Gloria Bejarano Almada.
Convencida de que es necesario hacer una revisión a los trámites comparto con ustedes mi columna de La Extra.
La tramitología y los costos para que las personas puedan ponerse “en regla” son tan engorrosos como onerosos lo cual, para algunos, es una invitación para permanecer en la ilegalidad.
Estamos en tiempos difíciles en los que necesitamos tener claro quienes ingresan al país, de donde vienen, y que trabajos desempeñan. Más aún, necesitamos que, si trabajan, estén asegurados y que tanto ellos como sus patronos estén cotizando a la Caja como corresponde. Así lo manda la ley y es un derecho consagrado en el Código de Trabajo, pero más importante aún, porque su salud es tan importante como la del resto de la población para minimizar riesgos de contagios y propagación de enfermedades.
Pero resulta que para estar “en regla” hay que realizar trámites que conllevan, además de tiempo, altos costos, incluido el pago de honorarios para que un abogado autentique y tramite documentos. El costo por permanecer y trabajar en forma legal en nuestro país, para un trabajador del campo, una empleada doméstica o un obrero de la construcción oscila alrededor de los 100,000 colones.
Recién tuve oportunidad de dar seguimiento a una solicitud de renovación del permiso de trabajo de una muchacha, un trámite que se supone es más sencillo y barato que la solicitud de residencia. Me comentó que para realizar un trámite de renovación se necesita hacer una cita en la Dirección General de Migración o en su defecto en alguna sucursal de Correos de Costa Rica. La cita se puede concretar vía telefónica en el 1311, lo cual tiene un costo de 300 colones por minuto, usted dirá no es mucho, pero la llamada no dura un minuto. Una vez ahí se deben presentar dos cartas del lugar de trabajo debidamente autenticadas por un abogado y hacer un depósito por $98.00 dólares a una cuenta del Ministerio, con la salvedad que este dinero se pierde si no se logra la correcta presentación de los documentos.
En el caso que nos ocupa, una de las cartas, copia fiel de la presentada durante su anterior solicitud de renovación de permiso le fue rechazada, se le indicó que debía agregar una frase confirmando que las condiciones de trabajo eran las mismas y proceder a presentarla una semana después con la correspondiente autenticación notarial. Cabe señalar que en algunas oportunidades las autoridades solicitan una declaración jurada, lo cual tiene un costo adicional de 60,000 colones.
La solicitante debe presentar comprobantes, copia del total de las páginas del pasaporte, de la cédula y el número de seguro social para demostrar que está debidamente asegurado. Por último, el día de la cita debe aportar la suma de 7,910 colones para que el permiso le sea enviado a la oficina de correos donde se realizó el trámite.
Entiendo la necesidad de establecer controles y tener la certeza de que las personas que emigran estén a derecho, pero no todos tienen la capacidad de acceder a un abogado, ni los recursos para pagarlos. Por otro lado, los patronos no siempre están en disposición de cooperar, no a todos les interesa que sus empleados estén “en regla”, cuestión de rentabilidad.
Sea como sea los perjudicados acaban siendo los trabajadores pues sin los documentos del patrón no hay trámite y sin dinero para hacer los gastos no pueden presentar los documentos… el resultado es que algunos optan por trabajar en forma ilegal…” jugándosela”, recibiendo menos salario y sin cotizar para la Caja. No sé cuál es la respuesta, pero hay que encontrar la forma en la cual a los migrantes les sea más sencillo ponerse en regla y con ello garantizar mayor control por parte de las autoridades.
La tramitología nos está ahogando, este es tan solo una pequeña muestra de lo difícil que es hoy poder realizar una diligencia para sacar un permiso de construcción, la inscripción de un producto por parte de un emprendedor o cualquier otro requerimiento para esta a Derecho.
Para inscribir sus productos en el Ministerio de Salud, una emprendedora me explicó tenía que contratar a una persona que le “hiciera la vuelta”. Además de cubrir sus honorarios, debía pagarle alrededor de 150.00 dólares por registro. Esto es, 150 dólares por registrar un queque seco, 150 por un por una empanada y si cambiaba el relleno o cambiaba el sabor del queque hay que pagar otros 150 más por producto. Para una pequeña empresa estos gastos están fuera de su alcance y si queremos estimular la economía en estos momentos, si queremos que la gente esté en regla, si de verdad queremos apoyar a las PYMES es necesario revisar estas disposiciones que hacen que un pequeño emprendimiento no pase de ser un negocito sin oportunidad real para que el emprendedor genere un ingreso sostenible y rentable.
Gloria Bejarano Almada, ha sido Primera Dama de Costa Rica durante el gobierno del presidente Rafael Calderón Fournier y diputada de la Asamblea Legislativa por el Partido Unidad Social Cristiana para el período 2010-2014.
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