Guatemala: Elección de fiscal general es crucial para el Estado de derecho

(Washington, D.C.) – El nombramiento de un nuevo fiscal general en Guatemala debe ser el resultado de un proceso público, transparente e independiente, señaló hoy Human Rights Watch. Los gobiernos preocupados por la situación en el país deben monitorear de cerca el proceso y sancionar a los individuos, incluyendo del sector privado, que socaven el Estado de derecho.

Está programado que la comisión de postulación presente una lista de seis candidatos el 20 de abril de 2022. El presidente Alejandro Giammattei nombrará a quién sucederá a la fiscal general Consuelo Porras, cuyo mandato expira en mayo. Durante sus cuatro años en el cargo, Porras ha socavado las investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos, y el Ministerio Público ha iniciado procesos penales arbitrarios contra periodistas, jueces y fiscales.

“El mandato de Consuelo Porras como fiscal general ha sido una desgracia para el Estado de derecho en Guatemala”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. “Su sucesor tiene la posibilidad de desempeñar un papel fundamental para proteger las instituciones democráticas o podría, en cambio, darle un tiro de gracia al Estado de derecho en el país”.

El proceso de selección, que comenzó en enero, está a cargo de una comisión de postulación de 15 miembros compuesta por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, los decanos de todas las facultades de derecho del país y dos representantes del colegio de abogados de Guatemala.

La comisión está considerando actualmente a 15 candidatos, incluidos la fiscal general Porras; el actual procurador general, Jorge Luis Donado; y el jefe de la comisión presidencial contra la corrupción, Oscar Dávila.

En una carta enviada a la comisión de postulación el 16 de marzo, Human Rights Watch instó a sus miembros a evaluar rigurosamente si la trayectoria profesional probada de cada candidato indica que estarían dispuestos y serían capaces de garantizar el buen funcionamiento del sistema de justicia penal y de administrar justicia imparcialmente. La comisión debe asegurarse de que todos los candidatos preseleccionados hayan demostrado tener la más alta honradez. Cada miembro de la comisión debe proporcionar una justificación clara y pública de sus decisiones, incluidos sobre cuáles candidatos apoya.

El proceso de selección actual se ha visto afectado por varios intentos de interferir con la independencia de la comisión de postulación y con la imparcialidad y rectitud del proceso.

El 6 de abril, la fiscal general Porras advirtió a los miembros de la comisión de postulación que podrían sufrir “responsabilidades administrativas y legales” si examinaban la información proporcionada por un abogado que acusó a Porras de haber plagiado su tesis doctoral. Porras dijo que la comisión no tenía mandato para investigar esta tacha, como conoce en Guatemala a las objeciones a las candidaturas, porque no existe una sentencia judicial que determine que ella cometió plagio.

El 23 de enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala emitió un comunicado de prensa acusando a las embajadas, incluidas las de Estados Unidos y otras de países europeos, de “inmiscuirse en asuntos internos” luego de que solicitaron a la comisión una reunión para conocer sobre su trabajo y cómo las embajadas podrían apoyarlo. Después de que el gobierno emitiera su comunicado de prensa, las embajadas cancelaron su solicitud de reunión.

La Fundación contra el Terrorismo, una organización no gubernamental de derecha que apoya la reelección de la fiscal general Porras, ha presentado varias acciones judiciales que parecen destinadas a socavar la independencia e imparcialidad del proceso de postulación. Denuncias anteriores de la fundación contra fiscales, jueces y funcionarios anticorrupción han dado lugar a varias investigaciones y procesos penales durante el mandato de Porras, y en ocasiones la fundación ha indicado que conocía decisiones del Ministerio Público antes de que estas se hagan públicas de forma oficial. Estados Unidos ha sancionado a varios miembros de la fundación por presuntamente obstruir procesos penales sobre corrupción. Sus recientes acciones judiciales incluyen las siguientes:

El 1 de febrero, la fundación presentó una denuncia penal contra David Gaitán, entonces miembro de la comisión y decano de la facultad de derecho de la Universidad Da Vinci, quien había liderado esfuerzos en la comisión para examinar exhaustivamente los antecedentes de los candidatos. La denuncia acusaba a Gaitán del delito de “abuso de autoridad” por no tener una maestría, un requisito para ser decano según las normas internas de la universidad. La facultad de derecho dijo que había suspendido la aplicación del requisito en este caso. El Ministerio Público avanzó rápidamente con una investigación penal: el 2 de febrero, el Ministerio Público solicitó información a la facultad de derecho sobre el nombramiento de Gaitán. El 3 de febrero, Gaitán renunció a la comisión y esta abandonó sus esfuerzos por realizar una evaluación más exhaustiva de los candidatos. La investigación contra Gaitán sigue abierta.
El 1° de febrero, la Fundación contra el Terrorismo presentó una demanda solicitando que el plazo durante el cual los candidatos han ejercido como jueces de primera instancia no se contabilice como parte de los 10 años de experiencia profesional que la Constitución exige para ser fiscal general. El 17 de febrero, la Corte de Constitucionalidad emitió un “amparo provisional” a favor de la fundación, lo cual revierte un precedente del mismo tribunal de 2014. Si bien los precedentes de la Corte Constitucional no son vinculantes, el repentino cambio de reglas bloqueó la candidatura de varios jueces anticorrupción de alto perfil que habían expresado su interés en postularse, o que se habían postulado en el pasado y se esperaba que lo hicieran nuevamente. Entre ellos se encontraba la jueza Erika Aifán, quien investigaba un caso de corrupción que implicaba al presidente Giammattei, y que ha enfrentado varios cargos penales, presentados por la Fundación contra el Terrorismo, que parecen ser totalmente espurios.
El 17 de febrero, el presidente de la fundación amenazó con presentar una denuncia contra la Universidad Landívar, cuyo decano de la facultad de derecho es miembro de la comisión de postulación, luego de que la universidad realizara un evento académico virtual con Juan Francisco Sandoval, el respetado ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Sandoval cuenta con varias órdenes de captura que parecen ser totalmente espurias en su contra y ha solicitado asilo en Estados Unidos. Con posterioridad, el presidente de la fundación presentó una denuncia penal contra el decano de derecho de la Universidad Landívar, acusándolo de ser un “instrumento” de la defensora de derechos humanos Helen Mack y de la embajada de Estados Unidos en Guatemala para “presionar” a la comisión de postulación para que nombrara a un fiscal general “de izquierda”. El presidente de la fundación presentó una copia de la denuncia a la comisión de postulación, pidiéndole que frene las supuestas presiones del decano. Los miembros de la comisión dijeron públicamente que el decano no los había presionado.

En años anteriores, las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por las Naciones Unidas y cerrada por el gobierno del expresidente Jimmy Morales en 2018, expusieron esquemas de corrupción en los tres poderes del Estado.

Sin embargo, la fiscal general Porras ha hecho retroceder a Guatemala varios pasos en la lucha contra la corrupción y la impunidad por violaciones de derechos humanos.

En septiembre de 2021, Estados Unidos incluyó a Porras –y a su secretario general Ángel Pineda– en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos, conocida popularmente como la “lista Engel”. Las autoridades de Estados Unidos señalaron que Porras “obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interferir con las investigaciones penales”.

Porras ha usado su mandato para bloquear investigaciones de corrupción que implican a políticos de alto nivel y convirtió al sistema de justicia en un instrumento de persecución penal contra críticos del gobierno, periodistas y jueces y fiscales independientes, señaló Human Rights Watch. Bajo su liderazgo, el Ministerio Público debilitó los procesos penales al destituir o transferir a los fiscales que lideran los esfuerzos por investigar y enjuiciar a personas involucradas en corrupción y otros delitos.

Desde que Porras asumió el cargo, 13 fiscales y cinco jueces se han ido de Guatemala debido a investigaciones criminales aparentemente espurias. Varios otros fiscales renunciaron.

Los gobiernos preocupados por la situación en Guatemala, incluidos los de Estados Unidos y Europa, deben monitorear de cerca el proceso de selección y ampliar sus sanciones contra quienes participan activamente en los esfuerzos para socavar aún más la independencia del Ministerio Público y desmantelar el Estado de derecho, dijo Human Rights Watch.

También deberían examinar la responsabilidad de los empresarios en los esfuerzos por debilitar las instituciones democráticas. Años de investigaciones en Guatemala han demostrado que los empresarios han actuado en coordinación con funcionarios corruptos para copar los tribunales y que el dinero obtenido a través de la corrupción y actividades delictivas a menudo se utiliza para financiar campañas electorales. Pocos empresarios han sido afectados por sanciones y la corrupción sigue arraigada entre buena parte de la élite empresarial de Guatemala.

“Los funcionarios y empresarios corruptos están poniendo en serio riesgo las instituciones democráticas de Guatemala”, dijo Taraciuk Broner. “La comunidad internacional debe urgentemente redoblar su atención y sus esfuerzos para proteger la democracia en el país”.

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