Gerardo Corrales: Acerca de la resolución de la Sala IV

Gerardo Corrales Brenes, Economista, Economía Hoy.

Hago la advertencia que no soy abogado constitucionalista, pero como costarricense y economista interesado en el futuro de este país y la sostenibilidad de nuestro Estado Social de Derecho y del Principio de Equilibrio Financiero de nuestra Constitución Política en su artículo 176, me complace la resolución de nuestra Sala Constitucional sobre las diferentes consultas del Proyecto de Ley de Empleo Público. Digno de destacar es la dedicación y esfuerzo que los señores Magistrados pusieron en el análisis y fundamentación de sus conclusiones, incluso hasta altas horas de la noche del pasado sábado. Me parece que las inconstitucionalidades encontradas, especialmente en materia de Rectoría del Mideplan son salvables y que el gran logro es haber determinado que no hubo vicios en el procedimiento legislativo para su aprobación y la aplicación sin excepciones del esquema de salario global o único a todo el sector público protegiendo los derechos adquiridos de los funcionarios públicos y a su vez, regulando para evitar más abusos desproporcionados en materia de beneficios económicos de las Convenciones Colectivas.

Ahora si, como economista, del ajuste que requiere el país para retomar una senda de unas finanzas públicas sostenibles, pasando de un déficit primario del 3.9% en el 2020 a un superávit primario en el 2023 del 1%, según la Carta de Intenciones firmada por el gobierno con el FMI, la Ley de Empleo Público es casi el 30% de dicho ajuste. ( ver estimaciones oficiales de Mideplan que se basan en datos reales de remuneraciones de funcionarios públicos estimando el ahorro anual en 1.3% del PIB y no en aproximaciones mal intencionadas que divulgaron algunos economistas de la UNA, usando datos de la Encuesta Nacional de Hogares que está hecha para otros propósitos). Y porqué esto es crítico para las familias y empresas, pues mientras siguiéramos teniendo un esquema de remuneración en el sector público distorsionado y no objetivo, con diferencias de hasta un 600% para un mismo puesto laboral , simplemente por tener una dis que mejor Convención Colectiva negociada en esa entidad, la distorsión mundial que hoy tenemos según los datos de la OCDE, que siendo que nuestro empleo público es solo el 15% del empleo total mientras que en dichos paises es del 20%, pero a nivel de remuneraciones del sector público en Costa Rica se dedica más del 50% de los impuestos y en la OCDE en promedio la mitad, el hueco fiscal anual de $10500 millones seguiría presionando las tasas de interés hacia arriba; presionando a la devaluación del colon; aumentando el costo de los servicios públicos y todo ese desbalance e ineficiencias trasladado a los hombros del resto de la colectividad con mayores impuestos; mayores cuotas de creditos para casas, carros, creditos personales, capital de trabajo y proyectos de las empresas.

Unido a la aprobación del crédito del FMI y el anuncio ayer de un aumento de las perspectivas de crecimiento económico del país para el 2021 y 2022, empieza a verse luz al final del túnel y lo que hay que pedir ahora es que nuestros diputados de forma responsable agilicen la aprobación del resto de proyectos u otros sustitutivos, que generen el rendimiento del ajuste que falta y que a su vez, los partidos y los candidatos en contienda para el 2022, no caigan en el juego del populismo barato y echen para atrás el avance logrado por la institucionalidad del país ( Sala Constitucional, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo ) pues tampoco es de recibo que ahora un partido político agarre estas buenas noticias y salga a decir que debido a su gran capacidad logró enderezar el rumbo económico del país. Ha sido la visión estadista y responsable ee nuestra institucionalidad que de nuevo nos está salvando de caer al precipicio. Hago un llamado a la objetividad, a divulgar la verdad, sobre el fallo de la Sala sobre la Ley de Empleo Público, pues las Agencias Calificadoras están supervisando lo que suceda para tomar sus decisiones y no quisiera para nada que corriéramos la misma suerte de nuestro hermano país de El Salvador que recién ha sido rebajado a un pais de riesgo sustancial especulativo, lo cual ahuyentará la inversión y encarecerá sus costos de financiamiento. Bien por la Institucionalidad del país pero aún falta tarea por hacer.