Fernando Herrero: La credibilidad de nuestra política económica

Podés engañar a todo el mundo algún tiempo. Podés engañar a algunos todo el tiempo. Pero no podés engañar a todo el mundo todo el tiempo. Abraham Lincoln

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Fernando Herrero Acosta, Economista.

El Ministro de Hacienda contradijo a las Ministras de la Presidencia (responsable de la relación con los diputados) y de Planificación (coordinadora del equipo económico), luego de que estas se reunieron con algunos Jefes de fracción y otros diputados para explicarles un programa que el gobierno podría proponer al Fondo Monetario Internacional (FMI).  Más recientemente, las ministras se retractaron.

La contradicción no es menor: el Ministro dijo a la prensa que no se subirá el IVA en un punto porcentual y que no se establecerá un impuesto a las transacciones bancarias.  Las Ministras dijeron lo contrario a los y las diputadas.

Podría parecer un punto irrelevante, pero estos actos le quitaron credibilidad al Poder Ejecutivo para hablar de política económica. ¿Cómo esperan que los inversionistas tomen decisiones si el gobierno no puede definir una posición? ¿Y los empresarios? ¿Qué  hacemos los trabajadores y los consumidores?  ¿A quién le creen los organismos internacionales, como el FMI?

La principal función de un acuerdo con el FMI es darle credibilidad al planteamiento de política económica del gobierno, y de esta forma apoyar la consecución de recursos más baratos. Pero para ello el Fondo necesita un interlocutor válido, alguien en el que pueda creer para poder dar (responsablemente) su “sello de calidad”.  Eso no existe en este momento.  Necesitamos entonces construir un programa creíble para poder seguir adelante. ¿Cómo lo hacemos? Me permito compartir algunas reflexiones al respecto.

Para empezar, tengamos claro el contexto político.  Estamos en el período electoral.  Todas las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo estarán marcadas por el hecho de que en un año iremos a votar.  No podemos pretender que los políticos se suiciden en aras del bien común en este momento.

Pero hay amenazas o más bien realidades que los pueden llevar a actuar:  el desempleo, la pobreza, la desigualdad, el estancamiento, que ya están entre los peores de los doscientos años de independencia que celebraremos este año.  La pandemia, que nos acompañará todo el año, el déficit fiscal, que sigue creciendo, y la deuda pública, que ya excedió los límites razonables, son disparadores que agravarán dichas realidades.

Precisamente por ello quizás en este primer trimestre los políticos se atrevan a tomar algunas decisiones, como aprobar una buena ley de empleo público (la que está en la Asamblea no sirve) y aprobar un impuesto que genere ingresos rápido (como el impuesto a las transacciones bancarias, que el ministro descartó pero creo que debe reconsiderarse y que puede diseñarse de tal forma que no afecte las transacciones menores).  Esas dos medidas serían suficientes para mostrar que Costa Rica, como país, está dispuesta a enfrentar el desafío fiscal.

La aprobación de una ley de empleo público y un impuesto a las transacciones bancarias tendría que acompañarse de una reducción del gasto público.  Es la forma en la que el gobierno de Carlos Alvarado puede mostrar que está comprometido con la búsqueda de una solución.  No tiene que ser un ajuste muy grande pero tiene que ser real. Ojalá me equivoque, pero no creo que sea posible hacer más en la coyuntura actual, a menos que la situación explote, lo que es posible porque estamos sentados en un barril de pólvora.

Pero se podría aprovechar el año para avanzar en la discusión y creación de nuevos acuerdos sobre lo que sigue.  Sería valioso, en el año electoral, escuchar a los partidos políticos proponer estrategias, acciones y leyes concretas, en lugar de insultarse y bloquearse unos a otros.  Sería un sueño.  Pero si no ocurre así, el gobierno debe enviar a la Asamblea los proyectos relevantes para discusión.  Aquí tampoco tienen credibilidad:  hace tiempo hablan de que van a enviarlos, pero no lo hacen. Ahora es cuando.

¿Qué tipo de propuestas se podrían considerar ahora?

En el campo tributario, sugiero como temas que deberíamos discutir, por ejemplo:

  • El IVA, para uniformar las tasas, subirlas uno o dos puntos y devolver a los más pobres lo que pagan de impuesto (en forma directa o a través de servicios institucionales). Pero ya es hora también de corregir un anacronismo conceptual que está inmerso en el diseño del impuesto: los gravámenes a la salud, el cuido, la educación y la vivienda. Si la regla del IVA es gravar solo el consumo y no la inversión, debemos dejar de gravar la inversión en capital humano, que en muchas ocasiones es socialmente más rentable que la inversión en piedra y cemento.
  • Nuestro sistema tributario es regresivo y la concentración de la riqueza es cada vez mayor. Es posible hacerlo más progresivo:  subiendo las tasas de renta a los más ricos, gravando la propiedad (como las casas y otros activos), cobrando por servicios que se dan a los más ricos (¿como la educación superior?).  Algo de esto ha planteado el gobierno en su discurso (no en la Asamblea) y ojalá lo concrete para construir una sociedad menos desigual.

En el gasto, hay que mirar el conjunto del sector público y no solo al gobierno central (como hacemos al hablar de impuestos).  El gasto del gobierno central no es particularmente elevado en comparación con OCDE o los países más avanzados de América Latina, aunque existen islas que deben preocuparnos (como el Poder Judicial y algunas transferencias).  Sugiero que debemos analizar lo siguiente:

  • La inversión en infraestructura debe (casi) eliminarse del presupuesto de las instituciones y trasladarse a alianzas público privadas o concesiones, y los servicios deben cobrarse bajo el principio de que el que usa paga. Aquí no se requieren impuestos, sino precios por los servicios prestados. Y ciertamente hay que fortalecer la capacidad gubernamental de contratar y fiscalizar al sector privado para hacerlo bien (cuando recorro la ruta 27, me asusta que se parezca a la experiencia de la concesión a la Northern Railway Co., que entregó todo destruido).
  • Los disparadores del gasto público no son rubros específicos de los presupuestos, como los salarios, sino reglas que permiten a las instituciones gastar sin responsabilizarse del ingreso que requieren para hacerlo. Es lo que se conoce en la literatura especializada como el “síndrome de la restricción presupuestaria blanda”:  cuando se quedan sin plata, piden más.  Y tienen la posibilidad de subir el gasto como crean mejor, a pesar de los conflictos de interés.  Los casos más conspicuos son el Poder Judicial, la Caja Costarricense de Seguro Social, las Universidades estatales, entidades privilegiadas como Procomer, Aresep (y Sutel), el Banco Central y sus superintendencias, los bancos estatales y las demás empresas públicas. No es solo un problema de salarios, sino de todo el gasto, por lo que hay que limitar las competencias de esas entidades.
  • Hay que revisar la regla fiscal, que me parece adolece de serios problemas de diseño. Fija límites a la deuda del gobierno central -y al gasto, claro- pero además limita las demás instituciones según el nivel de la deuda de este.  Eso no tiene sentido.  A menos que pasemos a una nueva definición y usemos el déficit del sector público no financiero, que hemos usado en muchas oportunidades.  En ese caso, las restricciones sí deberían aplicarse a todos, incluso al sector financiero.
  • Debemos valorar qué hacer con las utilidades de las empresas públicas y cómo es su régimen de gobierno. Ahora son como empresas privadas que hacen lo que quieran, incluyendo las utilidades.  ¿No deberían las utilidades ser del gobierno, y asignarse en la Asamblea Legislativa según las prioridades nacionales?

Concluyo aquí.  Dice el gobierno que el lunes empiezan a negociar con el FMI, pero como siempre, solo nos dicen verdades a medias:  ya el ministro informó que el Fondo no acepta incluir en los cálculos el proyecto de Hacienda Digital y el de compras públicas (lo cual era obvio para cualquiera que hubiese trabajado en estas cosas), lo que quiere decir que ya están en el proceso.  Ojalá en lo que sigue sean más transparentes, y hablen en el momento correcto, cuando ya saben qué decir.


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