Fernando Ferraro: Pandemia, Bicentenario y Pactos de Estado

Los costarricenses no solo debemos sentirnos orgullosos de la respuesta nacional, sino también seguros de que esa misma actitud frente a la pandemia podría servir para promover un conjunto básico de reformas estratégicas destinadas a "overjolear" el Sistema.

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Fernando Ferraro Castro, Abogado.

Desde una perspectiva política, la pandemia debe ser tiempo de prudencia y responsabilidad. No es momento de jalar agua al molino haciendo politiquería. Sin embargo, hay un aspecto positivo de la respuesta nacional que debemos aprovechar con fines reformistas.

Exigir, en medio de la crisis, que las contradicciones e incoherencias del Sistema se corrijan de golpe, es absurdo. De eso no debería caber duda. No solo es imposible jurídicamente, sino que tampoco es viable políticamente. Pensar lo contrario demuestra un profundo desconocimiento de las limitaciones de nuestra democracia, pero también de sus bondades y ventajas.

No obstante, es imposible ignorar que hay reformas estratégicas que siguen pendientes. Unas cuya posposición puede comprometer el alcance de las medidas adoptadas para aliviar el impacto social y económico de la pandemia, y agravar los efectos secundarios sobre la finanzas públicas; y es que ambas dimensiones están íntimamente relacionadas.

Junto a la consideración anterior, y en relación con la orientación de las eventuales reformas, hay otra precaución que aconseja «vacunarse» contra los sesgos del debate. Desde hace años, este fue «secuestrado» por un enfrentamiento inútil entre lo público y lo privado, que muchos azuzan con fines politiqueros, y del que se hacen eco las rrss. Un espacio donde se repite con la mayor superficialidad todo tipo de consignas contra el Estado, el sector público, el funcionariado y la solidaridad, exagerando deficiencias y abusos reales. Quienes así actúan, no reparan en que sus ocurrencias sirven de estímulo para una andanada de tonterías contra la empresa privada y los empresarios, que a su vez demuestran un desconocimiento desesperante sobre cómo se genera la riqueza con la que se financia el desarrollo.

Aparte de lo cansino, aquel «ruidazal» tiene al menos dos consecuencias paralizantes. Una es que, hasta antes de la pandemia, producía la falsa sensación de que los costarricenses «vivíamos» un debate político intenso y saludable, cuando la realidad es que se trataba de un sedante que nos mantenía en la procrastinación permanente. Y lo digo consciente de la ingratitud que este comentario representa para funcionarios y diputados que tratan de hacer la diferencia desde la Asamblea Legislativa. Unos cuyo esfuerzo ha permitido la aprobación de paliativos polémicos pero indispensables, que han servido para que el barco no se hunda.

El segundo problema de ese falso debate, es que «carbonea» un divisionismo destinado a sabotear la formación de las mayorías necesarias para corregir los privilegios, abusos y deficiencias que fomentan la desigualdad y restan fluidez a nuestra economía, y con ella al desarrollo.

No nos engañemos. Muchos de los que azuzan aquel enfrentamiento entre lo público y lo privado, son «lobistas» metidos en política, cuyo objetivo es que los cambios inevitables sirvan solo para que todo siga igual. Es «gatopardismo» puro y simple.

La pandemia, sin embargo, ha sosegado los ánimos. Asistimos a una revalorización del Estado, que debe utilizarse para promover reformas sensatas, y no para disimular los abusos y deficiencias conocidas.

Por lo tanto, las reflexiones anteriores se relacionan con la crisis actual y la oportunidad de impulsar una Reforma, no solo en el sentido dicho líneas atrás, sino porque lo que en Costa Rica no se plantee y se ejecute de manera convergente, casi siempre es imposible de realizar.

Decirlo no es «buenismo», ni producto de la afinidad política con esta administración. Es sentido común. Persistir en enfoques y actitudes confrontativas es una majadería que nos impide capitalizar la manera efectiva, responsable y solidaria con la que han actuado el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la empresa privada y la población en general, frente a este coronavirus. Decirlo, no significa que no se reconozcan errores o aspectos a mejorar.

Los costarricenses no solo debemos sentirnos orgullosos de la respuesta nacional, sino también seguros de que esa misma actitud frente a la pandemia podría servir para promover un conjunto básico de reformas estratégicas destinadas a «overjolear» el Sistema.

Es necesario mirar con pragmatismo y sentido común la realidad de un Estado que requiere bisturí y cirugía, y no motosierra y tala; porque ya no canaliza adecuadamente los recursos que contribuyó a crear en el pasado. Esta parece una perspectiva más viable.

Lo cierto es que el relativo éxito de Costa Rica, uno que debe valorarse en su contexto latinoamericano y si estiramos la experiencia, iberoamericano, no está en el Estado ni en el sector privado, per se, sino en la complementariedad «a la tica» que desde el s. XIX se ha dado entre ambos.

Dicho esto, además de apoyar al Poder Ejecutivo, de reconocer la actitud responsable de la Asamblea Legislativa, de aplaudir el esfuerzo solidario de un número creciente de empresas y organizaciones del sector privado y de darnos a nosotros mismos el beneficio de la duda como pueblo maduro en tiempos de crisis; debemos pedir al Presidente de la República que una vez superada la fase emergente de la pandemia, convoque de manera abierta y participativa al acuerdo de una serie de pactos de Estado que permitan realizar un número de reformas estratégicas e inversiones destinadas a estimular la economía. En materia de contenido y metodología, contamos con una experiencia que nos permitiría recuperar el tiempo perdido, pues la necesidad de un Pacto de Estado no es una idea nueva. La diferencia ahora es que además de las reformas constitucionales, legislativas e institucionales que se identifiquen como necesarias, habría que incluir una serie de proyectos financiados por el Estado y ejecutados por la empresa privada costarricense.

La pandemia, paradójicamente y gracias a la respuesta nacional señalada antes, ofrece la oportunidad de dar al Bicentenario un significado a la altura de nuestra historia, precisamente porque este podría traer las oportunidades y condiciones que los costarricenses necesitaremos para superar los estragos económicos y sociales de aquella.

En este sentido, ni relacionar la madurez demostrada ante el Covid 19 con la oportunidad de impulsar un Pacto de Estado, es oportunismo o politiquería; ni el Bicentanario sería simplemente una fecha en el calendario. Se transformaría en un proceso renovador cuya conducción, como sucede en una carrera de relevos, pasaría del Presidente Alvarado a quien, gracias a la decisión soberana de los costarricenses, le suceda en el cargo.

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Fernando Ferraro Castro.
Abogado con estudios de post grado y Máster en Cooperación para el Desarrollo, Refugio y Acción Humanitaria por la Universidad Carlos III de Madrid, ex Ministro de Justicia, ex secretario general de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Justicia, y Asesor Parlamentario desde 1994.

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