Cuando el pragmatismo es renuncia ausencia.
Francisco Javier Flores Zúñiga. Candidato a Doctor en Ciencias Sociales
La semana anterior se divulgó una entrevista realizada por el Periódico El País, al señor ministro de Relaciones Exteriores, don Manuel Tovar Rivera. Esta semana cumplo con mi compromiso de examinar los alcances de sus declaraciones y esclarecer lo que el pragmatismo definido por él implica en las relaciones internacionales, la diplomacia y la política exterior.
En las relaciones internacionales, el pragmatismo es una corriente teórica que subordina los principios a la utilidad de la acción, a lo que funciona en cada circunstancia; legítimo como lente de análisis, discutible como programa de gobierno. En la diplomacia, el pragmatismo es más bien un método: la destreza de negociar sin dogmatismo, de ceder en lo accesorio para preservar lo esencial, algo que todo buen diplomático necesita y que, bien entendido, no riñe con tener principios, sino que los sirve. Pero en la política exterior de un Estado, el pragmatismo deja de ser lente teórica o método diplomático cuando se convierte en sustituto de los principios regulares que deben condicionar la defensa y la promoción del interés nacional. Ahí, y solo ahí, el pragmatismo deja de ser una herramienta y se vuelve una renuncia.
Este análisis lo comparto sabiendo que el mismo no es contra la persona del canciller Tovar Rivera, sino contra una forma de entender y de practicar las relaciones internacionales que Costa Rica arrastra desde hace décadas y que esta administración no ha hecho más que profundizar: la diplomacia pragmática, esa respuesta limitada, transitoria y desteñida de quien ocupa la jerarquía de un ministerio sin someterse a la disciplina de un cuerpo de principios que le preceda y que le trascienda. Es la decisión, consciente o no, de someter los principios regulares de la política exterior del Estado a las veleidades del poder de turno.
Conviene recordar cuáles son esos principios, porque solo a la luz de ellos puede juzgarse con rigor lo que el canciller afirma y lo que el país hace. La política exterior costarricense se ha construido, desde la Independencia, sobre cinco pilares: la defensa territorial, el ejercicio pleno de la soberanía política, el desarrollo y la consolidación de la democracia, el respeto al Derecho Internacional, y el derecho a la neutralidad y la paz. No son cinco compartimentos aislados: están interrelacionados de tal manera que suprimir uno erosiona a los demás. Un país que renuncia a su soberanía en la interpretación de sus alianzas termina, tarde o temprano, comprometiendo también su neutralidad; uno que subordina su compromiso con el Derecho Internacional a la conveniencia coyuntural, termina relativizando también su defensa de la democracia. Esa es, precisamente, la anomia que hoy observamos.
La entrevista lo confirma línea a línea, no por lo que el ministro dice expresamente, sino por lo que sus respuestas dejan entrever. Cuando se le pregunta cómo se refleja en la política exterior la transformación interna que atraviesa el país, el canciller sostiene, casi en el mismo aliento, que Costa Rica sigue siendo un ejemplo coherente en derechos humanos, paz y democracia, y que a la vez vive un «momento disruptivo» de reacomodo. Ambas cosas no pueden ser ciertas simultáneamente sin una explicación que las concilie, y esa explicación no llega. Se apela, en cambio, a la idea de que se trata de «un proceso normal» que ocurre «en muchos países», como si la relativización comparativa sustituyera a la argumentación de principios. Ese es, exactamente, el gesto pragmático: describir la circunstancia en lugar de fijar la posición.
Lo mismo ocurre con el multilateralismo. El canciller lo defiende, pero matiza de inmediato que no defiende «cualquier multilateralismo», y apela a la imagen de que hay que matar las pulgas y no al perro. La metáfora es elocuente, pero elude la pregunta de fondo: ¿cuáles son los criterios, anclados en principios, que distinguen el multilateralismo que Costa Rica sí respalda del que no? No hay respuesta. Hay, en cambio, una defensa condicionada y reactiva, coherente con un país cuyo presidente no ha pisado la Asamblea General de las Naciones Unidas en cinco años, hecho que el propio ministro no niega, sino que explica por «contratiempos de última hora». Un pequeño país desarmado que dice depositar su fortaleza existencial en el multilateralismo y que, sin embargo, se ausenta sistemáticamente de su principal tribuna, no está ejerciendo una política de principios: está administrando una ausencia.
Hay, además, un elemento estructural que la entrevista deja ver sin proponérselo y que este análisis no puede omitir. A la pregunta sobre cuánta injerencia tiene el expresidente Chaves en la política exterior, el canciller responde que su influencia es equiparable a la que ejercen la ministra de Comercio Exterior o el de Ciencia y Tecnología. La respuesta, pensada para tranquilizar, en realidad confirma el diagnóstico: la política exterior costarricense sigue repartida en tres cabezas —política, comercio y cooperación— que no coordinan, no piensan y no actúan en común, pese a que la ley orgánica del Ministerio le confía al canciller la rectoría de las relaciones internacionales del Estado. Esa rectoría, que la norma exige y demanda, se ha diluido en una negociación permanente entre carteras que compiten por la conducción de la agenda internacional, en perjuicio precisamente de la coherencia que el propio ministro reclama para su gestión.
A esa fragmentación institucional se suma un mal más antiguo: la diplomacia convertida en botín político. Que se llegue a la Cancillería por la vía del comercio exterior y la lealtad al bloque gobernante, y no por el ascenso dentro de una carrera diplomática, no es la excepción, sino la regla de las últimas décadas. Y esa regla tiene un costo que rara vez se calcula: el de un Servicio Exterior que ha formado, durante treinta años, funcionarios de primer nivel —conocedores del Derecho Internacional, de la negociación multilateral, de la historia diplomática del país— y que ven cómo la dirección política del Ministerio se decide, una y otra vez, por afinidad partidaria antes que por mérito de carrera. Si la exigencia de experiencia y excelencia de quien interpreta las relaciones internacionales no es negociable, como sostuve al inicio, tampoco debería serlo el mecanismo por el cual se llega a interpretarlas.
Ese vacío de definición se repite en los temas que, a mi juicio, son el verdadero expediente de esta política exterior sin principios, y sobre los cuales el canciller no ofrece ni una sola línea de justificación doctrinaria. El rechazo a la Agenda 2030 contradice frontalmente el principio de consolidación democrática entendido en su sentido más amplio, el de una democracia que se compromete con los consensos internacionales que ella misma ayudó a construir. El embate contra las políticas de diversidad riñe con la imagen histórica que la propia entrevista reconoce como activo de Costa Rica en el mundo: un país asociado a la defensa de los derechos humanos, no selectivamente, sino como principio regulador. El respaldo a Israel en el conflicto geopolítico actual, sin matices ni condicionamientos explícitos, resulta difícil de conciliar con la enorme trascendencia que el propio canciller dice atribuir a instancias jurisdiccionales como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional; no puede invocarse el peso del Derecho Internacional para justificar la pertenencia a esos tribunales y, al mismo tiempo, guardar silencio sobre sus determinaciones cuando resultan incómodas.
Y está, finalmente, la adhesión de facto a lo que hoy se conoce como la Doctrina Donroe, el corolario con que la actual administración estadounidense reafirma su primacía sobre el hemisferio occidental. Que un país sin ejército, cuya única fortaleza reside en la soberanía jurídica y en la neutralidad, alinee su política exterior con una doctrina que, por definición, subordina las decisiones de los Estados de la región a los intereses estratégicos de una potencia hegemónica, es la negación misma del principio de soberanía plena que se dice defender. No se trata de si Costa Rica puede tener una relación cercana con Washington; puede y probablemente debe tenerla. Se trata de si esa cercanía se ejerce desde la definición autónoma del interés nacional o desde la aceptación tácita de una arquitectura de poder ajena, diseñada por y para otro país.
Lo que más preocupa, sin embargo, no es ninguno de estos episodios por separado, sino su patrón común: la ausencia, cumplidos ya los primeros cien días, de una definición puntual de lo que es y será esta política exterior «pragmática». El propio ministro reduce su función a lo «defensivo», una categoría operativa, no un principio. Y cuando se le pregunta por algo tan elemental como la posición del país frente a Nicaragua, su respuesta —»se lo digo claramente»— llega precedida de meses de señales contradictorias, incluidas unas declaraciones presidenciales que él mismo debe salir a «descontextualizar». Un canciller que dedica buena parte de sus respuestas a aclarar lo que otros en el propio Gobierno han dicho, no está ejerciendo la dirección de las relaciones internacionales del Estado: está haciendo control de daños sobre una política que no ha logrado fijar su propio centro de gravedad.
Ahí reside, con toda su fuerza, mi tesis original: una política exterior sin principios es un ejercicio de subordinación. No subordinación a un solo poder visible, sino a varios simultáneamente: a la vigencia política del expresidente Chaves, cuya sombra se extiende más allá del cargo formal que ocupa; a la agenda conservadora del sector evangélico, que el propio canciller admite que «coincide» con ciertos criterios de gobierno; y a la arquitectura hemisférica que Washington reafirma bajo la Doctrina Donroe. Cuando la política exterior de un Estado pequeño deja de responder a sus propios principios regulares —defensa territorial, soberanía, democracia, Derecho Internacional, neutralidad y paz— y pasa a responder a estas veleidades sucesivas del poder, deja de ser política de Estado y se convierte, como escribí antes, en la más expresiva anomia de quien ostenta el título de Canciller.
Insisto en que esto no es un juicio sobre la persona del ministro Tovar Rivera, de quien reconozco la franqueza con que aborda preguntas incómodas. Es un juicio sobre un modelo. Cien días, en efecto, no definen un ministerio. Pero cien días sin una sola definición de principios sí definen, con precisión inquietante, el tipo de diplomacia que Costa Rica ha decidido practicar en este tramo de su historia: una diplomacia de la circunstancia, no de la convicción. Y a un país que nació desarmado, que hizo de sus principios su único ejército, esa renuncia le cuesta más que a cualquier otro.
La Suiza, 21 de agosto de 2026
