Haití debe proteger a las mujeres y niñas en la respuesta al terremoto

(Washington D.C.) – El gobierno haitiano y los donantes deben tomar en cuenta las enseñanzas que dejaron los errores cometidos durante desastres anteriores en su acciones al terremoto del 14 de agosto de 2021, a fin de asegurar que las mujeres, niñas y otros grupos marginados puedan recibir la atención que necesitan, señaló hoy Human Rights Watch. La respuesta humanitaria debería respetar los principios y los estándares de derechos humanos, incluidos aquellos sobre transparencia, rendición de cuentas, participación y no discriminación.

Según evaluaciones realizadas por las NacionesUnidas, la catástrofe del 14 de agosto afectó a más de 2 millones de personas, ocasionó la muerte de más de 2.000 y dejo más de 12.000 heridos. A una semana de iniciados los esfuerzos de respuesta, el Ministerio de Salud Pública identificó necesidades médicas sustanciales, que incluyen las de personal médico, medicamentos e insumos, así como recursos financieros y logísticos para llevar a cabo las operaciones. También recalca la necesidad de abordar la respuesta al Covid-19 en el área de manera simultánea.

“Como las necesidades médicas básicas son tan inmensas, existe el riesgo de que el respeto por los derechos humanos se perciba como algo optativo, un lujo que no puede permitirse, pero ya hemos pasado por ese proceso antes y sabemos que su resultado es que deja a las mujeres y niñas expuestas a violencia, abusos e incluso muertes evitables”, explicó Amanda Klasing, directora asociada de derechos de la mujer de Human Rights Watch. “Considerando lo mucho que se sabe acerca de qué salió mal, sería intolerable e inhumano que, una vez más, esto vuelva a olvidarse y no se tomen en cuenta los derechos humanos en esta iniciativa de respuesta”.

Las investigaciones que llevó a cabo Human Rights Watch en 2010 y 2011 demostraron que la respuesta humanitaria al terremoto de 2010 no contempló medidas adecuadas de salud y seguridad que redujeran los riesgos para las mujeres y niñas. En vez, el esfuerzo no abordó sus necesidades y derechos, incluso en lo relativo a la salud reproductiva y materna. En algunos casos, la falta de seguridad alimentaria y de una perspectiva de género en la distribución de asistencia llevó a una situación de hambre, y algunas mujeres indicaron haber intercambiado sexo por alimentos. La falta de condiciones seguras en los campamentos exacerbó el impacto de la violencia sexual, y a su vez fue prácticamente imposible acceder a la atención posterior a una violación.

En las áreas afectadas por el terremoto del 14 de agosto, los establecimientos médicos ya no eran suficientes. La Organización Mundial de la Salud estima que se destruyeron 4 establecimientos de salud y que 32 sufrieron daños. Todavía hay miles de personas heridas que necesitan asistencia inmediata. Las mujeres y niñas necesitan acceso a anticoncepción y servicios posteriores a una violación, y aquellas que están embarazadas requieren de atención prenatal, obstétrica y para situaciones de emergencia obstétrica.

Este último desastre se produce aproximadamente seis semanas después del asesinato del presidente Jovenel Moïse. La sociedad civil haitiana ha expresado que le inquieta que este evento pueda desviar la atención de los importantes reclamos para que se haga justicia y se asegure una amplia participación en la resolución de la crisis política. Las graves urgencias que ha generado el desastre hacen que sea más importante que nunca que las autoridades haitianas, con el apoyo de la comunidad internacional y de distintos sectores de la sociedad civil, adopten medidas para detener la violencia, juzgar a los responsables y resolver la crisis institucional en curso que, al mismo tiempo, respeten los derechos de las personas.

Para evitar el riesgo de que se agudice la violencia de género, como ocurrió en tras el sismo de 2010, el gobierno, los donantes y los organismos de asistencia deberían adoptar estrategias de género claras para sus esfuerzos de respuesta. Es importante que desglosen todos los datos según el género y otras categorías marginadas, que cuenten con métricas específicas para el género y que posibiliten la participación plena de las mujeres y las niñas en los procesos de toma de decisiones y las acciones de recuperación, apuntó Human Rights Watch.

En el corto plazo, las organizaciones que brinden servicios a personas desplazadas deberían designar de inmediato a agentes de protección, separar baños y espacios de aseo por género y verificar que haya suficiente iluminación. Las autoridades deben establecer vías de derivación claras y precisas para las personas en riesgo y las víctimas de violencia de género, y darles amplia difusión.

Después del terremoto de 2010, solamente USD 118,4 millones de los USD 258 millones que se prometió que se destinarían a la atención de la salud se habían desembolsado en un lapso de 18 meses, y esto generó brechas devastadoras en la atención destinada a las personas más marginadas, incluidas mujeres y niñas embarazadas. Los gobiernos donantes no solo deberían apoyar a Haití formulando compromisos, sino además ser transparentes con respecto a cuándo y cómo se entregarán los fondos y asignando prioridad al financiamiento destinado a salud, a fin de que las organizaciones que brindan atención que salva vidas puedan tener acceso inmediato a la ayuda.

La asistencia humanitaria debe distribuirse de manera apolítica, sin discriminación y observando los principios humanitarios. Los donantes y las organizaciones de asistencia deberían ofrecer información oportuna y clara sobre el desembolso de fondos, así como mediciones relativas a la prestación de servicios, desglosadas por género y otras condiciones asociadas con la marginación. Asimismo, el gobierno haitiano debería informar de manera transparente sobre su respuesta y los esfuerzos de coordinación.

Los organismos de asistencia deberían cerciorarse de que todos tengan acceso a información acerca de qué servicios están disponibles y dónde, conectar a las personas con las opciones de transporte y asegurar que ninguna mujer o niña sea rechazada al intentar acceder a servicios de salud reproductiva por no poder costearlos. Los esfuerzos de respuesta deberían incluir la provisión de equipos de protección personal adecuados a todos los trabajadores de asistencia —internacionales y locales— así como el acceso generalizado a las pruebas de Covid-19.

Todavía no se ha completado una evaluación sobre seguridad alimentaria. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil haitianas advierten que existe un riesgo sustancial de inseguridad alimentaria. La Organización Mundial de la Salud ha informado que se encuentra en curso una evaluación sobre agua y saneamiento. Durante décadas, la falta de acceso al agua limpia y al saneamiento afectó de manera directa la salud, la educación e incluso el riesgo de violencia o muerte de las mujeres y niñas en Haití. La evaluación debería contemplar un análisis del acceso y la seguridad desde una perspectiva de derechos, y verificar que todos tengan agua suficiente  y segura para combatir el Covid-19, el cólera y otras enfermedades transmisibles.

La respuesta al terremoto de 2010 se distinguió por una falta desastrosa de coordinación e intercambio de datos entre donantes y organizaciones no gubernamentales que brindan servicios de salud. Los observadores de derechos humanos y el gobierno haitiano no pudieron evaluar qué avances se conseguían en la respuesta a las necesidades de salud. Esta vez, en la mayor medida posible los fondos deben entregarse directamente a organizaciones que tengan sede en Haití y estén gestionadas por actores haitianos, las cuales deberán contar con vasta experiencia e involucramiento en el país. La ayuda que no incorpore una perspectiva de derechos no favorecerá que haya un sistema sanitario sostenible, lo que incluye la atención de las poblaciones marginadas, como las mujeres y niñas.

El gobierno, los donantes y los organismos de asistencia deben trabajar en estrecha colaboración con organizaciones locales de derechos humanos para adoptar estrategias y enfoques que respeten los principios de derechos humanos y posibiliten que la sociedad civil lleve un seguimiento de la recuperación, señaló Human Rights Watch.

“La respuesta al sismo debe darse con el mayor respeto posible hacia los derechos de las personas haitianas”, destacó Klasing. “Los donantes tienen que trabajar con el gobierno y las organizaciones no gubernamentales para que haya una supervisión eficaz del proceso y todos puedan conseguir los servicios, la protección y el respeto de sus derechos que necesitan”.

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