Hámer Salazar, Biólogo. info@hamersalazar.com

El uso ancestral del fuego como herramienta agrícola ha sido una práctica común en la historia de la humanidad. Sin embargo, en la actualidad, las quemas agrícolas representan un desafío ambiental significativo, con repercusiones en la salud humana y el equilibrio ecológico. En Costa Rica, la quema de cañales y terrenos agrícolas ha suscitado preocupación, especialmente en comunidades como Grecia, donde el impacto negativo se vuelve evidente. En este artículo, se analizará la problemática de las quemas agrícolas en Costa Rica y se propondrán medidas legislativas para su regulación y control.

Las quemas agrícolas, una práctica arraigada en la historia de la agricultura, han sido utilizadas para limpiar terrenos, prepararlos para la siembra y renovar pastizales. En Costa Rica, la caña de azúcar ha sido un cultivo emblemático que ha contribuido al desarrollo económico, pero su método de cosecha mediante quemas representa un desafío ambiental y social.

A pesar de sus beneficios económicos, las quemas agrícolas tienen efectos negativos en la calidad del aire, la biodiversidad y la salud humana. La emisión de gases y partículas durante las quemas afecta la calidad del aire y contribuye al cambio climático. Además, el humo resultante puede causar molestias respiratorias y afectar la salud de la población, especialmente en comunidades cercanas a los focos de quema.

 

Iniciativa ciudadana

Una de las zonas más afectadas por la quema de cañales es el cantón de Grecia, que tradicionalmente ha sido uno de los que más desarrollo ha tenido históricamente con este cultivo. De hecho, fue en Grecia donde existió la fábrica de licores más grande de Costa Rica (1850), propiedad de Juan José Lara Arias, cuyo equipo sirvió de base para la instalación de la Fábrica Nacional de Licores (1856);  donde se instaló el ingenio más moderno de la época, en 1880, en lo que es hoy la Cooperativa Victoria, al que se le sumaron al menos nueve ingenios más (hoy solo sobreviven dos); hubo gran cantidad de trapiches para la producción de dulce (hoy solo sobrevive uno con fines turísticos y culturales); en el último cuarto del siglo pasado se trasladó la Fábrica Nacional de Licores de San José a Grecia; y también en este cantón está el principal centro de investigaciones en este cultivo como es la Dirección de Investigación y Extensión de la Caña de Azúcar (DIECA), de la Liga Agrícola e Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA).

El cultivo de la caña de azúcar  ha sido una fuente de desarrollo económico y empleo para muchas familias, no solo en Grecia sino en todo el país. La caña de azúcar ha formado parte del paisaje en muchas partes del país, primero como fuente de materia prima para los trapiches, que, a su vez, producían la materia prima para la Fábrica Nacional de Licores. Posteriormente, con la instalación de ingenios azucareros, el cultivo de la caña de azúcar se extendió a la Zona Sur, Guanacaste y San Carlos.

A pesar de lo anterior, la quema de cañales se ha convertido en la principal amenaza de los vecinos de Grecia, especialmente por los efectos en la salud de menores de edad, personas adultas y adultas mayores, que ven deteriorada su salud cada vez que el humo invade sus casas, centros de estudio o de trabajo.

Por esta razón, un grupo de mujeres de la comunidad de Rincón de Salas de Grecia, conformó un grupo que se denomina Comité Cívico en Contra de las Quemas de Cañales de Rincón de Salas de Grecia, y se contactaron con el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, que ha fungido como facilitador del proceso para la reflexión y el análisis de la problemática, en un proceso multiactor en el que, además de los vecinos afectos y comprometidos, participaron autoridades locales de la Municipalidad, el Ministerio de Salud y del mismo sector cañero.

El resultado fue la presentación del proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, el 28 de noviembre de 2022, y fue acogida por varios diputados, lo que permitió la asignación del expediente No. 23485.

Consideraciones legales de la quema de cañales

Existe suficiente normativa internacional aprobada y ratificada por Costa Rica. Entre ellas, el artículo 14 de la Convenio sobre la Diversidad Biológica, el artículo 16 del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, la Convención de Viena para Protección de la Capa de Ozono, el Acuerdo de París, el Protocolo Kioto y la Convención de Lucha contra Desertificación por Sequía en África.

En referencia a este tema el señor Procurador General de la República, Julio Alberto Jurado Fernández, de fecha 6 de octubre del 2021, en su respuesta a la Sala Constitucional en referencia a la respuesta de la Acción de Inconstitucionalidad presentada ante la Sala por CARLOS EDUARDO WONG BONILLA Y OTROS, expediente 21-17328-0007-CO indicó, a saber:  (…)

…en el Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo para la Gestión de Contaminantes Orgánicos Persistentes en Costa Rica 2015, se contemplan las quemas agrícolas como una de las causas de liberación de dioxinas y furanos. Y, por ello, uno de los objetivos planteados en ese documento es “la prohibición de quemas a cielo abierto en agricultura” y “contar para 2020, con un borrador de decreto que prohíba la quema a cielo abierto, o que plantee un cambio (Véase en http://www.digeca.go.cr/documentos/plan-nacional-deimplementacion-del-convenio-de-estocolmo-para-la-gestion-de. Pág. 225).

La Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono establece que las partes tomarán las medidas apropiadas, de conformidad con las disposiciones del presente Convenio y de los protocolos en vigor en que sean parte, para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono.

Por su parte, el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático dispone que los Estados parte deben “tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos.” Al amparo de ese Convenio, el Acuerdo de París (aprobado mediante Ley no. 9405 de 4 de octubre de 2016) fija nuevas metas mundiales y exige a todas las Partes que hagan todo lo que esté a su alcance por medio de contribuciones nacionales determinadas (NDC por sus siglas en inglés) y que redoblen sus esfuerzos.

En la Contribución Nacional Determinada 2020, Costa Rica se comprometió a un máximo absoluto de emisiones netas de dióxido de carbono equivalente, incluyendo dentro de ese objetivo, todos los sectores (energía, procesos industriales, uso de productos, agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra y residuos). Además de contemplar varios gases como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx), incluidos por el Inventario Nacional de Emisiones, incluye la reducción de emisiones de carbono negro. (En https://n9.cl/u0d1y Pág. 98).

(…) Asimismo, como parte de las conclusiones emitidas de este informe se señalan las siguientes, en relación con la necesidad de que las quemas agrícolas cuenten con estudios de impacto ambiental. Sin embargo, el proyecto de ley no lo contempla debido que existe una acción de inconstitucionalidad en este sentido y será la Sala Constitucional la que resuelva si las quemas agrícolas requieren del estudio de impacto ambiental o no:

  1. 1. La omisión de la normativa que regula la actividad de las quemas agrícolas de contemplar la evaluación de impacto ambiental previa, violenta el principio preventivo, el de objetivación de la tutela ambiental y el de realización de evaluaciones de impacto ambiental y, en consecuencia, es contraria al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política. De igual modo, al permitirse la actividad, sin valorar de previo, las afectaciones que ésta puede generar en la salud de las personas, la omisión señalada resulta contraria al artículo 21 Constitucional.
  2. El desarrollo de quemas agrícolas, sin una evaluación ambiental previa, no es acorde a los compromisos adquiridos por el Estado en cuanto a la reducción de contaminantes orgánicos persistentes y la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y gases que agotan la capa de ozono.
  3. Al tratarse de una inconstitucionalidad por omisión, y en virtud de que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente establece que las actividades que deberán someterse a la evaluación de impacto ambiental serán las que dispongan las leyes o los reglamentos, bastaría con que la Sala Constitucional dispusiera en sentencia hacer una reforma al Decreto N° 31849 para que éste contemple a las quemas agrícolas controladas, entre aquellas actividades que deben ser evaluadas desde el punto de vista de su impacto ambiental.

(…)

El informe anterior de la Procuraduría General de la República es claro y evidente, demuestra que la realización de las diferentes quemas violenta el principio preventivo, el de objetivación de la tutela ambiental y el de realización de evaluaciones de impacto ambiental y, en consecuencia, es contraria al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política.

El Art. 59. de la Ley Orgánica del ambiente define la contaminación como “toda alteración o modificación del ambiente que puede perjudicar la salud humana, atentar contra los recursos naturales o afectar el ambiente en general de la Nación.  La descarga o emisión de contaminantes, se ajustarán, obligatoriamente, a las regulaciones técnicas que se emitan.  El Estado adoptará las medidas que sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación ambiental”.          El Art. 62. de la citada Ley, considera contaminación de la atmósfera “la presencia en ella y en concentraciones superiores a los niveles permisibles fijados, de partículas sólidas, polvo, humo, vapor, gases, malos olores, radiaciones, ruidos, ondas acústicas imperceptibles y otros agentes de contaminación que el Poder Ejecutivo defina como tales en el Reglamento”.

En relación con la protección del suelo, el Art. 41 indica que “para proteger y aprovechar el suelo, se consideran, entre otros, los siguientes criterios. B/- El control de prácticas que favorezcan la erosión y otras formas de degradación del suelo”.

De acuerdo con el Art. 294 de la Ley General de Salud, se entiende por contaminación de la Atmósfera para los efectos legales y reglamentarios, el deterioro de su pureza por la presencia de agentes de contaminación tales como partículas sólidas, polvo, humo, vapor, gases, materias radiactivas y otros, que el Ministerio defina como tales, en concentraciones superiores a las permitidas por las normas de pureza del aire aceptadas internacionalmente y declaradas oficialmente por el Ministerio. Mediante el Art. 295 de la misma Ley General de Salud se prohíbe a toda persona física o jurídica la descarga, emisión o emanación de contaminantes atmosféricos de naturaleza y en proporciones prohibidas, resultantes de sus actividades personales, domésticas, industriales, comerciales o de cualquier otra índole que cause o contribuya a la contaminación atmosférica.

Mediante el Voto No. 113 del 11 de octubre de 1995, en relación con las quemas de cañales la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia señala que:

“La actividad de incendiar o quemar, en sí misma, va dirigida contra la Naturaleza.  Este tipo de acciones resultan incompatibles con los valores actuales.  Atenta contra la seguridad en cuanto que arriesga la propiedad de los colindantes, sus bienes y personas.  Igualmente, atenta contra los valores de protección del medio ambiente. La función económica y social de la propiedad entraña también una función ecológica: La agricultura debe desarrollarse en armonía, y no antagonismo, con la Naturaleza. Para la preservación del medio ambiente la solidaridad social exige idear nuevos mecanismos para prevenir el daño y los hechos amenazantes”.

A pesar de lo anterior, existe un Reglamento de Quemas Agrícolas que permite el uso del fuego.  En el artículo 3 se define expresamente lo que es una quema controlada:

Quema controlada: Fuego provocado intencionalmente a material vegetal, bajo un plan preestablecido, en el cual se asumen todas las medidas preventivas para mitigar daños a los recursos naturales y propiedades colindantes, la cual se realiza con fines fitosanitarios, facilitación de cosechas o limpieza de terrenos.

Dicho reglamento establece limitaciones para la realización de quemas, entre ellas:

  1. e) Realizar quemas en áreas protegidas por Ley, tales como: terrenos forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre o aledaños a ellas.
  2. g) Dentro de un radio de 1300 metros (mil trescientos) alrededor de aeropuertos internacionales.
  3. h) Realizar quemas a menos de 400 metros (cuatrocientos) del borde de los manantiales que nazcan en los cerros y dentro de un radio de 200 metros (doscientos) de los manantiales que nazcan en terrenos planos”.

Propuestas de reforma legislativa

Con el objetivo de abordar la problemática de las quemas agrícolas, se proponen reformas a varias leyes y regulaciones vigentes en Costa Rica. Estas reformas incluyen:

Publicación de quemas autorizadas: reformar la Ley de Protección Fitosanitaria para obligar al Servicio Fitosanitario del Estado a publicar con suficiente antelación la lista de quemas autorizadas, proporcionando información detallada sobre los responsables y los lugares de las quemas.

Participación ciudadana en la regulación: modificar la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos para incorporar una mayor representación ciudadana en la Comisión Nacional de Quemas, a través de la creación de comités de prevención vecinales.

Creación de comisiones cantonales: agregar un artículo a la misma ley para establecer comisiones cantonales de quemas, integradas por representantes de diversas instituciones y la comunidad local, para una mejor coordinación y control a nivel regional.

Actualización del Código Penal: modificar los artículos correspondientes para establecer las quemas vandálicas de cañales como delito, de tal manera que existan sanciones más severas, reconociendo la gravedad de estas acciones y su impacto en el medio ambiente y la sociedad.

Las quemas agrícolas representan un desafío ambiental y social en Costa Rica, con consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente. Es urgente que los señores y señoras diputadas, sometan a discusión y aprobación dicho proyecto para adoptar medidas legislativas integrales para regular y controlar estas prácticas, garantizando la protección del medio ambiente y la salud de la población. La participación ciudadana y la cooperación interinstitucional es fundamentales para abordar esta problemática de manera efectiva y sostenible.

Por Hamer Salazar

Es biólogo y profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica, no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá de su profesión y cargo académico citados.