Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo – Esteban Rojas Sáurez

Imponer un impuesto al valor agregado de un 13 por ciento a los bienes y servicios, realizar cambios a los gravámenes sobre la renta, modificaciones en el tema de empleo público y una nueva regla fiscal, son los principales puntos que contempla el proyecto de impuesto que se discute en la Comisión Especial de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que inició funciones hoy por la mañana.

La Directora General de Hacienda, Priscilla Piedra, explicó a los diputados que conforman este órgano legislativo que el impuesto de valor agregado grava todas las etapas del proceso productivo y la prestación de servicios, es un impuesto “que se autocontrola”.

El proyecto plantea una ampliación de la base impositiva a toda la venta de bienes y servicios en un 13 por ciento y se crea una reducción de un 4 por ciento. Mientras se exoneran los productos de la Canasta Básica y lo insumos de esta.

Se exoneran los alquileres inferiores a un salario base, el consumo eléctrico inferior a los 250 k/h, además, se mantiene una tasa cero a las exportaciones.

Los servicios de turismo tendrán una tasa diferenciada de un 4 por ciento durante el primer año, un 8 por ciento para el tercer año, hasta legar al 13 en el cuarto año.

Otro de los cambios propuestos son las modificaciones sobre el impuesto sobre la renta.

Los funcionarios de Hacienda comentaron que la actual legislación favorece la elución y no grava las ganancias de capital.

La propuesta establece un gravamen unificado a las rentas de capital de un 15 por ciento.

Las cooperativas, mutuales y otros, sobre sus excedentes deberán pagar un 8 por ciento y los excedentes de las cooperativas pasan de un 5 a un 8 por ciento.

En el tema de empleo público, se regula y se define lo referente a dedicación exclusiva y prohibición.

Crea límites a las remuneraciones totales y regula las anualidades.

En cuanto a la regla fiscal, lo que busca es desacelerar el gasto corriente. Ivania García, funcionaria del Ministerio de Hacienda señaló que “a mayor deuda, mayor restricción del gasto”.

La iniciativa plantea también, una posibilidad para salir de la regla en caso de emergencia nacional, cuanto esta supere el 0,3 por ciento del Producto Interno Bruto.

El Viceministro de Ingresos, Leonardo Salas argumentó que, de no avanzar la iniciativa de ley, el país entraría en problemas serios, ya que las calificadoras de riesgo bajarían las calificaciones y esto generaría un aumento en las tasas interés de los créditos y “se va a encarecer el nivel de vida”.

Esta aseveración la hizo ante la consulta del diputado de Acción Ciudadana, Marco Vinicio Redondo Quirós, sobre los riesgos de no aprobar la iniciativa antes de que ellos dejen sus curules.

Salas explicó, además, que si bien el proyecto no solventa todo el problema fiscal que enfrenta el país, es una buena señal de cara a los organismos internacionales y a lo interno. “Es insuficiente para lograr una reducción más amplia del déficit, pero esto da un respiro”.