Francisco Javier Flores Zúñiga. Candidato a Doctor en Ciencias Sociales
Hace 166 años, el 30 de setiembre de 1860, Costa Rica cometió contra sí misma una de las injusticias más graves de su historia: el fusilamiento del Libertador Juan Rafael Mora Porras en Los Jobos, Puntarenas. No murió en un campo de batalla ni cayó en tiempo de guerra. Fue ejecutado tras un consejo de guerra sumario, dispuesto por sus adversarios, que le negó las garantías más elementales a quien había sido presidente de la República y había conducido al país en la defensa de su soberanía frente a los filibusteros. Desde entonces, la herida ha permanecido abierta. Por eso, la Academia Morista Costarricense ha pedido con insistencia durante años que el Estado la cierre mediante un acto oficial a la altura de la ofensa: un Funeral de Estado que diga en voz alta que aquello fue un crimen, que asuma la responsabilidad de enmendarlo y que permita a las nuevas generaciones conocer la verdad, libre de la deformación que sus enemigos dejaron escrita en la historia.
El 27 de julio de 2026, la Presidencia de la República emitió el Decreto Ejecutivo N.º 45920, que dispone un “homenaje póstumo oficial” para el próximo 30 de setiembre. A primera vista, podría parecer que por fin se hará justicia. Pero basta leer el decreto con atención para advertir que se queda a medias: rinde honores, pero esquiva la responsabilidad política que más importa, que es reconocer que lo ocurrido en 1860 fue un crimen de Estado.
La diferencia entre un “homenaje” y un “Funeral de Estado” no es un asunto de palabras. Tiene consecuencias jurídicas y, sobre todo, políticas. Un homenaje es un gesto de respeto hacia una figura del pasado; se le rinde por igual a un poeta, a un deportista o a un benefactor. Un Funeral de Estado, en cambio, es el acto mediante el cual la República admite que sus propias autoridades cometieron un agravio contra uno de sus hijos más ilustres y asume el deber de repararlo. Dicho con toda claridad: no es lo mismo celebrar al Libertador que admitir que el Estado lo mató injustamente.
Conviene reconocer lo que el Decreto 45920 hace bien. Ordena un acto solemne en Puntarenas el 30 de setiembre. Dispone que la bandera nacional ondee a media asta durante tres días. Encarga a la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas la coordinación de actividades educativas. Y pide al Ministerio de Relaciones Exteriores que invite a las misiones diplomáticas a acompañar la ceremonia. Son pasos en la dirección correcta, pero cubren apenas una parte de lo que la Academia Morista solicitó y, por sí solos, no alcanzan para hablar de una verdadera reparación.
El vacío más grave es el silencio sobre la naturaleza del hecho. En ninguna de sus líneas el decreto afirma que el fusilamiento de Mora Porras —el magnicidio, como con razón lo llama la Academia— fue un crimen de Estado. Esa omisión no es menor. Una reparación que no nombra el agravio carece de contenido moral y de fuerza política, porque deja intacta la versión de quienes lo cometieron. Un país que honra a sus mártires, pero calla que fueron sus propias instituciones las que los llevaron al paredón, no está reparando nada; apenas está cumpliendo con el protocolo.
Tampoco dispone el decreto una vela pública con honores de Estado en la que participen los tres Supremos Poderes de la República. Si lo ocurrido en 1860 fue un crimen de Estado, es el Estado en su conjunto —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— el que debe reconocerlo y enmendarlo, incluido el Poder Judicial, heredero institucional de la justicia que entonces se le negó al Libertador. Ahí está el nudo del problema: la reparación de una injusticia de esta magnitud no puede quedar en manos exclusivas del Presidente de turno. Debe expresar la voluntad de la nación entera, representada en sus tres Supremos Poderes.
Hay, además, un trato desigual hacia los compañeros de destino del Libertador. Aunque el título del decreto menciona al General José María Cañas Escamilla y al Generalísimo José Joaquín Mora Porras, hermano del presidente, el articulado los relega a un segundo plano. No es justo ni coherente: Cañas y José Joaquín Mora no merecen menos por el hecho de que Juan Rafael hubiera sido presidente. La reparación debe alcanzar por igual a los tres, y el decreto debería otorgar a cada uno honores fúnebres de idéntica jerarquía.
Lo más preocupante, sin embargo, es lo que falta de cara al futuro. El decreto no crea ningún mecanismo permanente que asegure que las próximas generaciones conozcan la verdad sobre Mora Porras. La Academia pidió expresamente una “Semana Morista” anual, con actividades educativas obligatorias en escuelas, colegios y universidades. El decreto se limita a “invitar” a participar, sin obligar a ninguna institución educativa.
Esa indefinición condena la reparación a ser pasajera. Cuando las actuales autoridades dejen sus cargos, nada impedirá que la figura de Mora Porras vuelva a quedar relegada a una nota al pie en los libros de texto. La versión de sus adversarios volverá a imponerse y la calumnia volverá a circular sin que ninguna institución esté obligada a desmentirla. Una reparación que no se vuelve permanente no es reparación; es un ritual de un solo día.
¿Qué debe hacer entonces Costa Rica? Convertir el 30 de setiembre en algo sustancialmente distinto. Primero, la República debe declarar de manera expresa que el fusilamiento de 1860 fue un crimen de Estado y que lo repudia formalmente. Segundo, debe establecerse un protocolo que reúna a los tres Supremos Poderes, con una vela pública oficial y la lectura solemne de una declaración de desagravio, transmitida por los medios de comunicación nacionales. Tercero, la Asamblea Legislativa debe aprobar un acuerdo que respalde esta reparación, para dejar claro que no se trata de una iniciativa del Presidente, sino de un compromiso de toda la nación.
Cuarto, el Ministerio de Educación Pública debe revisar sin demora los programas y textos escolares para corregir el relato difamatorio que han heredado generaciones de costarricenses. Quinto, debe instituirse de forma permanente una Semana Morista anual, de carácter obligatorio, en todos los centros educativos del país. Solo así las nuevas generaciones comprenderán lo que realmente ocurrió, harán suyos los valores de soberanía y amor a la patria que Mora Porras representa, y aprenderán la advertencia que encierra su injusto final: que ninguna gloria protege a nadie cuando se rompen las reglas de la justicia.
Costa Rica es una democracia de larga tradición que se enorgullece de honrar a sus héroes. Pero una democracia madura no se conforma con colocar ofrendas florales al pie de los bustos de sus mártires. Tiene el valor de reconocer públicamente los crímenes que cometieron sus instituciones y de repararlos, no con ceremonias aisladas, sino con cambios duraderos que modifiquen la manera en que la nación se entiende a sí misma.
El Decreto 45920 es un primer paso. Pero es solo eso: un primer paso. Costa Rica debe hacer del 30 de setiembre algo más que un acto administrativo bien intencionado. Debe convertirlo en un verdadero desagravio que, como mínimo, reconozca públicamente lo ocurrido, llame al crimen por su nombre, sin eufemismos, y garantice, mediante normas permanentes, que nunca vuelva a ser olvidado ni tergiversado.
Todavía estamos a tiempo. Faltan pocos días para el 30 de setiembre, y la voluntad política aún puede ponerse a la altura de la historia. Mora Porras merece más. La dignidad de Costa Rica exige más. Solo el reconocimiento pleno, la corrección institucional de fondo y el compromiso de transmitir esta verdad íntegra a las generaciones venideras estarán a la altura de lo que le debemos al Libertador de la patria.
La Suiza, 25 de setiembre de 2026
Francisco Javier Flores Zúñiga
Fundador de SOMOS OLIVO.CR
