Las cárceles existen porque las sociedades fracasan. Fracasan la educación, la familia, la economía, la política y, en no pocas ocasiones, la propia comunidad moral. Convertir ese fracaso en una escenografía cuidadosamente diseñada puede satisfacer una necesidad emocional de orden, pero no constituye una solución.
Glenm Gómez Álvarez. Sacerdote y periodista.
Lástima que don Milo Junco (Q. D. D. G.) ya no esté entre nosotros. Sospecho que habría disfrutado —o quizá padecido— el ejercicio intelectual de interpretar lo que significa que, en la Costa Rica del siglo XXI, hayamos decidido destinar recursos públicos a vestir de naranja a las personas privadas de libertad.
Conviene comenzar por despejar un equívoco: esto no constituye una política criminal del Ministerio de Justicia. Es, ante todo, una política estética. Y, además, importada: una copia de modelos que han hecho de la exhibición del castigo un eficaz recurso de comunicación política.
No existe evidencia seria de que un uniforme penitenciario reduzca la delincuencia, disminuya la reincidencia o resuelva el colapso estructural de los sistemas penitenciarios. Ningún potencial delincuente desistirá de cometer un delito por el temor a vestir un traje naranja. Ninguna organización criminal será desarticulada por una modificación cromática. Ninguna víctima recuperará su dignidad porque el victimario haya sido uniformado.
Entonces, ¿para qué sirve?
La respuesta es tan antigua como la propia civilización: sirve para representar el castigo, para marcar la infamia. Toda sociedad necesita escenificar aquello que considera intolerable. En otras épocas existieron la picota, las marcas de fuego, la amputación de miembros, el triángulo amarillo, el sambenito, el escarnio público, las marcas corporales y los patíbulos. Las sociedades contemporáneas, más sofisticadas y, acaso, más hipócritas, ya no exhiben el suplicio; exhiben la condición del castigado. Hemos sustituido la violencia pública sobre el cuerpo por la teatralización pública de la identidad.
La cárcel moderna nunca ha dejado de ser un teatro moral. Por eso, la discusión sobre los uniformes penitenciarios no es una discusión sobre seguridad; es una discusión sobre antropología política. ¿Qué necesita ver una sociedad para convencerse de que se está haciendo justicia?
El color elegido tampoco es casual. La psicología del color lleva décadas enseñándonos que el naranja remite a la alerta, la excepcionalidad, la vigilancia y la máxima visibilidad. No es el color de la pertenencia. No es el color de la dignidad compartida. Es el color de la separación. Es el color del otro.
No estamos hablando de la camiseta de una selección nacional, cuyo uniforme genera identidad y orgullo colectivo. Tampoco hablamos del uniforme de un médico, de un bombero o de un trabajador de emergencias, cuya vestimenta expresa servicio y vocación. Estamos hablando, exactamente, de lo contrario: de una vestimenta cuyo propósito fundamental es recordar permanentemente, tanto a quien la lleva como a quien la observa, que esa persona ocupa un lugar de exclusión.
La historia humana conoce demasiado bien esta lógica. Sin necesidad de establecer comparaciones históricas simplistas o moralmente irresponsables, es imposible ignorar que los grandes sistemas de control social siempre han comprendido el inmenso poder político de la uniformización. Cuando se uniforma un cuerpo, no solo se organiza una población; también se construye una narrativa. La persona deja de ser un individuo para convertirse en una categoría. Deja de ser un nombre para convertirse en una función. Deja de ser una historia para convertirse en un símbolo.
Las imágenes recientes provenientes de las cárceles salvadoreñas han sido extraordinariamente eficaces, precisamente porque no pretenden comunicar rehabilitación, sino poder. No hablan del interno; hablan del Estado. No muestran personas; exhiben autoridad.
Y quizá allí se encuentre la verdadera novedad de nuestra discusión nacional. Durante décadas, Costa Rica sostuvo —a veces ingenuamente, a veces hipócritamente, pero la sostuvo— una filosofía penitenciaria que, al menos, aspiraba a reconocer en la persona privada de libertad a un sujeto capaz de reinsertarse en la sociedad. La incorporación de una estética penitenciaria importada de modelos marcadamente punitivos parece revelar un desplazamiento mucho más profundo: ya no basta con castigar; ahora es necesario que el castigo se vea.
Hay, además, una dimensión incómoda que pocas veces estamos dispuestos a discutir: la dimensión clasista de la estética. Las sociedades latinoamericanas han utilizado históricamente el uniforme para señalar jerarquías, establecer distancias y recordar posiciones sociales. Uniformamos a quienes sirven, a quienes obedecen, a quienes consideramos subordinados. El uniforme puede dignificar cuando expresa una misión compartida; pero también puede convertirse en un instrumento de humillación cuando su finalidad principal consiste en producir una identidad disminuida.
Y tal vez sea, precisamente, la humillación el concepto que más nos incomoda pronunciar. Porque la ignominia no siempre adopta la forma de la violencia física. Existe también una estética de la ignominia: aquella que necesita hacer visible la derrota social del otro para tranquilizar la ansiedad moral de los demás.
Las cárceles existen porque las sociedades fracasan. Fracasan la educación, la familia, la economía, la política y, en no pocas ocasiones, la propia comunidad moral. Convertir ese fracaso en una escenografía cuidadosamente diseñada puede satisfacer una necesidad emocional de orden, pero no constituye una solución.
Al final, la pregunta más perturbadora no es qué efecto producirá el uniforme naranja sobre quien lo vista. La verdadera pregunta es qué revela sobre nosotros la necesidad de verlo.
