Fernando Herrero Acosta, Economista.

El Poder Ejecutivo reeligió al actual Regulador General y envió a la Asamblea Legislativa su nombre para un procedimiento de “no objeción”.  La Asamblea dispone de treinta días naturales para objetar el nombramiento, y si no lo hace el nombramiento quedará en firme. Es un mecanismo que buscaba acelerar el procedimiento, pero está siendo usado para que en la práctica la Asamblea no pueda pronunciarse.  Una burla a la institucionalidad.

Pero el asunto es más grave que eso.  Una característica esencial de una buena regulación es que el regulador sea independiente de los operadores y del gobierno. La independencia es fundamental para que el regulador pueda actuar a favor del usuario o consumidor, que no es parte de la negociación del nombramiento porque no cuenta con organizaciones fuertes y representativas.

En esta oportunidad se ha visto a muchos operadores haciendo lobby en la Asamblea para impulsar la no objeción.  Esto solo ocurre si hay un acuerdo, implícito o explícito, entre el regulador y los operadores.  El que pierde, como diría Adam Smith, es el consumidor.  Y el gobierno es cómplice de esta captura.

Pero no solo el gobierno es cómplice:  también varios de los partidos políticos y candidatos presidenciales, que son objeto de las presiones de los operadores.  Ellos tienen en esta época un gran poder sobre los candidatos, pues les apoyan con financiamiento y otros medios.  Es la esencia de la captura, no solo del regulador, sino del Estado.

¿Qué se puede hacer? Es técnicamente simple, pero políticamente complejo, dado el poder de los grupos de interés.  Lo que se requiere es que la Asamblea vote en contra la propuesta de renovación del nombramiento.  De esa manera el gobierno tendrá que proponer un nuevo candidato (o el mismo, si así lo desea).  Pero si lo hace después de las elecciones nacionales, el o la nueva Presidente podrá intervenir en la decisión, los partidos políticos representados en la Asamblea participarán en el proceso, los operadores serán menos fuertes, e incluso las oportunidades de corrupción serán menores.

El Regulador General toma decisiones que afectan a todos los consumidores, al 15% del PIB de manera directa, y al 100% de manera directa e indirecta.  Sus decisiones tienen una enorme fuerza y para objetarlas se requiere recurrir al Poder Judicial, que en general tiende a respaldarlo.  El próximo gobierno, si de veras quiere apoyar a los habitantes, no debería permitir que se festine este nombramiento.


NOTA:  Este artículo no es una opinión sobre el actual Regulador General y menos sobre su gestión.  La preocupación principal es sobre nuestra institucionalidad, el respeto a la democracia, la defensa de los usuarios de los servicios públicos.

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Por Fernando Herrero

Economista, planificador, sociólogo, académico e investigador, ha sido Ministro de Hacienda 2010-2012, también: Regulador General y Presidente de la Junta Directiva en Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de Costa Rica.