Fernando Cruz: Empleo Público – dictámenes de Corte Plena apegados nuestro modelo constitucional

Sí hay incidencia en la organización y funcionamiento del sistema judicial, es evidente. La Corte sólo puede responder con lo que sabiamente prevé la Constitución. Se responde con argumentos que pueden ser discutibles, pero ese es el procedimiento en la democracia. Quedan abiertos interrogantes de fondo sobre el diseño del poder en la Constitución y la delicada independencia judicial frente a la poderosa incidencia política del Poder Ejecutivo y del Parlamento.

0

Fernando Cruz Castro,  Abogado, Magistrado, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo publicado originalmente en La Nación el m28/11/2021.

Costa Rica enfrenta un paradigma en materia de empleo público. Se ha propuesto desde el Poder Ejecutivo y el Parlamento un proyecto de ley que reforma integralmente la estructura del servicio público. Diversos textos de la iniciativa de ley han sido objeto de estudio y pronunciamiento en Corte Plena en virtud de la norma constitucional 167 que establece: “Para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, deberá la Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia; para apartarse del criterio de ésta, se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea”.  En los cuatro informes Corte Plena le ha señalado al Parlamento que el texto normativo sí afecta estructura y funcionamiento del Poder Judicial, por lo que se requiere para la aprobación del proyecto una mayoría calificada de 38 votos,  así lo establece la Constitución Política.

Esa conclusión, reiterada en los informes emitidos por Corte Plena, constituyen el cumplimiento de una obligación constitucional  con  un proyecto de ley que no se apega a los principios que emanan de la misma Carta Política, tal y como también lo ha analizado la Procuraduría General de la República en sus dictámenes números OJ-178-2020 y OJ-180-2021 (este último, sobre la cuarta versión del proyecto de ley) y la misma Contraloría General de la República, oficio n° 7695 del 28 de mayo de 2021,  en el que expresó  criterio sobre la tercera versión del proyecto, misma que fue utilizada por Corte Plena para fundamentar el dictamen de esa versión.

Corte Plena entiende que este proyecto es trascendental para el país, eso no se objeta, por ello no puede perderse de vista que la reforma planteada debe ser equilibrada y respetuosa de la separación de poderes, aspecto que no se cumple en ninguno de los textos analizados, de ahí las recomendaciones emitidas por este órgano colegiado, que no han sido atendidas. El equilibrio en las finanzas públicas es importante, pero aún más lo es lo que define la Constitución sobre la separación de poderes, en la que debe incluirse la consulta al Poder Judicial sobre un proyecto que incide directamente en su organización y funcionamiento.

Esta cuarta propuesta normativa viene precedida de una consulta efectuada por un determinado número de diputados y de diputadas a la Sala Constitucional en la que, como es propio de este tipo de consultas se hacen preguntas en concreto en cuanto a ciertas normas del proyecto, pero no con respecto a su integralidad. En dicha consulta, en líneas generales, la Sala Constitucional indicó que el proyecto en su tercera versión era inconstitucional, en cuanto a sus efectos, porque algunas de las normas consultadas vaciaban de contenido el principio de separación de poderes. En cuanto a otras disposiciones determinó que eran totalmente inconstitucionales porque someten al Poder Judicial a las potestades de dirección del Ejecutivo, a través del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN). Con base en esta consulta, la Comisión de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa realizó modificaciones para proponer un texto sustitutivo el cual fue remitido por el Plenario a Corte Plena, para la emisión del dictamen con base al numeral 167 de la Constitución Política. Esta consulta es parte de los equilibrios que tutelan al Poder Judicial frente al poderoso activismo del Poder Ejecutivo y del Parlamento.

En esta cuarta versión, se efectúa una interpretación que no fue establecida por la Sala Constitucional, pues se asume que, el Poder Judicial está integrado por dos tipos de personas servidoras (personas jugadoras y magistradas y algún personal técnico) que no estarían sujetas al MIDEPLAN, pero mantiene bajo la dirección del MIDEPLAN al resto de personas servidoras judiciales, con lo que se afecta  los principios de separación de poderes, independencia judicial y autonomía organizacional administrativa.  En otras palabras, el proyecto interpreta que el Poder Judicial está conformado por dos sectores de personas servidoras lo cual no es correcto. Esta interpretación en el nuevo proyecto de empleo público, desconoce lo que resolvió la Sala Constitucional sobre la independencia judicial al resolver la consulta sobre el fortalecimiento de las finanzas públicas. Desde nuestro análisis,  la normativa del proyecto debe observar al Poder Judicial como un solo conglomerado de personas servidoras destinadas a cumplir con la función que -por mandato constitucional- se le encomendó a este Poder de la República. Lo contrario implicaría una afectación importante en su funcionamiento y tornaría nugatorios los principios que rigen esa función. Esta atomización contradice la doctrina y los precedentes de la Sala.

El proyecto de ley tampoco respeta la competencia de los órganos de dirección, gobierno, administración y capacitación, propios del Poder Judicial, de manera que se desplaza una injerencia del Poder Ejecutivo en la dirección de ciertos puestos y órganos como es el caso de la  Dirección de Gestión Humana pues dispone una relación directa de la rectoría del Sistema General de Empleo Público con ésta,  lo cual debilita e impide el ejercicio de las competencias del Consejo Superior y de la Corte Suprema de Justicia como órganos de dirección y jerarquía en la materia, en lo que respecta a los sectores que quedarían incluidos en la ley.

Cuando se advierte esta relación de dirección entre MIDEPLAN y la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, es claro que el respeto al principio de separación de funciones se torna ilusorio. Concretamente, del proyecto se extrae que las directrices y resoluciones como parte del Sistema General de Empleo Público pueden emanar de MIDEPLAN y afectar al sector no excluido por el jerarca y no queda claro la actuación de la Dirección de Gestión Humana frente a los actos administrativos de un órgano del Poder Ejecutivo. Se somete a órganos del Poder Judicial al control de un órgano del Poder Ejecutivo. Esta variación tan relevante, obviamente incide en la organización y funcionamiento del sistema judicial.

De esa forma, el resto del personal que labora en el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública, estarían sujetas a la dirección del MIDEPLAN, lo que implicaría una constante violación al principio de división de funciones y una separación en los entes rectores encargados de su administración, a pesar de lo resuelto por la Sala Constitucional que literalmente consideró que ello representaría una violación a las normas constitucionales que rigen la organización y funcionamiento de la institución. De un plumazo se hace una reforma del Estado en función de pretensiones fiscales.

De tal manera, en lo que refiere a las relaciones de empleo en el Poder Judicial no excluidas por el jerarca, habrá afectación a su organización y funcionamiento. Lo anterior implica una abierta interferencia en la política y administración del recurso humano del Poder Judicial, porque MIDEPLAN estaría facultado para emitir disposiciones de alcance general, directrices y reglamentos sin necesidad de convenir su ejecución con el órgano de gobierno del Poder Judicial, por lo que habría afectación en las relaciones de empleo no excluidas por el jerarca, lo cual deviene, a su vez, en una injerencia que incide en la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Por esta vía se crea una inconveniente rectoría del Poder Ejecutivo sobre la Fiscalía y la policía judicial. Esta variación tan importante requiere una valoración política más profunda y explícita.

También MIDEPLAN podría señalarle a la Dirección de Gestión Humana el volumen de la planilla, incluidas personas juzgadoras, fiscales, defensoras públicas, policía judicial, entre otras. Además, podría determinar los puestos que tengan un valor estratégico institucional y una conexión con la actividad sustantiva para que sean ocupados por personas servidoras públicas. La incidencia es palmaria, evidente, ignorando los precedentes de la Sala Constitucional, especialmente lo resuelto en la última consulta.

Es así que el proyecto ignora el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que le concede a la Corte Suprema de Justicia la facultad de proponer a la Asamblea Legislativa la creación de despachos judiciales. La competencia de MIDEPLAN para informar la planificación de empleo público se contrapone a la competencia de la Corte Suprema de Justicia en lo atinente a la creación de despachos judiciales, lo que incidiría notablemente en el funcionamiento y organización de la institución, en especial cuando se tengan que crear despachos judiciales especializados para atender un tema en concreto, como ha sucedido en otras ocasiones, como por ejemplo la creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica -Ley 9481- o las reformas legales donde se requiere crear un órgano jurisdiccional que atienda específicamente algún asunto, mediante la generación de puestos de judicatura, infraestructura o lo que presupuestariamente se requiera para su funcionamiento. La incidencia es evidente e inconveniente.

En las anteriores versiones consultadas del proyecto, la Corte Plena ha reiterado que la función judicial es de orden constitucional y no puede concebirse segmentada o ajena a otros ámbitos que contribuyen a su plena realización, aun cuando estos no tengan la labor directa de emitir resoluciones en los asuntos sometidos a conocimiento del poder jurisdiccional en sentido amplio.

Pese a estos señalamientos, en este nuevo texto se realiza una interpretación restrictiva del principio de independencia del Poder Judicial, al circunscribirlo básicamente a la judicatura, cuando es evidente la existencia de otros ámbitos como el administrativo y el auxiliar de justicia que son coadyuvantes en esta labor y no pueden separarse, por ello  podría implicar que el proyecto de ley podría ser incompatible con el diseño constitucional del año 1949 en cuanto a la relación entre Poderes de la República y el gobierno del Poder Judicial como tal, visto como uno solo y en su integralidad. La pretensión incide directamente en la organización y funcionamiento. Sin ignorar que el tema de la independencia de poderes suscita muchos interrogantes.

El buen gobierno requiere soluciones equilibradas, por un lado las urgencias fiscales y por el otro, la independencia de poderes y sus equilibrios. El nuevo proyecto de empleo público no logra superar las objeciones que señaló la Sala al resolver la última consulta legislativa. Sí hay incidencia en la organización y funcionamiento del sistema judicial, es evidente. La Corte sólo puede responder con lo que sabiamente prevé la Constitución. Se responde con argumentos que pueden ser discutibles, pero ese es el procedimiento en la democracia. Quedan abiertos interrogantes de fondo sobre el diseño del poder en la Constitución y la delicada independencia judicial frente a la poderosa incidencia política del Poder Ejecutivo y del Parlamento. El parlamento sólo requiere 38 votos para superar las observaciones de la Corte. Es una exigencia que permite mantener el equilibrio de poderes. El parlamento tiene la palabra. El tema de la constitucionalidad, requiere otros escenarios político procesales.

COVID-19
Suscribase COVID-19

También podría gustarte Más del autor

Comentarios

Cargando...