Gloria Navas Montero, Abogada.
Carta a la ciudadanía Nº6
El “Ombudsman”, el “Defensor del Pueblo”, es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de los habitantes ante abusos que puedan hacer los poderes políticos. En un inicio, la defensa de los derechos humanos en Costa Rica estuvo bajo la responsabilidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos, creada como órgano de la Procuraduría General de la República en setiembre de 1982.Más adelante, con la aprobación de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (Ley n.° 7124), se crea la Defensoría General de los Derechos Humanos adscrito al Ministerio de Justicia. La redacción del proyecto costarricense se basó en la Ley del Defensor del Pueblo Español del 6 de abril de 1981. En el mes de noviembre de 1992, se aprueba la Ley 7319 del Defensor de los Habitantes de la República . Poco tiempo después se reforma mediante la Ley 7423 del 18 de julio de 1994, para sustituir la palabra “Defensor” por “Defensoría.”
En los últimos tiempos se ha desarrollado un ataque frontal contra nuestra Defensora nombrada por la Asamblea Legislativa precisamente a raíz de su intervención en ese carácter obligado en el caso UPAD, el más serio a nivel nacional de los últimos tiempos por tratarse de un “espionaje” a la ciudadanía dirigido desde la Casa Presidencial. No es necesario por ahora entrar en detalles pero conocemos que la causa penal está en trámite contra el señor Alvarado y otras personas más. El 27 de agosto hay una audiencia en la Sala de Casación Penal. Asimismo, la Asamblea Legislativa abrió una investigación en Comisión Especial de la que se nos informa públicamente porque de ahí han surgido más detalles para llevarlos al Ministerio Público. En estos días se han entrevistado expertos quienes han opinado sobre el irrespeto a la normativa constitucional, ordinaria e incluso penal por la violación al derecho ciudadano en torno al principio de la autodeterminación de la información, derecho humano sobre el resguardo de datos personales.
La señora Defensora de Habitantes ha sido sometida a una persecución indebida precisamente por que fue la primer funcionaria que en cumplimiento de sus atribuciones intervino, se apersonó a la Casa Presidencial e hizo declaraciones públicas que comprometían seriamente al presidente y a un grupo de asesores. Su denuncia formal consta en el expediente judicial. A partir de ahí y de una supuesta “pérdida de grabación”, que está asimismo en investigación en el Ministerio Público ante denuncia de ella misma se ha desatado toda una persecución e insistencia de que se le investigue. El asunto es que sus detractores son funcionarios de esa Defensoría que tienen intereses que no revelan pero que son evidentes: pretender fortalecer la defensa del presidente y su organización seriamente cuestionada. Esa grabación no la borró ella ni mucho menos y por eso pidió la investigación. En todo ello hay mano criminal que proviene de esos intereses oscuros. A partir de ahí se ha desatado esa persecución porque hay gente muy interesada en que se vaya y no continúe con su labor de protección “porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho.” (Art. 1 de la Ley No. 7423, Defensoría). Este es todo el asunto.
Así como pueblo somos atacados y burlados, esos mismos grupos igualmente organizados con una directriz deleznable quieren sacarla porque ella no se deja poner el bozal. Nuestro apoyo pleno a otra mujer valiente de nuestro país. No traguemos carbón. El Consejo de Directores de la Defensoría no ha actuado con lealtad ni con verdad. Ese grupo que se supone debe defendernos nos ataca y se utiliza como otro distractor más al celo ciudadano.
Sigamos despiertos Costa Rica!!!
Gloria Navas Montero.
Abogada y Notaria. Derecho Penal, Constitucional, Administrativo y Laboral
Ex funcionaria pública y del Poder Judicial.
glorianavas@navaslaw.com
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