Guatemala debería hacer más por las personas LGBT

“Sabemos dónde vivís y te vamos a matar”. Estas palabras resonaban en la mente de Ale aún mucho después de haber dejado Guatemala en busca de asilo. Los hombres que la amenazaban la llamaban casi todos los días para extorsionarla durante dos meses en 2018. En estas llamadas, le proferían insultos homofóbicos y comentarios que no respetaban su género.

“Es lo que sucede cuando te ves así”

“Es lo que sucede cuando te ves así”

El caso de Ale fue una de las decenas de historias documentadas por Human Rights Watch en un informe que se publicó en marzo de 2021 sobre violencia y discriminación contra personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) en Guatemala. Entre los agresores había agentes de seguridad pública, pandillas y miembros del público. Human Rights Watch llevó a cabo la investigación en 2019 y 2020, pero el año 2021 se está perfilando como igualmente peligroso para las guatemaltecas y los guatemaltecos LGBT. La Procuraduría de los Derechos Humanos informa que durante el primer mes de 2021, al menos cinco personas gais y trans fueron asesinadas en el país.

Las autoridades guatemaltecas deberían priorizar la protección de las personas LGBT, pero con frecuencia las propias autoridades son parte del problema. En el caso de Ale, cuando informó a la policía sobre los llamados, le respondieron con epítetos homofóbicos en vez de ofrecerle ayuda.

El mes pasado, Galilea Monroy de León, directora de la organización de derechos de las personas transgénero REDMMUTRANS, contó que fue interceptada en la calle por policías que buscaban a una persona que presuntamente había robado un arma de fuego. Cuando Monroy pidió que la cachera una mujer policía, un agente le respondió “Vos sos hombre, mirate los genitales”. Mientras la empujaban contra una pared, Monroy explicó que es defensora de derechos humanos. Un policía dijo, “Los derechos humanos me pelan”. REDMMUTRANS ha pedido que la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público investiguen el incidente.

Los casos como el de Monroy son comunes en Guatemala, y los prejuicios de muchas autoridades contra las personas LGBT dejan a estas expuestas a niveles gravísimos de violencia y discriminación. El Congreso debe dar pasos significativos orientados a incrementar las protecciones para las personas LGBT, entre otras cosas, aprobando la Iniciativa 5674, que abordaría los delitos de odio y exigiría que el gobierno establezca un plan nacional integral para proteger los derechos de las personas LGBT e intersexuales. Asimismo, debería abandonar el proyecto de “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”, de contenido discriminatorio, y cesar el hostigamiento a las autoridades que apoyan los derechos de las personas LGBT.

Monroy afirma que está decidida a obtener justicia por la discriminación que sufrió, a fin de que a otras personas trans no les ocurra lo mismo. Es tiempo de que las autoridades guatemaltecas se sumen a su lucha.

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