Historia concluida hace una década.

Freddy Pacheco LeónPhD en Ciencias Biológicas

A propósito de una visita oficial a nuestro país, cuando el 8 de mayo del 2014 el presidente de la República de Ecuador mostró su satisfacción por representar a un país “vecino de Costa Rica”, no faltaron los infalibles de las redes sociales, burlándose de “ese ignorante que no sabe nada de geografía”.  Y es que, en su oposición ideológica al Dr. Rafael Correa, no se estaban dando cuenta de lo errado de sus observaciones, que además demostraban un comportamiento generalizado del costarricense acostumbrado a mirar hacia sus valles y montañas, desdeñando la importancia de los territorios marítimos.

Y es que parece que algunos consideraban que, firmada en Nueva York, el 10 de diciembre de 1982, la “Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”  (Convemar) era caso que irrelevante. Por ello, los conceptos de “mar territorial” de hasta 12 millas de ancho, y “zona económica exclusiva”, adyacente a ese mar y hasta alcanzar un límite de hasta 200 millas (medida a partir de donde se mide el “mar territorial”) son cosas de poca importancia y trascendencia. Sin percatarse, eso sí, que los países ribereños como Costa Rica y las islas como el Parque Nacional Isla del Coco, vieron ampliados sus derechos de soberanía en cientos de miles de kilómetros cuadrados, desde el momento en que la Convemar entrara en vigor en noviembre de 1994.

Nuestra isla del Coco, ubicada a 330 millas de la península de Nicoya adquirió el derecho a una zona económica exclusiva marcada por un radio de hasta 200 millas de longitud, lo que hizo aumentar, extraordinariamente, y con reconocimiento internacional, el territorio marítimo del país, en el océano Pacífico, hasta intersectar por un lado el territorio marítimo del archipiélago ecuatoriano de islas Galápagos, separado de nuestra isla por una distancia menor a las 400 millas, creando así la necesidad de delimitar los territorios marítimos vecinos, de hasta 200 millas de ancho.

Ante esa situación, el 12 de marzo de 1984, nuestro entonces Ministro de Relaciones Exteriores Carlos José Gutiérrez (+) suscribió en Quito el “Convenio sobre delimitación de áreas marinas y submarinas entre las repúblicas de Costa Rica y Ecuador”. Convenio que, en virtud de lo que creímos era un grave error, fuere enfrentado por este servidor desde el momento mismo de su firma, hace 40 años,  así como las varias veces que, posteriormente, se le quiso aprobar en la Asamblea Legislativa.

Y lo hicimos así por las siguientes razones: Para navegar en el “mar territorial” las embarcaciones extranjeras requieren permiso del país ribereño, aplicándose lo mismo para el sobrevuelo y para el tendido de cables submarinos, pues, esa franja de 12 millas de ancho, se considera una extensión del territorio y en ella se aplican regulaciones estrictas para el llamado “paso inocente” de los buques que extranjeros.

Por el contrario, en la “zona económica exclusiva”, donde se tienen derechos de soberanía sobre los recursos vivos y no vivos de las aguas, el lecho y el subsuelo, los países gozan de los derechos de libre navegación (no requieren permiso), de sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinos, por lo cual, una embarcación, aún pesquera, tiene el derecho a surcar libremente las zonas económicas exclusivas de todo el planeta, además de la altamar, ubicada fuera de los límites de éstas.

Con ello (esperamos que aclarado) los limites marinos originados a partir de los parques nacionales Isla del Coco y Archipiélago de Galápagos, debían de haberse descrito como correspondientes a las zonas económicas exclusivas de ambos Estados según lo determinado por la convención de la ONU, ¡pero no fue así! Por un error técnico, la Cancillería costarricense le aceptó a los representantes ecuatorianos, que en el convenio limítrofe se dijera que las áreas marinas de 200 millas de Costa Rica (que nosotros reconocíamos correctamente, como “zona económica exclusiva”) correspondientes a la Isla del Coco, delimitaban por una línea geodésica equidistante con “Las áreas marinas de 200 millas del mar territorial del Ecuador correspondientes a su territorio insular del Archipiélago de Colón” (Galápagos).

Por ese “detallito”, automáticamente Costa Rica estaba renunciando al derecho de libre navegación de sus buques, en un área superior a los 800.000 km² que, en razón de la convención de la ONU, debería llamarse “zona económica exclusiva” de Ecuador, y no “mar territorial”. Como también, al libre sobrevuelo y tendido de cables y tuberías submarinas. Pero no solo a ello. Al renunciar a ese derecho, también Costa Rica estaba violentando lo establecido en la Convemar, que nos habíamos comprometido a cumplir.

¡Por eso nos opusimos!, y más enérgicamente cuando fuere enviado para su aprobación legislativa y defendido también insistentemente, por el canciller Roberto Rojas y su vicecanciller Elaine White, entre otros. Tuvimos incluso que lidiar con el inaceptable argumento de que “aunque Costa Rica reclame en su Constitución la jurisdicción sobre la Isla del Coco y sobre su zona económica exclusiva, mientras ésta no se reconozca en un tratado de límites con países vecinos, tal enunciado constitucional carece de efectividad para la comunidad internacional” (E. White, 21.8.98), confundiéndose además en el documento citado, lo que es “altamar” (donde hay incluso libertad de pesca) con el concepto de “zona económica exclusiva”.

Pero eso no es todo. Según la Cancillería había que aprobar el convenio tal y como estaba, pues “Costa Rica ya manifestó su consentimiento de obligarse por un tratado con la firma del Convenio y, de acuerdo con la norma pacta sunt servanda del derecho internacional, consagrada por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (aprobada y ratificada por Costa Rica), se debe cumplir con el proceso de aprobación y ratificación del Convenio”.

Sin necesidad de reiterar los argumentos de entonces contra esa afirmación de la vicecanciller White, y otros funcionarios de la Cancillería, nos remitimos a la situación actual donde, felizmente, se logró sustituir el mal convenio internacional, con un nuevo tratado, esta vez corregido, de límites marinos.

Pero bueno, hubo que esperar cuatro décadas, a que gracias a la razonable decisión del presidente Rafael Correa de acoger para el Ecuador, lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, tal y como fuere aprobado en votación dividida en la Asamblea Nacional de su país, el 22 de mayo del 2012, después de una amplia discusión.

De esta forma, allanado el camino, el 21 de abril del 2014, en Quito, los cancilleres Enrique Castillo Barrantes y Ricardo Patiño Aroca, de Costa Rica y Ecuador respectivamente, suscribieron un nuevo convenio sobre delimitación marítima, que en su Artículo Primero dice: “La zona económica exclusiva y la plataforma continental del Ecuador del Archipiélago de Galápagos y la zona económica exclusiva y la plataforma continental de Costa Rica de la Isla del Coco delimitan en el Océano Pacífico, en el sector donde se superponen…”, con lo cual se resolvió el problema que por tantos años, enfrentara a la Cancillería de Costa Rica, con los que, enérgicamente, no aceptábamos la pérdida de derechos reconocidos por la Convemar.

Así, al fin, después de aprobado ese particular tratado de límites marinos, pudimos, ambas naciones, fraternalmente, como siempre debió haber sido, ratificar esa bienvenida delimitación. Otro ejemplo de que, dialogando respetuosamente, y con argumentos razonables, se pueden alcanzar logros, como el señalado, en defensa de derechos soberanos de Costa Rica. Por ello, diez años después, lo recordamos, para que, quizá, nuevas generaciones se interesen y valoren, aún más, los derechos soberanos de Costa Rica en el mar.

Freddy Pacheco Leon

Por Freddy Pacheco Leon

Especialista en estudios de impacto ambiental. Asesor ambiental. Biólogo por la Universidad de Costa Rica doctor en Ciencias Biológicas por la University of Dundee, Escocia (1981). Jubilado como catedrático de la Universidad Nacional.