Gustavo Gutiérrez Espeleta, Exrector de la Universidad de Costa Rica (2021-2024)
Empiezo reconociendo que la Sala Constitucional y el Poder Judicial nos han quedado debiendo en momentos clave. Por sus manos pasaron decisiones polémicas como la reelección presidencial, la regla fiscal, las relaciones impropias, la Ley de Empleo Público y la Ley de Huelgas. De esos errores provienen parte de los problemas que hoy enfrentamos.
Sin embargo, la manifestación de este jueves no busca defender las posiciones conservadoras de los actuales magistrados, sino proteger uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia, vigente desde el nacimiento de la Segunda República. Gracias a investigaciones de nuestras universidades públicas, sabemos que fueron jueces independientes quienes denunciaron la violencia política posterior a la guerra civil y se opusieron a los tribunales arbitrarios establecidos al margen de la Constitución, una forma de justicia autoritaria que hoy algunos parecieran querer revivir.
Esa misma independencia judicial ha protegido históricamente a la ciudadanía. Ha sido ejercida por jueces que ordenaron la liberación de trabajadores sindicalizados; que, en plena Guerra Fría, pusieron en libertad a personas que llevaban años encarceladas sin juicio; que hicieron cumplir la ley frente a poderosos empresarios; que detuvieron el proyecto minero de Crucitas, aun a costa de su propia carrera; y por tantos otros que han enfrentado al poder para garantizar el respeto al Estado de derecho.
Como señalaba el jurista Luigi Ferrajoli, los derechos y las garantías fundamentales constituyen el principal límite frente al abuso del poder y la mejor defensa de la ciudadanía, especialmente en sociedades donde, con frecuencia, prevalece la fuerza sobre la razón.
La independencia judicial no es un privilegio de los jueces; es un derecho de toda la ciudadanía. Por eso siempre valdrá la pena defenderla. Aspiramos, desde luego, a una Sala Constitucional más moderna, más justa y más comprometida con la protección de los derechos fundamentales, capaz de corregir los errores del pasado. Pero no concebimos una Costa Rica sin Sala Constitucional.
Queremos una Sala que funcione, que fortalezca el Estado de derecho y que no sea paralizada por decisiones de 31 diputados de la Asamblea Legislativa que juraron respetar la Constitución Política y hoy actúan en contradicción con ese compromiso.
Nos vemos este jueves 6 de agosto, a las 4:00 p. m., en la Plaza de la Democracia.