Gonzalo Rodríguez: Grandes desafíos le esperan a nuestra región subcontinental

Una medida o indicador que es congruente, con lo expresado anteriormente, es el coeficiente Gini para nuestra Región que durante muchos años se ha mantenido en un promedio de 0.5, lo cual indica que no se han realizado grandes esfuerzos tendientes a disminuir dicho índice.

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Gonzalo Rodríguez Mejías, Economísta.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), acaba de publicar el informe titulado: Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021, con el cual nos alecciona sobre los grandes desafíos que nos esperan en el mundo y particularmente a la Región de América Latina y el caribe, en el escenario pandémico y pospandémico.

El informe consta de tres capítulos, intitulados de la siguiente forma: I. Desafíos para mantener una política fiscal expansiva que impulse la recuperación transformadora pos-COVID-19, II. Impuestos sobre el patrimonio neto en américa Latina, y III. La política fiscal con enfoque de género en América latina.

Quiero iniciar este análisis, citando textualmente, un párrafo de la introducción del capítulo I de dicho informe:

‘’La crisis ha magnificado y dejado en evidencia las debilidades del modelo de desarrollo existente, caracterizado por la persistencia de grandes brechas estructurales, así como los elevados niveles de desigualdad, la pobreza, la informalidad, el escaso crecimiento y la baja productividad, y las vulnerabilidades frente al cambio climático y los desastres naturales, entre otros. Frente a este panorama, la CEPAL (2020c) ha subrayado la necesidad de impulsar una recuperación transformadora que apunte a la creación de economías sostenibles y sociedades inclusivas’’.

Es evidente que, no existe en nuestra región, voluntad política para el emprendimiento de reformas estructurales que privilegien una cultura de previsión y búsqueda de desarrollo socioeconómico con visión de igualdad, universalización de beneficios, externalidades positivas, redistribución de riqueza y oportunidades de promoción para grandes mayorías.

Ateniéndome a las especificidades de cada capítulo, me propongo hacer un pequeño resumen, resaltando los aspectos de mayor relevancia en cada uno de ellos y aportando indicadores y datos publicados en el informe. Así mismo, me propongo, dar una opinión sobre la situación imperante en nuestro país al respecto.

Con respecto al primer capítulo la CEPAL resalta la difícil condición fiscal de los países del Área, en escena antes de la pandemia y agravada por  la aparición de ésta, cuyos efectos propiciaron, una enorme contracción de las actividades productivas  y consecuentemente, la disminución de los ingresos tributarios, aumento del desempleo y la pobreza; todo esto acompañado de aumentos extraordinarios de gastos en que inevitablemente han tenido que incurrir los gobiernos, para atender la emergencia sanitaria, así como, sostener medianamente las actividades productivas prioritarias y el socorro alimentario para los agentes económicos de mayor vulnerabilidad social. De más está añadir que toda esta crisis mundial, atrasaría en más de una década los objetivos de desarrollo sostenible, propuestos en la Agenda 2030.

La caída de los ingresos tributarios y no tributarios de 16 países de la región incluyendo a Costa Rica fue de 0.5 puntos porcentuales como proporción del PIB de la región, entre 2019 y 2020. No obstante, es importante indicar que se trata de un dato promedio. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, si bien tuvo, en concordancia con el resto de los países una importante disminución de ingresos totales, entre marzo y mayo del 2020, que al final del año 2020 se traduce en 1.1% del PIB, (Gráfico I.3), experimenta una extraordinaria recuperación en cuanto al IVA, al punto de ser el país que más ingresos obtiene por ese rubro, proporcionalmente, al finalizar el año 2020. Ver gráfico I.2 del informe. Por supuesto que tal aumento de ingresos debe obedecer a aumentos de base tributaria. Un acto fiscal totalmente contra cíclico, tomando en cuenta la precaria y vulnerable situación de las familias costarricenses.

En cuanto al gasto de los gobiernos centrales de los mismos 16 países de la región, tuvo un aumento de 3.3 puntos porcentuales, entre 2019 y 2020, como proporción del PIB, con un mayor crecimiento de gasto corriente, en concordancia, con los esfuerzos de los gobiernos por atender prioritariamente la emergencia sanitaria. Aquí de nuevo es necesario resaltar el hecho de que Costa Rica experimentó un aumento del gasto total entre el año 2019 y 2020 de 0.4 puntos porcentuales del PIB, aun cuando se dio una variación interanual del gasto primario de un -6.4%. ¿Como se interpreta esto? Lo que pasó es que Costa Rica tuvo un importante aumento en el pago de intereses por deuda, y disminuciones sustanciales del gasto primario, e incluso de gasto de capital. Ver gráficos I.7 y I.8.

Si fuera necesario indicar una conclusión, acerca del comportamiento y actitud de nuestro gobierno central en cuanto a la atención de la emergencia sanitaria y la adopción de medidas fiscales y tributarias, con el fin de paliar la crisis, habría que decir que los esfuerzos del gobierno han sido pírricos. Consecuentemente, habría que concluir que, todos los esfuerzos para enfrentar la pandemia han corrido por cuenta del presupuesto de la CCSS. El resultado es precisamente lo que estamos viendo y escuchando por medios de prensa, sobre las diferentes insuficiencias de recursos para enfrentar la crisis.

En resto del mundo se habla de una erogación de alrededor de 8 billones de dólares, para enfrentar tanto la pandemia, como algunas medidas de alivio tributario para la población. En la región de América Latina, también se dieron erogaciones importantes, para enfrentar la emergencia sanitaria y apoyos a los sectores productivos más perjudicados por la crisis.

Aquí es importante preguntarse: ¿Que pasó en nuestro país? ¿Por qué hubo tanta apatía fiscal de nuestras autoridades económicas de gobierno, para formular estrategias y medidas de ayuda a la población? La más llamativa iniciativa del gobierno fue el establecimiento de los bonos alimentarios, que por cierto fue un completo fracaso, en cuanto a la logística de administración y asignación.

Se resalta también en el informe, la precaria situación de los países de la región en cuanto a la recurrencia de déficits fiscales que han tenido importantes variaciones entre el año 2019 y 2020, con escasas excepciones como el caso de México y Argentina en el área continental y países como Jamaica y Barbados en el área del Caribe. Se destaca el hecho de que Costa Rica tuvo uno de los déficits globales más altos de la región en el 2019 con -6.8%, superado únicamente por Surinam. Para el 2020 Costa Rica llega al -8.1% de déficit global. Algunos países mantienen cifras parecidas y otros la superan, no obstante, se debe recalcar que naciones como Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y República Dominicana, impulsaron medidas administrativas y regímenes tributarios especiales, no solamente para aliviar la situación en pandemia, sino también para, propiciar un flujo de ingresos tributarios adecuado para años venideros.

El otro elemento que se resalta, es el endeudamiento de la región, que en conjunto aumentó de un 45.6% a un 56.3% como porcentaje del PIB. Para el 2020, Costa Rica supera ese promedio con un 67.9%, ubicándose en el tercer lugar de la región –16 países mencionados– solamente superado por Argentina y Brasil. Ver gráfico I.15.

Sobre el capítulo II es importante destacar la preocupación de la CEPAL, porque los gobiernos actúen de conformidad en la lucha contra la desigualdad de ingresos y riqueza, la escasa progresividad de la estructura tributaria y la insuficiencia recaudatoria. Para ello recomienda entre varios aspectos: 1) el cambio de composición en la estructura tributaria entre impuestos indirectos e impuestos directos, de manera que estos últimos sean de una proporción mayor, 2) lucha contra la evasión y elusión fiscal, 3) revisión de regímenes de gasto tributario y privilegios fiscales 4) diseño de estructuras fiscales y tributarias encaminadas a la misión fundamental de redistribuir la riqueza entre los diferentes agentes sociales y económicos, 5) pensar en la posibilidad de impulsar el establecimiento de un impuesto al patrimonio neto de las personas físicas. Este patrimonio neto estaría compuesto por activos físicos, financieros, herencias, bienes inmuebles y algunas transferencias financieras. En nuestro país esta última iniciativa requiere de un análisis muy profundo y sobre todo alejarse de la búsqueda de beneficios para grupos particulares y en lugar de ello; pensar en el futuro de nuestras generaciones actuales y venideras.

Resulta destacable el hecho de que nuestra región es la más desigual el mundo en cuanto a distribución de ingreso y riqueza. Del gráfico II.1 podemos observar que el percentil 1% de mayores ingresos se apropia de aproximadamente el 23% del ingreso total en la Región de América Latina. Para el caso específico de Costa Rica, el percentil 1% de mayores ingresos concentra alrededor del 21% de los ingresos totales. Chile, Brasil y México son también altamente desiguales y concentradores del ingreso nacional.

Una medida o indicador que es congruente, con lo expresado anteriormente, es el coeficiente Gini para nuestra Región que durante muchos años se ha mantenido en un promedio de 0.5, lo cual indica que no se han realizado grandes esfuerzos tendientes a disminuir dicho índice.

En el cuadro II.1 encontramos una muy interesante comparación entre la carga y estructura tributaria de América Latina y los países desarrollados (OCDE). En primer lugar, observamos que la carga tributaria de los países de OCDE alcanza en promedio un 34% del PIB, en tanto que nuestra región arriba únicamente al 23%. Con respecto a la estructura tributaria, observamos lo apuntado anteriormente en el sentido de que los ingresos tributarios de los países desarrollados dependen más de impuestos directos que de los indirectos, o al menos presentan una proporción más equilibrada. También la composición de los impuestos a la renta se muestra de forma inversa, es decir en los países desarrollados, la carga tributaria correspondiente a las personas físicas es mayor que la de las empresa y corporaciones.

Esto es algo a lo que nuestro país deberá enfrentarse para ponerse a día, como compromiso para ser parte de la OCDE.

Por último, un elemento de este capítulo II que quiero resaltar es el problema de la fuga de capitales financieros hacia paraísos fiscales y su repercusión en los ingresos tributarios de los diferentes países. En el cuadro II.2, podemos observar que alrededor de 7.6 billones de dólares son traslados de los diferentes países hacia el extranjero, en el mundo entero y que esa cantidad de patrimonio, constituye una disminución de ingresos tributarios de alrededor de 190 mil millones de dólares. Para el caso de nuestra Región, son aproximadamente 700 mil millones de dólares que se van al extranjero. Esa cantidad constituye el 22% del total de patrimonio financiero de América Latina y una pérdida de recaudación tributaria de 21 mil millones de dólares para la Región.

El capítulo III se refiere a un tema de mucha relevancia actualmente, y es la necesidad de encaminar iniciativas que se propongan la igualdad de género en forma general, pero especialmente en las políticas fiscales y tributarias de los diferentes países.

El informe es presto en aclarar que el concepto de -género- a diferencia del término –sexo-, que se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres; hace referencia a las identidades, funciones y atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que la sociedad atribuye a esas diferencias bilógicas

El enfoque del análisis de este capítulo está puesto en eliminar una serie de sesgos, tanto explícitos como implícitos incluidos en las políticas públicas, — en este caso, política fiscal y política tributaria–, que propician la discriminación y la desigualdad entre hombres y mujeres.

Los cuadros III.1 y III.2 del informe, ejemplifican los tipos de sesgo implícito y explicito que contienen las políticas tanto fiscales o tributarias, que constituyen discriminaciones de género y que, por lo tanto, debieran ser revisadas y corregidas.

Por último, a manera de conclusión y dado que estamos en un contexto electoral, me parece que la lectura cuidadosa de este informe es un insumo invaluable para todo aquel político costarricense que aspira a ocupar tanto la presidencia de la república, como otros puestos relevantes de gobierno y que, obligatoriamente les pondrá en contacto directo con la formulación y planificación de programas y políticas de gobierno. Claro, esto partiendo de la premisa de que quienes tienen aspiraciones políticas están verdaderamente interesados en dar un rumbo diferente a este país, a partir de la superación de la emergencia sanitaria y sus consecuencias colaterales.


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