Fernando Sáenz-Segura: La Costa Rica que necesitamos repensar

La búsqueda e implementación de soluciones viables requerirá de un ejercicio permanente de acuerdos mayoritarios, los cuales se tienen que gestar desde el sistema de partidos actual, es decir liderado desde la Asamblea Legislativa (¡no hay de otra!).

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Fernando Sáenz-Segura, Director de Investigación, CINPE-UNA

Llegamos al final de un año 2020 con una extraña mezcla de emociones, entre serias
preocupaciones laborales y económicas que han agobiado a las familias y a las empresas en el corto plazo, preocupaciones por la situación fiscal del país que parece no tener fin, a todavía no digerir del todo, cómo han cambiado nuestras vidas después de marzo de este año. Sin embargo, en el fondo todos tenemos una esperanza de que el año 2021 será mejor que este. ¡Debería de ser mejor que éste!

Entre tanta mezcla de emociones, el país continuó inmerso en una especie de inercia, que hace que el corto plazo secuestre en su totalidad casi la atención pública, en detrimento de preocupaciones de mediano y largo plazo. Esta dinámica tan nociva no es nueva para nada. De hecho, el país tiene décadas de estar entrampado en un permanente corto plazo, que no se resuelve de forma sostenida. Por lo menos los últimos cinco gobiernos (20 años) se han desgastado neutralizando crisis recurrentes, por medio de “soluciones de sobrevivencia”, que lo que permitían era comprar un poco más de tiempo.

Con la irrupción del COVID-19, producido por el virus SARS-CoV-2, la historia de aceleró en el mundo, como diría Richard Haass, presidente del Council on Foreign Relations, y se aceleró particularmente para este entrampado país. De la noche a la mañana se nos vinieron encima un montón de temas calientes para el país, que normalmente, aunque se discutieran (si es que se discutían), no encontraban voluntad política para acometerlos apropiadamente bajo una estrategia nacional. En cuestión de meses, temas en donde el país cojeaba fuerte, como la pobreza, la desigualdad socioeconómica, las finanzas públicas, la apuesta a un estilo de desarrollo que hacía crecer la economía, pero no los empleos, no solo se agravaron enormemente, sino que marcaron un punto de inflexión en donde ya no se pueden postergar más. En pocas palabras, la tradicional “pateada de tarro” ya parece no ser viable, y el corto plazo parece cada vez más corto.

Este contexto que nadie vio venir nos atrapó también con una institucionalidad en crisis. Si bien el Estado de Derecho sigue siendo sólido en garantizar una democracia estable, también es cierto que hay temas de reforma que se han postergado, que hacen que nuestra institucionalidad sea menos efectiva que la que se requiere, en atender las demandas ciudadanas. En lo más que se ha avanzado es en medio discutir la reforma al empleo público, que tiene un carácter meramente de finanzas públicas, y aunque no digo que no sea importante, es un tema condicionado nuevamente por el corto plazo, por la crisis recurrente.

Una institucionalidad pública entra en crisis cuando empieza a perder la confianza de sus ciudadanos. Si bien es cierto, esa pérdida de confianza no ha llegado a niveles graves y generalizados, si se han dado casos que ponen en entredicho las bases mismas de nuestro Estado de Derecho. Esta situación la ha venido advirtiendo el Programa Estado de La Nación desde hace por lo menos diez años.

Tal vez el caso más grave sucedió hace casi tres años en el seno del Poder Judicial, que costó prácticamente la cabeza de un presidente de la Corte Suprema de Justicia, de un fiscal general, de buena parte de la Sala III, y de la reputación que tenía el Poder Judicial. A pesar de las promesas de entonces, poco o nada se ha hecho para reparar esa maltrecha imagen, y seguimos eligiendo jueces en las diferentes salas de la corte con los mismos mecanismos opacos y cuestionables, como si no hubiera pasado nada.

Tenemos además un Poder Legislativo que arrastra una crónica mala imagen entre la ciudadanía, lo cual tiene su raíz principal en la obsoletísima forma en que se eligen los diputados. Los votantes simplemente no tienen mecanismos ni para sopesar la idoneidad de los candidatos a diputados que les presentan los partidos políticos, ni mucho menos mecanismos para mantener a un muy buen diputado, o remover a uno que resulta inconveniente. Se vota a ciegas, y el diputado electo es prácticamente inamovible por los próximos cuatro años, con la premisa (ahora muy de moda) de declararse “diputado independiente”. Esta situación y otras falencias producto de un reglamento legislativo obsoleto debería ser un tema de suma importancia de abordar, pues buena parte del destino del país se forja en el Primer Poder de la República.

Luego tenemos un Poder Ejecutivo que generalmente es débil para tomar acciones (tiene que pedir permiso en el Legislativo para endeudarse, por ejemplo). El mismo diseño de nuestro Estado de Derecho hace que nuestro Ejecutivo sea débil, y requiera de convencer y sumar voluntades en un período de cuatro años que se hacen muy cortos. Este diseño de poderes con un ejecutivo débil y un Legislativo determinante era funcional en un sistema político bipartidista, con representaciones ampliamente mayoritarias del partido de gobierno. Sin embargo, este sistema comenzó a entrar en crisis con el fin del bipartidismo y la atomización de la representación en el Legislativo, lo que agravó el entrampamiento del país en el corto plazo.

Por otro lado, tenemos una crisis de partidos políticos (como le gustaba llamarla don Rodolfo Cerdas) que dejó de producir liderazgos frescos, genuinos y con verdadera visión política de mediano y largo plazo. Esta crisis de los partidos políticos se manifiesta de varias formas, pero principalmente ha reducido a los cuatro partidos mas relevantes (PLN, PAC, PUSC y FA) a meras maquinarias electorales, incapaces de hacer una autocrítica profunda sobre el estado del partido, sobre los temas que deberían de estar posicionando en el debate nacional, y sobre cuál es la “visión país” con la cual deberían enamorar a la ciudadanía. La crisis de los partidos políticos los hace estar
entrampados en el corto de plazo de ganar el poder en las elecciones nacionales, para luego medio hacer algo en menos de cuatro años.

El país se quedó sin narrativas también, y sin narrativas no hay proyecto país. Nos aferramos así a narrativas pasadas de otra Costa Rica, mientras se profundiza esa separación entre la “Costa” y la “Rica (como dice Víctor Umaña y lo ha advertido repetidamente el Estado de La Nación). Cuando se sigue la discusión del problema de las finanzas públicas, es impresionante ver a ciertos sectores (algunos ya formaron parte de algún gobierno pasado) con las mismas narrativas de los años noventa del siglo pasado, mientras que del otro lado de la acera responden sectores con narrativas cercanas a la lucha de clases. Puede que haya algo de cierto en algunas posiciones, pero no se puede seguir en una permanente polarización ideológica, echando mano a narrativas que ya fueron probadas aquí y allá, con resultados lamentables en no pocos casos. No se pueden abordar los problemas de corto y mediano plazo de hoy haciendo las mismas cosas, de la misma forma, y esperar resultados diferentes. El país necesita nuevas narrativas para buscar una ruta diferente. Finalmente, el anterior y complejo contexto se encuentra también afectado por una serie de variables exógenas al sistema político formal. Una muy jodida es la mentalidad gremial con que nos manejamos en relación con los problemas del país. La crisis fiscal queremos que se resuelva, pero que los sacrificados sean otros, no mi gremio. Así funcionan sindicatos, empresarios, banqueros, cooperativistas, transportistas, jueces, etc., todos con capacidad de cabildeo y hasta chantaje en el Legislativo. Mas grave aún es la llegada de la posverdad. Desinformación con fines de ataque político siempre ha existido, pero la posverdad es mucho mas compleja y peligrosa que eso. Basta con decir que, por medio de las redes sociales, tiene una capacidad enorme de hacer daño en la confianza del ciudadano en sus instituciones democráticas, y en la ciencia. Tiene la capacidad de darle púlpito a cualquier don nadie, para que denigre a cualquier persona altamente capacitada en abordar los temas nacionales en cualquier campo. El gremialismo y la posverdad forman un coctel tóxico que nos acerca a propuestas no democráticas, contrarias al Estado de Derecho que ha prevalecido hasta el momento. El episodio vivido recientemente con el seudo movimiento “rescate nacional” es una señal clara de alarma para el país.

¿En este contexto tan difícil qué tenemos a favor para repensarnos como país, y poder salir de la trampa del corto plazo? Para empezar, tenemos un sistema de salud pública de cobertura universal, que ha hecho frente a esta pandemia con razonable eficiencia y eficacia, en medio de una crisis fiscal. Segundo, tenemos una población con un nivel educativo suficiente, para adoptar mayoritariamente las medidas sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, para protegerse y proteger a los demás. Solo la combinación de estos dos factores nos puede ayudar en la construcción de una imagen de país seguro, crucial para reactivar la industria turística en el corto plazo. También el no tener un ejercito no solamente nos ha evitado uno de los gastos públicos mas inútiles, si no que también nos ha evitado la tentación de que sea el ejército el que reinicie al país, cada vez que el sistema político entra en crisis (con los graves problemas sociales que eso causa). También tenemos a nuestro favor una proporción de la población con un nivel educacional, que hace que el país siga siendo atractivo para la inversión extranjera directa especializada, aún en medio de una economía mundial devastada por el COVID-19. Paralelo a eso, tenemos una cantidad de gente especializada en diferentes ámbitos de las ciencias sociales, quienes pueden hacer grandes
aportes en las propuestas de soluciones posibles. Ya el Ejecutivo hizo un ensayo previo a las mesas de diálogo, y recibió una impresionante cantidad de propuestas de gente que, de buena fe, sacó tiempo para hacer sus aportes. Tenemos un sistema de universidades públicas que dijo presente desde el primer momento, en ejecutar acciones y buscar diferentes soluciones para enfrentar el COVID-19 y sus consecuencias. Es el mismo sistema de universidades responsable de la casi totalidad de ciencia que se genera en el país y en la región centroamericana. Tenemos todavía una población  que mayoritariamente cree (y necesita seguir creyendo) en la vía democrática, basada en ciencia y en derecho para sacar al país adelante. ¡Estos son los activos que el país tiene!

¿Qué necesitamos hacer? No hay una receta, y el que diga que la tiene está hablando por hablar, y es parte del problema. La gente no quiere escuchar más de supuestas soluciones que vienen llenas de arrogancia y autosuficiencia. ¡Ya pasamos por eso! La gente quiere seguridad, quiere tener una mejor calidad de vida, quiere tener un planeta vivible. La búsqueda e implementación de soluciones viables requerirá de un ejercicio permanente de acuerdos mayoritarios, los cuales se tienen que gestar desde el sistema de partidos actual, es decir liderado desde la Asamblea Legislativa (¡no hay de otra!), que mueva voluntades y sume diferentes visiones buscando puntos comunes. Fácil no va a ser, pero es el único camino que una mayoría de la población podría aceptar. Para eso se requieren nuevos liderazgos, que tengan la suficiente humildad de hacer una buena autocrítica del camino seguido hasta el momento. Humildad para superar el gremialismo y las luchas partidistas que no dejan nada. Solo así se generará confianza para superar la trampa del corto plazo, y repensar el país, para que sea más inclusivo, mas educado, mas ambientalmente sano, y más seguro.


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