Francisco González AlvaradoAcadémico.

El artículo de opinión escrito por el señor Oscar Barrantes Víquez académico de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, en el medio digital La Revista.cr, evidencia su absoluto desconocimiento en materia de legislación nacional y su propósito espurio de cuestionar mi derecho constitucional y humano, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de equidad, a las funciones públicas de su país”, de ser electo mediante un proceso democrático como rector de una universidad pública.  Aún cuando el Dr. Emanuel González A. haya resultado electo como candidato único, en un proceso similar en la Universidad Técnica Nacional.

A todas luces, el artículo de opinión, es una clara muestra de que la única motivación que le inspira al señor Barrantes, es la de generar desinformación e infundir incertidumbre entre las personas lectoras.

Por respeto a la comunidad universitaria de la UNA y a la opinión pública en general, me asiste la obligación, en el marco de la transparencia que siempre ha caracterizado mi proceder, de hacer las siguientes aclaraciones.

Improcedentemente y de manera dolosa, el señor Barrantes trata de interpretar una serie de normas jurídicas para confundir a las y los lectores,   especialmente a las  personas integrantes de la comunidad universitaria de la UNA en vísperas de la elección a la Rectoría y Rectoría adjunta, sobre la designación de dos personas, que, aunque familiares, no representan ni aun mismo órgano, ni son nombrados para representar intereses particulares, sino que son electos bajo principios de elección democrática en cada una de las instituciones a las que representan y por sus órganos plebiscitarios. Todo esto, a partir de una serie de suposiciones que en cada párrafo escuda bajo la palabra “podría”.

Ni la Ley General de la Administración Financiera ni la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, establecen imposibilidad alguna para que dos personas con grado de parentesco puedan ser electos de forma independiente y que representen intereses colectivos diferentes, como son dos universidades públicas. La aplicabilidad de esta normativa es otra.

El gran desconocimiento jurídico de los alcances de la referencia a estas leyes o bien a principios que rigen el funcionamiento de las universidades públicas y de órganos como el Consejo Nacional de Rectores es más que evidente.  Se menciona una posible violación del artículo 38 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, sin embargo, como puede deducirse no solo de su texto sino del espíritu de la norma, ésta se creó para evitar que, en el ejercicio de las decisiones administrativas de un puesto de función pública, se favorezcan intereses privados o particulares, y se comprometa de esta forma la imparcialidad en la toma de decisiones.   De hecho, la norma señala “favorecer a parientes que sean potenciales oferentes, contratistas o usuarios de la entidad donde se presta servicios”. En este orden, el desconocimiento total de la naturaleza jurídica del CONARE, hace ver sombras donde solo hay luz.

Tanto el artículo 3 de la Ley No. 6162 (Ley que otorga la personalidad jurídica al Consejo Nacional de Rectores), como el artículo 3 del Convenio de coordinación de la educación superior en Costa Rica (que crea el CONARE), establecen con total claridad en su artículo 3, cuáles son las funciones de este Órgano. De su lectura en modo alguno se interpreta que pueda existir ni por asomo, la posibilidad de que, en desarrollo de las competencias de cada uno de los representantes universitarios, allí constituidos, pueda darse algún tipo de incompatibilidad por tener dos de sus miembros, grado de parentesco. Esto sería suponer donde la norma jurídica no lo hace.

Ni una sola de las funciones que se despliegan por cada uno de los rectores o rectoras que representan las universidades públicas, podría verse afectada por decidir dos personas que representan cada una, intereses muy diferentes en cuanto a las organizaciones universitarias que allí los designaron.

De las regulaciones en las leyes aludidas en el artículo de opinión que maliciosamente escribe el señor Barrantes (ni ninguna norma en nuestro ordenamiento jurídico), alude a esta posibilidad de que dos personas con total independencia pertenezcan a dos órganos también independientes y nombrados por separado.    Es decir, NO EXISTE NORMA QUE LO IMPIDA. Situación que sería imposible de limitar por la representatividad y naturaleza de estas conformaciones, tal y como resulta con un Órgano como el CONARE, al que no se llega por contratación, sino por representación de instituciones de educación superior electas exclusivamente, por la colectividad de esas instituciones (asambleas universitarias); cada representante está plenamente legitimado para estar en ese Órgano.

El rector o rectora en una universidad pública costarricense, es electo por la Asamblea Universitaria si cumple con los requisitos legales establecidos para ello (en el caso de la Universidad Nacional artículo 42 del Estatuto Orgánico), por lo que no hay existencia de incompatibilidad, vulnerabilidad ni impedimento alguno para que sea electa y que, derivado de ello en su ejercicio, forme parte de distintos órganos externos a la Universidad, aún y cuando hayan familiares en estos órganos, máxime que dichos órganos no son decisorios en lo personal.

Además de absurdo, limitaría inconstitucionalmente el derecho de todo costarricense de ser electo, como una de las expresiones más profundas de la participación ciudadana (en este caso de la participación de la comunidad universitaria que estatutariamente tiene esta competencia), en el derecho a elegir y ser electo (derivación de los derechos otorgados por el artículo 98 Constitucional y  lo dispuesto en la  Ley No. 8765 o Código Electoral).

Falazmente se indica en el artículo del señor Barrantes, que: “se podría estar violentando el principio de imparcialidad”. A todas luces comentario falso, por cuanto en la representación en un Órgano como CONARE, no se está en relación de jerarquía, sino, como se indicó de representatividad, nadie es superior de nadie. Las decisiones se toman por mayoría simple, aunque históricamente se hace por unanimidad, y las decisiones no tienen injerencia alguna sobre los rectores o rectoras en su condición personal, sino en el desarrollo de sus competencias para representar de mejor manera a cada una de las universidades por las que están nombradas. Por otra parte, la presidencia de CONARE es rotativa, es decir, no es electa discrecionalmente por los miembros representantes de las universidades públicas, y al ejercer las funciones normativas y expresas de ese Órgano (contempladas expresamente en el artículo 6 del Reglamento de Organización de CONARE), no hay posibilidad alguna de que se pueda incurrir en las nefastas y apocalípticas violaciones al ordenamiento jurídico costarricense, ni incurrir en las nulidades administrativas indicadas, ni resultar las anulaciones de procesos y largos procesos judiciales, como falsamente señala el autor del escrito. Desconoce claramente los alcances de la función pública, del derecho público y administrativo, así como los más elementales principios del quehacer institucional público.

A cuál imparcialidad se refiere el señor Barrantes, si las decisiones están ya determinadas por la norma en cuanto a los límites y funciones de CONARE. No hay forma de favorecer intereses personales, solo institucionales. La jurisprudencia esbozada en el artículo sobre la posible corrupción está claramente referida a otras situaciones del ejercicio de la función pública y no para ser aplicada porque dos rectores autónomos en su representatividad pertenezcan a un Órgano común de coordinación y no de jerarquía como lo es CONARE.

Finalmente, el régimen de impedimentos, excusas y recusaciones se establece en garantía de que la toma de decisiones “personales” y no como representante ante órganos colegiados, vayan a estar comprometidas por intereses que favorezcan “personalmente” a otros, cuando se trate de personas con grado de parentesco (hasta el tercer grado). Por tanto, las decisiones que se pudieran tomar en CONARE, no son ni personales, ni estarían tomadas a favor o en contra de personas, sino de instituciones. En todo caso, en honor a esa garantía legal, cualquier decisión que pueda en alguna forma comprometer las decisiones, siempre tendrá el asidero del impedimento, de la recusación o de la impugnación correspondiente, por las vías legales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico.

No faltarán las voces, en esta última semana del proceso electoral, que pretendan confundir a la comunidad universitaria respecto a mi integridad, autonomía personal y convicción sobre mi compromiso con la UNA, por favor les pido que “separen la paja del trigo”. Cuando no se es legítimo, ni mucho menos coherente con las acciones personales, y sobre todo, cuando la obsesión de alcanzar a costa de la mentira, el engaño y la desvergüenza un lugar, que solo la colectividad puede otorgar, es señal de que debemos abrir los ojos, la mente y el corazón con mayor detenimiento.

Les reitero una vez más, mi absoluto compromiso para dedicarme a la UNA con todo mi esfuerzo, independencia política, encargo institucional, decoro, experiencia en la toma de decisiones y honradez, tal y como lo hecho desde hace más de veinte años.