Francisco Flores: El deber de cuidado

Lo cual nos obliga a preguntar porque el “deber de cuidado” como juicio político y eventualmente como culpa deberá recaer sobre un venerable adulto mayor, y no sobre el joven mandatario.  De nueva cuenta el señor Presidente deja que su Ministro cumpla los deberes de la amistad, para él poder eludir los deberes de su destino.

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Francisco Javier Flores Zúñiga, Relaciones Internacionales.

El país se ha visto estremecido por la más grande operación judicial contra la corrupción que se conoce en toda su historia, más de un millar de agentes del Organismo de Investigación Judicial, jueces y fiscales han participado el pasado 14 de junio de 2021 en la detención de cerca del medio centenar de sospechosos, y se ha confiscado material indispensable para conformar parte de la prueba que se ha acumulado durante dos años de investigaciones. Esto merece un reconocimiento para nuestras autoridades judiciales, que han demostrado equilibrio, mesura y una gran ecuanimidad para manejar este operativo, donde el rol mediático ha sido secundario y quizá marginal.

El proceso apenas comienza, aunque ya es destacable la congruencia en lo relativo a la presunción de inocencia.  Debemos esperar a las indagatorias y audiencias, ellas irán confirmando lo que distingue a nuestro país, en lo relativo a la independencia de poderes y el respeto al Estado de Derecho.  Bien por Costa Rica, de ejemplos cívicos esta urgida la patria que mira con respeto y sin intromisiones, como esta acción se convierte en el punto de inflexión en materia de lucha contra la corrupción tanto pública como privada.

El Señor Presidente de la República don Carlos Alvarado Quesada hizo esperar durante horas al país, para pronunciarse sobre los actos investigados de su administración, cuyos contratos de obras públicas, conservación y mantenimiento vial entre el 2018 y 2020, están vinculados a un esquema de corrupción que permitió que en dos años se malversaran 78 mil millones de colones, es decir 125 millones de dólares. Mal asesorado por su Ministro de la Información, el señor Presidente ha acudido a la red social Facebook de manera tardía a ofrecer un mensaje grabado desde su despacho, que ha sido colgado en su perfil.   Con esto se ha logrado exitosamente evadir a los medios de comunicación y desde luego a la mayoría de los costarricenses que no son parte de las redes sociales.   Esta estrategia de evasión se ha estructurado de tal forma que el gobierno se desliga de los hechos investigados y con ello no asume ningún tipo de responsabilidad sobre lo acontecido.  El enojo del Presidente no convence, y menos cala el contenido de su mensaje, que deja abierto sin embargo todo el espacio para que se le cuestione y para que se le señale a él, a su Ministro de Obras Públicas y Transportes y a sus subordinados.  Le abre la puerta a su asesor presidencial en materia de infraestructura, para que se defienda, pero no lo retiene para que ofrezca explicaciones.

Al día siguiente 15 de junio la estrategia de comunicación del gobierno logra que se publique en un periódico que es aliado del Gobierno, una extensa entrevista al Ministro de Obras Públicas y Transportes don Rodolfo Méndez Mata, donde este experimentado funcionario público que se ha distinguido por no ser del partido del gobierno, pero si por ser un gran costarricense, y amigo del Presidente de la República, pone todo su prestigio y su honor al servicio de una versión oficial, que terminará siendo desmentida públicamente por las autoridades judiciales.  Aquí cabe recordar una anécdota del Expresidente don León Cortes Castro cuando siendo Gobernador de Alajuela muy joven, su anciano padre le pide el favor de no sancionar a un amigo cercano por una conducta impropia.  La respuesta del joven Cortes Castro es ilustrativa: “Cumpla usted los deberes de la amistad, que yo cumpliré los deberes de mi destino”.

La caja de resonancia en redes sociales y en el Partido de gobierno reproduce los dichos del Ministro y cínicamente utiliza la retórica de los últimos veinte años llamando a los hechos de corrupción que se han descubierto: un asunto del pasado, que ellos han denunciado. El problema es que ya son casi ocho años de gobierno -el pueblo que ya no se deja manipular- confirma que dicho partido es responsable, aunque de nuevo quiera echarles la culpa a otros.  La patética respuesta política desde Casa Presidencial ha naufragado en las aguas cristalinas de la verdad, que tarde o temprano vendrá a transparentar el uso maniqueo de la ética pública como arma política.  Uso que les permitió crear un aura de integridad que nunca existió en un partido y unos dirigentes que engañaron a Costa Rica dos veces.

La Constitución Política de Costa Rica señala en su Artículo 9- “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable.”  Por ende, existen en todos los actos de la administración pública una obligación fundamental para quien ejerce un cargo público, sea que se encuentre en el vértice de esta o en la base de la pirámide: asumir responsabilidades.  Y eso es así porque quienes son electos para ejercer la Presidencia de la Republica y sus colaboradores  son personas a quienes se les confiere no solo derechos, sino entre otros el “deber general de cuidado”,[1] para frenar actos y conductas que atenten contra el derecho de los demás, en este caso de los gobernados. En forma conteste, el artículo 140 inciso 8 constitucional le atribuye al Presidente y el Ministro del Ramo un deber de vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativos.

Una definición del deber de cuidado, nos dice que el denominado “deber de diligencia” es la obligación de desempeñar el cargo de administrador con atención, prudencia y cuidado, de manera informada y con la dedicación adecuada atendiendo a las distintas circunstancias imperantes. Pero más importante aún, este deber de ser responsables si bien no es ilimitado, confirma que hay un deber moral en el manejo de los riesgos que implica la función de administrar lo que pertenece a todos. La anterior acepción en el marco normativo vigente, será posible desarrollarla cuando los actos que se han dado a conocer en las últimas horas, establezcan los nexos y vinculaciones que permitan a partir de la prueba recabada definir, en el marco de nuestras leyes, que tipo de culpa será imputable a los sospechosos y a los que se agreguen a la lista.  Lo importante es que tenemos un elemento sobre el cual iniciar un juicio de responsabilidades políticas que hasta ahora el gobierno quiere eludir, pero que solo la evolución de los hechos, permitirá saber hasta cuándo eso será posible.

De esta forma para poder definir y entender el significado del deber objetivo de cuidado debemos ubicar toda acción u omisión llevada a cabo por una persona ante una situación de riesgo o peligrosa y ante la cual el sujeto actúa de modo negligente o descuidado dando lugar a la aparición de un resultado típico previsible y evitable ex ante. Por tanto, el deber de cuidado está directamente relacionado con el deber de diligencia ante una situación de riesgo o peligrosa que en atención al principio de intervención mínima del derecho penal entendemos que debe tratarse de una gravedad suficiente para distinguir el ilícito penal del administrativo.

Considero que este tema, debe ser abordado en todos sus extremos en virtud de una conducta reiterada del Señor Presidente y sus colaboradores, quienes ya suman a su historia personal y a la vida pública, dos allanamientos judiciales. Con evidencias públicas y manifiestas el Señor Presidente recarga en otros gobiernos los actos de corrupción acaecidos en su administración y denunciados por el Organismo de Investigación Judicial, por lo que no llega a asumir ninguna responsabilidad con ellos.  Por el contrario, es su Ministro de Obras Públicas y Transportes el día 16 de junio al ser interrogado sobre si renunciará a su cargo, quien afirmó: “me quedaré”. Uno supone que será para “ponerles el pecho a las balas” porque queda claro que, en el ámbito de sus obligaciones constitucionales y administrativas, el Señor Presidente no asumirá, sino que lo hará su Ministro.  Lo cual nos obliga a preguntar porque el “deber de cuidado” como juicio político y eventualmente como culpa deberá recaer sobre un venerable adulto mayor, y no sobre el joven mandatario.  De nueva cuenta el señor Presidente deja que su Ministro cumpla los deberes de la amistad, para él poder eludir los deberes de su destino.


[1] Según Montealegre, el deber de cuidado se basa en tres aspectos: la ley, la experiencia vital y los juicios comparativos. No obstante, y como sabemos en Derecho penal, no sólo las acciones son constitutivas de delito, sino también las omisiones  Articulo 11 CP), por eso la tercera acepción del término culpa en la RAE lo define como la omisión de la diligencia exigible a alguien, que implica que el hecho injusto o dañoso resultante motive su responsabilidad civil o penal.

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