacia la justicia. Lo humano y lo natural es que el privilegio no exista. Locura es pensar en la absoluta igualdad entre los hombres pues habrá siempre unos afortunados que marchen a la cabeza, es decir, una especie de aristocracia democrática que, para bien de los pueblos, deben ser los conductores. Pero los privilegios de la casta, del dinero, de la cuna, son lesivos de la dignidad humana. En el mundo futuro será la supremacía del talento, del técnico, del genio. Y del más equitativo reparto de los dones materiales, que son los únicos que se pueden repartir, entre todos los trabajadores de la tierra, entendiéndose por trabajador el que produzca para la comunidad, desde el sabio y el artista hasta el barredor de las calles” [6] Esta es una muestra de la profundidad de nuestro espíritu republicano, el cuestionamiento de las desigualdades y el respeto a la institucionalidad, que de todas maneras y por desgracia, no garantiza su inamovilidad. Las palabras sabias de Jiménez Oreamuno fueron moldeando la constitución viviente, la que se define, la que se marca en la cultura política, en la conciencia ciudadana.

Las intervenciones de Rodrigo Facio en la Constituyente del cuarenta y nueve son una fuente importante que define el contenido de la constitución vigente. Tuvo un papel protagónico en la asamblea nacional constituyente, expresando conceptos que poseen la autoridad del ejercicio legítimo del poder; su oposición a la exclusión del partido comunista, recién pasado el conflicto bélico del cuarenta y ocho, refleja su compromiso democrático y su sensibilidad respecto de los derechos fundamentales. Consideraba que la exclusión de una agrupación política en un texto constitucional, resultaba inconveniente para la democracia, “…Porque el comunismo es una amenaza transitoria (….) y parece inadecuado tratar un asunto transitorio mediante una fórmula que de manera permanente quede incorporada a nuestra Constitución. Porque el principio prohibicionista, negativo, rompe la filosofía democrática y libertaria general de lo que será la nueva Constitución Política de Costa Rica, porque, en fin, a igual norma han echado mano regímenes que no se recomiendan como democráticos. (……) Yo no sé si será una debilidad mía; admito que los sea; confieso que esas debilidades no deben influenciar una labor constituyente como en la que estamos; pero sin embargo, me crispa el pensar que la nueva Constitución de Costa Rica, conseguida después de tanta ardua lucha por la libertad, por la libertad para todos los costarricenses, contenga un principio igual al que contienen las constituciones de algunas de las más sórdidas tiranías de nuestra América…”. [7] Las palabras de Facio, su interpretación, trasciende el texto constitucional, definiendo las raíces políticas e ideológicas que le dan legitimidad y vigencia efectiva a la norma fundamental; sin esa visión política y filosófica, sería un texto más, como los que se imprimen en los sistemas autoritarios, sin mayor trascendencia. Son las constituciones de papel.

Todas las ideas que he sintetizado, constituyen un monumento espiritual e histórico valioso, una herencia que inspira los valores de nuestra República. Es nuestra ruta, especialmente para el poder judicial, que es actor político con muchas limitaciones, pero que cumple una misión trascendental en la solución de conflictos y en el equilibrio de los otros dos poderes.

En este diálogo privilegiado con el poder legislativo, quiero abrirle un espacio a una reflexión inquietante, a propósito de un tema tan relevante, tan sensible, tan vulnerable, como la independencia judicial. Eso haré ahora, perdonen que me doy esta libertad, pero muchas veces creemos que la independencia judicial, es una palabra mágica, que siempre ha existido. Nada de eso, se trata de un concepto que puede adornarse, cubrirse de liturgias, pero sin ningún sustento. Esta era la situación que describe el Lic. Gerardo Guzmán Quirós, Presidente de la Corte durante el período de la revolución del cuarenta y ocho, nombrado por la Junta Fundadora de la Segunda República. Ante lo que vivía, don Gerardo envía una carta a los constituyentes, para que tuvieran conciencia de esa independencia judicial sin contenido que se vivía en Costa Rica. La carta se leyó en el plenario de la Constituyente, a petición de don Fernando Baudrit|. La misiva del jerarca judicial expresa, entre otras cosas, lo siguiente: “…La experiencia de los pueblos más cultos los ha llevado al convencimiento que es indispensable rodear a la administración de justicia de efectivas garantías, a fin de ponerle al abrigo de extrañas y funestas influencias que a veces se dan, pudiendo enturbiar su actuación, y de ahí que en tales países se haya colocado a la judicatura en condiciones especiales y, puede decirse, hasta de ventaja sobre los demás cargos de la Nación….(..)..Relativamente a este punto hay que recordar un yerro del pasado que es preciso rectificar, la Constitución de 1871 fijaba un corto período para el ejercicio de la Magistratura y atribuía la elección de los Magistrados, sin contralor alguno, a un cuerpo esencialmente político, como lo es el Congreso; este además tenía la facultad irrestricta de fijarles sueldo, de aumentárselos o disminuírselos, a su arbitrio. No se concibe una base más deleznable y a todas luces resulta inconveniente por el peligro manifiesto que entraña, y debe reconocerse que la Constitución aludida ofreció amplio campo a otros Poderes para falsear el Judicial, con quebranto de su prestigio, todo lo cual, indudablemente debe ser impedido en la nueva Carta Fundamental. Todo plan para el establecimiento del Poder Judicial bien organizado debe basarse, según lo demuestra la experiencia, en la inamovilidad de los jueces, mientras desempeñen sus funciones con entera dedicación y honradez…” [8] Estas palabras del presidente de la Corte durante la época de la Constituyente, son aleccionadoras. Es el espejo que no hay que perder de vista, la imagen de una judicatura débil, desarticulada, sin la fortaleza de un poder del Estado. El Poder Judicial es muy vulnerable, bastan unas normas constitucionales de intervención y limitación, para que la función judicial y la institucionalidad no sea más que un simple procedimentalismo, un tinglado que representa una independencia y un contrapeso intrascendente. Y eso no ocurrió hace mucho tiempo, era la vivencia institucional del poder judicial hace setenta años. Nadie quiere una judicatura o una institucionalidad que sea una simple formalidad, que sea un adorno, tan llamativos y relucientes como los gatos de porcelana. Esta es una reflexión ineludible, una referencia histórica de un presidente de la Corte que tuvo que decir, muy claramente, lo que era inadmisible para el Poder Judicial antes de la Constituyente del cuarenta y nueve. Claro, la inamovilidad no se aprobó, pero quedó plena constancia que nuestro sistema judicial, durante muchas décadas, fue un Poder sometido a la voluntad poderosa de las fuerzas políticas de la época. En los extravíos de la democracia, bien puede prescindirse de la independencia judicial. Gran lección la de un Presidente de la Corte que habló claro sobre apariencias y realidades. Lo podía hacer, después de una revolución que se encontró con una independencia judicial de papel. En medio de una revolución, los jueces tenían mayor licencia para hablar claro.

Es en ese contexto político tan excepcional que he podido ejercer, con dignidad, funciones en el Poder Judicial, especialmente en la Sala Constitucional y en la Presidencia. Tanto la jurisdicción constitucional como el sistema judicial requieren reformas, algunas de ellas de gran trascendencia, como la reforma de la estructura administrativa del sistema judicial, asimismo considero que la adopción de herramientas tecnológicas seguras permiten garantizar la continuidad del servicio, así como su eficiencia y eficacia.

Qué herencia más valiosa me ha tocado resguardar, un legado precioso que se sintetiza en nuestra Constitución que no es sólo la letra de un texto, es la historia política de un país que ha forjado una República civilista y democrática. La constitución, es algo más, mucho más, que un texto. Posee raíces históricas, sacrificios, conflictos y aspiraciones, tan generosas, como la justicia social, el pluralismo y la independencia judicial.

Con estas palabras he querido externarle al Parlamento mi visión como juez constitucional, como Presidente de un Poder de la República, que tiene un serio compromiso en la búsqueda del diálogo y el equilibrio entre poderes para preservar y fortalecer nuestra democracia.

En razón de que presenté mi informe de labores por escrito, quedo a su disposición para aclarar y ahondar en cualquier tema que estimen conveniente.

Muchas gracias.

Fernando Cruz Castro
Magistrado de la Sala Constitucional

[1] Marco Aurelio- “Meditaciones- Enseñanzas para una conducta moral”- Ediciones Temas de Hoy- España. 1994- p.93. En la página noventa y cuatro de la obra recién citada, sugiere que “…Cuando alguien cometa una falta contra ti, considera enseguida qué opinión sobre el bien o el mal le ha llevado a ello. Cuando hayas visto la causa, lo compadecerás y no experimentarás ni sorpresa ni cólera. Porque, si tú mismo tienes su misma opinión o parecida, o parecida, sobre el bien, debes perdonarle; y si no compartes su opinión sobre el bien y el mal, entonces te será más fácil ser indulgente con su error”.
[2] Marco Tulio Cicerón- “Ética para cada día”- Ed. Península. España. 2000- p.71.
[3] Mensaje al Congreso sobre las Garantías Sociales del Presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, del 16 de mayo de 1942.
[4] Figueres, José. “Cartas a un ciudadano”- Ed. UNED- Costa Rica. 2003- p. -92
[5] Figueres, José. “Escritos de José Figueres” (política, economía y relaciones internacionales)- Editorial UNED- 2000- p. 71.
[6] Oconitrillo, Eduardo. “Don Ricardo Jiménez en la prensa”- Ed. UNED- Costa Rica-2009- p.374.
[7] Castro Vega, Oscar. “Rodrigo Facio en la Constituyente de 1949”- Ed- EUNED- Costa Rica- 2003- p.213-214-215.
[8] Castro Vega, Oscar. “Figueres y la Constituyente del 49¨ Editorial UNED-San José-Costa Rica. 2007- p. 462-463.