Francisco Javier Flores Zúñiga. Candidato a Doctor en Ciencias Sociales
Ciento cincuenta y siete mil costarricenses se levantan cada mañana sin un trabajo al que acudir. Es la cifra que la Encuesta Continua de Empleo del INEC reportó para el trimestre de junio a agosto: una tasa de desempleo de 6,7 %, con veinte mil personas más que un año atrás. Detrás de cada número hay una mesa donde se hacen cuentas, un hijo que pregunta, una persona que empieza a dudar de su propio valor. El trabajo no es solo un ingreso. Ordena la vida, da pertenencia y permite sostener un hogar con la frente en alto. Por eso el desempleo no es un indicador económico más. Es una forma de exclusión, y la exclusión que se prolonga termina por convertirse en pobreza y en desconfianza hacia la democracia que no supo evitarla.
Conviene mirar los datos con calma, porque desmienten dos explicaciones cómodas. La primera sostiene que al desempleado le falta experiencia. No es así: la gran mayoría de quienes hoy buscan trabajo ya habían trabajado antes, y el aumento reciente se concentró en hombres de entre 35 y 44 años, personas en plena edad de sostener una familia, desplazadas de sectores que se contraen. El reto no es empezar a trabajar, sino volver a hacerlo cuando el puesto anterior ha desaparecido.
La segunda explicación sostiene que la economía no genera empleo. Tampoco es cierto. Según el análisis del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, en el último año se crearon más de ochenta mil puestos de calificación media y alta, mientras se perdieron cerca de cincuenta mil no calificados. Y el 45,5 % de las personas desempleadas no concluyó la secundaria. La economía crece, pero lo hace por una puerta estrecha, por la que casi la mitad de nuestros desempleados no puede pasar. No estamos ante una economía paralizada, sino ante un descalce entre lo que el mercado demanda y lo que una parte de la población ha tenido oportunidad de aprender.
A ese cuadro se suma una deuda con las mujeres. Su tasa de desempleo es mayor, 7,3 % frente a 6,4 % en los hombres, pero el dato más revelador es otro: apenas cuatro de cada diez mujeres en edad de trabajar participan en el mercado laboral. Muchas no buscan empleo porque cuidan de otros, y la estadística, que solo cuenta a quien busca, no las ve.
Queda, además, una pregunta incómoda: ¿adónde va quien pierde su empleo en un país sin seguro de desempleo? No puede esperar. Vende en la calle, hace trabajos ocasionales, se acomoda en un pequeño negocio familiar. Va a la informalidad, donde ya están unas 790.000 personas, más de un tercio de quienes trabajan en Costa Rica. La estadística las cuenta como ocupadas, y en sentido estricto lo están. Pero la informalidad maquilla el desempleo: es trabajo sin seguro, sin pensión y sin garantías. Desempleo e informalidad son dos caras de una misma exclusión, y el trabajador informal de hoy es, con alta probabilidad, el adulto mayor sin pensión de mañana. La geografía agrava el cuadro. En las zonas rurales la informalidad ronda el 46 %, y en la Huetar Norte, el Caribe y la Región Brunca la vulnerabilidad laboral es la norma antes que la excepción.
Hay, además, un círculo que se cierra sobre sí mismo. Quien pasa mucho tiempo desempleado pierde destrezas, se desactualiza y ve deteriorarse su perfil laboral. Quien queda atrapado en la informalidad trabaja en actividades de baja productividad, donde nadie invierte en su formación ni en tecnología. En ambos casos, el paso del tiempo vuelve a la persona menos empleable para el sector formal, y la condición que debía ser transitoria se vuelve permanente. Por eso el desempleo no se resuelve solo con crecimiento económico: si nadie interviene a tiempo, el crecimiento pasa de largo.
Frente a esta realidad, el país cuenta con una estrategia de empleabilidad que ofrece capacitación acelerada, una plataforma de intermediación y un subsidio temporal mientras las personas se forman. Su intención es legítima y ha tenido logros. Pero sus límites también son visibles. Ofrece cursos rápidos para un rezago educativo que tardó décadas en formarse. Capacita para empleos que se concentran en las zonas francas del Valle Central, mientras en las regiones esas oportunidades no llegan. Y no toca lo que le cuesta formalizarse a una microempresa rural. Actúa sobre la persona, pero deja intacto el entorno en el que esa persona tendría que trabajar. Una política así administra el problema; no lo resuelve.
Si queremos pasar de la administración a la solución, necesitamos cambiar la pregunta. No basta con preguntar cuántas personas capacitamos. Hay que preguntar qué capacidades reales tiene cada persona para elegir una vida que valore, y qué instituciones la acompañan cuando el mercado la deja atrás. Amartya Sen enseñó que el desarrollo se mide por la libertad efectiva de las personas, y Martha Nussbaum que la dignidad exige garantizar las capacidades sin las cuales esa libertad es solo una palabra. Desde esa mirada, el desempleo no es únicamente falta de puestos. Es falta de capacidades y es, sobre todo, falta de mediaciones: de esas instituciones intermedias que convierten una crisis personal en una transición acompañada.
De ahí se desprenden cinco líneas de acción que, juntas, forman una propuesta.
La primera es educativa. Ninguna estrategia de empleo será sostenible mientras casi la mitad de los desempleados no haya concluido la secundaria. Necesitamos una oferta de secundaria para personas adultas que sea flexible, presencial y virtual, vinculada a la formación técnica y reconocida por los empleadores, de modo que terminar el colegio y aprender un oficio formen parte de un mismo camino.
La segunda es territorial. Nadie debería tener que abandonar su tierra para trabajar con dignidad. Esto supone llevar desarrollo productivo a las regiones, con incentivos para que la inversión se instale fuera de la Gran Área Metropolitana, con encadenamientos entre las empresas exportadoras y los productores locales, y con una apuesta por la agroindustria, el turismo sostenible y los servicios que cada región puede ofrecer.
La tercera es la formalización gradual. A quien emprende para sobrevivir no se le puede exigir, desde el primer día, la carga completa de la formalidad. Un régimen escalonado de cotización y trámites, que crezca a medida que crece el negocio, permitiría a miles de pequeños emprendedores incorporarse a la seguridad social sin quebrar en el intento.
La cuarta es el cuido. Una red nacional de cuido para la niñez y para las personas adultas mayores no es solo política social. Es política de empleo, porque libera el talento de miles de mujeres que hoy no pueden buscar trabajo.
La quinta es la protección en la transición. Quien pierde su empleo a los cuarenta años, con experiencia y con familia, necesita un puente: un apoyo temporal vinculado a su reconversión, y no un abismo. Y ese puente requiere mediaciones. Mesas territoriales de empleo donde se sienten las municipalidades, el INA, las universidades públicas, las empresas y las cooperativas, que conozcan la realidad de su región y puedan conectar a cada persona con una oportunidad concreta. Así la política deja de bajar desde una oficina central y empieza a construirse donde la gente vive.
Nada de esto es tarea de un solo gobierno. Es política de Estado, y como toda política de Estado necesita metas claras: cuántos empleos formales, en qué regiones y en qué plazo. Una política sin objetivos medibles atiende la coyuntura y deja intacta la causa. Por eso la conversación sobre el empleo debería convocar a todos los actores, sin cálculo partidario, con la misma vocación de acuerdo con que Costa Rica construyó en otro tiempo su seguridad social.
Hay también una razón democrática para actuar. La rabia y la decepción que hoy recorren nuestra sociedad tienen, en buena medida, un origen material: promesas de movilidad y bienestar que no se cumplieron. Quien no encuentra trabajo, o lo encuentra sin garantías, no es manipulable, pero sí es comprensiblemente emocional en su reclamo, y esa emoción busca respuesta donde se la ofrezcan, incluso en liderazgos que prometen resolverlo todo a cambio de concentrar el poder. Una democracia que no garantiza la posibilidad de un trabajo digno deja abierta esa puerta. Una democracia que lo logra se defiende a sí misma.
Un país no se mide por los empleos que anuncia, sino por las personas que deja atrás. Si la economía ha de crecer por una puerta estrecha, la tarea de una democracia de las soluciones es ensancharla, y acompañar a cada persona hasta que pueda cruzarla. Que no haya en Costa Rica nadie que quiera trabajar y no encuentre dónde hacerlo con dignidad.
Francisco Javier Flores Zúñiga
SOMOS OLIVO.CR — Movimiento Liberal Humanista


