Francia: la policía está expulsando a niños y niñas migrantes

(París) – La policía francesa está expulsando sumariamente a decenas de niños y niñas no acompañados a Italia cada mes, violando el derecho francés e internacional, señaló hoy Human Rights Watch.

Para autorizar las devoluciones, la policía suele anotar en los documentos oficiales edades o fechas de nacimiento diferentes a las declaradas por los niños y niñas. Las autoridades también han devuelto sumariamente a adultos, incluidas familias con niños pequeños, sin decirles que tienen derecho a solicitar asilo en Francia.

“La policía fronteriza francesa no tiene autoridad legal para decidir quién es y quién no es menor de 18 años”, dijo Bénédicte Jeannerod, directora de Francia para Human Rights Watch. “En lugar de hacer juicios precipitados basados en la apariencia o el capricho, la policía fronteriza debería remitir a los jóvenes a las autoridades de protección de menores para que reciban atención adecuada”.

A finales de noviembre de 2020, Human Rights Watch entrevistó a seis niños no acompañados devueltos a Italia que afirmaron haber dicho a la policía francesa que tenían menos de 18 años. En todos los casos, aunque los niños declararon sus edades y en algunos casos ofrecieron pruebas documentales, las autoridades francesas anotaron otras fechas de nacimiento para sugerir que eran adultos. Human Rights Watch también habló con 27 adultos que habían sido expulsados sumariamente de Francia. Las autoridades francesas no informaron a ninguno de los niños ni adultos entrevistados de que podían solicitar asilo en Francia.

Human Rights Watch también realizó entrevistas en persona y a distancia entre noviembre de 2020 y abril de 2021 con voluntarios y personal de grupos de ayuda, abogados y otras personas que trabajan a ambos lados de la frontera franco-italiana.

Muchas de estas devoluciones tienen lugar en el paso fronterizo entre Menton, una ciudad francesa a unos 30 kilómetros de Niza, y la ciudad italiana de Ventimiglia, en la costa mediterránea. La policía lleva a los niños y los adultos que ingresaron irregularmente a Francia al puesto fronterizo francés del puente de Saint-Louis y les indica que crucen a pie hasta el puesto fronterizo italiano.

Este tipo de prácticas son habituales, según informaron grupos no gubernamentales que trabajan en la frontera franco-italiana a Human Rights Watch. Miembros del personal de Diaconia Valdese y WeWorld, organizaciones italianas que prestan apoyo jurídico a los migrantes en Ventimiglia, dijeron que ven estos casos casi todos los días.

En las tres primeras semanas de febrero de 2021, los voluntarios de Kesha Niya, un comedor comunitario de Ventimiglia que ofrece comidas y la posibilidad de recargar los teléfonos a las personas que han sido expulsadas de Francia, documentaron los relatos de más de 60 niños y niñas no acompañados que dijeron haber sido devueltos de Francia. El personal también registró al menos 30 relatos similares de menores durante cada uno de los tres meses anteriores, así como en marzo y abril.

En todos los casos, los niños mostraron formularios de denegación de entrada luego de que la policía francesa ingresara fechas de nacimiento falsas. Human Rights Watch vio muchos de estos formularios, incluidos los de dos niños sudaneses que indicaron sus edades como 17 y 16 años, pero cuyas edades la policía francesa registró como 27 y 20 años respectivamente.

Las personas detenidas por la noche, incluidos los niños, suelen pasar la noche en una de las tres unidades prefabricadas, cada una del tamaño de un contenedor de transporte, antes de ser devueltas a Italia. Tanto niños como adultos dicen que a menudo pasan hambre y frío en estas celdas.

La estrecha convivencia no ofrece la posibilidad de distanciamiento social que aconseja la guía de salud pública francesa por el Covid-19. Las autoridades francesas no proporcionan a los detenidos mascarillas ni otros equipos de protección, dijeron los niños y adultos entrevistados.

Algunos también narraron que la policía francesa no les devolvió todas sus pertenencias antes de expulsarlos, como documentos, teléfonos con información de contacto y, en algunos casos, dinero.

El Conseil d’État, el tribunal más alto de Francia en materia de derecho administrativo, reconoció en una decisión del 23 de abril que las condiciones de detención en las unidades prefabricadas podían “socavar la dignidad humana”, pero concluyó que este riesgo no cumplía con el alto nivel legal requerido para ordenar su cierre inmediato.

La legislación francesa permite a la policía fronteriza utilizar un procedimiento acelerado conocido como “denegación de entrada” para devolver a las personas que llegan desde Italia mientras siguen en vigor los controles fronterizos intracomunitarios. Francia restableció los controles fronterizos de la UE en noviembre de 2015, justo antes de que una serie de atentados y tiroteos en París mataran a 130 personas.

Dado que los agentes fronterizos italianos no aceptan niños no acompañados, la policía fronteriza francesa debe trasladarlos a las autoridades francesas de protección de menores. La policía fronteriza francesa está obligada a ofrecer a cualquier persona, incluidos los niños no acompañados, la opción de solicitar asilo en Francia si así lo solicita.

Los grupos que trabajan en Ventimiglia afirmaron que las autoridades francesas denegaron la entrada a entre 80 y 120 personas cada día entre julio y finales de octubre, tanto adultos como niños. Cuando Italia y Francia volvieron a imponer restricciones a la circulación a finales de octubre en respuesta a la pandemia del Covid-19, el número de expulsiones sumarias se redujo a un promedio de 50 a 70 al día, dijeron. En los meses posteriores, los grupos han observado una considerable variación en el número de devoluciones diarias, con expulsiones sumarias que superan las 100 en algunos días. Entre los expulsados casi todos los días hay menores no acompañados, dijeron.

El gobierno francés ha recibido repetidas advertencias en los últimos años de que las expulsiones infringen con frecuencia la legislación francesa y el derecho internacional de los derechos humanos. En octubre, un informe conjunto de Amnistía Internacional y otras 10 organizaciones no gubernamentales puso en evidencia numerosos casos en los que la policía francesa anotó fechas de nacimiento incorrectas en los formularios de denegación de entrada y luego expulsó a jóvenes que declararon a la policía ser menores de 18 años.

La Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos de Francia también documentó el uso por parte de la policía de fechas de nacimiento falsas para expulsar a niños no acompañados de Menton a Ventimiglia. Incluso, los tribunales franceses han ordenado en ocasiones a la policía que permita a los niños volver a entrar en Francia al descubrir que los funcionarios habían escrito fechas de nacimiento falsas en los documentos de expulsión.

Las autoridades francesas deben ordenar a la policía de fronteras que cumpla con la legislación francesa y acepte la edad declarada de una persona si existe una posibilidad razonable de que sea menor de edad. Deben ser transferidas a la atención de las autoridades francesas de protección de menores.

Las autoridades francesas también deben garantizar que los centros de detención fronterizos para adultos cumplen con las normas mínimas de derechos humanos, por ejemplo, proporcionando condiciones seguras, sanitarias y acordes con la dignidad humana. Los niños y las niñas no acompañados y las familias con hijos no deben ser detenidos en las celdas de la frontera.

Las autoridades italianas deberían preguntar a las personas expulsadas de Francia si la información que figura en sus documentos de denegación de entrada es correcta y deberían ofrecer a quienes declaren que son menores de 18 años y no están acompañados la opción de ser transferidos al cuidado de las autoridades italianas de protección de menores o regresar a Francia para ser puestos al cuidado del sistema francés de protección de menores, señaló Human Rights Watch. Las autoridades italianas también deberían garantizar que todas las personas expulsadas de Francia, tanto adultos como niños, tengan comida, alojamiento, ropa y la atención médica necesaria mientras permanezcan en Italia.

“Las condiciones de detención en las celdas fronterizas de Menton son abusivas para personas de cualquier edad. Para los niños y las niñas, pueden ser traumatizantes”, dijo Jeannerod.

Para más detalles, véase a continuación.

El investigador de Human Rights Watch entrevistó a niños y adultos migrantes en inglés, francés e italiano, según su preferencia, con la ayuda en algunos casos de una aplicación de traducción. Por ejemplo, un chico somalí de 17 años respondió a las preguntas verbalmente en inglés después de escuchar las preguntas en inglés y leerlas en somalí; del mismo modo, Human Rights Watch comprobó su comprensión del relato dado en inglés por un hombre de Azerbaiyán utilizando la aplicación para traducir las preguntas de seguimiento al ruso. Todos los nombres de los niños han sido cambiados para preservar su privacidad.

La prefectura del departamento de Alpes Marítimos, que supervisa la policía fronteriza en Menton, no respondió a la solicitud de Human Rights Watch de comentar sobre estos hallazgos.

La policía francesa falsifica fechas de nacimiento

Asif F., un adolescente paquistaní de 17 años, dijo que se había presentado como menor de 18 años ante las autoridades italianas en Sicilia. “Cuando la policía francesa me paró, dije que era menor de edad”, relató. Sin embargo, la policía francesa anotó su fecha de nacimiento en el año 2000 –tres años antes de la fecha que él les dio— en el documento de denegación de entrada, lo retuvo toda la noche y luego lo expulsó.

Dos chicos afganos, ambos de 15 años, dijeron que la policía francesa registró sus edades como 18 y 19 años, y luego los envió de vuelta a Italia. Tawfiiq M., de 17 años, procedente de Somalia, dijo que la policía francesa hizo caso omiso de sus esfuerzos por explicar que no era mayor de edad y escribió en su formulario de denegación de entrada que tenía 20 años. Human Rights Watch vio los formularios de denegación de entrada de dos chicos sudaneses que anotaron tener 17 y 16 años, pero la policía francesa había registrado 27 y 20 años.

Estos casos son comunes, según Human Rights Watch. Costanza Mendola, de Diaconia Valdese, el grupo de asistencia jurídica de Ventimiglia, dijo que su organización había registrado más de 50 expulsiones sumarias de niños no acompañados en octubre, “casi todas con fechas falsas en la denegación de entrada”. WeWorld, la otra organización de asistencia jurídica entrevistada, también ha documentado casos similares.

En la primera quincena de noviembre, los voluntarios del comedor comunitario Kesha Niya, que funciona a diario en un emplazamiento junto a la carretera, cerca del puesto fronterizo, vieron al menos a 14 jóvenes no acompañados que dijeron tener entre 14 y 17 años. Entre ellos, uno de Costa de Marfil, otro de Guinea, el tercero de Sudán y el cuarto de Túnez dijeron que se habían registrado en Italia como menores de 18 años, pero que las autoridades italianas no comprobaron la base de datos después de que la policía francesa los expulsara sumariamente. Tres jóvenes de Costa de Marfil dijeron que la policía francesa no tuvo en cuenta las fotos de sus certificados de nacimiento que mostraron. Otros dos dijeron que la policía no les devolvió sus certificados de nacimiento antes de expulsarlos sumariamente.

A lo largo de tres días a finales de noviembre, los voluntarios de Kesha Niya atendieron a 12 chicos no acompañados que declararon tener menos de 18 años. Un grupo de seis jóvenes afganos dijo que la policía fronteriza francesa no les devolvió los documentos que demostraban que habían declarado ser menores de 18 años a las autoridades cuando llegaron a Austria. Los otros adolescentes –de Costa de Marfil, Irán y Sudán— dijeron que la policía francesa anotó fechas de nacimiento inexactas en sus formularios de denegación de entrada.

En diciembre, enero y febrero, los voluntarios de Kesha Niya vieron que al menos 30 menores no acompañados habían sido expulsados sumariamente al mes de Francia. En un solo día a finales de febrero, los voluntarios hablaron con nueve niños no acompañados que habían sido expulsados sumariamente esa mañana.

Los grupos que trabajan en Ventimiglia comenzaron a ver un número significativo de estas expulsiones sumarias a partir de enero de 2018, cuando las sentencias del Tribunal Administrativo de Niza determinaron que la policía fronteriza francesa no estaba observando las salvaguardias de protección de los niños. Ese año, la Asociación de Estudios Jurídicos sobre Inmigración (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, ASGI), Diaconia Valdese y Oxfam describieron las expulsiones sumarias de niños no acompañados como “sistemáticas”.

Human Rights Watch ha documentado este tipo de prácticas en otros lugares de la frontera franco-italiana, pero no con la frecuencia denunciada en el departamento de los Alpes Marítimos.

Las autoridades italianas han comprobado a veces su base de datos para verificar si una persona se registró como menor de edad a su llegada. En esos casos, se han negado a aceptar al menor de las autoridades francesas. Sin embargo, en un caso, cuando Human Rights Watch acompañó a un representante de WeWorld al puesto fronterizo italiano para notificarles que un joven había sido expulsado indebidamente, el funcionario encargado dijo que consideran correcta la fecha de nacimiento que proporcionan las autoridades francesas a menos que la persona tenga un certificado de nacimiento u otra prueba de edad.

Jacopo Colomba, asesor jurídico de WeWorld, dijo: “La mayoría de las veces, cuando llevamos a un menor de vuelta al puesto fronterizo [italiano] en casos como éste, la policía acepta hacer una comprobación de las huellas dactilares. Si la búsqueda de huellas dactilares muestra que se registró [en Italia] como menor de edad, llevan al menor de vuelta al lado francés. Sin embargo, desde la pandemia de Covid-19, hemos visto un cambio. A menudo se niegan a comprobar la base de datos”.

Aunque no haya ninguna razón obvia para que la pandemia afecte a la capacidad de las autoridades italianas para comprobar su base de datos, Colomba dijo que parecían utilizar el Covid-19 como pretexto para negarse.

Si esfuerzos como estos no tienen éxito, los abogados en Francia han obtenido órdenes judiciales que ordenan a la policía francesa aceptar a los menores no acompañados a los que han expulsado previamente. El proceso legal puede durar varias semanas.

Dado que los menores no siempre dan su verdadera edad al llegar a Europa, la verificación de la edad a través de la base de datos italiana por sí sola es insuficiente. Por ejemplo, Jamal I., un joven de 17 años de Sudán, dijo a Human Rights Watch que declaró ser un adulto cuando llegó a Italia, creyendo que podría viajar y trabajar más fácilmente si las autoridades creían que tenía 18 años. Otros pueden dar respuestas incorrectas o ser malinterpretados si las autoridades los entrevistan sin intérpretes competentes.

Encerrados toda la noche en celdas hacinadas sin comida

Después de las 7 de la tarde, cuando los funcionarios fronterizos italianos dejan de aceptar a quienes se les niega la entrada a Francia, los funcionarios franceses retienen a las personas detenidas y trasladadas al puesto fronterizo de Saint Louis durante la noche. Los hombres adultos son retenidos en “unidades modulares” prefabricadas, estructuras temporales del tamaño de contenedores de transporte. La Inspectora General de Lugares de Privación de Libertad de Francia observó durante una visita en 2017 que las unidades modulares tenían 15 metros cuadrados cada una.

Las mujeres y los niños y niñas, incluidos los no acompañados, deben permanecer en una celda separada dentro de la estación fronteriza, pero los menores que la policía francesa considera mayores de edad pasan la noche con hombres adultos. Tawfiiq M., un adolescente somalí de 17 años, dijo que pasó la mayor parte de la noche en una celda de detención para hombres adultos. “No nos dieron comida”, dijo, y añadió que pasó gran parte de la noche llorando por el estrés de estar encerrado con hombres que no conocía.

Describiendo las celdas de detención para hombres adultos, un joven tunecino de 19 años dijo: “Hace frío. No hay mucha comida. No hay lugar para sentarse”. Un hombre de 29 años de Malí dijo: “Es como uno se imagina que puede ser la cámara acorazada de un banco. No es grande. Éramos al menos 20 personas dentro. No hay espacio suficiente para poder mantenerse separados, no hay posibilidad de distanciamiento social. No es seguro”.

“Los jóvenes pueden pasar hasta 13 horas en este lugar, sin mantas, sin camas, sin luz por la noche, sin tomas de corriente para cargar los teléfonos”, explicó Zia Oloumi, abogado con sede en Niza. “En promedio, las personas pasan cinco horas y media en este lugar, privadas de libertad y sin conocer sus derechos”.

“Cuando son detenidos, no hay intérprete ni información sobre sus derechos”, dijo Emilie Pesselier, que sigue la evolución de las fronteras de Francia con otros países de la UE para la organización no gubernamental Anafé. “Si piden llamar a un abogado o a un familiar, atención médica o asilo en la frontera, la mayoría de las veces estas peticiones son ignoradas”.

Los menores y adultos retenidos en las celdas de detención dijeron que no recibieron atención médica cuando la solicitaron, y otros grupos dijeron lo mismo. “Las personas que piden médicos o abogados no tienen acceso a ellos”, dijo Agnès Lerolle, que dirige Cafi, una iniciativa conjunta sobre los derechos de los migrantes de Amnistía Internacional, La Cimade, Médicos del Mundo, Médicos sin Fronteras y Sécours Catholique.

“Si quieren acceder a medicamentos de su propio equipaje, no pueden”, dijo un voluntario de Kesha Niya. Un auto del Tribunal Administrativo de Niza del 30 de noviembre destacaba la falta de acceso a la atención médica de las personas recluidas en las celdas, entre otras deficiencias.

Una inspección en 2018 de las celdas fronterizas de Menton realizada por la Inspectora General de Lugares de Privación de Libertad de Francia observó que tanto las unidades prefabricadas como el recinto para mujeres y niños no acompañados “no cuentan con el equipamiento básico (iluminación, calefacción, aire acondicionado, sillas, colchones, mantas)”. Del mismo modo, un documento informativo de 2018 elaborado por ASGI, Diaconia Valdese y Oxfam señalaba que adultos y menores habían sido detenidos “en condiciones de hacinamiento, sin comida ni agua, sin mantas ni colchones, sin ninguna información sobre lo que ocurre” antes de su expulsión a Italia la mañana siguiente. La Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos de Francia pidió el cierre de las unidades prefabricadas en 2019.

Por los testimonios que Human Rights Watch ha recogido, no parece que hayan cambiado mucho las cosas en los años transcurridos. Un vídeo de noviembre del interior de una de estas celdas visto por Human Rights Watch y publicado posteriormente en la página de Facebook de Kesha Niya muestra a personas sentadas y tumbadas en bancos de metal sin mantas ni colchones, condiciones que se corresponden con las observaciones del inspector general de 2018.

Un juez del Tribunal Administrativo de Niza dictaminó en julio de 2017 que las personas no debían ser detenidas durante más de cuatro horas en las unidades prefabricadas, el tiempo máximo permitido por la legislación francesa para que las autoridades retengan a una persona para verificar su identidad. El Conseil d’État, el más alto tribunal de Francia para asuntos de derecho administrativo, sostuvo esta conclusión. “No son lugares de detención legales para periodos más largos. Jurídicamente hablando, son un agujero negro”, dijo Colombo, el asesor jurídico de WeWorld.

En un aparente esfuerzo por evitar tener que aplicar la sentencia del tribunal, las autoridades francesas describen ahora las celdas como lugares de “acogida” (mise à l’abri) y no de detención. Este eufemístico juego de palabras carece de fundamento jurídico, dijo Zia Oloumi, el abogado de Niza, una valoración compartida por otros abogados que hablaron con Human Rights Watch. “A fin de cuentas, podemos ver claramente que se trata de una detención”, dijo Pesselier, de Anafé. “Las personas retenidas allí no son libres de salir”.

“Para las personas que se encuentran en un estado psicológico frágil, la detención en estas condiciones puede ser especialmente dura”, aseguró Lerolle.

La policía francesa confisca documentos, teléfonos, dinero

Human Rights Watch escuchó seis testimonios de adultos que habían sido expulsados sumariamente de Francia y a los que la policía francesa no les devolvió sus documentos de identidad. Sus relatos coinciden con otros informes sobre situaciones similares.

Un nigeriano de 21 años que había solicitado asilo en Francia dijo que cuando la policía francesa lo detuvo cuando regresaba de una breve visita a Italia, “la policía se llevó mi carta en la que constaba que tenía abierto un caso de asilo”.

“Es bastante habitual que la policía francesa se lleve estos papeles”, dijo Colomba. “También hemos oído que la policía francesa se ha llevado documentos de identidad y permisos de residencia de Italia y otros países de la UE”. Amnistía Internacional, Anafé, La Cimade, Médicos del Mundo, Médicos sin Fronteras, Secours Catholique y otros grupos han denunciado también la confiscación y destrucción de documentos de identidad por parte de la policía francesa en Menton y sus alrededores.

Cuatro personas, entre ellas un joven de 17 años, dijeron que la policía les confiscó sus teléfonos, dinero u otras pertenencias personales y nunca se los devolvieron. En uno de estos casos, un hombre adulto de Azerbaiyán dijo que la policía francesa le quitó el dinero y el teléfono cuando lo detuvo mientras caminaba por las vías del tren entre Ventimiglia y Menton. “El teléfono tenía todos mis contactos”, dijo.

Servicios limitados para los inmigrantes en Ventimiglia

Un centro de acogida en Ventimiglia gestionado por la Cruz Roja, el campamento de Roya, dejó de aceptar nuevas llegadas en mayo de 2020 para evitar la propagación de Covid-19. El campamento cerró en julio. Desde entonces, los niños y adultos expulsados a Italia han tenido que dormir a menudo en las calles de Ventimiglia.

Los limitados servicios para los migrantes en Ventimiglia consisten en gran parte en iniciativas de grupos religiosos o humanitarios. En un edificio propiedad de la parroquia católica local opera un refugio para familias con niños. El comedor comunitario de Kesha Niya es una iniciativa de voluntarios financiada por donaciones. Save the Children y Caritas abrieron un centro de día para niños no acompañados y familias a finales de febrero.

En conformidad con el derecho humano a un nivel de vida adecuado y con la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa de que los Estados “deben reconocer, en su legislación y en su práctica, el derecho a la satisfacción de las necesidades materiales fundamentales de toda persona que se encuentre en una situación de extrema dificultad”, Italia debe garantizar que los niños y los adultos expulsados sumariamente de Francia tengan acceso a una alimentación, alojamiento, ropa y atención médica adecuados, también en Ventimiglia.

Controles fronterizos excepcionales; denegación de entrada

La libre circulación dentro de la Unión Europea significa, en principio, que las personas que viajan entre Italia y Francia no están sujetas a controles fronterizos. Pero Francia restableció los controles fronterizos en noviembre de 2015, justo antes de que los atentados de París acabaran con la vida de 130 personas. Las autoridades justificaron inicialmente estos controles como una medida de precaución en vísperas de la Conferencia del Clima de París de 2015. Desde entonces, han renovado periódicamente los controles fronterizos a intervalos de seis meses, utilizando otras justificaciones. Las personas que se encuentren en Francia de forma irregular pueden ser objeto de un procedimiento acelerado, la “denegación de entrada” (refus d’entrée), si son detenidas por la policía a menos de 10 kilómetros de la frontera con otro Estado miembro de la UE mientras esté en vigor la reintroducción de los controles en las fronteras terrestres.

Una reforma de las leyes de inmigración y asilo en septiembre de 2018 eliminó una protección procesal conocida como el jour franc (día franco o libre), que concedía a las personas detenidas en la frontera o cerca de ella por infracciones migratorias un día para buscar asistencia legal antes de su expulsión.

Además, las autoridades francesas pueden realizar controles de inmigración a menos de 20 kilómetros de una frontera terrestre con otro Estado miembro de la UE, así como en estaciones de tren internacionales, puertos marítimos y aeropuertos. A las personas que se encuentran en Francia de forma irregular no se les puede denegar la entrada si están a más de 10 kilómetros de la frontera, pero las autoridades francesas pueden aplicar un “proceso de readmisión” independiente, en virtud de un controvertido acuerdo bilateral entre Francia e Italia conocido como acuerdo de Chambery, para enviarlas a Italia. Todas las personas entrevistadas parecían haber sido expulsadas bajo el proceso de denegación de entrada.

El proceso de denegación de entrada se basa en la ficción legal de que las personas que se encuentran en territorio francés a menos de 10 kilómetros de la frontera no han “entrado” en Francia, del mismo modo que la legislación francesa considera que las personas detenidas en los aeropuertos franceses están en “zonas de tránsito” (zones d’attente) a la espera de entrar legalmente en Francia, aunque sean trasladadas a hospitales u hoteles. En teoría, las personas a las que se les deniega la entrada tienen derecho a solicitar asilo en Francia.

Antes de febrero de 2018, la policía francesa devolvía a las personas sin seguir ningún procedimiento. Después de que la inspectora general de lugares de privación de libertad recomendara en septiembre de 2017 el “cese inmediato” de lo que, según ella, eran “prácticas ilegales de devolución [retorno forzoso]”, la prefectura ordenó que toda persona detenida por posibles infracciones de inmigración debe ser llevada al puesto fronterizo de Saint-Louis para una investigación y, si se justifica, la emisión de un documento de denegación de entrada.

Antes de denegar la entrada, las autoridades deben expedir un documento de denegación por escrito a la persona que se encuentre en Francia de forma irregular, utilizando un idioma que la persona entienda, y deben informarle del derecho a solicitar asilo y del derecho a recurrir la denegación de entrada, entre otros derechos. A los niños se les puede denegar la entrada, pero se les debe nombrar un tutor. Esta protección no parece cumplirse en la práctica.

De acuerdo con la Directiva de Procedimientos de Asilo de la UE y el Reglamento de Dublín III de la UE, los niños y las niñas no acompañados que hayan solicitado asilo en Francia no deben ser devueltos a Italia. Además, los niños no acompañados con familiares en Francia tienen derecho a la reagrupación familiar en virtud del Reglamento de Dublín III, lo que significa que esos niños tampoco deben ser devueltos a Italia.

En julio de 2020, el Conseil d’État, el más alto tribunal francés para asuntos administrativos, confirmó que no se debe denegar la entrada a las personas que solicitan asilo hasta que se puedan estudiar sus solicitudes de asilo.

Los niños y adultos entrevistados por Human Rights Watch no fueron informados de su derecho a solicitar asilo, ni se les dio la oportunidad de hacerlo. “Las personas que dicen que quieren solicitar asilo son rechazadas de la misma manera que todas los demás en la frontera”, dijo Mireille Damiano, una abogada de Niza. “En la inmensa mayoría de los casos, la respuesta de la policía es que las personas que vienen de Italia deberían haber solicitado asilo en Italia”, explicó.

“En la práctica, nadie puede reclamar el derecho de asilo”, dijo Lerolle.

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