Guatemala: Nuevo nombramiento de la fiscal general amenaza derechos

(Nueva York)— La decisión del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei de volver a designar a Consuelo Porras como fiscal general representa un grave riesgo para los derechos humanos y el Estado derecho en el país, señaló hoy Human Rights Watch. Los gobiernos preocupados por la situación en el país deberían condenar esta decisión y sancionar a quienes están contribuyendo al debilitamiento del Estado de derecho en Guatemala, incluyendo dentro del sector privado.

El presidente Giammattei anunció el 16 de mayo que renovaría el mandato de Porras por otros cuatro años. Durante sus primeros cuatro años en el cargo, Porras ha socavado investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos y abierto causas penales arbitrarias contra periodistas, jueces y fiscales.

“La renovación del mandato de Porras podría ser un revés fatal para el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción en Guatemala”, señaló Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. “Los gobiernos preocupados por esta situación, incluyendo en Estados Unidos, Europa y América Latina, deberían intensificar de inmediato el escrutinio que llevan a cabo y adoptar medidas firmes para proteger las instituciones democráticas de Guatemala”.

El proceso de nombramiento, que empezó en enero, estuvo marcado por varios intentos por parte de autoridades públicas y la Fundación contra el Terrorismo, una organización no gubernamental de derecha que apoyó la reelección de Porras, de debilitar su objetividad, incluyendo esfuerzos dirigidos a  erosionar la independencia de la comisión de postulación.

El 22 de abril, la comisión de postulación presentó una lista de seis candidatos al presidente Giammattei.

En una primera evaluación de los antecedentes de Porras, la comisión le había otorgado una alta puntuación; sin embargo, los comisionados luego recibieron y analizaron señalamientos de plagio en su tesis doctoral, así como cuestionamientos de sus acciones para socavar investigaciones contra la corrupción. Como resultado, en múltiples rondas de votación, no recibió suficientes votos para ser nominada. No obstante, el 22 de abril la Corte de Constitucionalidad ordenó que los comisionados presentaran “de forma inmediata” una lista que considerara “criterios meritocráticos”, ante lo cual miembros de la comisión habrían cambiado su voto para incluir a Porras, a pesar de las numerosas preocupaciones sobre sus calificaciones.

Human Rights Watch viajó a Guatemala en enero para analizar el trabajo del Ministerio Público durante la gestión de Porras. Human Rights Watch entrevistó a 45 personas, algunas de ellas por teléfono antes y después de la visita. Esto incluyó a 13 exfiscales o fiscales en funciones y seis exjueces o jueces en funciones, así como a varios periodistas, defensores de derechos humanos y abogados de las víctimas. Con el objeto de investigar casos específicos durante el mandato de Porras, Human Rights Watch consultó expedientes penales y otros documentos judiciales. La fiscal general Porras no respondió a una solicitud de información.

Human Rights Watch documentó casos en que Porras ordenó el traslado, despido o, en algunos casos, el inicio de investigaciones penales arbitrarias de fiscales independientes que impulsaban investigaciones o procesos sobre corrupción y violaciones de derechos humanos.

Dichos casos incluyen el despido de Juan Francisco Sandoval, titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), y el traslado de Stuardo Campos, ex titular de la fiscalía contra la corrupción del Ministerio Público, e Hilda Pineda, titular de la fiscalía de derechos humanos.

Fiscales y abogados con conocimiento de los casos indicaron a Human Rights Watch que estos traslados causaron demoras en la investigación de violaciones de derechos humanos y escándalos de corrupción en las altas esferas del poder. Entre los factores que se interponían a su labor, los fiscales mencionaron el temor a ser trasladados, la exigencia de que sus decisiones fueran avaladas por el círculo de colaboradores directos de Porras y, en algunos casos, la eliminación de medidas para proteger su seguridad.

Bajo el mandato de Porras, el Ministerio Público impulsó causas penales infundadas contra jueces, fiscales y periodistas independientes. Entre las víctimas de procesos aparentemente abusivos se incluyen:

La jueza Erika Aifán, que se pronunció en causas de corrupción de alto nivel, incluyendo una sobre presuntos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. En enero de 2022, el Ministerio Público pidió en dos oportunidades que fuera investigada —y privada de inmunidad procesal— por analizar acusaciones de corrupción sin autorización de la Corte Suprema, conforme lo exige el derecho guatemalteco.

Aifán indicó a Human Rights Watch que había unificado las causas con una investigación en curso, que anteriormente le había asignado la Corte Suprema, puesto que involucraban a los mismos acusados y un delito conexo. Lo habitual sería que la impugnación de unificaciones de causas se tramite mediante un recurso de competencia, y no una investigación penal. Aifán huyó de Guatemala y renunció en marzo.
Juan Francisco Sandoval, quien goza de amplio respeto como titular de la FECI, la unidad que investiga casos de alto impacto, inicialmente a cargo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas, que fue desmantelada por un expresidente.

El Ministerio Público ha emitido dos órdenes de detención contra Sandoval desde que Porras lo separó del cargo en julio de 2021: una en septiembre por “obstaculización a la acción penal” y otra en noviembre por “abuso de autoridad”, “usurpación de atribuciones”, “fraude” y “conspiración”. Los expedientes de las causas tienen carácter confidencial. Desde su despido, Sandoval ha denunciado los esfuerzos de Porras por obstruir investigaciones penales. Actualmente vive en EE. UU.
Siomara Sosa, exfiscal de la FECI, y Leily Santizo, exfuncionaria de la CICIG y abogada de Sosa. Ambas fueron detenidas en febrero en relación con cargos de obstrucción de justicia en el caso Odebrecht, por haber solicitado que una demanda contra Sosa por supuestas irregularidades en la investigación del caso Odebrecht fuera anexada a una investigación que dirigía la jueza Aifán.

El derecho guatemalteco autoriza la conexión de causas cuando los delitos estén relacionados. Sin embargo, el 7 de marzo, después de que Santizo y Sosa habían pasado casi un mes en prisión, un juez determinó que debían ser investigadas por “colusión” con la jueza Aifán, y se dispuso su arresto domiciliario.
Virginia Laparra, máxima fiscal de la FECI en Quetzaltenango. Laparra fue detenida el 24 de febrero, cuando el Ministerio Público que dirige Porras reabrió una investigación de 2018 sobre una denuncia del juez Lesther Castellanos, que había acusado a Laparra de “perjurio”. Laparra había presentado una denuncia disciplinaria alegando que Castellanos había filtrado ilegalmente información de una causa penal.

El Ministerio Público señaló que Laparra había incurrido en “perjurio”, “abuso de autoridad” y “usurpación de funciones”, al no estar facultada a presentar denuncias disciplinarias. Laparra, que ha solicitado ser puesta en libertad por razones de salud, sigue en prisión preventiva.
El periodista Juan Luis Font. El exministro de infraestructura Alejandro Sinibaldi, que está siendo investigado por aceptación de sobornos, acusó a Font de recibir dinero para abstenerse de criticar a Sinibaldi en sus artículos. Varios artículos publicados en El Periódico, un medio que en ese momento dirigía Font, y en Contrapoder, una revista fundada por Font, habían informado que personas que trabajaban para Sinibaldi habían recibido sobornos de un millón de dólares de parte de varias empresas constructoras. El Ministerio Público facilitó la investigación presuntamente infundada contra Font y pidió a la justicia que le prohibiera salir del país.

La fiscal general Porras ha retrasado considerablemente la lucha contra la corrupción en Guatemala y los esfuerzos para que haya rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos, señaló Human Rights Watch. En años anteriores, las investigaciones de la CICIG y del Ministerio Público habían puesto al descubierto maniobras de corrupción en los tres poderes del Estado, pero el expresidente Jimmy Morales cerró la CICIG en 2018.

En septiembre de 2021, Estados Unidos incluyó a Porras —y a su asistente Ángel Pineda— en su Lista de Actores Antidemocráticos y Corruptos,  conocida popularmente como “la lista Engel”, alegando que habían “obstaculizado investigaciones sobre actos de corrupción al interferir con investigaciones penales”.

Tras la renovación de su mandato Estados Unidos prohibió el ingreso de Porras y su esposo Gilberto de Jesús Porres de Paz al país, a raíz de su “participación en hechos significativos de corrupción”. El portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea expresó que su reelección “plantea dudas sobre el compromiso de las autoridades guatemaltecas de contrarrestar la corrupción y proteger la independencia del poder judicial”.

Estados Unidos, los países europeos y otros actores deberían ampliar las sanciones contra individuos, incluyendo empresarios, que participan activamente en esfuerzos orientados a socavar la independencia del Ministerio Público y desmantelar el Estado de derecho, apuntó Human Rights Watch.

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