Florisabel Rodríguez: El Poder Judicial y la crisis de de la democracia

Florisabel Rodríguez Céspedes, Politóloga, Investigadora y asesora en estrategia, cultura política y opinión ciudadana

El año 2020 será recordado por la gran crisis sanitaria, la crisis económica y el aumento de la desigualdad y la pobreza. Pero estas crisis no nos deben hacer olvidar problemas fundamentales que se vienen acrecentando desde hace varios años en nuestra querida Costa Rica. Uno de ellos es la crisis de nuestra democracia, que se expresa, entre otros factores, en una creciente insatisfacción con el mal funcionamiento de las instituciones.  Un caso crítico es el mal funcionamiento y la evaluación ciudadana negativa del Poder Judicial (en adelante PJ). Me propongo contrastar la opinión ciudadana con algunos datos objetivos sobre dos áreas particulares: la penal y la de familia.  Otros campos pueden incluirse (y se verán resultados análogos), pero esos dos sirven de ejemplo.   Veremos que, desafortunadamente, las apreciaciones subjetivas y las condiciones objetivas coinciden.

La relevancia del Judicial para la vida democrática es indiscutible. Le corresponde proteger prácticas ciudadanas como la libertad, la igualdad de derechos y la tolerancia, en tanto están enmarcadas en leyes, acuerdos internacionales y en la Constitución.  Es además uno de los tres actores en el juego de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado (cuando el PJ se asume a sí mismo como parte de este y no como un ente separado).

En este contexto, la confianza de las y los habitantes en el PJ es esencial. Por más de una década, sin embargo, los estudios sobre la confianza en el PJ (en este caso la Corte Suprema de Justicia) muestran una tendencia negativa. Como lo ha establecido el Barómetro de las Américas (en adelante LAPOP):

“La valoración ciudadana sobre la Corte Suprema de Justicia[1] ha desmejorado con el tiempo. Entre 2004 y 2018 la confianza en la institución pasó de 61,9 a 52,9 puntos en una escala de 0 a 100. Las mujeres, los jóvenes y las personas con bajo nivel educativo confían menos en la Corte Suprema de Justicia” (Programa Estado de la Nación, Estado de la Justicia (2020), p. 193; en adelante PEN).

Debe resaltarse que son los grupos más vulnerables de la sociedad los que tienen menor confianza:  los que cuentan con menores recursos y más sufren las fallas sistema. Esos grupos están señalando ausencia de igualdad real de derechos de los y las habitantes.

Otro estudio que coincide en señalar la debilidad percibida sobre del PJ es la Encuesta Nacional de Percepción de los Servicios Públicos, de la Contraloría General de la República (CGR), llevada a cabo en 2018. En ese estudio se incluyó un módulo sobre el Servicio Judicial, que es más amplio que la Corte Suprema de Justicia. En percepción general, el 59,4% de la población consideró que el servicio judicial es regular, malo o muy malo. Ante la pregunta de si usted o algún familiar “han tenido algún proceso o asunto personal en un juzgado”, el 40% respondió que sí[2]. En cuanto a la distribución por áreas, las tres con mayor frecuencia resultaron Familia, Tránsito y Penal (https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/enpsp-2018/assets/files/resultados-justicia.pdf.)

Para la evaluación del aparato judicial son cruciales la percepción de la garantía de un juicio justo y de la protección de los derechos básicos de la ciudadanía. La evolución de las respuestas a preguntas acerca de estos derechos muestra la misma tendencia que la confianza en el Poder Judicial, es decir a la baja.

El Gráfico 1, muestra la opinión de los habitantes, medida como las valoraciones más positivas (2 de 7 niveles), las que han disminuido desde un 30% de la población en 1990 hasta 15% en la medición del 2018.

El Gráfico 2, por otra parte, con un índice análogo al anterior, muestra la opinión sobre la garantía de juicio justo que ha disminuido desde 22% de la población en 1990 hasta 12% en 2018.

Concluyo así que no solo ha caído la confianza en la Corte Suprema de Justicia y en la calidad de los servicios judiciales, sino que en forma creciente las personas piensan que los juicios son menos justos y protegen en menor medida los derechos de los habitantes. El PJ ya no es un pilar de calidad para la democracia.

En búsqueda de indicadores objetivos que sugieran razones para esta pérdida de legitimidad, el Estado de la Justicia señaló que, actualmente, el Poder Judicial resuelve un 51% menos casos por juez que en el año 2000, y que la atención de esos casos le cuesta un 164,2% más a los contribuyentes (PEN, p.170).  La menor resolución se refleja también en el aumento de la tasa de congestión[3] como se observa en el Gráfico 3:

Hay un claro deterioro en la eficiencia, a pesar del aumento en la cantidad de recursos.

Al observar la diferencia entre casos entrados y salidos (ambos netos para corregir por reingresos a la fase inicial) para dos áreas que reciben muy diferente atención mediática: lo penal y lo familiar, se observa claramente el problema.

Los casos netos desagregados por áreas fueron calculados para los años 2016, 2017 y 2018 por el PEN (pp169 y 189). La variación de las diferencias para los años 2016, 2017 y 2018 se presentan en el siguiente cuadro:

En ambos casos, la diferencia porcentual entre casos entrados y salidos aumenta. En los casos de Familia el aumento fue de 1% a 5% y en el de Penal de -3% a 6% (9 puntos porcentuales).

En lo Penal, esto significa que hay personas acusadas, algunas injustamente, que tardan más en llegar a juicio, con medidas cautelares fuertes, incluida la cárcel. Y en el caso de Familia, los atrasos implican conflictos familiares no resueltos donde la tardanza, cuando hay hijos e hijas menores, perjudica incluso el bienestar superior de los niños y las niñas. Son personas cuyos casos se alejan del principio de justica pronta y cumplida.  Estos datos son mucho más que una estadística. Son derechos humanos que se violentan en Costa Rica.

Con la pandemia, la cuarentena y la crisis económica y social, sin duda estos indicadores se han deteriorado aún más, y ya sentaron las bases para una nueva caída en la valoración subjetiva.

El debilitamiento objetivo y subjetivo del PJ agrava la crisis de la democracia.  No basta ahora que los órganos políticos y administrativos internos retomen una tarea que ya les sobrepasó. Es la misma democracia la que está en riesgo y es el momento que también los otros Poderes del Estado intervengan en su función de contrapesos.

[1] No existe una identidad entre el PJ y la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, que es la autoridad máxima del Poder Judicial, se puede tomar como un proxy, en la opinión ciudadana general, reconociendo que el PJ  es mucho más amplio que la Corte Suprema. La  relativa diversidad de la evaluación de algunos de sus componentes se aprecia en las mediciones del CIEP entre nov. 2019 y nov. 2020, escala de 0 a 10, donde se incluyen: la OIJ (7,3; 7,2; 7,0), el Poder Judicial (6,3; 6,6; 6,2) y la Sala Constitucional (5,9; 6,3; 5,8) ( CIEP-Estudio-de-opinion-Noviembre-2020.pdf (ucr.ac.cr). Se presentan además algunos resultados sobre el Servicio Judicial en estudio de la Contraloría General de la República.

[2] El 60% tiene más una imagen del PJ que una opinión fundamentada en el conocimiento.

[3] Esta tasa mide el grado de saturación o de retraso de los despachos judiciales, según el Compendio de Indicadores Judiciales.