Los pensionados no deberíamos ser vistos como una carga para el Estado, sino como un patrimonio nacional: personas que todavía ocupan un lugar y que todavía tienen algo que aportar al bienestar colectivo.
Francisco Javier Flores Zúñiga. Candidato a Doctor en Ciencias Sociales
Soy un adulto mayor y, desde que crucé la frontera de los 65 años, percibo un trato distinto hacia mi persona. No me refiero únicamente a descuentos o trámites administrativos, sino a la manera en que se me observa cuando expreso mis planes, mis aspiraciones o las cosas que aún deseo aprender. No reclamo privilegios que la ley no me otorga, ni un trato diferenciado en el transporte público o en la farmacia. Solicito algo más elemental: respeto.
Considero que nuestra sociedad no estaba preparada para presenciar a personas mayores que viven con normalidad, capitalizando la experiencia acumulada en lugar de limitarse a sobrellevar el desgaste físico propio de la edad. Es cierto que existen actividades para las que ya no estamos en condiciones, situaciones de riesgo que preferimos evitar. Pero también es innegable que hoy vivimos más años, y en mejores condiciones, que nuestros abuelos hace apenas medio siglo.
Conviene detenerse en este punto, pues lo que describo no constituye una simple anécdota personal: tiene nombre propio y se discute activamente en la filosofía y en la salud pública contemporáneas. Se denomina edadismo, y organismos como la Organización Mundial de la Salud ya lo identifican como uno de los prejuicios más socialmente aceptados, precisamente porque quien lo ejerce rara vez percibe reproche alguno. Simone de Beauvoir lo advirtió hace más de cinco décadas en La vejez: la sociedad no envejece a una persona solamente por vía biológica, sino también a través de la mirada que dirige hacia quien envejece, convirtiéndolo en un problema por administrar en lugar de reconocerlo como una persona con historia propia. En una cultura que mide el valor de los individuos según su capacidad productiva o su energía manifiesta, el adulto mayor queda automáticamente descontado, sin importar cuánto todavía tenga para aportar. Esa es, a mi juicio, la raíz filosófica de lo que aquí planteo: no se trata de un problema de edad, sino de qué lugar le reserva esta sociedad a quien ya ha vivido.
A quienes deseamos continuar aprendiendo, la vida contemporánea nos ofrece herramientas antes inimaginables: tecnología, cultura, formación virtual. La educación formal que recibimos en su momento dejó el terreno preparado para acceder hoy a aprendizajes más prácticos y, por qué no, más sofisticados. Ya no jugamos damas o ajedrez en la esquina del barrio, sino desde el teléfono. No acudimos diariamente al club social; accedemos, a través de las redes sociales, a plazas públicas y rincones exóticos que antes exigían tiempo y recursos considerables. Muchos ya hemos recorrido buena parte del mundo y, aunque queden destinos pendientes, no contemplamos partir de manera definitiva a ninguno de ellos.
El país, entretanto, es conducido por otra generación: personas jóvenes y no tan jóvenes que hoy ocupan tanto los puestos más altos como los más modestos. Ahorran para su vejez como lo hicimos nosotros, aunque con prioridades distintas, y muchos de sus logros, es necesario reconocerlo con honestidad, superan los que alcanzamos en su momento. Sin embargo, dedican menos tiempo a reflexionar sobre la niñez y más a la tendencia de las mascotas como sustituto de otros vínculos afectivos, y tienden a privilegiar la satisfacción inmediata por encima de la construcción a largo plazo.
Deseo detenerme particularmente en los adultos jóvenes que hoy lideran la política, la educación y buena parte de la vida social. Su energía los lleva a pensar, o al menos a actuar, como si la juventud fuera un estado permanente. Son ellos quienes, con frecuencia, nos descalifican cuando expresamos dudas sobre la calidad de sus decisiones o la responsabilidad de sus actos. No somos nosotros quienes ocupamos las filas de la comida rápida, ni quienes pasan noches enteras desvelados en empleos que abandonan por decisión propia o de los que, en algunos casos, se les separa —no solo para ocupar su lugar, sino bajo la convicción de que otros lo harán mejor—. Es frecuente observar cómo se acelera la jubilación de educadores en todos los niveles, y cómo se margina de los espacios sociales y políticos a quienes, en lugar de inspirar confianza por su experiencia, son percibidos como un obstáculo o como el capricho de querer permanecer indefinidamente en el cargo.
Y, sin embargo, poco a poco vamos ocupando espacios que la sociedad ya no logra llenar por sí sola, en razón de que la base demográfica se contrae. Las cifras son claras: en diez o veinte años, los adultos mayores representaremos una proporción significativa de este país. Por ello, a quienes hoy se sienten eternamente jóvenes, conviene recordarles lo que afirmaba un viejo sabio: la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Si eso es cierto, entonces las generaciones que hoy nos dirigen se encuentran, de alguna manera, enfermas. Abrigo la esperanza de que sanen, como sanamos nosotros.
Este fenómeno que atraviesa Costa Rica, especialmente en la última década y con particular intensidad en el presente, obliga a los adultos mayores a presenciar, casi a diario, agresiones, insultos y desprecio hacia quienes tenemos entre 70 y 90 años. Tampoco se disimula la exclusión ni el irrespeto a los derechos laborales y humanos de quienes se encuentran entre los 65 y los 70. Para el primer grupo, el insulto se ha normalizado desde quien ocupa temporalmente la presidencia, secundada por el adulto mayor que la antecedió, cuyo estilo de liderazgo se ha caracterizado por el desdén hacia quienes, ya en sus 80 años, continúan ocupando espacios ganados con experiencia y vocación de servicio.
Para el segundo grupo, la exclusión más marcada proviene del sistema educativo, donde la imaginación, la creatividad y la sabiduría se reciben con desconfianza, al punto de que se ajustan los reglamentos para apartar del aula a esos docentes considerados incómodos, cuyo eventual regreso solo se admite bajo condiciones prácticamente inalcanzables. Existe, sin ambages, un rechazo hacia los pensionados de todos los regímenes en Costa Rica, y cuando alguno accedió a esa condición por vía política y no por haber cotizado, se le incluye en el mismo grupo de quienes presuntamente comprometen las finanzas públicas.
Así quedan agrupados, sin distinción, los pensionados del magisterio, de la Caja Costarricense de Seguro Social y de otros regímenes en extinción, quienes cargan con el mismo reproche popular y con un resentimiento que nunca termina de saldarse contra quienes no se pensionan, ya sea porque no pueden o porque no lo desean. De todos ellos, quienes más merecen consideración son los beneficiarios del régimen no contributivo, que por encontrarse en la base de la pirámide reciben apenas los remanentes de un sistema que no logra desprenderse del estigma de la caridad.
Ahí nos encontramos los adultos mayores, distribuidos en distintos estratos y regímenes de pensión, cada uno con su propia historia. Somos un grupo que crece día con día, al que la generación joven ha despojado no solo de puestos de trabajo, sino también del Régimen Obligatorio de Pensiones. No existe justicia en un país donde los derechos se distribuyen de forma tan desigual, donde el acceso a la vida adulta es radicalmente distinto en lo económico, aunque similar en lo cultural. Los pensionados no deberíamos ser vistos como una carga para el Estado, sino como un patrimonio nacional: personas que todavía ocupan un lugar y que todavía tienen algo que aportar al bienestar colectivo.
La Suiza, 17 de julio de 2026
