Gustavo Román Jacobo.

Auditorio Vicerrectoría de Investigación
Universidad de Costa Rica
Miércoles 26 de abril, 2023

Los seres humanos tenemos, al menos, unos 300 mil años de caminar sobre la Tierra. De esos, apenas llevamos 12 mil asentándonos en territorios. Y de esos, apenas hace 5 mil años empezamos a escribir. De esos 5 mil años escribiendo, solo en los últimos 500 lo hemos podido hacer dándole a lo que escribimos una difusión masiva, tras la invención de la imprenta. Y apenas hace 250 años se diseñó el primer ensayo de democracia moderna, en los Estados Unidos de Norte América. Este proyecto de vida en común, que llamamos República de Costa Rica, tiene todavía menos, 200 años nada más, de los cuales quizá solo en los últimos 100 ha practicado formas regulares de competencia político-electoral. De manera diáfana, con plenas garantías de pureza del sufragio, solo en los últimos 74 años, tras la guerra civil de 1948.

La democracia, como ven, es solo un parpadeo en la larga historia de la humanidad. Una recientísima excepción, de la que incluso hoy disfrutan solo una minoría de los habitantes del planeta. Por encima de las ciencias y las bellas artes, de nuestro progreso técnico y dominio sobre la naturaleza, la democracia liberal es el más sofisticado producto del espíritu humano, en la medida en que permite la convivencia de los diferentes que se respetan como iguales y la superación de la violencia en la disputa por el poder en sociedades plurales. Una obra de ingeniería social para refrenar nuestro inveterado impulso cainita por imponernos al otro rompiéndole la cabeza con una piedra. 

Así de valiosa es. Y así de frágil también. Ni es fruto de una evolución natural de nuestra especie, ni sus conquistas en derechos y reconocimiento de la dignidad humana, están escritos en piedra. Nada impide, por ello, que en el futuro se la recuerde como un brevísimo capítulo de la historia de algunos pueblos afortunados.

En 9 meses los costarricenses tendremos una nueva cita con las urnas. Así como el 6 de diciembre de 1813, hace 210 años, con ocasión de una elección de ayuntamientos, votamos por primera vez en Costa Rica, el próximo 4 de febrero serán las elecciones municipales. Esa noche y madrugada posterior a las elecciones, a algunos funcionarios electorales nos gusta, a pesar del agotamiento de la jornada, irnos a las bodegas en el subsuelo del Tribunal Supremo de Elecciones para ver el flujo incesante de camiones que, de todo el país, de Paso Canoas a Peñas Blancas, traen los sacos con los votos. La emoción no es, en realidad, por ver materializado el fruto de tanto trabajo. Más bien es por ver ahí, en ese cúmulo de documentos, el registro, celosamente blindado, de la voluntad electoral de cada persona que ejerció su derecho al sufragio.

No voy a entrar en el detalle de la enorme complejidad organizativa que demanda esa operación masiva y simultánea en todo el territorio nacional y en medio centenar de consulados en el mundo. Pero todo, todo está pensado para garantizar que, libres de medios de coerción, gracias a la absoluta secretividad del voto, cada ciudadano pueda consignar su voluntad y esta pueda, ya en la sede del Tribunal, acreditarse y contabilizarse para crear una decisión política junto a todas las demás voluntades expresadas.

Así garantizamos el derecho al sufragio, que es la principal herramienta en las manos de los gobernados para controlar el comportamiento de los gobernantes. En democracia, decía Giovanni Sartori, “el pueblo ejerce el poder político en la medida en que es capaz de controlar y de sustituir a los que ostentan el poder”. El voto es la principal herramienta que tienen los ciudadanos para controlar a los políticos, para incentivar, con el premio o el castigo en las urnas, que sus representantes, de verdad, representen sus intereses y visiones de mundo, porque, como dice José María Maravall, “si los políticos saben que pueden ser castigados en elecciones futuras, adaptarán sus decisiones a esta reacción” que anticipan de los votantes. Un ejemplo de ello es la teoría de Amartya Sen de que las democracias están inmunizadas contra las hambrunas, pues sus gobiernos tienen incentivos para evitar ese tipo de grandes calamidades por su alto costo electoral.

El problema de toda esta construcción teórica es que presupone la existencia de un actor clave para que todo el engranaje funcione: los ciudadanos. Ningún otro sistema político hace una apuesta más alta por su población, ni deposita más responsabilidades en ella, que la democracia. Para que funcione satisfactoriamente requiere, más que leyes razonables, más que instituciones sólidas o más que elecciones limpias, ciudadanos y ciudadanas. Es decir, que al menos un porcentaje sustantivo de su población esté interesada en los asuntos públicos, pueda comprenderlos, y tenga el tiempo y los recursos necesarios para implicarse en algún grado en su discusión. Si no, la cosa no funciona. Y creo que es básicamente por eso que, en Costa Rica y en muchos otros países, la democracia evidencia señales preocupantes de deterioro.

Permítanme explicarme. Por lo que he dicho hasta aquí puede comprenderse que la información de los ciudadanos, de los votantes, es clave para el funcionamiento de la democracia: porque sin información suficiente sobre el desempeño de los políticos y sobre los asuntos públicos, su voto será ciego; la repartición de premios y castigos en las urnas no dependerá del desempeño de los políticos ni de la conveniencia social y seriedad de sus propuestas, y entonces los políticos, por su parte, tampoco tendrán incentivos para tratar de satisfacer los intereses de sus electores. 

De modo que las personas necesitan información, pero no solamente información. Para ejercer con músculo su ciudadanía, necesitan, también, conocimiento. Como advierte el neurólogo Antonio Damasio, la razón no se puede separar de las emociones y los sentimientos, ni de la experiencia. La capacidad de juicio no tiene solo que ver con la inteligencia y con el acceso a la información. Tiene una dimensión social que va desde la formación educativa hasta los espacios para la conversación y el tiempo para la introspección.

Entonces son dos cosas diferentes: información y conocimiento para saber aprovecharla. No hay régimen político en el que la información y el conocimiento de las personas sean más relevantes, porque la democracia es el gobierno de la opinión. Las personas no tienen que justificar su voto: votan por quien quieren y por las razones que quieran. Votan según su opinión, opinión que se forman sobre la base de la información disponible y el conocimiento con que cuenten para procesarla. 

Pues bien, contra ambos nutrientes tan básicos de la ciudadanía, es decir, la información y el conocimiento, se levantan dos obstáculos: el fenómeno de la desinformación y la creciente desigualdad. Ambos, desinformación y desigualdad, minan el músculo para el ejercicio de lo que Guillermo O´Donnell llamaba “ciudadanía de alta intensidad”. Una debilidad que no suplen ni la más pujante economía, ni el mejor diseño institucional, ni los ejercicios electorales impecables. Porque en democracia los ciudadanos son irremplazables. Insustituibles.

A una ciudadanía informada y consciente no la sustituye un buen banco central. Décadas llevamos creyendo que el crecimiento económico era la clave de la estabilidad democrática, pero ahí está Perú, con casi 30 años de crecimiento económico sostenido, en una crisis política permanente.

A una ciudadanía informada y consciente no la sustituyen las más sólidas garantías constitucionales. En las democracias liberales nos hemos preocupado por garantizar la libertad de opinión, pero como dijo Hannah Arendt: “la libertad de opinión es una farsa a menos que se garantice la información factual”.

Y una ciudadanía informada y consciente no la sustituyen los procesos electorales bien organizados y arbitrados. En las democracias liberales nos hemos preocupado por proteger el derecho al sufragio, pero como dijo ya en el siglo XIX John Stuart Mill: “sin salarios dignos y alfabetización universal, ningún gobierno de opinión pública es posible”. 

La desigualdad económica, cuando adquiere niveles como la de Costa Rica, compromete la igualdad política que sí presupone la democracia, porque los recursos políticos para que uno influya en la decisión de los asuntos comunes, como el dinero, el conocimiento, o cosas tan elementales como el tiempo o la energía física que se requieren para involucrarse y participar, están tan desigualmente distribuidos -entre quienes deberían ser políticamente iguales-, que mientras a unos los margina del todo del debate público (porque la vida se les va consiguiendo el sustento diario), a otros les da enormes facilidades para conseguir que las decisiones públicas sean las que ellos prefieren y les benefician. 

Y eso nos está pasando. Estoy convencido de que nuestros datos actuales de desafección política, abstencionismo electoral, violencia social y criminalidad, deben leerse en relación con los relativos a nuestra desigualdad, precarización laboral y acceso EFECTIVO a servicios de salud y educación de calidad, así como al tiempo de ocio, las posibilidades de conciliación de la vida familiar con la laboral y los espacios de disfrute de los bienes culturales.

Considerando el coeficiente de Gini (que mide la desigualdad del ingreso), Costa Rica es hoy uno de los países más desiguales de la ya de por sí región más desigual del mundo. El más desigual de la OCDE y uno de los pocos, en América Latina, en los que la desigualdad no ha seguido una tendencia a la baja en las últimas décadas. Pero, además, hablamos del segundo país de toda la OCDE, de sus 38 miembros, en el que su fuerza laboral trabaja más horas. Y el dato que más me golpeó, recientemente dado a conocer por el Estado de la Nación: El 74% de los jóvenes costarricenses tienen bajos niveles de desempeño en competencia lectora. Son capaces de identificar aspectos básicos de un texto, pero no pueden inferir, no pueden contrastar y no pueden evaluar argumentos. Imposible no recordar el empeño de la dictadura de Oceanía, en el 1984 de George Orwell, por extinguir el pensamiento crítico empobreciendo al máximo el lenguaje.

Por todo lo anterior, insisto en que, aunque el crecimiento económico es importante y garantizar la libertad de expresión y que cada voto valga lo mismo son inapreciables conquistas políticas, eso es claramente insuficiente en esta, que Maurizio Ferraris llama la “era de la posverdad” y Byung-Chul Han llama la “sociedad del cansancio”. Si hoy la crisis de la democracia es el tema sobre el tapete en mil foros en todo el mundo, es porque las sociedades que viven bajo ese régimen están padeciendo los efectos acumulados de la desinformación, la concentración de la riqueza y la desigualdad. Específicamente en el caso costarricense, sociedad en la que el mito de la igualdad tuvo un papel fundante de nuestra identidad nacional, la dolorosa fractura de cualquier cosa -alguna vez imaginada- como nuestro “pacto social”, es evidente. 

La médula del país, lo que sostiene cohesionada a una comunidad humana en la época contemporánea, se ha desmoronado. Me refiero a los mecanismos de protección social, de comunicación social y de representación política, esto es, del cuido, del diálogo y de la acción colectiva. Un Estado, no de bienestar, sino de malestar, en el que los servicios públicos se prestan como caridad pública y de los que con grandes esfuerzos logran escapar aquellos sectores de la clase media capaces de poder costear la educación y la medicina privadas. Unos medios de comunicación que se han convertido en la “soma”, el narcótico para la evasión de la realidad que Aldous Huxley describió en Un mundo feliz. Y unos mecanismos de representación política por los que casi nadie se siente ya representado, y que ante el ciudadano medio aparecen como permanentes puestas en escena de una farsa.

Nada lo anterior, sin embargo, parece amenazar la estabilidad del sistema. No son estos tiempos de revoluciones, porque tampoco lo son de utopías. Ya casi que ni de movimientos sociales. Es la época, dice Francois Dubet, de “las pasiones tristes”, de la frustración, la resignación y el resentimiento. Su tesis es que estas emociones tristes no obedecen solo, ni principalmente, al aumento de la desigualdad, sino a su diversificación e individualización. El esquema de desigualdad por clase social de la sociedad industrial, estable y legible, ha sido reemplazado por una pluralidad, en constante crecimiento, de diversos tipos de desigualdades que, como a prácticamente todos nos alcanzan y en una combinación e intensidad variable, producen una experiencia diferenciada de la desigualdad para cada cual, que ahora debe gestionarlas solito, como buen empresario de sí.

O bueno, no, solito no, sino cada cual con su pantalla táctil. Partidos y sindicatos ya no son necesarios ni adecuados para la expresión de la indignación personal, precisamente por eso, porque es personal, o, mejor dicho, personalizada, como el muro de Facebook o el timeline de Twitter de cada cual. En este babel, el pensamiento conspiranóico no es una patología personal. No sé de dónde vienen los tiros, pero imagino que alguien me ha de estar jodiendo, porque bien jodido que estoy. Pero detrás de la rabia por sentirse estafados, que embarga sobre todo a los miembros de las clases medias, hay para Dubet un sentimiento dominante: el miedo.

Martha Nussbaum, que lleva 30 años estudiando la relación entre las emociones humanas y la política, coincide en ese aspecto. No en vano su último libro sobre el tema se titula La monarquía del miedo. Miedo que, para Nussbaum, trastorna la convivencia de las personas y trunca las posibilidades constructivas de esa convivencia. Una emoción egocéntrica, que nos pone en modo “sálvese quien pueda”, y por eso, para ella, es una de las emociones más asociales que existen.

Miedos variados y difusos. Justificados o irracionales. Pero, como no podía ser de otra manera en los tiempos que corren, siempre ilegibles, signados por la incertidumbre. No es de extrañar, por ello, que una actitud aprehensiva, una especie de permanente estado de alarma, sea distintivo de nuestra época. Sea porque hay un virus en el aire, un posible sicario en motocicleta acercándose o una notificación de WhatsApp, debemos estar siempre alerta. El miedo, que ya de por sí ofusca e impide pensar con claridad, al incentivar esa actitud “parada de uñas”, expectante, dificulta la observación cuidadosa, la reflexión sosegada y la introspección, la solitude que llamaba Hannah Arendt, que no debe confundirse con la soledad ni con el aislamiento, que hoy abundan.

Y el miedo, esa emoción insidiosa de la que hablan Dubet y Nussbaum, siempre necesita culpables. Es nuestra forma más económica de gestionarlo: construyendo enemigos. Por eso, ya sea que estemos polarizados, como los Estados Unidos, o híper-fragmentados como nosotros en Costa Rica, el denominador común es el encono y el recelo explosivo hacia los otros, hacia cualquiera que se perciba como diferente o amenazante.

Esto, claro, no ha pasado inadvertido para los populistas. Saben bien algo que Peter Sloterdijk ha explicado mejor que ningún otro: que en nuestras sociedades desencantadas y a las que se les han expropiado sus tradicionales “bancos de ira”, cruzadas y revoluciones, a la gente solo puede aglutinársele, aunque sea espasmódicamente, mediante el estrés. Y con esta intuición, que el estrés es el movilizador capaz de sacarnos de nuestra apática modorra, han hecho clavos de oro la comunicación política y el márketing electoral.

Cuando empecé a estudiar comunicación política, en el año 2010, el libro de moda en todo el mundo era Storytelling. La máquina de fabricar historias y formatear mentes, de Christian Salmon. Escrito en el año 2008 recorría el arco que se abría desde Ronald Reagan hasta Barack Obama, mostrando cómo, en el mundo de la publicidad en general y de la comunicación política en particular, estaba en boga el arte de contar historias para construir en las audiencias las representaciones mentales deseadas, incluidos, claro, sus componentes ideológicos. Pero en 2019 el mismo Salmon publica un nuevo libro, La era del enfrentamiento. Del storytelling a la ausencia de relato, en el que da cuenta del cambio operado en Estados Unidos y en buena parte de las democracias occidentales, en las que ya los relatos cursis, inspiradores, heroicos y ejemplarizantes, ni siquiera captan la atención de unas audiencias descreídas, y en las que la fórmula ganadora pareciera ser ahora la confrontación, la transgresión, la denigración sin contemplaciones, el discurso caótico y el giro impredecible.

Ya no se busca compartir propuestas, sino acelerar la velocidad de los impactos comunicativos; no suscitar la empatía, sino la antipatía; no la pertenencia sino la división; no la continuidad, sino la ruptura. Como son las afirmaciones más groseras y los rumores más absurdos los que, como una epidemia, se viralizan más rápido y masivamente por las plataformas digitales, muchos líderes políticos tienen hoy menos incentivos para lo que tradicionalmente les granjeaba más estima -que era resolver problemas-, que para crear conflictos. Conflictos que se suceden uno tras otro sin que, en realidad, importen mucho más que para mantener la atención… o, mejor dicho, la distracción.

Y todo lo anterior, mientras trabajamos muchas horas y cansados, muy cansados, desbloqueamos cientos de veces el celular para ver qué nuevo hay. Una compulsión incentivada y monetizada por las plataformas digitales. Si en esta dinámica tantas personas se sienten, más que oprimidas, exprimidas, es porque acierta Achille Mbembe al acuñar, como metáfora epocal, el término arquitectónico “brutalismo”. Con él describe este proceso económico, tecnológico y, en suma, necropolítico, de extracción, trituración y empaquetado de materia inorgánica, orgánica y hasta consciente, para erigir los mamotretos de nuestra “civilización”. No importa si son microorganismos, metales, mantos acuíferos o trabajadores mal pagados y expuestos a residuos de plomo y berilio. La combustión capitalista del mundo, potenciada ahora por el auge de la lógica de la cuantificación, exige la torsión y el remodelado de la naturaleza, lo que implica desde la constante irritación de nuestras hormonas para la succión de nuestros datos, hasta la perforación de la tierra para exprimirle todo lo que pueda redituarse en incesantes procesos de producción. 

Para Mbembe, filósofo camerunés, el saqueo y la mutilación de pueblos enteros por las potencias coloniales no fue sino una manifestación del poder como fuerza geomórfica que fractura y fisura, y cuyo permanente machacado de la vida hoy ha adquirido formas más sutiles, pero no menos intensas. Lo que ha ocurrido, dice él, es “la universalización de la condición negra”, y cuando uno ve los rostros sudorosos y músculos reventados de las masas de delivery drivers de las aplicaciones de entrega de comida, considera darle la razón.

Así que, en lugar de asaltos a las casas de gobierno o golpes de Estado, hoy la amenaza vital de nuestra democracia es el vaciamiento de su contenido ciudadano, de su savia, de su alma: el aplebeyamiento con el que las repúblicas dejan de serlo, tradicionalmente promovido por las industrias culturales del mainstream, pero hoy potenciado por la desinformación y la desigualdad. Drénenle a una democracia la potencia de su ciudadanía y podrán convertirla en una dictadura sin cambiarle una sola letra a su constitución.

¿Qué hacer entonces? Para empezar, pocas cosas son más apremiantes que cerrar dos enormes brechas. Primero, la brecha que hay entre esa formidable capacidad tecnológica de la que hoy disponemos para dar difusión a nuestros pensamientos, y la pobre educación y poca conciencia con que contamos para utilizar esas tecnologías inteligente y responsablemente. Y segundo, la brecha que hay entre la creciente complejidad de los asuntos públicos, y lo escasos que son nuestros recursos de tiempo y de formación para informarnos sobre ellos y comprenderlos.

Respecto de la desigualdad económica, es mucho lo que debe hacerse, en materia tributaria, en políticas públicas, en inversión social… y voy a decirlo: en superar de una vez por todas ese embuste ideológico según el cual la forma de combatir el desempleo y de aumentar la inversión privada y la generación de riqueza, es precarizando el empleo.

Sin ser principalmente su campo, pero debido a la estrecha relación entre desigualdad económica y política, el Tribunal Supremo de Elecciones lleva años haciendo lo posible por contrarrestar los efectos de la desigualdad económica sobre la igualdad política: promoviendo reformas legales para un financiamiento de las campañas electorales y un acceso a los medios de comunicación, más equitativos, y capacitando para la acción política a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, mediante el IFED. Y frente a la desinformación igual, con el amplio paquete de recursos que llamamos “votante informado” y, ahora también, con nuestras campañas de alfabetización digital y promoción del pensamiento crítico (por cierto que esto debería ser asumido de forma permanente y transversal dentro del programa de educación básica en nuestro país).

Aquí, en materia educativa, cabe reconocer el inapreciable valor de todas las organizaciones volcadas hacia la promoción humana, hacia la difusión de la cultura y la formación humanística, como es el caso del Programa de becas Fulbright y, desde luego, de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad para la Paz. Antes que el Tribunal Supremo de Elecciones, nuestras aulas son el pilar de la democracia.

En lo que respecta a las plataformas digitales, sean redes sociales, motores de búsqueda o servicios de streaming, hay que legislar, porque el marco normativo ha sido desbordado por completo por la digitalización de los flujos de información y comunicación. En un artículo de reciente publicación, Martín Becerra y Silvio Waisbord mostraron hasta qué punto el fenómeno de la desinformación ha evidenciado los déficits del ecosistema digital informativo emergente, lo pueril de la noción maximalista, libertaria, de la libertad de expresión y del mercado libre de ideas como dinámica propicia para el florecimiento de la verdad, y lo falso del rol de las empresas de redes sociales como meras plataformas sin responsabilidad editorial sobre los contenidos que indexan y publican. Lo cierto es que, mediante algoritmos o revisores humanos, llevan años ejerciendo filtros editoriales y censura previa. Y lo hacen opaca, unilateral y arbitrariamente, con un enorme poder sobre la conversación pública global.

Aunque aún no haya claridad en ninguna parte del mundo sobre cómo hacer compatible la libertad de expresión en plataformas digitales con la protección de otros derechos humanos y con el resguardo de la integridad de los procesos electorales, hay tres cosas elementales que sí es claro que deberíamos exigirles a estas empresas y que es inexcusable que no lo estemos haciendo eficazmente: Primero, deben comprometerse a impedir que sus medios se utilicen para la difusión de propaganda de odio, que incentive la violencia o haga apología de la guerra y la discriminación, conforme lo establece el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Segundo, deben impedir que sigan siendo utilizadas como canales opacos de inversión publicitaria ilegal (que puede ser del crimen organizado y del narcotráfico), en las campañas electorales. Los esfuerzos de muchos países, como Costa Rica, para transparentar el financiamiento de los partidos políticos se está viendo frustrado por el denso velo con el que estas empresas cubren a quienes más los hacen facturar. Y, tercero, hay que obligar a estas empresas a que dejen de traficar con los datos de sus usuarios, con aquellos cuya extracción, procesamiento y utilización en modelos predictivos de comportamiento, no haya sido claramente consentida en acuerdos realmente transparentes y comprensibles.

Soy nieto y soy hijo de una generación que, en una de las regiones más convulsas y pobres del planeta, construyó un país con niveles aceptables de desarrollo humano y estabilidad política. Por eso, me siento responsable de dejarle a mi hija Belén ni un milímetro menos de patria. Hacerlo, forzarla a abandonar su tierra o a vivir en la zozobra y la angustia con la que se vive en los Estados fallidos de la región, sería una doble traición: a mis ancestros y a ella. 

Nuestro mayor desafío para la preservación de la paz y la democracia en Costa Rica, es luchar contra la desigualdad y la desinformación que minan la fuerza de la ciudadanía. Luchar reafirmando la igualdad universalista de la democracia, que es la mayor conquista moral de la humanidad.