Francisco Flores: El Cabildeo en nuestra cultura política

La adopción de los principios del Parlamento Abierto responde a un proceso de continuidad en el esfuerzo por acercarnos a la sociedad e implica un avance en la arquitectura democrática del sistema político costarricense, que está llamada a romper los paradigmas del pasado para sustituirlos por el compromiso ciudadano de participar y de la clase política a compartir la responsabilidad en las decisiones y la rendición cristalina de cuentas ante la sociedad.

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Francisco Javier Flores Zúñiga, Relaciones Internacionales.

El Diccionario de la Real Academia Española recoge el verbo cabildear como «Gestionar con actividad y maña para ganar voluntades en un cuerpo colegiado o corporación.»  La función del cabildeo en realidad corresponde al neologismo inglés «lobbying», que comprende la labor de un grupo de personas con influencia para presionar en asuntos políticos.

Se suele confundir en la práctica el «lobbying» o cabildeo con el grupo de presión (por ejemplo, el  «lobby» petrolero, industrial, de maestros, sindicato, servicios de transporte público, telecomunicaciones, seguros, etcétera), pero la vinculación entre estas figuras se compara con la relación del mandato:  “el factor grupal de presión” es el “mandante”, en busca de resultados específicos favorables a sus intereses particulares o sectoriales, mientras que el “lobista”, el “mandatario”, es un ”profesional” dedicado a influir sobre los decisores políticos a cargo de los Poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo), para satisfacer las expectativas de su cliente.

Varios autores constitucionales y legisladores norteamericanos han concluido que el “lobbying” en general consiste en los procedimientos por los cuales diferentes grupos organizados, ajenos al cuerpo legislativo o ejecutivo, procuran influir sobre la actividad de estos órganos, de acuerdo con sus deseos.

Se define el cabildeo también como todo esfuerzo protegido constitucionalmente bajo el derecho de petición- para influir sobre el Congreso en cualquier asunto propuesto, mediante la distribución de material impreso, la concurrencia a las diferentes comisiones y subcomisiones del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, y al Consejo de Gobierno, así como a entrevistas o a intentos por entrevistar a miembros de los ministerios y a representantes de otros “medios”.

Otra definición antigua conceptualiza al “lobista” como toda persona que actúe por sí misma o sea empleada por cualquier individuo u organización, para promover u oponerse a una legislación directa o indirectamente.

El cabildeo parlamentario

En esencia, el propósito del cabildeo, como práctica política se  ha desarrollado siempre en nuestro medio parlamentario,  tanto a lo interno como a lo externo, quizá por eso a diferencia de los parlamentos que  no creen necesario regularlo,  no son pocos los que han considerado necesario institucionalizarlo a efectos de  brindar mayor transparencia a la gestión de los grupos organizados que procuran hacer valer sus opiniones en los ámbitos parlamentarios o de decisión del Poder Ejecutivo, al evitarse prácticas extrañas a una concepción democrática.

La ausencia de regulaciones al Cabildeo tiene una explicación razonable, es una práctica corriente, que no se considera necesario regular, dado que si bien afecta de diversas maneras las decisiones institucionales forma parte del proceso de interacciones cotidianas del sistema político.

De hecho, sin ignorar sus efectos sobre la toma de decisiones, han sido las leyes contra la corrupción las que han refrenado no la acción de los particulares o factores externos de manera rigurosa, sino la acción de la clase dirigente que es hoy más que nunca objeto del escrutinio público gracias a los avances de la tecnología y de la modernización de la administración pública.

Estamos de cara a dos tipos de cabildeo, el que es una práctica corriente de la vida política porque está sustentado en el ejercicio de dialogo, consulta y promoción de ideas, personas y decisiones, y que es necesario que tenga la fluidez y apertura necesaria para convertirse en democrático. Y el otro cabildeo que es promovido por distintos agentes, sociales, económicos y políticos que desean influir y de hecho lo hacen en la toma de decisiones institucionales.

En contraste con esta realidad informal y común no regulable, se da el debate donde algunos expertos consideran necesario institucionalizar la figura del cabildero mediante su inscripción registral, con el fin de que la comunidad pueda identificar a este profesional en el plano político-institucional, normando el ejercicio de una “profesión” que combina tecnicismo, habilidad política y relaciones sociales.  Tecnicismo en cuanto el lobbying requiere conocimientos, acceso y procesamiento de información y habilidad específica para su desempeño; habilidad política, puesto que su desarrollo implica manejarse en ámbitos políticos, tanto legislativos como ejecutivos, y relaciones sociales, porque son la esencia del ejercicio de esta profesión, al ser el vínculo entre las dos anteriores.

En Latinoamérica únicamente Brasil proyecta un registro legislativo similar al de Washington.

Algunos autores distinguen doctrinalmente la relación entre los intereses tutelados y el poder dedicado a protegerlos, con la diferencia de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, que velan por el interés general, en tanto que el Poder Judicial vela por el interés particular, y el cabildeo se circunscribe al interés sectorial (Revista de Derecho Parlamentario, No. 4, Congreso de la Nación, Argentina, Alberto A. Mazzini ”Lobby o Cabildeo”, p. 11).

Fundamentado en lo anterior, sin éxito alguno, se ha propuesto en muchos parlamentos de América Latina  la creación de registros de cabildeo o grupos de gestiones de intereses específicos, en los Poderes Legislativo y Ejecutivo respectivamente, con el propósito de que, además de las labores registrales, se ejerzan funciones de fiscalización.

En nuestra experiencia costarricense la evolución del proceso de modernización si bien promueve el derecho ciudadano de informarse sobre quién o quiénes son los interesados en tal o cual proyecto. La experiencia de los años, y los constantes golpes de corrupción y pérdidas del deber ético en la Administración Pública, si bien han planteado transparencia en la forma de aprobación de los proyectos de ley de nuestro Congreso, no han producido ningún cambio significativo en el cabildeo político.

Cabildeo político sin regulación

Es un lugar común el deseo de regular la actividad en forma profesional, para evitar los sobornos y el tráfico de influencias que se viven en los pasillos de la Asamblea Legislativa.  Pero ello no ha conectado con el sentimiento popular que se inclina más por la tesis de accesibilidad o de parlamento abierto que hoy está en boga y que constituye la más sólida tendencia en el proceso de control ciudadano sobre la acción del gobierno y el parlamento.

Nuestro sistema político debe evolucionar en materia de rendición de cuentas y tiene la obligación de velar por la transparencia e idoneidad de sus actos, en aras de fortalecer la democracia y el cumplimiento de los derechos fundamentales de quienes son solo depositarios del poder temporal.

Considerando que el cabildeo político justifica esta práctica, con base en los derechos constitucionales de presentar peticiones a las autoridades, de libertad de prensa, de expresión y de asociación, debe posibilitarse a la comunidad en general la identificación de quienes desempeñan esta tarea, para advertirla sobre su naturaleza profesional y transparentar ese papel en el plano político-institucional y en el proceso de formación de opinión y de toma de decisiones.

Hoy el parlamento avanza lentamente en la redefinición del papel que cumple ante la sociedad civil, pero eso no impide que sea partícipe en la construcción de un sistema de vida económica y política más abierto, que cumpla con requisitos esenciales como promover una cultura de participación en la que se comparta realmente la responsabilidad de gobernar.

No obstante, identificar los medios para que las demandas de la sociedad civil sean atendidas, requiere un replanteamiento oportuno de las relaciones entre el Poder Parlamentario y el Poder Ejecutivo, capaz de promover paulatinamente el equilibrio y la coordinación.

En tal sentido, urge que atendamos con igual interés la renovación de las estructuras e instituciones democráticas en las que se articula la participación de la sociedad, no solo para promover más democracia, sino para orientar sus fines hacia la responsabilidad de gobernar, bien y mejor.

La democracia representativa no es viable sin la institución parlamentaria, sin la creación y funcionamiento de un espacio donde estén representados los diversos intereses sociales contrapuestos.  El sentimiento de lejanía del ciudadano respecto a sus representantes se ha profundizado por la falta de espacios para coincidir.

El parlamento y la sociedad

Efectivamente, mejorar la relación del parlamento con la sociedad y otros actores parte de la base que son los hechos (políticos), los determinan la imagen de las instituciones y una buena proyección de estos sobre la escena pública.  No debemos guardar la ingenua pretensión de que con programas institucionales de información se va a remediar la influencia de los medios o se va a crear la imagen favorable a los parlamentos y parlamentarios.

El Cabildeo Político debe responder a una acción política moderna, donde a pesar de lo amplio del aparato estatal, de las grandes empresas y del enorme avance tecnológico, la voz del ser humano; nuestra voz; se pueda escuchar. Sólo nuestra participación individual y colectiva ante todas esas estructuras, afirma nuestra voluntad, libera las energías y restaura el equilibrio mental de una sociedad.

La adopción de los principios del Parlamento Abierto responde a un proceso de continuidad en el esfuerzo por acercarnos a la sociedad e implica un avance en la arquitectura democrática del sistema político costarricense, que está llamada a romper los paradigmas del pasado para sustituirlos por el compromiso ciudadano de participar y de la clase política a compartir la responsabilidad en las decisiones y la rendición cristalina de cuentas ante la sociedad.

 

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