Francisco Flores: El Estado de bienestar en Costa Rica

¿Sería más fácil reducir la jornada de un gerente de banco o la de un cajero?

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Francisco Javier Flores Zúñiga, Relaciones Internacionales y Educación (Msc.) Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional

De nuestra propia experiencia, y no tanto de los modelos europeos donde se origina la teoría y la práctica del Estado del Bienestar, el mismo ha sido posible en Costa Rica, como resultado de un esfuerzo combinado de factores de un proceso histórico, que tiene su punto de quiebre en la década de los años cuarenta.  Pero cuya institucionalización se debe al movimiento de Liberación Nacional liderado por don José Figueres Ferrer, quien supo interpretar el desarrollo del reformismo socialdemócrata, el socialismo cristiano, y persuadir a las élites políticas y económicas conservadoras ilustradas, y el sindicalismo germinal sobre la oportunidad de las reformas sociales  que fueron  incorporadas a la nueva Constitución Política con garantías plenas, pero que también fueron desarrolladas otorgando a las mayorías costarricenses derechos  más amplios  en materia de seguro obligatorio, leyes sobre protección del trabajo, salario mínimo, expansión de servicios sanitarios y educativos, vivienda subvencionada, acceso a los servicios de electricidad, agua potable, así como el reconocimiento de los sindicatos como representantes económicos y políticos legítimos del trabajo.

El programa del Estado del Bienestar costarricense, fue muy amplio, y pese a que estuvo signado por el bipartidismo durante décadas, posibilito avances significativos en la lucha contra la pobreza, la búsqueda de la igualdad social y la construcción de un modelo de convivencia acorde a los valores de la nacionalidad costarricense.

Desde un punto de vista de los movimientos que lideraron la oposición a Liberación Nacional, de base histórica socialcristiana inspirada por el Doctor Calderón Guardia, y profundizada por don Luis Barahona Jiménez, los beneficios del Estado del bienestar fueron, por un lado, la generación de consenso social de forma que el sistema funcionará de modo armónico y eficiente. y, por el otro, con base en lo anterior, introduciendo una función de creación y reforzamiento de valores éticos fundamentales a la existencia y estabilidad de relaciones sociales, llevando así a una creciente integración social del país.

No obstante, la visión conservadora que ha predominado alternativamente en nuestro país, tiene una lectura del Estado del Bienestar muy ligada a la búsqueda de la eficiencia del Estado al satisfacer las necesidades humanas, es decir el centro de su preocupación fue siempre que Liberación Nacional no tenía la capacidad de promover la libertad ciudadana y libre empresa, y que por su tendencia a la intervención del Estado como regulador de la actividad económica más bien la limitará. La historia demostró que Liberación Nacional por el contrario estimulo la industria y luego el sector exportador como ejes dinámicos de nuestro crecimiento económico.

El modelo del Estado del Bienestar en Costa Rica, oscila entre la visión conservadora cercana a al socialcristianismo de quienes lo conciben más como una «red o sistema de seguridad», con provisiones claramente delimitadas. y la visión más liberal, pero ante todo más cercana a la socialdemocracia donde la protección y profundización de la democracia asegura a los ciudadanos la expectativa legítima de que la sociedad, el gobierno o el Estado los apoye, ya sea en general o en momentos de necesidad, o la expectativa real de que ellos se beneficiarán de los esfuerzos comunes y del progreso social.

En ambas visiones un poco más a la derecha y a la izquierda del centro del concepto del bienestar ambas perspectivas consideraron con diferencia de grado la importancia de los sindicatos y representantes de comunidades y minorías sociales marginadas en la toma de decisiones gubernamentales, así como favorecieron la creciente integración a esas decisiones de los principios de la justicia social, dignidad humana y participación ciudadana.

Si bien el Estado del Bienestar no puede considerarse en nuestro medio como una construcción terminada, tiene una expresión institucional muy destacada en materia de salud y educación en donde la acción ideológica hegemónica en los movimientos políticos después de la crisis de los años ochenta, intento desmantelar los presupuestos y desarrollos alcanzados dando espacio a las corrientes neoliberales que a nivel mundial influyeron en los organismos financieros internacionales.  De esta forma fue posible que los dos movimientos políticos dominantes, convergieran en aspectos donde tradicionalmente se habían diferenciado.

De hecho, después de 1982 y con mayor profundidad en la década de los años noventa, la crisis del Estado del Bienestar promueve un liderazgo político que reduce el rol económico activo al Estado con el fin de obtener ciertos objetivos sociales comunes (tales como el bienestar social y crecimiento económico) y se hace evidente que el progreso y la estabilidad dependen de la reducción de su intervención en las actividades económicas. De la derecha a la izquierda costarricense comienza a darse una interpretación del Estado del bienestar que puede identificarse con sistemas generales de bienestar social.  Es decir, el bienestar no se proporciona exclusivamente por el Estado, sino por una combinación de servicios independientes, voluntarios, mutualistas y gubernamentales. En algunos casos de este tipo, el Estado o gobierno actúa como coordinador de las provisiones y al mismo tiempo como proveedor de último recurso.

Cuando en los albores del nuevo milenio, una crisis financiera internacional pone de relieve que las ideas neoliberales no han funcionado, y que, por el contrario, expresan limitaciones para salvar la economía, son evidenciados los defectos en que los distintos gobiernos implementan sus modelos por lo que recurren al Estado para salvar no solo los bancos, sino sus intereses en riesgo especulativo.  El paradigma emergente es que lograr regulaciones adecuadas es tan importante como liberar los mercados; que un sector público eficiente cuente tanto como un sector privado eficiente, inversiones públicas en transporte, educación y salud, bien hechas, pueden pagar dividendos. […] Pragmatismo y eficiencia siempre son de importancia, y la crisis fue superada.

Nuevamente el mundo de la segunda década del siglo veintiuno está en crisis, y el elemento que la detona es de origen sanitario, y frente a la pandemia, solo los Estados del Bienestar son capaces de responder con su experiencia y su institucionalidad democrática, para atender la emergencia que hoy es de carácter mundial.  Entonces ahora como si se tratará de un guion muy estudiado, es el Estado el que tiene el potencial de salvar el empleo y la producción y sacar nuevamente a la sociedad de una situación inédita que desborda por completo a la iniciativa privada.

Con una sensibilidad propia de quienes han podido estudiar y conocer lo propio y lo ajeno del Estado del Bienestar costarricense, hemos podido contar en esta crisis con propuestas pertinentes y atinentes a la mayoría de los sectores económicos y sociales, que avanzan para enfrentar esta crisis  porque se ubican en lo que tenemos (educación) y no ha sido desmantelado (Salud), en lo que funciona (institucionalidad democrática)  y puede ser lo único ( Estado del Bienestar)  que pueda sostenernos frente a la incertidumbre de un sistema económico mundial  ( capitalismo global) que ha dejado de proporcionar seguridad y capacidad de respuesta frente a la pandemia.

Sin embargo, existe una cuestión que está dividiendo opiniones sobre los efectos de esta crisis de salud, y es el tema de las acciones del sector privado orientadas a sostener su actividad, las cuales requieren despidos o reducciones de jornada y en consecuencia que el Estado ofrezca soluciones para proteger a un creciente número de costarricenses de modo tal que puedan sobrevivir a los efectos de estas decisiones de los empresarios.  En consecuencia, el gremio empresarial solicita que el sector público, haga lo mismo que despida funcionarios, reduzca jornadas, en instituciones públicas no estratégicas, me llamo la atención que mencionan relaciones exteriores.   En contraste con lo planteado, lo que el gobierno ha hecho hasta ahora es imponer un impuesto solidario a salarios altos y eliminar todo tipo de aumentos.  Los economistas se debaten en dos ámbitos, cuales son los funcionarios no estratégicos, y cuales los efectos de esos despidos o reducciones de jornada del sector público.   Aquí el tema de partir el chayote por la mitad no es simple, ocurre que el sector privado es más grande y produce la riqueza del país, aunque sus salarios son mínimos. Mientras que el sector público es pequeño comparativamente, aunque sus salarios son más dignos, producto de esa riqueza que se recauda vía impuestos.  Sin duda abra efectos de acuerdo con las leyes y directrices aprobadas en los ingresos del sector público. La discusión es entonces si la solicitud del sector privado implica solo solidaridad o una oportunidad para desmantelar el Estado del Bienestar.

Corresponde, entonces, en el marco del funcionamiento del Estado del Bienestar definir tareas y responsabilidades al sector público durante y después de la pandemia. Dado que sobre ellos recaerá de manera ineludible servir al interés público en la etapa más decisiva de esta crisis, que es la pos pandemia. Hasta donde sea posible creo que no es recomendable reducir el Estado del Bienestar, sino de aumentar su influencia y aprovechar su experiencia en el rescate necesario y recurrente en las crisis del sector privado, que nadie niega es fuente de nuestra riqueza nacional.   El escenario de reducir el Estado del bienestar debido a la crisis sería inédito, la pregunta que habría que responder es ¿quién es más prescindible el más humilde funcionario o el jerarca sobre titulado que gana 50 veces más que él? ¿Sería más fácil reducir la jornada de un gerente de banco o la de un cajero?   ¿Quién de los dos estaría más endeudado o su salario más comprometido?  ¿Quién pierde lo superfluo o quien pierde lo necesario?  Decisiones, ¿con la filosofía de un empresario, o la de un administrador público competente?  ¿A quién despedimos primero?  ¿Quiénes son prescindibles en medio de la pandemia y después de la pandemia?

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