Gonzalo Rodríguez: Entidades de gobierno carecen de profesionalismo y competencias técnicas para cumplir con procesos de información y comunicación a la ciudadania.

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Gonzalo Rodríguez Mejías, Economísta,

¿Cómo podemos confiar en que la información y comunicación de las diferentes entidades de gobierno, sea confiable, veraz, idónea, oportuna, libre de errores, defectos, omisiones, modificaciones no autorizadas, y apegada a las disposiciones legales y la normativa técnica aplicable; de manera que esta se constituya en un proceso transparente y claro de rendición de cuentas y a la vez que sea entendida y objeto de uso, como insumos informativos, tanto por conocedores de la materia, profesionales, científicos sociales, como  por  la ciudadanía en general?

A partir de las conclusiones, del estudio de auditoría hecho por la Contraloría General de la República, a un informe de avances y resultados, presentado por la rectoría que recae sobre el Ministerio de Trabajo y Seguridad social, en las variables atinentes a: Sector Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social, como parte de las intervenciones estratégicas, a nivel nacional, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022; se puede concluir lo siguiente:

  • Se carece en las entidades públicas de la capacidad técnica y profesional, para la construcción, formulación, interpretación y explicación de aspectos metodológicos, de los procesos de recolección, ordenamiento y presentación de información, concerniente a avances de resultados en las diferentes políticas públicas.
  • El estudio de auditoría y su informe N° DFOE-SOC-IF-00007-2020, únicamente evalúa, la calidad de la información, sin que entre a analizar la eficiencia y eficacia de las intervenciones estratégicas. A partir de este elemento, se puede concluir, que si un informe de resultados, presenta problemas metodológicos graves en cuanto a la recolección, ordenamiento y presentación de la información, es muy probable que también, tenga deficiencias en la eficiencia y eficacia de las intervenciones y acciones. Por ejemplo, una mala construcción y formulación de un indicador, al final no transmite, ni refleja el propósito de un objetivo y meta del mismo.
  • Por mi experiencia en mis labores de muchos años en el sector público, y varios de ellos en las áreas de control interno, sé de los problemas culturales, de nuestras instituciones, en el sentido de preocuparse y ocuparse, eficiente y diligentemente en los procesos de rendición de cuentas, sobre las acciones y actividades públicas y su correspondiente respaldo presupuestario.

Si bien en este informe de estudio de auditoría, no se incluye en forma completa el informe presentado por la rectoría del MTSS, con respecto al avance de las variables mencionadas, y tampoco como lo afirma la CGR, ha sido publicado en la página Web del ministerio de trabajo, el mismo presenta una especie de resumen en forma de matriz.

A continuación, presento algunos de los hallazgos de la auditoría, de acuerdo a los tipos de conclusión por meta, del cuadro 2.Elaboración propia.

 

 

Meta 1:  Abstención de opinión.

Considerando los asuntos descritos en los párrafos 1.11 al 1.28 de este documento (informe de auditoría) no fue posible para la Contraloría General de la República obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para conformar una base razonable para emitir una opinión sobre la calidad de la información reportada.

El párrafo 1.11 dice: Algunos de los componentes de la ficha del indicador relacionados con la meta en estudio no son congruentes entre sí, en aspectos tales como:

  1. El indicador denominado “Número de personas estudiantes de secundaria que reciben beneficio de Avancemos…” no mide con precisión el objetivo perseguido por la intervención estratégica relacionada con la permanencia en el sistema educativo formal de los estudiantes en situación de pobreza.

Además, la redacción del indicador se circunscribe al beneficio de Avancemos, otorgado por el IMAS; sin considerar el programa de becas ejecutado por JUDESUR y que forma parte de la composición de la meta física.

  1. El componente denominado “Definición Conceptual” no contempla los aspectos metodológicos necesarios para interpretar y comprender el indicador, dado que únicamente expone información relacionada con la transferencia monetaria condicionada (TMC) del programa Avancemos, y omite describir el programa de becas facilitado por JUDESUR.

Meta 3: Conclusión adversa.

En opinión de esta Contraloría General, según lo expresado en los párrafos 1.43 al 1.58 de este documento (informe de auditoría), en el que se señalan áreas de mejora en los componentes de la ficha del indicador, así como por las limitaciones señaladas para medir lo pretendido por el indicador, se concluye que el avance del cumplimiento de esta meta para el periodo 2019, no cumple en sus aspectos significativos con la calidad requerida de conformidad con las disposiciones legales y normativa técnica aplicable.

El párrafo 1.43 dice:

Los siguientes componentes de la ficha del indicador relacionados con la meta en estudio no son congruentes entre sí, en aspectos tales como:

Acorde con el planteamiento técnico definido por MIDEPLAN, el componente denominado “Definición Conceptual” debe considerar los aspectos metodológicos necesarios para la interpretación y comprensión del indicador, al respecto:

Se evidenció que en el PNDIP (Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública),  se formularon aspectos metodológicos necesarios para la interpretación del indicador en notas al pie de la programación de la meta, siendo lo correcto haberlos considerado en el componente citado en el párrafo anterior.

Los elementos identificados con esta característica corresponden a los modelos de atención integral llamados “Puente al Bienestar” y la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo; así como la delimitación del registro del cumplimiento de la meta a “hogares nuevos” que se incorporan en dichas intervenciones.

En esa misma línea, se identificó que el concepto correspondiente a la formulación del Plan de Intervención Familiar fue definido en el componente denominado “Interpretación”, no obstante, este elemento de la atención es imprescindible para la cuantificación y entendimiento del indicador, en cuyo caso debió haber sido considerado en el componente “Definición Conceptual”.

Meta 6: Conclusión con reservas.

En opinión de esta Contraloría General; a excepción de lo expresado en los párrafos 1.94 al 1.104 relacionado con la formulación del indicador y la confiabilidad, oportunidad y utilidad de la información, se concluye que la información reportada sobre los resultados de las metas del PNDIP en el período 2019 cumple en sus aspectos significativos con la calidad requerida, de conformidad con las disposiciones legales y normativa técnica aplicable.

El párrafo 1.94 dice: Del análisis a la ficha del indicador formulada para esta meta, se evidenciaron áreas de mejora en los siguientes términos:

El componente denominado “Definición Conceptual” no contempla los aspectos metodológicos necesarios para interpretar y comprender el indicador, por cuanto no existe explicación de los conceptos «pensión otorgada», «pensión ordinaria», «pensión parálisis cerebral profundo» y «acumulado de personas».

No se evidenció la “Desagregación” temática del indicador, a pesar de que el indicador conlleva al otorgamiento de las pensiones por tipo de riesgo (vejez, invalidez, orfandad, viudez, indigencia, parálisis cerebral profunda, autismo, mielomeningocele o enfermedad neurológica equiparable en severidad).

Observando las evidencias y hallazgos de este estudio de auditoría, nos preguntamos con suma preocupación, ¿Cómo se están desarrollando todas las acciones y actividades concernientes a la atención de la emergencia sanitaria? Debemos recordar que este estudio de auditoría se realizó basado en los informes de avance de resultados de las metas del Plan Nacional de Desarrollo a la fecha del 31 de diciembre del 2019. Con el inicio del año 2020 nos enfrentamos a la emergencia del coronavirus, y a la respuesta de autoridades de gobierno ante las necesidades básicas de la población más vulnerable. Entre ellas, las ayudas alimentarias para estudiantes de primaria y secundaria y el Programa PROTEGER.  El IMAS y la organización SINIRUBE (Sistema Nacional de Información y Registro Único de beneficiarios del Estado) son también los organismos centrales que están detrás de toda la logística de la distribución de los beneficios. Si por la víspera se saca el día, las cosas no pintan bien.

Por un lado, se escucha que las ayudas son recogidas en vehículos de lujo, (obviamente vivillos que no necesitan), por otro lado, se sabe de gente sumamente necesitada, a quienes estos beneficios no llegan. Qué lástima que no haya entidades y funcionarios públicos que verdaderamente se pellizquen.

Me pregunto: ¿El SINIRUBE, tiene alguna conexión con las asociaciones de desarrollo comunal, que son quienes conocen al dedillo todas las necesidades de sus vecinos?

 

 

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